SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA JURISPRUDENCIA PR.P.CN. J/13 P (11a.) ES APLICABLE AUN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 19/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y MIGUEL BONILLA LÓPEZ. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIO: DIEGO ALEXIS MORALES GÓMEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria presencial de veinticinco de abril de dos mil veinticinco.
SENTENCIA
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver la queja penal ********** y el Cuarto Tribunal Colegiado del mismo circuito, al conocer de la queja **********.
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional consiste en determinar si a partir de la reforma de treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, al artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continúa siendo aplicable la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), emitida por el entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, ahora Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte.
I. ANTECEDENTES
3. Mediante oficio 16JDO15CTO/2/2025, firmado electrónicamente por el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, denunció la posible contradicción de criterios entre los emitidos por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito al resolver el recurso de queja penal *********, contra el sostenido por su homólogo Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el recurso de queja **********.
II. TRÁMITE
4. En acuerdo de presidencia de veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, se radicó el asunto como contradicción de criterios 19/2025, se admitió a trámite, se solicitó a los integrantes de los tribunales contendientes que remitieran copia certificada digital de las ejecutorias dictadas en los referidos juicios, indicaran si sus criterios seguían vigentes y realizaran la vinculación del expediente electrónico con este asunto.
5. Igualmente, en el mismo proveído se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre el mismo tema y se realizó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.
6. Mediante acuerdos de presidencia dictados el cuatro y diez de marzo de dos mil veinticinco, se tuvo a los tribunales contendientes informando que sus criterios continúan vigentes, también se tomó conocimiento que los expedientes electrónicos que originaron este asunto fueron vinculados mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
7. Finalmente, en acuerdo de presidencia de veinticuatro de marzo de la anualidad en curso, se recibió el informe de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que relató que no encontró alguna contradicción de criterios relacionada con el tema del que versa el presente asunto; en el mismo proveído se confirmó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.
III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
8. Conforme al artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución puede ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Puede presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
9. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
IV. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafo primero y 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo; 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 7 y 14, fracción I del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2024; y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, modificado por el diverso Acuerdo General 38/2023.
11. Lo anterior, al tratarse de la denuncia de una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, que pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce sus atribuciones.
V. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal, así como 227, fracción III de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por sujeto legitimado para ello, esto es, el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.
VI. CRITERIOS EN CONFLICTO
13. De la consulta realizada a los expedientes electrónicos de los juicios de amparo de los cuales derivó este asunto, que están vinculados mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a este Pleno Regional, se advierten los siguientes antecedentes:
14. Los juicios de amparo de origen fueron promovidos por dos quejosos, por conducto de sus respectivos defensores públicos, quienes demandaron el amparo en contra de actos reclamados a los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control; consistentes en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
15. En ambas demandas de derechos fundamentales, los quejosos solicitaron la suspensión de los actos destacados.
16. De ambos asuntos conoció el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, donde se radicaron con los números ********** y **********, respectivamente, se admitieron a trámite y se ordenó abrir por separado los cuadernos incidentales.
17. El treinta de enero y el diecisiete de febrero ambos del dos mil veinticinco, determinó conceder la suspensión provisional respecto la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo, esto es, para el efecto de que los quejosos quedaran a disposición de ese Juzgado por lo que hacía a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa, para que se continuara con el procedimiento.
18. En ambos casos se interpuso el recurso de queja, ante la inconformidad de los quejosos respecto de las determinaciones del juzgador, de los cuales conocieron los Tribunales Colegiados Sexto y Cuarto del Decimoquinto Circuito, son sede en Mexicali, Baja California, en los asuntos de los que derivó esta contradicción de criterios.
A. Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito
19. El recurso de queja contra la determinación dictada el treinta de enero de dos mil veinticinco, dictada en el incidente de suspensión relativo a juicio de amparo indirecto **********, fue turnado al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, donde se radicó como queja penal ********** y el doce de febrero de dos mil veinticinco, se determinó fundado el recurso intentado.
20. En lo que interesa, consideró que existía criterio obligatorio al respecto, pues en la contradicción de criterios 40/2023 del entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, se determinó que es procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consiste en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
21. El tribunal colegiado transcribió diversos párrafos de la ejecutoria en comento, de lo cual concluyó que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante y se resolvió categóricamente que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa; por tanto, cuando se resuelve sobre la suspensión provisional o definitiva debe partirse de la base de que la apariencia del buen derecho está demostrada, lo cual conlleva que se le otorguen efectos restitutorios.
22. El tribunal contendiente, consideró que la jurisprudencia número PR.P.CN. J/13 P (11a.) del entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, de rubro siguiente: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.”(1) continúa siendo aplicable.
23. El órgano contendiente indicó que no desconoce que el criterio en comento fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 377/2023 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, consideró que al ser un asunto pendiente de resolverse, la jurisprudencia emitida por el Pleno Regional continúa siendo de aplicación obligatoria, conforme el artículo 217 de la Ley de Amparo.
24. Igualmente, el colegiado indicó que no pasaba desapercibida la reforma al artículo 19 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro; no obstante, refirió que en el caso concreto no se realizaba interpretación alguna de la figura relativa a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, sino que únicamente resolvía en cumplimiento al artículo 217 de la Ley de Amparo, es decir, solo aplicaba la citada jurisprudencia PR.P. CN J/13 P (11a.).
25. Por tanto, para el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito seguía siendo obligatorio el criterio en cita y por ello debía concederse la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en los términos establecidos en la contradicción de criterios 40/2023 del referido Pleno Regional.
26. Esto es, para que la autoridad responsable (juez de control) dejara insubsistente la resolución combatida, mediante la cual impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, señalara fecha para el desahogo de la audiencia de debate de sustitución de la medida de prisión preventiva oficiosa, sin descartar la justificada.
B. Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito
27. El recurso de queja contra la determinación dictada el diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, que se tramitó en el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto **********, fue turnado al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, donde se radicó como queja ********* y en sesión extraordinaria virtual de veinticuatro de febrero siguiente, se determinó infundado dicho recurso.
28. El Tribunal estableció, en lo que interesa, que respecto del artículo 19 Constitucional, reformado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, se estableció la obligación del juzgador de dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en casos como el que se analizaba, además del deber de atender tal precepto de manera estrictamente literal.
29. De tal manera, que cuando se reclamara la imposición de la prisión preventiva oficiosa, en términos de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, la suspensión solo produciría el efecto de que el quejoso quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara únicamente en lo que se refiere a su libertad, y a disposición de la autoridad que correspondiera conocer del procedimiento penal para su continuación.
30. Además, el Tribunal Colegiado contendiente indicó que no pasaba inadvertida la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11ª.) del entonces Pleno Regional en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.”; empero, para ese órgano colegiado no resultaba aplicable.
31. Lo anterior, porque en la ejecutoria de la cual emanó el criterio jurisprudencial –dijo el tribunal colegiado contendiente– se analizó el contenido del artículo 19 de la Constitución Federal vigente en esa fecha, el cual fue reformado y ahora únicamente admite la interpretación y aplicación literal.
32. Además, el órgano abundó que conforme el Estado de Derecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos era considerada la Ley Suprema a la cual debían de ajustarse las leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las constituciones o leyes de los Estados, en sustento con el artículo 133 de la Carta Magna.
33. Así, señaló que en términos del texto constitucional reformado, precisamente el transitorio primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, se impuso a los órganos del Estado la obligación de atender a la literalidad del precepto, sin realizar cualquier interpretación análoga o restrictiva a su texto que pretendiera inaplicar, suspender, modificar, o hacer nugatorios sus términos o vigencia, de manera total o parcial.
34. En consecuencia, el tribunal colegiado resolvió que no contaba con facultades para llevar a cabo la inaplicación del artículo 19 Constitucional, en términos de los previsto en los artículos 35 a 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
35. Y si bien reconoció que existían dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se decretó que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual generaba una contraposición entre el referido tratado internacional y el texto constitucional, debía atenderse la restricción constitucional; sustentando lo anterior, con la jurisprudencia de texto siguiente: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.”.(2)
36. También apoyó su criterio en la jurisprudencia de rubro: “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA.”(3)
37. El órgano contendiente abundó que los fallos de condena del Tribunal Interamericano fungen como declaratorias de incompatibilidad de determinados actos de autoridad generales ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como precondición para decretar el incumplimiento a las obligaciones internacionales y fincar condena a cargo del Estado parte.
38. Por ende, en los casos que la medida reparatoria exigiera la derogación total o parcial de una ley de derecho doméstico, correspondería al órgano del poder legislativo adoptar la medida derogatoria; no obstante, el constituyente en el decreto que modificó el texto constitucional fue puntual en imponer a los órganos del estado la obligación de aplicar el texto de manera literal, sin interpretación alguna, sin abordar el tema relativo a las condenas interamericanas.
39. En consecuencia, el tribunal concluyó que la jurisprudencia del Pleno Regional ya no se ajustaba al nuevo marco normativo constitucional en materia de prisión preventiva, derivado de la reforma constitucional mencionada en párrafos que anteceden.
VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
40. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.
41. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
42. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.”(4) y la jurisprudencia “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”(5)
43. De acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
44. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente los procesos interpretativos involucrados —no tanto los resultados que arrojen— con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas —no necesariamente contradictorias en términos lógicos—.
45. Por ende, para que exista una contradicción de criterios, deben cumplirse las siguientes condiciones:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y, c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
46. De acuerdo con lo anterior, se reitera, sí existe la contradicción de criterios denunciada, toda vez que de los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados contendientes, satisfacen los requisitos, en la medida de que ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron planteadas a través de las quejas resueltas.
47. Efectivamente, los órganos judiciales contendientes resolvieron los recursos de queja interpuestos por diferentes quejosos dentro de diversos incidentes de suspensión, derivados de juicios de amparo indirecto en contra de actos reclamados consistentes en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
48. Al realizar el estudio de los respectivos asuntos, ambos tribunales se vieron ante la posibilidad de conformar o variar los efectos que tendría la suspensión concedida por el juzgado de origen, a partir del estudio de los mismos elementos fácticos y jurídicos, principalmente respecto de la aplicación de la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), del entonces Pleno Regional Penal en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
49. Mientras un tribunal colegiado sostuvo que la jurisprudencia era vigente y aplicable, por lo cual los efectos de una suspensión provisional en el juicio de amparo donde se reclamaba como acto de autoridad la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, no debían limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo, sino que debía otorgarla con efectos restitutorios de tutela anticipada, el diverso órgano contendiente consideró que los efectos de la suspensión únicamente podían ser los del referido precepto de la ley, esto es, que el quejoso quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar donde fuera recluido únicamente en lo que se refería a su libertad, y a disposición de la autoridad que correspondiera conocer del procedimiento penal para su continuación.
50. Con lo cual se actualiza el requisito identificado como a) en los párrafos previos.
51. Además, de sus criterios se advierte un punto de toque, relativo a determinar si a partir de la reforma al texto del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, todavía es aplicable la jurisprudencia en comento, para establecer los efectos de la suspensión provisional mencionada.
52. Por una parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito determinó que debía aplicarse lo dispuesto al texto actual del artículo 19 Constitucional, que con su reforma aludida perdió vigencia la jurisprudencia del entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, pues como señalaba dicho numeral para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado debían atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretendiera inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.
53. Mientras que el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, resolvió que debía aplicarse la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), emitida por el entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, porque, el criterio y las razones de estudio que dieron origen a la jurisprudencia, no solo determinaron el alcance interpretativo de la prisión preventiva oficiosa, sino de la existencia misma de dicha figura jurídica en el marco constitucional.
54. Como puede corroborarse, en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de idéntico tipo de problema jurídico.
55. Como puede verse, también se actualiza el requisito identificado como b) para la existencia de una contradicción de criterios.
56. Con lo cual, se acredita el último requisito marcado como c) y surge una pregunta que deberá resolver este Pleno Regional: ¿Todavía está vigente, y por ende, es aplicable la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) ante la reforma de treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, al artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
VII. ESTUDIO
57. Antes de abordar el estudio de fondo en este asunto, debe destacarse que no se desconoce el Acuerdo General 2/2024, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual indicó lo siguiente:
“ÚNICO. En las contradicciones de criterios del conocimiento de los Plenos Regionales... en los que subsista el análisis de convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de ésta, hasta en tanto este Alto Tribunal establezca el o los criterios respectivos y se emita el Acuerdo General Plenario que corresponda.”
58. Empero, en esta contradicción de criterios no se abordará tema alguno relacionado con la convencionalidad del artículo 19 constitucional, sino exclusivamente sobre la vigencia o aplicabilidad de la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), a raíz de la reforma de treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, al artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
59. Como se verá en el estudio más adelante, la presente ejecutoria únicamente tiene por objeto dilucidar si los juzgadores que conocen del juicio de amparo deben o no, a la luz del texto constitucional vigente, continuar aplicando la jurisprudencia en cita.
60. Lo anterior, exclusivamente dentro del contexto para resolver sobre la petición de suspensión en aquéllos asuntos donde se reclame como acto de autoridad la imposición de la prisión preventiva oficiosa.
61. En el entendido que no se abordará más allá del estadio suspensional, pues cada juzgador en sus respectivos asuntos, con plena autonomía deberá resolver dentro del juicio principal si concede o niega el amparo.
62. De manera que, dicho instrumento normativo, no es motivo para dejar de resolver la presente contradicción de criterios.
63. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con sede en la Ciudad de México estima que la respuesta a la interrogante planteada debe resolverse en sentido afirmativo, esto es, los órganos jurisdiccionales de esta región deberán continuar aplicando la jurisprudencia de rubro y contenido siguientes:
“SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa.
Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada.
Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33317-0235ae42/suspension-provisional-contra-la-imposicion-de-la-prision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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