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Modo: Corpus Pro

ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY EN LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO HA SIDO LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, AUN SI SOBREVIENE UNA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE LA CONFIRMA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. · Registro digital (IUS): 30760
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-07-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo II, Pág.2272.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 13 DE OCTUBRE DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JOSÉ ALBERTO MOSQUEDA VELÁZQUEZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 13 de octubre de 2021, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 1/2021 denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 155/2020, y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 101/2018, 118/2018, 261/2018, 628/2017 y 341/2018.

La problemática jurídica que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente para emitir un criterio jurisprudencial que defina si en el juicio de amparo en que el acto reclamado es la imposición de la prisión preventiva en el proceso penal, una futura resolución que confirma la subsistencia de la misma hace improcedente su estudio constitucional en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.(1)

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el 5 de enero de 2021, vía MINTER, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio que sostuvo, al resolver el amparo en revisión 155/2020, frente al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 101/2018, 118/2018, 261/2018, 628/2017 y 341/2018, de los que derivó la tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/28,(2) de rubro: "MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN Y ANTES DE QUE SE RESUELVA EL JUICIO, EN DIVERSA AUDIENCIA SE DECLARA SU SUBSISTENCIA, ELLO NO ACTUALIZA LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES XVI Y XXI, DE LA LEY DE LA MATERIA."

II. TRÁMITE

2. Admisión y trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de 12 de enero de 2021, el presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de la contradicción de tesis bajo el registro 1/2021; asimismo, requirió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que remitiera la versión digitalizada de las ejecutorias de los amparos en revisión 101/2018, 118/2018, 261/2018, 628/2017 y 341/2018, e informara si continuaba vigente su criterio; luego, determinó el envío de los autos para su estudio a esta Primera Sala con turno a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

3. Trámite ante la Primera Sala. Por acuerdo de 29 de enero de 2021, la Ministra presidenta de esta Primera Sala remitió los autos a la ponencia del Ministro ponente para el proyecto de resolución.

III. COMPETENCIA

4. Atento a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, esta Primera Sala es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en virtud de que se relaciona con la materia penal y se suscita entre dos Tribunales Colegiados de distinto circuito.

5. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada del Pleno de esta Suprema Corte P. I/2012 (10a.),(3) de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

IV. LEGITIMACIÓN

6. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, así como 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

V. CONSIDERACIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

7. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.

a) Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 155/2020

8. La quejosa presentó demanda de amparo indirecto, en la que reclamó, entre otros actos, "la indebida retención de la quejosa en prisión preventiva necesaria, cuya vigencia se encuentra vencida dentro del proceso penal 101/2020".

9. El Juez de amparo, respecto de ese acto, negó la suspensión, al estimar que "su dictado constituye un acto consumado y su revisión será materia del fondo del asunto".

10. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja. El Tribunal Colegiado de Circuito la declaró fundada, reasumió jurisdicción y concedió suspensión provisional, asimismo, ordenó al Juez de amparo abrir por duplicado y por separado el incidente de suspensión correspondiente.

11. Seguido el trámite del juicio de amparo 208/2020, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia correspondiente en la que se concedió el amparo solicitado por la quejosa.

12. En contra de la anterior determinación, la Fiscalía contra el Combate a la Corrupción de Veracruz, como parte tercero interesada, interpuso recurso de revisión.

13. El tribunal de amparo de segunda instancia resolvió que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo,(4) al estimar que habían cesado los efectos de la primera determinación reclamada sobre la prisión preventiva de la quejosa, pues hubo luego una siguiente determinación del Juez penal en el proceso penal acusatorio que confirmó la prisión preventiva, la cual fue también reclamada en un siguiente juicio de amparo indirecto.

14. En principio, el Tribunal Colegiado de Circuito precisó que las documentales en que se sustentó la existencia del acto reclamado y constancias posteriores, aun cuando no las hubiera tenido a la vista el Juez de amparo al dictar la sentencia recurrida, debían admitirse y valorarse como pruebas supervenientes, al estar relacionadas con la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo.

15. El Juez de Distrito de origen remitió al Tribunal Colegiado de Circuito copias de lo actuado dentro del diverso juicio de amparo 415/2020, de las que se advertía que la quejosa interpuso demanda de amparo en la que reclamó "la resolución emitida dentro de la audiencia de revisión de medidas cautelares de fecha 24 de julio de 2020, en la cual se dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva justificada en mi contra" y su ejecución.

16. El tribunal de amparo de segunda instancia estimó que de las constancias remitidas se desprendía que el Juez penal de Control responsable, al rendir su informe justificado en juicio de amparo 415/2020, acompañó copia certificada del "Acta mínima de revisión de medida cautelar del proceso penal 101/2020", de 24 de julio de 2020, mediante la cual se confirmó la prisión preventiva materia del juicio de amparo 208/2020.

17. Con base en ello, concluyó que la medida cautelar de prisión preventiva fijada en audiencia inicial –materia de estudio en el juicio de amparo de origen– quedó sin efecto, y con motivo de la nueva situación legal tuvo por actualizada la improcedencia de carácter superveniente del juicio de amparo, conforme al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.

18. Para ese órgano jurisdiccional, cesaron los efectos del acto reclamado bajo la consideración de que la resolución emitida en audiencia inicial –reclamada en el juicio de origen– fue sustituida procesalmente por la siguiente resolución que constituyó un nuevo acto reclamado en el siguiente juicio de amparo. Estimó que no sería factible que subsistieran dos resoluciones en dos juicios de amparos distintos, pues ello, podría dar lugar al dictado de sentencias contradictorias.

19. Así, concluyó que la resolución de la revisión de la prisión preventiva sustituyó procesalmente la primera dictada en audiencia inicial, lo que impedía decidir sobre esta inicialmente reclamada. Precisó que para considerarse que cesaron los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, es innecesario que tenga que revocarse o modificarse la prisión preventiva, pues aun cuando se confirme, sus efectos cesan, en razón de que son cancelados jurídicamente, y aunque materialmente sigan produciendo consecuencias semejantes a las derivadas de la prisión preventiva inicial, ahora éstos tienen su origen en el nuevo pronunciamiento, lo que actualizaba, a su juicio, la improcedencia del juicio de amparo en los términos ya descritos.

b) Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 101/2018, 118/2018, 261/2018, 628/2017 y 341/2018

20. En este apartado, sólo se sintetizan las consideraciones correspondientes al primer juicio de amparo indirecto en revisión, al ser jurídica y sustancialmente iguales a las sostenidas en los otros recursos de revisión, de los que devino luego la tesis de jurisprudencia emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito.

21. La parte quejosa promovió demanda de amparo contra "la medida cautelar de prisión preventiva que me fuera impuesta ...". Se dio trámite a la demanda y celebrada la audiencia constitucional, se dictó la sentencia correspondiente en la que se sobreseyó en el juicio de amparo.

22. En desacuerdo, la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito calificó de fundados los agravios de la quejosa, al estimar incorrecta la determinación del Juez de Distrito de sobreseer en el juicio de amparo con base en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De las constancias que conforman el juicio de amparo de origen, advirtió que la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta a la quejosa, fue confirmada en posteriores audiencias.

23. Bajo estas premisas, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que no cesaron los efectos del acto reclamado, dado que la persona quejosa continuaba sujeta a prisión preventiva, por tanto, el acto reclamado sigue afectando el derecho humano a la libertad personal que se estima vulnerado.

24. Para el Tribunal Colegiado de Circuito no puede estimarse que cesaron los efectos del acto reclamado, pues para ello es requisito sine qua non que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya el acto reclamado, de manera tal que se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Para este tribunal es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera concedido la protección constitucional, de tal manera que ya no agravie al quejoso, lo que en el caso no ocurre pues subsiste la medida de prisión preventiva.

25. Así, al no tener por actualizada la causal de improcedencia, el tribunal de amparo de segunda instancia revocó la sentencia recurrida para analizar el estudio constitucional sobre la subsistencia de la prisión preventiva de la quejosa.

26. De los referidos amparos en revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito emitió la tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/28 (10a.),(5) de rubro y texto siguientes:

"MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y ANTES DE QUE SE RESUELVA EL JUICIO, EN DIVERSA AUDIENCIA SE DECLARA SU SUBSISTENCIA, ELLO NO ACTUALIZA LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES XVI Y XXI, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 153, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Asimismo, de acuerdo con el diverso numeral 161 del propio código, las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares pueden revisarse cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición, a petición de las partes. Así, las medidas cautelares son el instrumento para garantizar la efectividad del proceso y su característica más importante es la temporalidad, ya que perviven hasta en tanto se decida el fondo del asunto o desaparezcan las condiciones que le dieron origen; por tanto, tendrán vigencia hasta el dictado de la sentencia, siempre que no sean revocadas, sustituidas o modificadas con antelación. Ahora bien, si se reclama la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, y antes de que se resuelva el juicio de amparo, se celebra diversa audiencia en la que, al revisar la medida cautelar a petición del imputado y su defensor, se declara subsistente por haberse prorrogado, en virtud de que no han variado las circunstancias por las que fue impuesta, ello no actualiza las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, de la Ley de Amparo ya que, por un lado, esas medidas dejan de tener vigencia hasta que se dicta sentencia ejecutoria y el agravio subsiste de forma continuada mientras persista la afectación al derecho humano a la libertad personal, por lo que sí es posible restituir al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Además, si se estimara que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva ha quedado consumada de modo irreparable por el solo hecho de que ya transcurrió la data de su vencimiento, se perdería de vista que ésta tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las determinaciones que se emiten en el proceso, garantizar la presencia del imputado y la seguridad de las víctimas, es decir, su naturaleza accesoria y temporal, porque su finalidad no es sancionatoria ni está dirigida a resocializar al acusado, ni a prevenir el delito, sino que su propósito es puramente procesal –asegurar el resultado exitoso del proceso penal–. Y, por otro, para estimar que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es requisito sine qua non que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de manera que se reponga al quejoso en el goce del derecho violado, es decir, es necesario que se destruyan todos sus efectos total e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, para que ya no agravie al quejoso y disfrute del derecho afectado por el acto de autoridad, lo que no ocurre en el caso, pues si se atiende a que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta continúa vigente, es evidente que la afectación a la esfera jurídica del quejoso no ha cesado."

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

27. Para verificar la existencia de la presente contradicción de tesis, esta Primera Sala se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL,(6) al considerarse que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

1o. Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

2o. Dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

28. Así, la finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a las personas, pues para ello fue creada la figura jurídica de la contradicción de tesis en la Constitución.

29. A su vez, esta Primera Sala(7) ha determinado que para que exista oposición de posturas entre Tribunales Colegiados de Circuito, se debe verificar:

i. Que los tribunales hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que, apoyados de arbitrio judicial, efectuaran un ejercicio interpretativo adoptando cualquier método;

ii. Que entre los ejercicios interpretativos efectuados por los órganos jurisdiccionales haya, al menos, un razonamiento que verse sobre un mismo problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

iii. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

30. Al respecto, se debe precisar que la indicada disparidad está condicionada simplemente a que los citados tribunales sostengan tesis jurídicas discrepantes, es decir, decisiones interpretativas encontradas sobre un mismo punto de derecho, sin necesidad de que las cuestiones fácticas sean idénticas o de que tales criterios hayan alcanzado el rango de jurisprudencia.

31. Bajo el marco jurídico precedente, esta Primera Sala considera que en el caso se cumplen los requisitos que dan lugar a la existencia de la contradicción de tesis, en el orden siguiente:

32. 1o. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas que resolvieron, realizaron un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, tal como quedó advertido de las consideraciones reseñadas en el apartado precedente de la presente resolución.

33. En efecto, ambos tribunales se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración y recurrieron a su arbitrio judicial para determinar si en el juicio de amparo indirecto en que el acto reclamado es la imposición de la prisión preventiva, una futura resolución que confirma la subsistencia de esta hace improcedente su estudio constitucional, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.

34. 2o. Punto de toque y discrepancia entre los criterios interpretativos. Bajo los datos destacados en el punto precedente, esta Primera Sala también advierte que en los ejercicios realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito en el establecido tramo interpretativo, se ha dado un punto de toque, pues sendos Tribunales Colegiados de Circuito fijaron posturas diametralmente opuestas sobre la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, en términos del precepto citado, para revisar constitucionalmente la prisión preventiva impuesta inicialmente a la parte quejosa, en el supuesto en que la misma fuera luego confirmada en una diversa resolución dejándola subsistente. 35. Para el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, si en el juicio de amparo se reclama la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y, luego, se resuelve mantener su subsistencia en una siguiente resolución por el Juez penal responsable, esto no hace improcedente el estudio de la primera, precisamente, porque la misma no ha sido modificada ni revocada, sino que permanece la materia de la misma y sigue afectando a la parte quejosa en los mismos términos; por ello, no ha cesado en sus efectos. Por ello, emitió la tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/28 (10a.),(8) de rubro: "MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y ANTES DE QUE SE RESUELVA EL JUICIO, EN DIVERSA AUDIENCIA SE DECLARA SU SUBSISTENCIA, ELLO NO ACTUALIZA LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES XVI Y XXI, DE LA LEY DE LA MATERIA."

36. En cambio, para el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, la sola revisión de la prisión preventiva por el Juez responsable, independientemente de que confirme la subsistencia que de la misma decretó en su origen, hace improcedente el juicio de amparo, según su óptica, porque aquélla cesó en sus efectos, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.

37. 3o. Cuestionamiento que surge con motivo de la contradicción de tesis. Como puede observarse, de la discrepancia entre los criterios anteriores, el tercer requisito también se satisface. Las posturas divergentes de los Tribunales Colegiados contendientes generan ante esta Primera Sala una interrogante precisa que deberá ser resuelta para fijar la postura a seguir por los tribunales de amparo sobre la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuando la quejosa reclama que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, más luego el Juez penal responsable confirma la subsistencia que de la misma en una siguiente resolución; bajo tales términos, debe responderse si la prisión preventiva ha cesado en sus efectos, o bien, procede su estudio constitucional en el juicio de amparo cuando la persona imputada la sigue manteniendo en forma ininterrumpida desde su imposición de origen en el proceso penal.

VII. ESTUDIO DE FONDO

38. Corresponde a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar la respuesta al cuestionamiento jurídico planteado para que prevalezca con carácter de jurisprudencia y defina si en el juicio de amparo en que el acto reclamado es la imposición de la prisión preventiva en el proceso penal, una futura resolución que confirma la subsistencia de ésta hace improcedente su estudio constitucional en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.(9)

39. En principio, hay que destacar que en los juicios de amparo de los que devino esta contradicción de tesis, la materia de los actos reclamados fue la misma: la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en el proceso penal instaurado a las personas imputadas. A su vez, en ambos juicios de amparo también ocurrió que dicha prisión preventiva fue luego revisada en los juicios penales de origen, mas se determinó la subsistencia de ésta para las personas que la padecían.

40. Toca ahora determinar si dicha prisión preventiva, cuando subsiste en el proceso penal, debe ser o no analizada constitucionalmente en el juicio de amparo en las anteriores condiciones.

41. Para esta Primera Sala, la respuesta es evidentemente afirmativa: la prisión preventiva debe ser analizada constitucionalmente conforme a su impugnación en el juicio de amparo, esto es, desde que fue impuesta a la persona quejosa y la impugnó, más aun cuando, además, ha permanecido en el proceso penal instaurado en su contra.

42. Claramente, si la prisión preventiva reclamada en el juicio de amparo por quien la sufre aún subsiste conforme al avance y su eventual revisión en el proceso penal, es imperativo su estudio conforme al parámetro de control de regularidad constitucional. La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Federal (artículos 1o., 14 y 16) como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7). Así, su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con el sistema constitucional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de garantías a favor de la persona; más aún, cuando la limitación al derecho humano de libertad personal por tan grave medida cautelar es de carácter excepcionalísimo y su escrutinio del más estricto rigor.(10)

43. Por lo anterior, se impone a los tribunales de amparo un mayor y estricto escrutinio en la revisión de la prisión preventiva, precisamente cuando subsiste en perjuicio de la persona que ha instado la acción constitucional, lo que, incluso, amerita un análisis más estricto desde su origen como acto reclamado, cuando además se ha mantenido la privación a su libertad durante el proceso penal; esto, tanto por la especial gravedad y afectación a este derecho humano de primer rango de tutela constitucional como porque la prisión preventiva que limita al mismo es de carácter excepcionalísimo.

44. Por consecuencia, si la prisión preventiva subsiste, resultaría un contrasentido estimar que su estudio constitucional es improcedente so pretexto de que la misma ha cesado en sus efectos en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, sólo porque dicha medida pudiera ser revisada eventualmente en el proceso penal, pero finalmente mantenida en perjuicio de la persona quejosa que la sufre en un centro de reclusión.

45. Es claro que luego de que la persona impugna la prisión preventiva para su análisis constitucional en el juicio de amparo comenzará a sufrirla en un centro de reclusión. En este contexto, no debe perderse de vista que la revisión de tan grave y excepcional medida debe ser constante, ya a instancia de parte, ya de manera oficiosa. De esto resulta que el avance natural del proceso penal y la necesidad de la revisión de la prisión preventiva en el mismo no puede constituir un impedimento para su estudio constitucional en el juicio de amparo conforme a su reclamo de origen, si la misma se ha mantenido y continúa afectando real y sustancialmente a la persona que la ha impugnado.

46. En este sentido, la procedencia del juicio de amparo es clara, conforme a la finalidad de este medio de control constitucional, así como de la necesaria revisión constitucional de la prisión preventiva y sus efectos, los cuales no pueden estimarse que han cesado por otro acto intraprocesal si, precisamente, mantuvo su imposición de origen, de modo que sólo puede entenderse que la prisión preventiva cesó en sus efectos si fue modificada o interrumpida, pero no mientras subsista desde su imposición en el proceso penal.

47. En todo caso, precisamente bajo el parámetro de control de regularidad constitucional sobre el derecho humano de la libertad personal frente a la prisión preventiva como medida cautelar de carácter excepcional, corresponde a la autoridad de amparo analizar la validez o no de la misma, desde su imposición y todos los efectos durante su vigencia en el proceso penal, lo que implica verificar la coherencia del orden constitucional y armonizar la protección de los derechos humanos de la persona imputada en convergencia con los principios constitucionales del proceso penal. En tales condiciones puede, incluso, allegarse de todos los datos para salvaguardar los derechos de la persona que está bajo su tutela constitucional, y con mayor razón cuando hablamos de derechos humanos de primer rango frente a una medida excepcional como es la prisión preventiva.

48. Sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en el Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional dada su severidad:(11)

"74. La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática.(12)

"75. Igualmente, el tribunal considera que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.(13) La prolongación arbitraria de una prisión preventiva la convierte en un castigo cuando se inflige sin que se haya demostrado la responsabilidad penal de la persona a la que se le aplica esa medida."

49. En el Caso López Álvarez Vs. Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prisión preventiva debe justificarse en cada caso concreto y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar puede ser determinada por el tipo de delito:(14)

"81. En el presente caso, pese a que el artículo 93 de la Constitución de Honduras determina que "[a]ún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida ... si otorga caución suficiente", el artículo 433 del Código de Procedimientos Penales sólo permitía la concesión de dicho beneficio en el supuesto de delitos que ‘no merezca[n] pena de reclusión que pase de cinco años’. La pena aplicable por tráfico ilícito de drogas, del que se acusó a la presunta víctima, era de 15 a 20 años de reclusión. En razón de ello, la privación de la libertad a que fue sometido el señor Alfredo López Álvarez fue también consecuencia de lo dispuesto en la legislación procesal penal. Dicha legis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30760-94623d15/estudio-constitucional-de-la-prision-preventiva-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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