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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 36/2023. · Registro digital (IUS): 31666
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-08-11
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.3849.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 36/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 15 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES (PRESIDENTE) Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés.

SENTENCIA

1. Contradicción de criterios 36/2023 suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 200/2023, y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al emitir la sentencia correspondiente a la queja 248/2023.

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si la contradicción de criterios existe y, por consiguiente, emitir un criterio jurisprudencial que determine si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad o no del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio presentado ante el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, el catorce de abril de dos mil veintitrés, la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit denunció la posible contradicción de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja 200/2023, y los razonamientos establecidos por el diverso Segundo Tribunal Colegiado del referido Circuito, en la sentencia emitida en la queja 248/2023.

4. Por acuerdo de diecisiete de abril siguiente, el Magistrado presidente de este Pleno admitió a trámite la denuncia de contradicción; ordenó formar y registrar el expediente electrónico con el número de contradicción de criterios 36/2023, de manera preliminar precisó que el posible tema de contradicción consiste en determinar los efectos de la suspensión provisional cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto es la medida cautelar de prisión preventiva justificada; requirió a los Tribunales Colegiados contendientes informar si el criterio que sustentan sigue vigente, superado o abandonado; solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informar si existe contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente; y, turnó electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca.

5. El diecinueve de abril del año en curso, por oficio 567/2023-VIII el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito informó que el criterio sustentado en el recurso de queja 248/2023, seguía vigente. Asimismo, el veintiséis de abril siguiente su homólogo el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito, por oficio ST-1C24CTO 23/2023 informó que el criterio sustentado en la queja 200/2023, continúa vigente.

6. El dieciséis de mayo siguiente, el presidente de este Pleno tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/383/05/2023 del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal contradicción de criterios relacionada con el tema establecido; se tuvo por integrada la presente contradicción de criterios; y, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Emma Meza Fonseca, para la elaboración del proyecto correspondiente.

7. En sesión ordinaria virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el Magistrado Héctor Lara González solicitó se aplazara el asunto para efectos de tener tiempo de su estudio, a lo que se atendió en términos de lo dispuesto en el artículo 25, fracción III, del AG 67/2022. Asimismo, el ocho de junio siguiente, en sesión ordinaria virtual, el Magistrado presidente Samuel Meraz Lares solicitó el asunto quedara en lista para fijar su postura, al considerar la complejidad del mismo.

PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

8. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

9. Por auto de diez de mayo del año en curso se tuvo por recibido el escrito presentado por el apoderado del quejoso –personalidad acreditada en los recursos de queja 200/2023 y 248/2023–, por el que realizó diversas manifestaciones en relación al presente asunto y exhibió copia simple de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 286/2023, así como el diverso escrito acordado el veintitrés de mayo siguiente. Asimismo, el veinticuatro de mayo de la misma anualidad, se recibió escrito de ********** en su calidad de defensor privado en el juicio constitucional 593/2022, acumulado del diverso 575/2022 del índice del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, por el cual hizo del conocimiento la contradicción de criterios 128/2023, admitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que considera, aborda el mismo tema a resolver por este Pleno Regional; además, el trece de junio siguiente, se tuvo por acordado el escrito presentado por el apoderado del quejoso con diversas manifestaciones en relación al presente asunto.

COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materia Penal es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

11. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 14, fracción 1, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

LEGITIMACIÓN

12. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por una Jueza de Distrito del mismo Circuito donde residen los órganos colegiados contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, previo hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas, debe precisarse que de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que el punto divergente entre éstos, es el relativo a determinar la procedencia de la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa.

a) Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 200/2023.

14. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit con competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con sede en Tepic, el quejoso solicitó la suspensión provisional y definitiva contra actos del Juez de Control del Centro Regional de Justicia Penal, Región III, con sede en Tepic, Nayarit, que se hicieron consistir en el auto de vinculación a proceso de diez de marzo de dos mil veintitrés, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en dicho procedimiento.

15. El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, lo registró bajo el número 256/2023-VIII; concedió la suspensión provisional respecto del auto de vinculación a proceso; por otra parte, respecto del acto consistente en la prisión preventiva justificada consideró no era procedente concederla para el efecto de dejar al quejoso en libertad, sino para el único efecto de que éste quedara a disposición del Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar donde se encontraba recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del proceso penal, ello en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo.

16. Inconforme con la anterior determinación, se interpuso recurso de queja que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y registró con el numeral 200/2023.

17. El quejoso en los agravios que hizo valer aseguró que el segundo párrafo de la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo es inconstitucional, toda vez que hace depender los efectos de la concesión de la suspensión, tratándose de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, de un hecho como es la detención material del quejoso, con lo que la libertad personal no quedaría resguardada, por ello, adujo que es desproporcional e injustificada constitucional y convencionalmente, la distinción de los efectos de la suspensión en delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, al hecho material de si fue o no ejecutada la orden de aprehensión.

18. El Tribunal Colegiado únicamente analizó la negación de la suspensión provisional respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada para el efecto de poner en libertad al quejoso.

19. Por lo que, en principio refirió el marco relativo a la figura de la suspensión conforme a los artículos 128, 138 y 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y adujo que la suspensión procede siempre que la solicite el quejoso, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; una vez promovida, se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, con la finalidad de determinar su procedencia, en apoyo invocó la tesis IV.2o.A.65 K (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ELEMENTOS NORMATIVOS Y DE CONTROL PARA EXAMINAR SU PROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 128, 138 Y 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA."

20. Respecto a la apariencia del buen derecho, atendió a los conceptos de orden público e interés social; indicó que si bien es un elemento a considerar por el juzgador sólo para el otorgamiento de la suspensión provisional, no debe soslayar los requisitos de procedencia de la medida cautelar previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo y así, sopesar la naturaleza de la violación, en términos del artículo 107, fracción X, constitucional, con el perjuicio al agraviado y a los terceros, si los hay, con el interés social, y verificar si la prerrogativa cuya existencia se busca preservar mediante el otorgamiento de la suspensión se encuentra inserta en el patrimonio jurídico del quejoso.

21. Señaló que la apariencia del buen derecho no debe considerarse a fin de negar la medida cautelar, en apoyo invocó los criterios de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA." y "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

22. Con relación a la restitución provisional, de acuerdo con el artículo 147 de la Ley de Amparo, la suspensión como medida cautelar otorga la facultad de emitir cualquier medida pertinente para conservar la materia de amparo y de resultar jurídica y materialmente factible, incluso restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada. Por consiguiente, la medida cautelar puede otorgarse con efectos restitutorios o de amparo provisional.

23. Sobre ese tema, el tribunal adujo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015 sostuvo que para determinar el otorgamiento de la suspensión no debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, sino a sus consecuencias y éstas deben analizarse frente a la apariencia del buen derecho y las posibles afectaciones al interés social, a virtud de que la suspensión pueda adelantar los efectos de una eventual sentencia protectora de amparo.(3)

24. Entonces, conforme al anterior criterio jurisprudencial, la regulación del juicio de amparo admite la posibilidad del restablecimiento previsorio en el derecho vulnerado, ello con motivo de la suspensión como una resolución de tutela anticipada.

25. Señaló que, si bien en la ley de la materia, se establecen normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos regulados de manera especial, no implica que, para resolver sobre el particular se omita el análisis de los requisitos establecidos en el capítulo relativo respecto a la suspensión en materia penal. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia con registro digital: 2015310, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO (‘EN MATERIA PENAL’), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL.", así como la diversa jurisprudencia con registro digital 2003171, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA CONCEDERLA EN LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, TRATÁNDOSE DE DELITOS NO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

26. También apuntó que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 147 y 166, en lo que interesa, ambos de la Ley de Amparo, se colige que aun tratándose de una medida cautelar que imponga prisión preventiva y que ya se encuentre ejecutada, puede concederse la suspensión provisional del acto reclamado con efectos restitutorios, puesto que no existe prohibición expresa, y en razón que la libertad personal es reconocida y protegida como derecho humano de rango constitucional, así como en instrumentos internacionales; de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible y sólo limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional.

27. Y acorde con lo precisado por la Primera Sala del Máximo Tribunal, el hecho que se haya ejecutado el acto reclamado no es impedimento para otorgar efectos restitutorios a la medida cautelar, sino que debe tomarse en cuenta a fin de negarla o concederla: (I) La apariencia del buen derecho; (II) Las posibles afectaciones al interés social; y, (III) La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida.

28. Bases que el tribunal consideró satisfechas como requisito para el otorgamiento de la medida cautelar con efectos restitutorios.

29. Asimismo, señaló que aunque el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión, entre otras, la medida cautelar concedida por autoridad judicial. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, estableció que la porción normativa relativa a que la medida cautelar no será objeto de suspensión, constituye la regla general, al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el amparo –acorde con los artículos 166 y 129 de la Ley de Amparo–, y que pueden existir excepciones a esa regla general, siendo el juzgador a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación, atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de que la medida cautelar pueda ser suspendida.

30. Después de referir los argumentos dados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 62/2016 (en la que se reconoció la validez del artículo 128, párrafo tercero, en la porción normativa "y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial", de la Ley de Amparo), consideró que el artículo 166 de la Ley de Amparo es inconvencional en la porción normativa en la que se establece "Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de dicho numeral...", por cuanto que –al margen del probable trato injustificado y discriminatorio en relación con los otros supuestos que contempla– ha de establecerse que los tribunales mexicanos tienen la obligación de observar y aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; circunstancia que se ve reflejada en la contradicción P./J. 21/2014 (10a.).

31. Asimismo, a efecto de justificar la premisa anticipada hizo referencia a la sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,(4) en la que se determinó que "... la figura del arraigo contenida en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 y el artículo 133 bis del Código Federal Procesal Penal de 1999, como la figura de la prisión preventiva contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, resultaban contrarias a la Convención Americana ..."

32. Finalmente refirió la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, al resolver el Caso García Rodríguez y otros Vs. México, en el que se abordó entre otros aspectos, la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

33. Así, el Tribunal Colegiado concluyó que los aspectos sustantivos que de forma puntual reflejan el criterio de la Corte Interamericana en cuanto a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, deben aplicarse por analogía a la prisión preventiva justificada; y aun cuando tales medidas cautelares están previstas en el artículo 19 constitucional, como en la ley procesal respectiva, las razones de la inconvencionalidad también valen a la medida suspensional, por cuanto que el artículo 166 de la Ley de Amparo, no refleja el espíritu de lo ya decidido por la Corte Interamericana, dado que únicamente deja en los tribunales de amparo la libertad personal, empero, sin establecer estándares de ponderación a efecto de que se pueda decidir si debe o no suspenderse el acto reclamado, o sea que la ponderación, la proporcionalidad y razonabilidad debe aplicarse por el juzgador por regla general, en razón de que el derecho legislado debe ser consonante con la función jurisdiccional de corte internacional e interamericano, sin demeritarla injustificadamente y menos con intromisiones externas que la suplanten. 34. Ante lo fundado de los agravios analizados, el Tribunal Colegiado procedió a modificar el auto recurrido en el incidente de suspensión, para efectos de otorgar la medida suspensional provisional, precisando que "la autoridad responsable (Juez de Control), de inmediato, fije una audiencia de revisión de la medida cautelar y prescindiendo de las consideraciones que adoptó en el acto reclamado al imponer la prisión preventiva, dicte otra diferente, que considere razonablemente adecuada, siguiendo los lineamientos legales, convencionales y constitucionales sobre la materia. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva en torno a la suspensión definitiva".

b) Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 248/2023.

35. El quejoso por conducto de su apoderado, promovió demanda de amparo indirecto respecto del acto reclamado al Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región III, con sede en Tepic, Nayarit, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el auto de vinculación a proceso de veinticinco de marzo de dos mil veintitrés.

36. Por auto emitido dentro del cuaderno incidental 258/2023, se concedió la suspensión provisional respecto del auto de vinculación a proceso para efectos de que "el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región III, con sede en Tepic, Nayarit, tan pronto concluya la etapa intermedia en el proceso penal ********** suspenda el procedimiento en lo que respecta a la parte quejosa, hasta en tanto le sea notificada la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva".

37. Respecto de la medida cautelar de prisión preventiva acordó:

"Ahora, en el caso no es procedente conceder la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para dejar al quejoso en libertad, sino que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE al quejoso, la SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el único efecto de que quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que se encuentre recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del proceso penal que se le instruye; lo anterior, hasta en tanto la responsable tenga noticia de la suspensión definitiva que se emita en la presente incidencia..."

38. Inconforme con la anterior determinación, se interpuso recurso de queja que por razones de turno, conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y registró con el numeral 248/2023.

39. El Tribunal Colegiado dejó intocado lo relativo la concesión de la suspensión respecto al auto de vinculación a proceso pronunciado en la causa penal **********, y respecto a la suspensión contra la prisión preventiva justificada, estimó jurídicamente correcto que fuera para el efecto de que el quejoso quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se encuentra privado de la libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

40. El inconforme en los agravios invocados, alegó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 166 de la Ley de Amparo aplicado por la autoridad al resolver la suspensión provisional.

41. Con base en tales consideraciones, el Tribunal Colegiado analizó si la restricción prevista en el artículo 166 de la Ley de Amparo respectiva a que cuando ya se dictó la prisión preventiva, la suspensión del acto reclamado únicamente podrá concederse para efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en que se encuentre privado de su libertad, y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación, sin que pueda tener como efecto la libertad de aquella persona, concluyendo que dicho planteamiento no contraviene los artículos 17 y 107, fracción X, de la Constitución General, así como 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

42. Precisó que, el derecho a la tutela jurisdiccional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera expedita a los tribunales, plantear una pretensión, o defenderse de ella, con la finalidad de que a través de un proceso, se decida, y en su caso, se ejecute dicha decisión.

43. Por lo que consideró que, es relevante analizar la medida cautelar como herramienta que garantiza la eficacia de las resoluciones judiciales mediante la conservación, prevención o aseguramiento de los derechos e intereses que se dilucidan en el proceso.

44. Así, señaló que el artículo 107, fracción X, constitucional, señala como medida cautelar en el juicio de amparo la suspensión del acto reclamado, misma que busca evitar daños de difícil o imposible reparación para la parte quejosa. Por tanto, la suspensión se erige como la herramienta de tutela cautelar en el juicio de garantías.

45. Precisó que el artículo 166 de la Ley de Amparo, en realidad constituye una restricción al derecho fundamental de tutela cautelar toda vez que limita los efectos de la suspensión del acto reclamado a que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en que se encuentre privado de la libertad, y a disposición de la autoridad a la que le corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

46. Ahora bien, el Tribunal Colegiado consideró que el artículo 166 de la ley de la materia no contraviene los diversos numerales 17 y 107, fracción X, de la Constitución General, ni 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por constituir una restricción al derecho fundamental de tutela cautelar; conclusión a la que arribó a partir del análisis bajo el test de proporcionalidad para lo cual atendió a los criterios de rubros: "TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL.", "PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.", "SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA.", "TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA." y "CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA."

47. Con ello, se evidenció que la restricción al derecho de tutela cautelar es constitucionalmente válida, en cuanto a que obedece a un fin legítimo, es idónea, necesaria y proporcional; así como la porción normativa que establece un trato diferenciado en cuanto a los efectos de la suspensión cuando el quejoso está materialmente detenido, es justificado porque obedece a garantizar la eficacia de la prisión preventiva, lo que no ocurre cuando el quejoso no ha sido detenido.

48. Ello aunado a que el nivel de realización del fin constitucional es mayor al nivel de intervención en el derecho fundamental de tutela cautelar afectado, máxime que con apoyo en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicite la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para así, revocar, sustituir o modificar la medida restrictiva de la libertad personal.

49. En cuanto al trato diferenciado que establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, en relación a los efectos de la suspensión cuando el quejoso no ha sido detenido, respecto de cuando ya ocurrió la detención, e incluso se decretó la prisión preventiva, es justificado, ello así para garantizar la eficacia de la prisión preventiva dispuesta en el artículo 19 constitucional, lo que no ocurre cuando el quejoso todavía no ha sido detenido.

50. Por lo anterior, el Tribunal Colegiado concluyó que "la restricción prevista en el artículo 166 de la Ley de Amparo, respectiva a que cuando ya se dictó la prisión preventiva la suspensión del acto reclamado únicamente podrá concederse para efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en el que se encuentre privado de la libertad, y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación, sin que pueda tener como efecto la libertad de dicha persona, no contraviene los artículos 17 y 107, fracción X, de la Constitución General, ni 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."

51. Una vez que el tribunal determinó que el artículo 166 de la ley de la materia es acorde con el respectivo parámetro constitucional y convencional, verificó la legalidad del auto recurrido, compartió criterio de que procede conceder la suspensión en términos de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto privativo de la libertad dentro de un procedimiento del orden penal.

52. Y toda vez, que el acto reclamado consiste en la prisión preventiva justificada decretada en la causa penal de origen, precisó que los efectos de la medida cautelar se limitan a que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

53. Por ello, concluyó en torno a lo que afirma el quejoso no existe antinomia en la Ley de Amparo, en cuanto a que por una parte, el artículo 166 limita de manera absoluta obtener la libertad, y por otra, los artículos 167 y 168 lo permiten; ello en atención a que el artículo 166 establece los efectos de la suspensión cuando se reclame la prisión preventiva decretada en un proceso penal, en tanto que, los artículos 167 y 168 prevén las medidas al decretar una suspensión que tenga por objeto poner en libertad al quejoso, en los términos permitidos por la propia ley.

54. Por tanto, resolvió que es jurídicamente correcto que cuando se haya decretado la prisión preventiva justificada, la suspensión del acto reclamado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31666-39c1ada4/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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