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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMA UNA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA EN CUMPLIMIENTO A UNA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA CON EFECTOS RESTITUTORIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 114/2024. · Registro digital (IUS): 32971
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-02-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.328.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 114/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 9 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de nueve de agosto de dos mil veinticuatro.

SENTENCIA

1. Contradicción de criterios penal 114/2024 denunciada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respecto del criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 84/2024 y el sostenido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver los recursos de revisión 33/2023, 571/2022, 202/2023, 190/2023 y 298/2023, que dio origen a la jurisprudencia XXII.P.A. J/3 P (11a.), de rubro: “PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA EN CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN OTORGADA EN SU CONTRA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, CONFORME A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA PR.P.CN. J/13 P (11a.), AL NO SER DEFINITIVA”.

2. La problemática jurídica que se precisó que debía resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consistió en determinar si el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acto reclamado consistente en la nueva medida cautelar impuesta en cumplimiento a la suspensión concedida con efectos restitutorios de tutela anticipada.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio 2522/2024 recibido en este Pleno el veinte de junio de dos mil veinticuatro, los Magistrados que integran el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional y el sostenido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito.

4. Por acuerdo de presidencia de veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite la denuncia, se ordenó registrar el expediente con el número de contradicción de criterios penal 114/2024. Respecto al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al ser denunciante, se presumió la vigencia del criterio sostenido al resolver el recurso de queja 84/2024, asimismo, se advirtió que hizo disponible el expediente electrónico de dicho asunto y se le solicitó que informara, de ser el caso, si el criterio sustentado en el asunto de su índice, era superado o abandonado.

5. Por otra parte, se requirió al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito para que informara si continuaba vigente el criterio sustentado o si existía alguna condición que afectara la firmeza del mismo, adjuntara copia digital certificada de la ejecutoria respectiva y vinculara el expediente electrónico correspondiente; asimismo, se turnó electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca.

6. De igual forma, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal, quien informó mediante misiva DGCCST/X/627/07/2024, que no se encontraba contradicción de criterios en la que el tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

7. Mediante oficio 2591/2024, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, comunicó que vinculó el expediente electrónico del recurso de queja 84/2024 de su índice; lo que se tuvo por hecho el veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

8. Mediante proveído de veintiséis de junio del presente año, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito informó que el criterio sostenido al resolver los recursos de revisión 33/2023, 571/2022, 202/2023, 190/2023 y 298/2023, se encontraba vigente e instruyó la vinculación de los expedientes electrónicos respectivos.

9. Por auto de once de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo por integrada la presente contradicción de criterios y se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Emma Meza Fonseca, para la elaboración del proyecto correspondiente.

PRESUPUESTOS PROCESALES

A. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

10. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

11. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

B. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

13. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; así como el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

C. LEGITIMACIÓN

14. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Pleno de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

I. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

15. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de ha interpretado que los requisitos(3) para la existencia de una contradicción, a saber: a) necesidad de ejercicio interpretativo mediante el arbitrio judicial de los tribunales contendientes; b) existencia de un punto de toque en los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico y, finalmente, c) posibilidad de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

16. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, se satisface el requisito.

17. Los Tribunales Colegiados de Circuito realizaron un ejercicio interpretativo aplicando su arbitrio judicial para llegar a una solución determinada.

a) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió el recurso de queja 84/2024 de las características siguientes:

18. Mediante escrito de ocho de agosto de dos mil veintitrés, la quejosa promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta judicial **********, y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y su ejecución.

19. Por razón de turno, correspondió el conocimiento al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, lo admitió bajo el número **********, y ordenó la apertura de los cuadernos incidentales.

20. Ahí, concedió la suspensión provisional a la quejosa para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, únicamente de no haberse generado debate sobre la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la autoridad responsable fijara una audiencia de revisión de medida cautelar y citara a las partes para llevarla a cabo; en dicha audiencia, prescindiera de la aplicación automática de tal medida cautelar, abriera debate y una vez escuchadas las partes de acuerdo con los artículos 153, 155 y 156 del mismo Código Nacional, resolviera de manera fundada y motivada lo relativo a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; decisión que debería estar justificada en el cumplimiento de los fines del proceso, y bajo los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

21. Precisando que con dicha suspensión la autoridad responsable no decretaría la libertad de la quejosa, sino que el estatus de la afectación a su libertad personal estaba sujeta al fallo de la audiencia de revisión de medida cautelar y a la decisión que tomara con libertad de jurisdicción.

22. Posteriormente, se estableció que no había materia para resolver sobre la suspensión definitiva, ya que el Juez de Control responsable informó el cumplimiento a la suspensión provisional, donde impuso la prisión preventiva justificada a la quejosa.

23. Posteriormente, el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se declaró incompetente por razón de conocimiento previo; y el Juez Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se avocó al conocimiento del juicio de amparo, lo registró con el número **********; y el Secretario en Funciones de Juez, concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la quejosa para que la autoridad responsable declarara que la nueva medida cautelar de prisión preventiva justificada tenía el carácter de definitiva.

24. En ese orden, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto atribuido al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Once, consistente en la prisión preventiva justificada impuesta en audiencia de revisión de medida cautelar.

25. Por conocimiento previo, correspondió el conocimiento al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; radicó el expediente ********** y después de diversas prevenciones, el Secretario en Funciones de Juez, desechó de plano la demanda al considerar que se actualizaba de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado derivaba de una resolución emitida en cumplimiento de la suspensión provisional decretada en el cuaderno incidental del juicio de amparo **********.

26. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de queja, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo admitió a trámite con el número 84/2024, y turnó los autos para la elaboración del proyecto correspondiente.

27. El órgano colegiado estimó fundados los agravios para revocar el auto de recurrido, a fin de que se admitiera la demanda de amparo.

28. En principio, relacionó el juicio de amparo ********** con el diverso ********** de su índice, promovido por la misma quejosa; en ese último expediente, se concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios provisionales, y se requirió a la autoridad responsable para que fijara una audiencia de revisión de medida cautelar, por lo que, la autoridad dio cumplimiento y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

29. Posteriormente, se dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto **********, donde se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la quejosa, para el efecto de que el juez de control responsable declarara que la prisión preventiva justificada había alcanzado el carácter de definitivo.

30. Sin embargo, se estableció que tal medida aún no había alcanzado el carácter de definitiva, ya que el acto reclamado derivaba de una resolución dictada en ejecución de una diversa emitida en el incidente de suspensión de un juicio de amparo, por lo que, al estar vinculado el acto con el cumplimiento a la suspensión provisional de diverso juicio de amparo, estimaba actualizada la causa de improcedencia referida, pues la cuestión que se planteó en la nueva demanda constituía una consecuencia lógica y jurídica de una resolución en un juicio constitucional anterior, aunque la autoridad responsable se hubiera apoyado en diversos fundamentos y razones para sostener su nueva decisión, respecto a lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales.

31. Lo anterior, para evitar que la misma cuestión fuera objeto de decisión en más sentencias de amparo y se produjera una cadena ininterrumpida de impugnaciones sobre un mismo punto, en menoscabo de la seguridad jurídica.

32. Dicho órgano colegiado, indicó que el Secretario en Funciones de Juez sostuvo el desechamiento de plano de la demanda de amparo, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, con la jurisprudencia XXII.P.A. J/3 P (11a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, de rubro: “PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA EN CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN OTORGADA EN SU CONTRA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, CONFORME A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA PR.P.CN. J/13 P (11a.), AL NO SER DEFINITIVA”.

33. En ese orden, el órgano colegiado indicó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), que cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, el plazo para presentar demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente: 1) al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame, 2) a aquel en que haya tenido conocimiento, o 3) se ostente sabedor del mismo; y no hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare por cumplida la ejecutoria de amparo.

34. Señaló que el artículo 18 de la Ley de Amparo tiene como base el principio de conocimiento de los actos reclamados y contempla tres escenarios relativos al cómputo para el plazo de presentación de la demanda de amparo, dentro de los cuales no existe una regulación especial cuando el acto reclamado derive del cumplimiento de una sentencia en la que se concedió la protección jurisdiccional de amparo.

35. Por lo cual, no es factible realizar una excepción a la regla general para la promoción del juicio de amparo en dicho supuesto, ya que de lo contrario, ello alteraría el contenido de esa norma, por lo que, ampliar el plazo fuera de tales supuestos, carecería de fundamento legal.

36. Por otro lado, señaló que en la jurisprudencia 1a./J. 57/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido las hipótesis para actualizar el supuesto normativo regulado en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, entre las cuales destacó: 1) cuando se promueve en contra de sentencias de amparo y 2) cuando se impugnan resoluciones dictadas en cumplimiento a un amparo.

37. Por cuanto hace al segundo supuesto, sostuvo que debe distinguirse entre dos posibles actuaciones de las autoridades responsables, esto es: cuando tienen o no libertad de jurisdicción.

38. Expuso que la libertad de jurisdicción otorgada a las autoridades responsables consiste en concederles libre arbitrio judicial para emitir pronunciamiento, respecto a los tópicos especificados en la sentencia de amparo, de forma que lo determinado en cumplimiento, constituye un acto diferente al reclamado en primer término, lo que permite al justiciable combatirlo a través de un nuevo juicio constitucional.

39. En caso contrario, cuando las autoridades responsables no gozan de esa libertad de jurisdicción, implica que el juzgador de amparo deje ceñidos los efectos de la sentencia de amparo y señale los fundamentos que debe aplicar la autoridad responsable en su determinación; por lo que, no puede fundamentar ni motivar de forma distinta a la establecida por el órgano de control constitucional.

40. Indicó que en los actos reclamados de las resoluciones sin libertad de jurisdicción no procede un nuevo juicio de amparo, sin que ello implique vulnerar el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que la norma tiene como finalidad establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo por razones de seguridad jurídica.

41. Así, el tribunal colegiado contendiente, estimó que la determinación recurrida no se ajusta a derecho, ya que la fundamentación y motivación sustentada por el Secretario en Funciones de Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo era inexacta, al estimar indebidamente actualizada la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo.

42. Bajo el argumento que el acto reclamado derivaba de una resolución emitida en ejecución de la suspensión provisional relativa al cuaderno incidental de un juicio de amparo; además que motivó su determinación con la jurisprudencia XXII. P.A. J/3 P (11a.) del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, de la que se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la nueva medida cautelar impuesta en un proceso penal, emitida en cumplimiento a la suspensión de tutela anticipada concedida, mientras que no se haya dictado sentencia ejecutoria que ampare al quejoso contra la prisión preventiva oficiosa.

43. En virtud que la medida aún no es definitiva y debe ser considerada una mera determinación dictada en ejecución de la resolución emitida en el incidente de suspensión, pues solo de esta forma no está a expensas de la resolución de fondo.

44. Argumentos que dicho órgano colegiado indicó eran inexactos, ya que para reclamar actos emitidos en cumplimiento de una resolución derivada de un juicio de amparo, tratándose de una tutela anticipada, debe atenderse siempre a lo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo.

45. Lo que implica que el plazo para presentar la demanda debe ser de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame; a aquél en que haya tenido conocimiento, o se ostente sabedor del acto.

46. Destacando que el carácter transitorio de la imposición de la prisión preventiva justificada no puede ser excusa jurídica para inobservar las reglas legales establecidas previamente para el ejercicio de la acción constitucional, pues ante la incidencia del acto en la esfera jurídica de la quejosa debe concederse la tutela jurisdiccional efectiva y garantizar el principio de acceso a la jurisdicción en contexto con la promoción del juicio de amparo indirecto dentro de los plazos establecidos.

47. En virtud que, esperar que la sentencia que concedió el amparo cause ejecutoria para poder promover otro amparo, se estaría ignorando el principio de conocimiento de los actos reclamados y añadiría, sin fundamento legal, una excepción que el artículo 17 de la Ley de Amparo no contempla. 48. Así, indicó que la determinación recurrida, relacionada con la interpretación jurisprudencial del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, establece una regla de excepción sin fundamento legal, que limita el acceso a la jurisdicción, lo que resulta jurídicamente insostenible en contexto con el artículo 1º constitucional.

49. Máxime que en la suspensión provisional se otorgó plenitud de jurisdicción al Juez de Control para acatarla.

50. Lo que implica que, si la parte recurrente consideró afectada su esfera jurídica por la autoridad responsable al emitir un nuevo acto en cumplimiento, solo podía promover el juicio de amparo indirecto dentro del plazo de quince días, a partir de que se le notificó.

51. Por lo que, si hubiera esperado a que causara ejecutoria la sentencia del juicio de amparo **********, para presentar su demanda, habría resultado extemporánea.

52. En ese sentido, el Tribunal Colegiado de Circuito precisó que si en la determinación incidental se hubiera dictado sin libertad de jurisdicción, se hubiera actualizado la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, pues su objetivo es evitar transgredir el principio de cosa juzgada e inseguridad jurídica, lo cual no aconteció en el caso concreto.

53. Finalmente, revocó el auto recurrido e instruyó al Juez de Distrito que admitiera la demanda de amparo.

b) El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, resolvió el recurso de revisión 298/2023 de las características siguientes:

54. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, los quejosos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto atribuido a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Jueza de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, consistente en la resolución dictada en la causa judicial número **********, mediante la cual se negó a desaplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

55. Correspondió el conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, lo registró con el número **********, y seguido el juicio, dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada.

56. Inconforme con lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Querétaro y tercero interesado Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, interpusieron recurso de revisión del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, quien lo admitió a trámite con el número 298/2023, y posteriormente turnó el expediente para la elaboración del proyecto correspondiente.

57. El Tribunal Colegiado hizo una síntesis de la sentencia recurrida, destacando que el Juez de Distrito declaró sustancialmente fundado un concepto de violación, bajo los siguientes razonamientos:

58. En el caso García Rodríguez y otros contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la prisión preventiva no es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y constituye una medida que los Estados pueden adoptar, siempre y cuando se ajusten a los requisitos convencionales.

59. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las resoluciones pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicanos, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.

60. Resaltó que en el caso en concreto, atendiendo a los lineamientos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro vs México, advirtió que la Jueza de control responsable debió realizar un control de convencionalidad ex officio sobre la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e inaplicarla al considerar que dicha figura jurídica es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.

61. Indicó que al efectuar el control de convencionalidad de las normas internas, se incrementan los derechos humanos que reconoce la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como el debido proceso y la seguridad jurídica, aunado a que se contempla el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual involucra un avance progresivo para alcanzar su debido cumplimiento.

62. La Jueza de control responsable no actuó en los términos señalados, por lo que, al imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa vulneró los derechos humanos a la parte quejosa a no ser privados de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, presunción de inocencia, igualdad y no discriminación, por lo tanto, debía conceder el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos.

63. El Juez de Amparo, precisó los efectos de la concesión de amparo, para que la Jueza de control convocara a las partes a una audiencia en la que dejara insubsistente la prisión preventiva oficiosa a la que se encontraban sujetos y resolviera lo relativo a la imposición de las medidas cautelares que estimara pertinentes, para lo cual debía considerar el debate de las partes y las reglas que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su imposición.

64. Bajo ese contexto, el órgano colegiado estimó fundado el agravio formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, y suficiente para modificar la sentencia en revisión, ya que el Juez de Distrito de Amparo pasó por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las restricciones de derechos fundamentales que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no son susceptibles de someterse al control ordinario de convencionalidad.

65. Por lo que, si la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, establece una restricción constitucional, se debe aplicar el texto constitucional.

66. Por tanto, precisó que era necesario hacer un ejercicio de interpretación respecto de la restricción a la libertad personal, derivada del artículo 19, en contexto con el 20 de la Carta Magna, a la luz de las condenas que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México, con base en la doctrina sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

67. Para lo cual formuló la siguiente interrogante:

¿Cómo debe interpretarse la restricción constitucional sobre el goce y disfrute de la libertad personal, en torno a la prisión preventiva oficiosa, acorde con el artículo 19 constitucional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las condenas a México impuestas recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de dicha medida cautelar?

68. En ese tenor, el Tribunal Colegiado de Circuito señaló que el Juez de Control, en los casos que prevé el artículo 19 constitucional, de oficio deberá abrir a debate de las partes la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva, atendiendo a su excepcionalidad, de conformidad con los principios que contempla el artículo 20 constitucional, los cuales rigen el sistema penal acusatorio.

69. En ese sentido, analizó dicha interrogante, bajo los lineamientos establecidos en los asuntos: expediente Varios 912/2010; la contradicción de tesis 293/2011; resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivadas del caso García Rodríguez y otro vs. México y del diverso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, y los amparos en revisión 315/2021 y 26/2021.

70. Así, el órgano colegiado señaló que opuesto a lo que afirmó el Juez de Distrito, en razón de la sentencia vinculante para el Poder Judicial, así como de la doctrina desarrollada por el Alto Tribunal del País sobre las restricciones constitucionales al disfrute y ejercicio de los derechos y libertades, y la posibilidad de su interpretación por los órganos de control constitucional, insistió en que:

71. La limitación al derecho de la libertad personal, en relación con la imposición de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución, debe interpretarse de manera que el juez penal, en los delitos que menciona dicha norma constitucional y en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso sin una solicitud previa de la fiscalía, debe iniciar de oficio un debate entre las partes sobre la necesidad de imponer esa u otra medida menos lesiva, considerando la excepcionalidad de la prisión preventiva, basándose en circunstancias objetivas y específicas del caso, las cuales la fiscalía debe presentar y justificar conforme a los principios que rigen el sistema penal acusatorio, establecidos en numeral 20 constitucional.

72. Precisó que para que el órgano acusador, imponga prisión preventiva, debe demostrar que esta medida es indi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32971-4e0dc8a9/improcedencia-del-juicio-de-amparo-se-actualiza-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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