SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PUEDE CONCEDERSE CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA NEGATIVA DE MODIFICAR LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 116/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 23 DE ENERO DE 2025. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. DISIDENTE: MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. SECRETARIO: JAIME GÓMEZ AGUILAR.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la cual resuelve la contradicción de criterios 116/2024, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Vigésimo Cuarto Circuito.
2. El punto jurídico que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte reside en comprobar si la contradicción de criterios se actualiza y, de ser el caso, emitir un criterio jurisprudencial que determine si procede o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto es la resolución que niega la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada; y si para ello resulta aplicable la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) del entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, así como las sentencias de la Corte Interamericana en los casos García Rodríguez y otro vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México.
I. ANTECEDENTES
3. Denuncia de la contradicción de criterios. El veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio 7268/2024 proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante el cual remitió el escrito firmado por **********, apoderada de **********, quejoso y recurrente en el recurso de queja 714/2024 del índice del citado órgano jurisdiccional, a través del cual formuló denuncia de contradicción de criterios entre lo sustentado por el referido órgano colegiado en el asunto en cita, frente a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en los recursos de queja 47/2024 y 48/2024.
4. Trámite ante este Pleno Regional. En esa misma data el entonces Magistrado Presidente de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, la radicó bajo el número 116/2024 e instruyó crear el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Estableció de forma preliminar el tema de la contradicción de criterios y la turnó a su ponencia.
5. Por proveído de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante el oficio ST-1C24CTO 15/2024, notificando que su criterio permanecía vigente, remitió copia digital certificada de la sentencia emitida en la queja 714/2024 y habilitó la consulta de su expediente electrónico.
6. El nueve de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, a través de los oficios 1020/2024-VII y 283/2024-I, informando que su criterio seguía vigente, envió copia digital certificada de las sentencias que emitió en los recursos de queja 47/2024 y 48/2024, y habilitó la consulta de su expediente electrónico.
7. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del oficio DGCCST/X/629/07/2024, recibido en este Pleno Regional el diez de julio de dos mil veinticuatro, informó que en el Pleno de la Suprema Corte se encuentran radicados los expedientes sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 1/2023 y 3/2023, con los temas a resolver sobre la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y García Rodríguez y otro vs. México, que guardan relación con las contradicciones de criterios 135/2023, 137/2023 y 377/2023, radicadas en la Primera Sala y cuyo tema a dilucidar es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN CONTRA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. DETERMINAR SI PARA SU CONCESIÓN PUEDE ATENDERSE A LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS VS MÉXICO Y, EN CONSECUENCIA, DESAPLICAR EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO", el cual se encuentra relacionado con el tema de esta contradicción.
8. Como hecho notorio(1) debemos mencionar que en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra radicada la contradicción de criterios 185/2024, en la que se estableció la temática: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. DETERMINAR SI ES POSIBLE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN CONTRA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, PARA EFECTOS DE DEJAR EN LIBERTAD AL PROCESADO";(2) tópico afín con el tema de esta contradicción.
9. Por auto de once de julio del año próximo pasado quedó integrada la contradicción de criterios y se confirmó el turno electrónico al magistrado ponente para la elaboración del proyecto de sentencia.
10. El siete de agosto de dos mil veinticuatro, se listó el proyecto para su discusión. En sesión de quince de agosto siguiente se determinó aplazarlo.
11. Del diecinueve de agosto al cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, con motivo de la suspensión parcial de labores (sólo atención de casos urgentes) organizada por las y los trabajadores, así como juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación, este Pleno Regional se encontraba imposibilitado para efectuar el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, a partir del seis de noviembre de la citada anualidad se determinó la reanudación total de las labores.
12. El Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del oficio SEADS/4139/2024, informó que en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, el Pleno de dicho órgano acordó la comisión temporal de la Magistrada Olga Estrever Escamilla en sustitución de la Magistrada Emma Meza Fonseca (quien solicitó licencia a partir del treinta y uno de octubre de ese mismo año), con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinticuatro, mientras subsistieran las condiciones o hasta que el citado Pleno lo determinara.
13. Por lo anterior, a partir de la última fecha mencionada este Pleno Regional se encuentra integrado por la Magistrada Olga Estrever Escamilla y los Magistrados Samuel Meraz Lares y Miguel Bonilla López.
14. El trece de diciembre de dos mil veinticuatro de nueva cuenta se listó el proyecto; empero, en sesión de nueve de enero del año en curso se determinó que quedara en lista. El veintitrés de enero posterior se celebró la sesión en la que se llevó a cabo la discusión del asunto.
II. AMICUS CURIAE
15. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de cualquier contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión deberá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
16. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el escrito de **********, por medio del cual emitió su opinión con relación a la temática de la presente contracción de criterios. Opinión que acorde con el precepto anteriormente citado no es vinculante ni de estudio obligatorio para este Pleno Regional, por lo que sus argumentos no serán abordados o contestados en la presente resolución.
17. El dos de enero de dos mil veinticinco, se acordó un diverso documento firmado por **********, a través del cual expresó opinión con relación al tópico de este asunto. En dicho escrito el signante aduce, en esencia, que la contradicción de criterios debería resolver dos cuestiones fundamentales, a saber:
a) Que tratándose de la audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juez de Control no deberá limitarse a lo que dispone el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que debe efectuar un análisis de forma periódica de la medida cautelar (prisión preventiva justificada), como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso García Rodríguez y otro vs. México, específicamente en el párrafo 184, y ponderar si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar se mantienen.
b) Cuando el acto reclamado consista en la negativa de modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada (en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales), para efectos de resolver sobre la suspensión provisional, es dable atender los lineamientos que se establecen en la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) del entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte. Por lo que si no se cumple con los requisitos de necesidad, compatibilidad e idoneidad de la medida, los efectos de la suspensión deberán ser para conceder la libertad del quejoso.
18. Argumentos que tomaremos en consideración para resolver el presente asunto en los términos siguientes.
III. COMPETENCIA
19. Este Pleno Regional es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en virtud de que se suscita entre Tribunales Colegiados de Circuito que, por corresponder al Vigésimo Cuarto Circuito, pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción; además, es semiespecializado en la materia de la contradicción (penal).
20. Lo anterior de conformidad con los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2024; y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, modificado por el diverso Acuerdo General 38/2023.
IV. LEGITIMACIÓN
21. La denunciante de la contradicción de criterios está legitimada para efectuar la misma, pues fue formulada por la apoderada del recurrente en uno de los asuntos involucrados; tal como lo disponen los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
V. CRITERIOS CONTENDIENTES
22. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los órganos colegiados implicados resulta necesario efectuar una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.
A. Primera Postura. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 714/2024.
23. Narrativa de hechos. El quejoso **********, por conducto de su apoderada **********, promovió demanda de amparo indirecto contra lo resuelto en la audiencia de revisión de medidas cautelares en la que se determinó que no habían variado las condiciones objetivas que justificaron la imposición de la prisión preventiva justificada, en el proceso penal instruido contra el referido quejoso. Acto reclamado al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral.
24. La parte quejosa solicitó la concesión de la suspensión provisional con efectos restitutorios para que cesara la medida cautelar que le fue impuesta y, en su lugar, se le dejara en libertad.
25. El Juez de Distrito que conoció de la demanda concedió la suspensión provisional para el único efecto de que el quejoso quedara a su disposición, en cuanto a su libertad personal en el lugar en el que se encontraba recluido y a disposición del juez de la causa para la continuación del proceso penal, hasta en tanto la responsable tuviera noticia de la suspensión definitiva.
26. Por otra parte, estimó improcedente la pretensión del quejoso en cuanto a conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, pues indicó que el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho no puede realizarse para negar la procedencia de lo solicitado.
27. El quejoso, por conducto de su apoderada, interpuso el recurso de queja contra esa determinación. Tocó conocer del medio de impugnación al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en la queja 714/2024.
28. El órgano colegiado resolvió que el recurso era fundado y concedió la suspensión provisional para efectos distintos a los otorgados por el Juez de Distrito.
29. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito. Estableció que algunos de los agravios formulados eran infundados y otros esencialmente fundados, aunque no para los efectos pretendidos por el recurrente; no obstante, eran suficientes para variar los efectos por los que fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado.
30. Determinó que era infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso estableció que debía concederse la suspensión provisional del acto reclamado con el efecto restitutorio de que se revocara la medida cautelar de prisión preventiva justificada y, en consecuencia, se pusiera en libertad al quejoso bajo diversas medidas cautelares, con base en la aplicación obligatoria –en términos de lo estatuido en el artículo 217 de la Ley de Amparo– de las jurisprudencias de rubros:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO."(3)
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. DEBE CONCEDERSE PARA EL EFECTO DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO SEA DETENIDA, CUANDO RECLAME LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS QUE AMERITEN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.",(4)
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAME UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR UN DELITO QUE NO AMERITE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, EL ALCANCE DE LOS EFECTOS DE SU CONCESIÓN IMPIDE QUE DURANTE SU VIGENCIA EL QUEJOSO SEA PRIVADO DE LA LIBERTAD, AUNQUE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL SE LE IMPONGA LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA."(5)
31. Ello, en virtud de que la primer jurisprudencia versó sobre la procedencia de la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso cuando se le hubiere impuesto la medida cautelar de prisión preventiva justificada y éste ya se encuentre materialmente detenido, por delito que no implica prisión preventiva oficiosa; en tanto que el tópico en ese asunto radicaba en otorgar efectos restitutorios cuando se reclame la determinación sobre la solicitud de modificación de la medida cautelar –con antelación decretada– de prisión preventiva justificada.
32. En tanto que en las restantes jurisprudencias se alude al efecto que debe darse a la suspensión cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión y no una determinación en la que se hubiere negado la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
33. No obstante, expuso que los lineamientos establecidos en las ejecutorias de las que derivaron las referidas tesis jurisprudenciales [concretamente las expresadas en la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.)], podían tomarse en consideración como parámetros para interpretar el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precepto que regula el acto reclamado, por cuanto a los casos en que se solicita la revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar.
34. Lo anterior, señaló el órgano colegiado, con la finalidad de lograr su armonía con lo definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso García Rodríguez y otro vs. México, respecto a las determinaciones que afectan la libertad personal mediante la medida cautelar de prisión preventiva, como un acto que afecta el derecho de la libertad personal.
35. Expuso que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es determinante en establecer la procedencia de la suspensión con efectos restitutorios y de que es preferible que el juicio de amparo quede sin materia a que los actos reclamados sigan violando derechos humanos en perjuicio de la parte quejosa.
36. Que tenía presente que los tribunales mexicanos tienen la obligación de observar y aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana e hizo mención a la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.),(6) de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA."
37. Destacó que en las sentencias que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro vs México, se refleja el espíritu de las determinaciones del tribunal internacional respecto al tratamiento dado a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa que se prevé en el artículo 19 constitucional, toda vez que dicha figura resulta contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos al vulnerar la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, en relación con los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia.
38. Además que la resolución internacional prevé que dicha medida sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber, que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.
39. Agregó que en la sentencia del caso García Rodríguez y otro vs México (concretamente en el párrafo 184), se reconoció la necesidad de evaluar periódicamente la medida cautelar de prisión preventiva, a fin determinar si todavía es idónea, necesaria o proporcional.
40. Precisó que en la contradicción de criterios 36/2023, de la que derivó la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.),(7) el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte –bajo una interpretación conforme–, determinó que es posible otorgar la suspensión provisional con efectos restitutorios, toda vez que el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo no impide que, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, el juzgador de amparo aplique los parámetros que respecto de la concesión de la suspensión establece el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con lo dispuesto por los artículos 138 y 147 de la Ley de Amparo.
41. Es decir, que se debe determinar si la naturaleza del acto lo permite y ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, a fin de verificar si el acto reclamado –en el caso, la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada– cumple con los requisitos establecidos por el propio Pleno Regional.
42. Por lo que al resolverse sobre la suspensión provisional en casos donde se afecte la libertad personal del quejoso en una causa penal, el juzgador de amparo no debe limitarse a lo establecido en el artículo 163 y en el segundo párrafo del diverso artículo 166 de la Ley de Amparo, y conceder la suspensión en los términos que ahí se precisan, sino que debe realizar un ejercicio de ponderación a fin de advertir si es o no posible otorgar la suspensión provisional con efectos restitutorios o de tutela anticipada. 43. Reiteró que si bien los aludidos criterios jurisprudenciales no son obligatoriamente aplicables para modificar los efectos con los que le fue concedida la suspensión provisional a la parte quejosa, esto es, para que se le conceda la libertad personal restringida con motivo del acto reclamado, mediante la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por alguna otra, sí demuestran, por tratarse el bien jurídico en controversia de la libertad personal, que pueden ser aplicables, en lo conducente, los lineamientos definidos respecto de la obligatoriedad de que la prisión preventiva justificada sea revisada de manera periódica, para constatar si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de esa medida aún subsiste y no solo para que el juzgador se limite a constatar si aquellos datos que tomó en consideración para decretarla en primer lugar se han visto modificados por hechos supervenientes, como lo define el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque solo así se armonizaría esa disposición a los parámetros internacionales –obligatorios para el Estado mexicano– de que la restricción de la libertad personal mediante la imposición de una prisión preventiva sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, así como porque los demás mecanismos previstos en la ley –que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales del imputado– no son suficientes para satisfacer el fin procesal perseguido.
44. Añadió que tales criterios jurisprudenciales no conducen a determinar que en todos los casos, en que el acto reclamado sea la medida cautelar de prisión preventiva justificada, los efectos de la suspensión provisional deben ser de tutela anticipada; por el contrario, que impone al juzgador la obligación de analizar caso por caso dicho tópico y plasmar su determinación atendiendo a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, pero atendiendo a que la imposición de la prisión preventiva justificada –por extensión al afectarse el mismo derecho humano a la determinación que se pronuncie sobre su modificación o revocación– dada su trascendencia en el derecho humano de la libertad personal, su aplicación debe ser extraordinaria y solo en el caso de que no se logre la finalidad perseguida con su imposición, mediante el uso de diversas medidas cautelares.
45. Adujo que el juez federal omitió el análisis del caso concreto, bajo las directrices consignadas en las sentencias internacionales de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro vs México, así como de aquellas emitidas con base en su interpretación; por lo que debía determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos diversos a los delimitados por el Juez de Distrito.
46. Para ello expuso que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 166 y 147 de la Ley de Amparo, se colige que, aun tratándose de una medida cautelar que imponga prisión preventiva y que ya se encuentre ejecutada, puede concederse la suspensión provisional del acto reclamado con efectos restitutorios, siempre que se satisfagan los diversos requisitos que se disponen en la citada ley, puesto que no existe prohibición expresa al respecto y en razón que la libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7).
47. Sobre esas bases consideró que en el caso se satisfacían los requisitos para el otorgamiento de la suspensión con los efectos restitutorios, debido a que, acorde con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que se haya ejecutado el acto reclamado no es impedimento para otorgar efectos restitutorios a la medida cautelar, sino que, lo que debe tomarse en cuenta a fin de concederla o negarla es:
i. La apariencia del buen derecho;
ii. Las posibles afectaciones al interés social; y,
iii. La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida.
48. Aspectos que, dijo, no habían sido analizados por el Juez de Distrito y se encontraban satisfechos.
49. En ese sentido refirió que, respecto de la apariencia del buen derecho, en la demanda de amparo se estableció que en la causa penal se investiga al quejoso por la posible comisión de los delitos de uso indebido de funciones y peculado. La prisión que corresponde al delito de mayor gravedad es de uno a nueve años. Que a ese momento el quejoso ya tenía casi dos años privado de su libertad con motivo de la prisión preventiva justificada decretada en su contra, con base en dos razones, a saber:
• Que estaba siendo procesado por diversas causas penales; y,
• Porque ya había sido sentenciado en otra causa penal por la comisión de un delito doloso –en procedimiento abreviado–.
50. Que debía destacarse que el juez responsable, al resolver en torno a la modificación de la medida cautelar, estimó que no habían variado las condiciones para decretarla; sin embargo, omitió realizar una interpretación del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a los lineamientos definidos por las jurisprudencias citadas en párrafos precedentes, para definir si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva justificada se mantenían, tomando en consideración el plazo que la ley permite para su vigencia y estableciendo si existen o no diversas medidas que pudieran imponerse al imputado que lograran los objetivos buscados con la medida cautelar en cita.
51. El tribunal colegiado señaló que debía tomarse en cuenta que respecto de la causa penal en la que se le dictó la sentencia, que fue con la que se apoyó el Juez de Control como factor preponderante para la imposición de la prisión preventiva justificada, el quejoso se acogió al procedimiento abreviado, esto es, lejos de obstaculizar el debido proceso, así como la impartición de la justicia, se sometió voluntariamente a la misma al aceptar su responsabilidad.
52. En tanto que el propio quejoso informó que en la diversa causa penal estaba sujeto a distintas medidas cautelares no privativas de la libertad y acudió ante la autoridad jurisdiccional para la continuación del proceso.
53. Conducta procesal que, indicó el órgano colegiado, se debía destacar para evidenciar la existencia de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, figuras rectoras del análisis de la procedencia de la suspensión provisional.
54. Con relación a la posible afectación al interés social, el tribunal colegiado consideró que con el otorgamiento de la medida no se causaría tal afectación, pues no se estaba en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo.
55. En torno a la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida, apreció que también se satisfacía debido a que jurídicamente era factible conceder la suspensión para que la autoridad responsable subsanara la omisión de estudio en la que incurrió, por haberse limitado a examinar la procedencia de la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva reclamada, a la existencia de hechos supervenientes que hubieren incidido en los datos tomados en consideración al momento de su emisión, cuando su obligación es revisar de manera periódica dicha medida y constatar, con base en un estudio valorativo real, si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, pues no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia para que una persona detenida recupere su libertad, toda vez que, acorde con el artículo 147 de la Ley de Amparo, es viable otorgar efectos restitutorios a la suspensión, aunque ello implique dejar sin materia el juicio de amparo principal, puesto que el juicio de amparo dejaría de ser un recurso judicial efectivo, en contravención del artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
56. Adicionó que aunque el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección, dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, estableció que la porción normativa relativa a que la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar –por alcance su modificación– no será objeto de suspensión, constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el amparo –acorde con los artículos 166 y 129 de la ley de amparo– y que pueden existir excepciones a esa regla general, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponderá analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa, atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna técnica o alguna medida cautelar –en el caso su modificación– o de protección puede ser suspendida.
57. Aspectos que, dijo, se encontraban satisfechos. Por lo que estableció que al interpretarse el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acorde con lo definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso García Rodríguez y otro VS. México, concretamente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33097-91f751ca/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-puede-concederse-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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