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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, NO ES PROCEDENTE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CON BASE EN LO DETERMINADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS CONTRA MÉXICO Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO CONTRA MÉXICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 46/2023. · Registro digital (IUS): 32082
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-01-19
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo VI, Pág.5335.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 46/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS JESÚS RAFAEL ARAGÓN Y SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE), QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA. SECRETARIO: ROLANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

San Andrés Cholula, Puebla. El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, en términos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, en sesión correspondiente al nueve de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo.

El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, consiste en determinar si, en cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, a fin de que se deje de aplicar dicha medida cautelar.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO.

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 72/2023 presentado vía electrónica (interconexión), el siete de septiembre de dos mil veintitrés, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo denunció ante este Pleno Regional, la posible contradicción de criterios suscitada entre el emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, al resolver la queja penal 270/2023 y, por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, al fallar los diversos recursos de queja 246/2023 y 247/2023.

2. Expuso que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en relación al otorgamiento de la suspensión solicitada en contra de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, consideró que no es posible aplicar diversos efectos a los establecidos en el numeral 166 de la Ley de Amparo, precisamente porque los mismos están indicados en dicha norma y las medidas cautelares son exclusivas del Juez de Control, pues siguiendo los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 y la contradicción de tesis 397/2016, en torno a la normativa sobre la suspensión de los actos reclamados en materia penal, puede afirmarse que respecto de medidas cautelares que impliquen privación de la libertad ésta se rige, exclusivamente, por las disposiciones de la parte especial de la Ley de Amparo que regula los actos en dicha materia, en particular el capítulo I, sección tercera, segunda parte, del artículo 166 de ese mismo ordenamiento legal, por lo que el único efecto de la suspensión es que el quejoso quede a disposición de la Jueza de Distrito en el lugar que ésta designe en relación a su libertad personal y de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal.

3. Asimismo, dicho tribunal consideró que las resoluciones dictadas en el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, así como en el diverso García Rodríguez y otro contra México, no conllevan inaplicar la medida impuesta por el Juez de Control, pues ello se traduciría en dejar de observar la legislación vigente en materia de amparo, dado que en el derecho interno subsiste la restricción constitucional prevista en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, sin que exista algún precedente del Máximo Tribunal de País, en el cual haya declarado la inconvencionalidad de la mencionada medida cautelar y tampoco ha realizado algún pronunciamiento sobre la interpretación y alcance que deba darse al citado precepto.

4. Mientras que con relación al mismo tema, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito estimó que atendiendo a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, y asumiendo lo fallado por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, al dictar sentencia en la contradicción de criterios 40/2023, debe otorgarse la suspensión del acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con efectos restitutorios; esto es, para que con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el plazo de cuarenta y ocho horas, el Juez de la causa convoque a una audiencia de revisión de medidas cautelares y, prescindiendo de imponer la prisión preventiva oficiosa, con libertad de jurisdicción, resuelva sobre la medida procedente, la cual deberá estar objetiva y razonadamente justificada, existiendo una relación de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido y, por tanto, únicamente dentro del citado plazo, el quejoso quedará a disposición del Juzgado de Distrito en lo que concierne a su libertad personal, en el lugar en el cual se encuentre recluido y de la autoridad de instancia por lo que hace a la continuación del procedimiento penal instaurado en su contra, específicamente para resolver sobre la medida cautelar procedente.

5. Radicación. Por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur registró la denuncia de la posible contradicción de criterios con el número 46/2023, ordenó formar el expediente electrónico correspondiente y la admitió a trámite. Asimismo, realizó el turno electrónico inicial a la Magistrada Carla Isselin Talavera, con el objeto de contar con la posibilidad de estudiarlo mientras se realizaba la integración del asunto, dejando el mismo a disposición de los Magistrados de este Pleno Regional y precisó que, una vez concluida, se confirmaría el aludido turno.

6. Igualmente, solicitó a los presidentes de los tribunales contendientes, que pusieran a disposición el expediente electrónico o carpeta digital correspondientes a los recursos de queja 270/2023, 246/2023 y 247/2023, a través del sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal y que informaran si los criterios denunciados se encontraban o no vigentes o la causa para tenerlos por superados o abandonados.

7. Además, ordenó dar vista al fiscal general de la República y a los presidentes de los tribunales contendientes, para que de considerarlo necesario, manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera.

8. Por otra parte, solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis del Máximo Tribunal del País, para que informara sobre la existencia o no de una diversa contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la misma cuestión jurídica.

9. Por acuerdos de doce y veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se agregaron a los autos los respectivos informes del Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado y del secretario del Tercer Tribunal Colegiado, ambos del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, en los que manifestaron respectivamente, que los criterios plasmados en los recursos de queja 270/2023, 246/2023 y 247/2023 seguían vigentes.

10. Confirmación del turno. Mediante el mismo proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional, tuvo por debidamente integrado el presente asunto, sin que considerara necesario esperar el informe de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis del Máximo Tribunal del País, al estimar que los datos relativos son consultables en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que confirmó el turno y ordenó el envío de los autos a la ponencia de la Magistrada Carla Isselin Talavera para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

11. A través del dictamen de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Magistrada Carla Isselin Talavera, hizo del conocimiento al Magistrado presidente de este Pleno Regional, que resultaba necesario el informe de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis del Máximo Tribunal del País, para la correcta integración del expediente.

12. En atención a ello, por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, la presidencia de este Pleno Regional suspendió el plazo a que se refiere el artículo 44 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para ser reanudado una vez que se recibiera la información solicitada en proveído de ocho de septiembre del año en curso.

13. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. Mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se agregó a los autos el oficio DGCCST/X/813/09/2023 –recibido vía correo electrónico–, signado por el encargado del despacho de la citada Dirección General, por el que remitió el informe de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual señaló que estrechamente relacionado con el tema del presente asunto, encontró radicadas las contradicciones de criterios 128/2023, 212/2023 y 219/2023, cuyo tema a dilucidar es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. DETERMINAR SI ES POSIBLE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN CONTRA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, PARA EFECTOS DE DEJAR EN LIBERTAD AL PROCESADO", el cual guarda relación con el diverso: "LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA EN CONTRA DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA".

14. En consecuencia, se levantó la suspensión del plazo decretada el veintiséis de septiembre de la presente anualidad, y se devolvió el expediente a la Magistrada ponente a fin de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

II. AMICUS CURIAE.

15. Hasta esta fecha, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

III. COMPETENCIA.

16. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, tercer párrafo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y de conformidad con el diverso Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; al tratarse de una denuncia de contradicción de criterios emanados de resoluciones provenientes del Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, pertenecientes a un Circuito que comprende la Región Centro-Sur, conforme a lo señalado en los numerales 8 y 10 del referido Acuerdo General 67/2022 y porque el tema planteado versa sobre la materia penal, que es la especialización de este Pleno Regional.

IV. LEGITIMACIÓN.

17. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien dictó las resoluciones que motivaron los criterios contendientes en el presente asunto.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS.

18. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los referidos órganos de control constitucional es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA 270/2023.

19. Hechos. Una quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra de la resolución emitida por el Juez de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la cual ratificó la imposición y vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el delito de abuso sexual.

20. De dicho asunto tocó conocer por razón de turno al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con el número 1401/2023-4 de su índice, cuya titular por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de amparo.

21. Asimismo, al haberlo solicitado la parte quejosa aperturó el incidente de suspensión, en el cual, por una parte, negó la suspensión provisional contra la imposición de la medida cautelar, al considerar que ya se había emitido, por lo que se trataba de un acto consumado y de concederse equivaldría a otorgarle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en lo principal.

22. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, respecto de las consecuencias de la ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, concedió la suspensión provisional, para el efecto de que la quejosa quedara a disposición del Juzgado de Distrito en lo que concernía a su libertad personal, en el lugar en el que se encontraba recluida y a cargo de la autoridad de instancia para la continuación del procedimiento penal instaurado en su contra.

23. Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de queja, que por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito que mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite con el número 270/2023.

24. Posteriormente, en ejecutoria dictada en sesión de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado declaró infundado el medio de impugnación.

25. Criterio jurídico. El referido tribunal estimó correcta la decisión de la Jueza de Distrito al conceder la suspensión con los efectos indicados.

26. En primer término, el órgano colegiado resumió los agravios formulados por la inconforme, en los que, esencialmente alegaba que el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo establece que los efectos de la suspensión, cuando se reclame la prisión preventiva oficiosa, consisten en que el quejoso permanezca bajo disposición del órgano de control constitucional, por lo que el juzgador de amparo está facultado para realizar un juicio preliminar para determinar si es factible otorgar la suspensión con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada).

27. Que los tribunales mexicanos (estatales o federales) tienen la obligación de observar y aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme a la tesis jurisprudencial P./J. 21/2014 (10a.),(1) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, toda vez que la Corte Interamericana, al resolver el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, así como el diverso García Rodríguez y otro contra México, determinó la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa que se prevé en el artículo 19 constitucional, ello es aplicable para la medida suspensional, prevista en el numeral 166 de la Ley de Amparo.

28. El tribunal contendiente calificó como infundados tales motivos de inconformidad.

29. Para tal efecto, en primer lugar, estableció que los arábigos 163 y 166 de la ley de la materia, disponen que en el supuesto de que se acuda al juicio de amparo combatiendo la imposición de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el canon 19 constitucional, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a la jurisdicción de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento.

30. Asimismo, refirió que el precepto 128, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que no serán objeto de suspensión, entre otras, las medidas cautelares como la impuesta a la inconforme (prisión preventiva oficiosa).

31. Indicó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, señaló de manera enfática que, en casos de actos que impliquen privación de la libertad, debe observarse lo dispuesto en el artículo 166 de la ley aplicable y conceder la suspensión en las condiciones precisadas en dicho precepto y, respecto de otra clase de medidas cautelares, la regla general prevista en el numeral 128 de la Ley de Amparo es que no será objeto de suspensión entre otras, la ejecución de éstas, pero existen excepciones, siendo el juzgador de amparo a quien le corresponderá analizar cada caso concreto, y determinar si la medida puede ser suspendida, atendiendo la naturaleza del acto, el interés social, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

32. Además, el órgano colegiado expuso que en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 397/2016, la Primera Sala del Alto Tribunal precisó que ante la gran variedad de casos y la diversidad de situaciones concretas, el legislador ha regulado la suspensión en el juicio de amparo indirecto, estableciendo una parte general (primera parte), que contiene disposiciones aplicables a cualquier materia, y una parte especial (segunda parte), en la que sólo se prevén normas para la suspensión en materia penal.

33. Añadió, que la Primera Sala estimó que las normas contenidas en el apartado de la Ley de Amparo, relativo a la suspensión en esa rama, son aplicables a los actos que contempla de manera explícita, porque esas disposiciones obedecen a circunstancias específicas que fueron valoradas con anterioridad por el legislador ordinario, al considerarlas especialmente relevantes para darles una solución particular; en tanto que cualquier otro acto de tal naturaleza, diferente a los expresamente regulados en ese apartado, son susceptibles de suspenderse con base en las normas de la parte general que rigen la suspensión, en aras de tutelar el derecho fundamental a un recurso efectivo.

34. Así, el Tribunal Colegiado afirmó que, atendiendo a lo expuesto y siguiendo los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la normativa sobre la suspensión de los actos reclamados de dicha especialidad, respecto de las medidas cautelares que impliquen privación de la libertad se rige, exclusivamente, por las disposiciones de la parte especial de la Ley de Amparo que regula los actos en materia penal, en particular el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo.

35. Atendiendo a lo anterior, indicó que en el caso concreto, la quejosa ya se encontraba detenida físicamente en un centro penitenciario, puesto que reclamaba la resolución en la que se ratificó la imposición y vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra y, por tanto, el único efecto de la suspensión es que quede a disposición de la Jueza de Distrito en el lugar que ésta designara en relación a su libertad personal y de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal. 36. Ello, toda vez que la resolutora federal debía ajustarse a la normativa aplicable, específicamente a los arábigos 163 y 166 de la Ley de Amparo; y, por tanto, en estos casos, la suspensión no puede tener el efecto de tutela anticipada, para obtener la libertad de la quejosa, ni para que se revise la justificación de la medida, como si no surtiera efectos la que se le dictó en acato al artículo 19 constitucional por tratarse de prisión preventiva oficiosa.

37. El tribunal contendiente insistió en que, tratándose de actos privativos de la libertad, los criterios para la suspensión en juicios de amparo en materia penal, están establecidos en los dispositivos 163 y 166 de la Ley de Amparo, cuyo alcance no es el de suspender los efectos del acto reclamado bajo la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, como si fuera una materia distinta a la penal, y mucho menos, decretar la libertad del detenido, dado que la ley de la materia es puntual cuando establece cuáles serán los efectos de la suspensión para los actos reclamados que versen sobre privación de libertad.

38. Señaló que al dejar de aplicar el artículo 166 de la referida ley, en relación con el diverso 19 constitucional, se tergiversa la naturaleza de la medida, es decir, implica rebasar la materia de la suspensión.

39. Apoyó su criterio en la jurisprudencia PC.III.P. J/1 P (11a.) del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, con número de registro digital: 2025170, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 16, agosto de 2022, Tomo IV, página 3986, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES QUE IMPLIQUEN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. ESTÁ REGULADA EXCLUSIVAMENTE POR LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO (‘EN MATERIA PENAL’), POR LO QUE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS EFECTOS ES INAPLICABLE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO."

40. Expuso que el artículo 128 de la Ley de Amparo se encuentra dentro de las reglas generales que rigen la suspensión del acto reclamado y hay disposiciones expresas y específicas que regulan la suspensión tratándose de la materia penal, como en el caso son los numerales 163 y 166 del mismo ordenamiento legal.

41. Asimismo, señaló que atendiendo a dichos preceptos, la Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Hidalgo, por una parte, negó la suspensión provisional contra la ratificación de la prisión preventiva oficiosa, al no actualizarse los requisitos que en dicho numeral se contienen, ya que atento a su naturaleza, tal acto tenía el carácter de consumado, contra el cual era improcedente conceder la medida cautelar solicitada, pues equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte dentro del juicio de amparo del que deriva el incidente.

42. Y por otra parte, con sustento en lo establecido por los numerales 163 y 166, fracción I, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la Jueza de Distrito la concedió respecto de las consecuencias del acto reclamado hasta tanto se resuelva sobre la definitiva, para el efecto de que la quejosa quedara a disposición de ese Juzgado de Distrito en lo que concierne a su libertad personal, en el lugar en el que se encuentra recluida y a cargo de la autoridad de instancia por lo que hace a la continuación del procedimiento penal instaurado en su contra.

43. Señaló que era correcto el otorgamiento de la suspensión en esos términos, ya que únicamente podía tener esos alcances y no los pretendidos por la parte quejosa.

44. Agregó que ésta es procedente respecto las medidas cautelares como la analizada en el caso, pero para ello, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 166 de la propia norma, el cual versa concretamente sobre la materia penal y regula la suspensión de medidas cautelares que tengan como consecuencia la privación de la libertad.

45. Insistió en que sus efectos están contemplados en la Ley de Amparo, específicamente en el título segundo, capítulo I, sección tercera, que se divide en dos partes: la primera, establece las reglas generales aplicables a la suspensión en distintos ámbitos, mientras que la segunda, está dedicada específicamente a la materia penal.

46. Expuso que debía tomarse en cuenta que el numeral 128, ubicado en la primera parte relativa a las reglas generales, en su penúltimo párrafo establece como una disposición común a todas las materias, la improcedencia de la suspensión de medidas cautelares concedidas por autoridad judicial; mientras que el precepto 166, perteneciente a la segunda parte que versa concretamente sobre la materia penal, regula lo relativo a aquellas que tengan como consecuencia la privación de la libertad.

47. Indicó que era conveniente tener presente que el penúltimo párrafo del arábigo 128 y el último del diverso 166 de la Ley de Amparo, fueron adicionados en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y que de la exposición de motivos de la iniciativa presentada por senadores de diversos grupos parlamentarios, se infiere que ello obedeció a la necesidad de adecuar, a nivel federal, diversos ordenamientos orgánicos y sustantivos para coadyuvar a la mejor operación y funcionamiento del sistema procesal penal previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

48. Señaló que en los numerales 128 y 166 de la Ley de Amparo, se prevé, en el primero, la excepción para la concesión del acto reclamado en el caso de órdenes o medidas de protección para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica o medida cautelar concedida por autoridad judicial, y en el segundo, se hace una remisión respecto de la excepción para la procedencia de la suspensión para el supuesto de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas del procedimiento penal.

49. Asimismo, explicó que en el penúltimo párrafo del arábigo 128 de la Ley de Amparo se establece una excepción para la procedencia de la suspensión, que se refiere a las órdenes o medidas de protección destinadas a salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, así como a la ejecución de técnicas o medidas cautelares otorgadas por una autoridad judicial.

50. Expuso que en el último párrafo del artículo 166 de la misma ley, se hace referencia a esta disposición excepcional, pero únicamente en el caso de órdenes o medidas de protección impuestas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal; sin embargo, esta referencia no se aplica a órdenes de aprehensión, reaprehensión o medidas cautelares que impliquen privación de la libertad, ya que dicho precepto, que se encuentra en la segunda parte relacionada con la materia penal, regula específicamente la suspensión de dichas medidas.

51. Invocó en su apoyo la jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de dos mil diecisiete, Tomo I, Décima Época, página 483, con número de registro digital: 2015310, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO (‘EN MATERIA PENAL’), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL."

52. Enfatizó en que los efectos de la suspensión en casos como el analizado, están indicados por el creador de la norma en el artículo 166 de la Ley de Amparo y la expresión de que "el quejoso quede disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiere a su libertad", no se traduce en que el Juez o el tribunal de amparo pueda desconocerlo e imponer diversos efectos a los ahí establecidos, dado que las medidas cautelares son exclusivas del Juez de Control.

53. Indicó que la propia Ley de Amparo prevé los efectos específicos para los cuales puede concederse la suspensión, por lo que ello limita el arbitrio del juzgador al respecto.

54. Apoyó sus argumentos en la jurisprudencia 1a./J. 27/2012 (10a.) y en la tesis 1a. XIX/2012 (10a.), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas respectivamente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de dos mil doce, Tomo 2, páginas 1168 y 1215, Décima Época, con números de registros digitales: 2002071 y 2002070, de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PENAL. NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO)." y "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PENAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN QUE EL QUEJOSO ‘QUEDE A DISPOSICIÓN’ DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO COMPETENTE, POR MEDIACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO."

55. Asimismo, expuso que no se debe soslayar que la finalidad del incidente de suspensión en el juicio de amparo es la conservación de la materia del litigio y busca mantener las cosas en el estado en que se encuentran, hasta el dictado de la resolución del asunto en lo principal, por lo que, en principio, sólo la sentencia de amparo puede tener el efecto de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, tal como lo prevé el artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que el legislador dispuso en el arábigo 131, párrafo segundo, del citado cuerpo normativo, la imposibilid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32082-bb4b91b7/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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