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Modo: Corpus Pro

PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. EFECTOS DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA ESTABLECE, SIN QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HAYA JUSTIFICADO LA NECESIDAD DE SU CONTINUIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 88/2023. · Registro digital (IUS): 32333
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-04-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo IV, Pág.3485.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 88/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 15 DE FEBRERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y MIGUEL BONILLA LÓPEZ (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. SECRETARIO: JUAN DANIEL TORRES ARREOLA.

III. COMPETENCIA

15. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia n la Ciudad de México, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, conforme a los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo; 42, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso 38/2023 del propio Consejo por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia penal suscitada entre dos tribunales colegiados del Vigésimo Octavo Circuito pertenecientes a la Región Centro-Norte.

IV. LEGITIMACIÓN

16. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por lo que se actualiza el supuesto de los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III de la Ley de Amparo.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

17. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 240/2022.

18. Antecedentes procesales. El Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Sexta Investigadora del Estado de Tlaxcala puso a disposición del Juez de Control a una persona por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de secuestro exprés, previsto y sancionado en el artículo 9o., fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como por el diverso de robo de vehículo automotor del servicio de autotransporte federal de carga y mercancía, previsto y sancionado en el diverso 376 ter, párrafo segundo, en relación con el 376 bis, párrafo primero, agravado por haberse cometido por personas armadas, en términos del artículo 381, fracción IX del Código Penal Federal y solicitó audiencia de control de detención.

19. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, calificó de legal la detención e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, materializada en el Centro de Readaptación Social de Tlaxcala.

20. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, vinculó a proceso al imputado; reiteró la imposición de la medida cautelar referida en el centro de reclusión mencionado, la cual precisó que, no debía exceder el término legal de dos años.

21. Posteriormente, quien se ostentó como defensora particular del imputado solicitó audiencia de revisión de medidas cautelares.

22. El Juez de Control declaró el cierre de la investigación complementaria y resolvió que no era procedente el cambio de medida cautelar porque los ilícitos atribuidos eran de prisión preventiva oficiosa y no estaba acreditada alguna hipótesis de excepción de las previstas en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Expuso que la vigencia de la medida cautelar sería por todo el tiempo que durara el procedimiento, sin que excediera de dos años, salvo que fuera en ejercicio del derecho de defensa del imputado.

23. Enseguida, la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia.

24. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, diverso defensor particular del imputado, solicitó nuevamente audiencia de revisión de medidas cautelares, toda vez que aquel cumplió con el término de dos años de prisión preventiva.

25. En audiencia, el Juez de Control, previo debate de las partes, declaró infundada la revisión de medida cautelar.

26. Contra lo anterior, el imputado, por conducto de su defensor particular, promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien negó la protección federal solicitada.

27. El quejoso, por conducto de su defensor particular, interpuso recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado.

28. Consideraciones que sustentan su criterio. Declaró fundado uno de los agravios del recurrente suplido en su deficiencia, relativo a que el agente del Ministerio Público no justificó la necesidad de la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que determinó que, contrario a lo expuesto por el Juez de Amparo, el acto reclamado no fue dictado conforme a la ley.

29. El Tribunal Colegiado precisó que, el quejoso señaló como actos reclamados del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Tlaxcala, los siguientes: i) la ilegal detención del procesado, toda vez que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva había fenecido en términos del artículo 20, apartado B, fracción IX, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como ii) la resolución del citado Juez de establecer que la prisión preventiva impuesta no había fenecido y, por ende, ordenar su imposición por dos años más.

30. Refirió que, de conformidad con los estándares internacionales, atendiendo a la fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana y al artículo 1o. constitucional, para demostrar la ilegalidad del acto reclamado, atendería al escrutinio que deben realizar las autoridades para determinar el plazo razonable, elementos a los que se ciñeron, tanto el Juez de Control como el Juez de Distrito, y que fueron expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 315/2021, en el que conforme a lo resuelto en el Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para determinar el plazo razonable, debe considerarse: i) La complejidad del asunto. ii) La actividad procesal del interesado. iii) La conducta de las autoridades judiciales.

31. De la resolución de referencia derivó la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), con registro digital: 2024608, del rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN."

32. El Tribunal Colegiado estableció que la carga probatoria para prolongar la prisión preventiva corresponde al Ministerio Público, por tanto, éste debió justificar que debido a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, era necesario prolongar esa medida cautelar, lo cual no aconteció con los argumentos ministeriales ni con las actuaciones procesales.

33. Así, consideró incorrecta la determinación del juzgador al estimar justificada la continuación de la prisión preventiva decretada.

34. Hizo referencia que en la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció que ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la ley ordinaria se hizo distinción entre la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa, pues ambas afectan considerablemente la libertad personal y el artículo 20, apartado B, fracción IX constitucional prevé como máximo dos años de dicha medida cautelar.

35. Por tanto, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo al quejoso, a efecto de que la autoridad obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo:

"1. Deje sin efectos la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del imputado ... única y exclusivamente donde resolvió sobre la subsistencia de la prisión preventiva oficiosa. Debiendo dejar intocado el debate en donde las partes realizaron sus manifestaciones.

"2. Cite hora y fecha para que se lleve a cabo la audiencia de revisión de las medidas cautelares dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de que se les notifique a las partes de la presente resolución, conforme a lo establecido en el diverso 162 del citado código y precise que la citada audiencia se llevará única y exclusivamente para resolver sobre la revisión de la medida cautelar impuesta, no para abrir nuevamente el debate sobre las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad de mantenerla.

"Hecho lo anterior, el Juez de Enjuiciamiento abrirá la audiencia y procederá a resolver siguiendo los lineamientos dados por los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al escrutinio elevado con justificación, en el sentido de que los elementos que justifican la necesidad de prolongar la medida cautelar no se encuentran debidamente acreditados por el Ministerio Público y, decrete la inmediata libertad del quejoso por haber vencido el plazo de dos años, como lo dispone el artículo 20 constitucional, inciso B, fracción IX, segundo párrafo; y,

"3. Con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, proceda abrir debate entre las partes a fin de que esté en aptitud de emitir una decisión en relación con la imposición de cualquier otra medida cautelar o diversas medidas, de las establecidas en el precepto 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que garanticen la comparecencia a juicio del imputado e impida que se sustraiga a la acción de la justicia, distintas a la prisión preventiva. ..."

36. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 233/2023.

37. Antecedentes procesales. La Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Investigación de Homicidios Dolosos Región Sur del Departamento de Investigación del Delito solicitó orden de aprehensión en contra de una persona, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado.

38. Conoció la Jueza Cuarta de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, quien resolvió librar la orden de aprehensión requerida.

39. Los oficiales de Policía de Investigación cumplieron la orden de aprehensión; toda vez que la imputada se acogió al plazo constitucional de setenta y dos horas, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

40. La defensa de la imputada solicitó la ampliación del plazo a ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se difirió la continuación de la audiencia inicial y, posteriormente, el Juez de Control emitió auto de vinculación a proceso contra la imputada por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado.

41. El Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Dolosos informó que se declaró cerrado el plazo de investigación complementaria; posteriormente, presentó acusación contra la imputada por el hecho materia de la vinculación a proceso y se fijó fecha para la celebración de la audiencia intermedia.

42. Previo debate de las partes, el Juez de Control emitió auto de apertura a juicio oral, mismo que fue recurrido mediante apelación por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

43. La Magistrada Interina integrante de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, actuando como Magistrada Unitaria, revocó la exclusión de medios de prueba en audiencia intermedia.

44. Fue radicada la causa judicial en su etapa de juicio oral, y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de debate.

45. El defensor particular de la imputada solicitó audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la que se resolvió que no era procedente su modificación ni sustitución.

46. Inconforme con esa resolución, la procesada solicitó la protección de la Justicia Federal, conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien concedió el amparo solicitado.

47. Disconforme con la anterior resolución, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; quien modificó la sentencia recurrida, a efecto de precisar los efectos de la concesión del amparo.

48. Consideraciones que sustentan su criterio. Expuso que, en el considerando sexto de la sentencia de amparo, el Juez de Distrito sustentó la concesión de la protección constitucional, en los términos siguientes:

• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 408/2015, interpretó el artículo 20, apartado B, fracción IX constitucional, en cuanto a la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, que básicamente puede durar mientras tenga sustento en un fin legítimo que perseguir, sujetándola a una duración o plazo razonable.

• Este plazo debe ajustarse a los límites temporales que prevé el artículo 7.5 de la Convención Americana, y justificarse con razones relevantes.

• Realizó estudio de razonabilidad de la prolongación conforme a: (i) complejidad del asunto; (ii) actividad procesal del interesado y (iii) conducta de las autoridades.

• En el desarrollo de tales requisitos contrastados con las cuestiones fácticas comprobables, sostuvo que no estaban acreditados.

• Adicionalmente, desarrolló el estudio de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que abordó lo relativo a la prisión preventiva oficiosa: a) Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, y b) Caso García Rodríguez y otro Vs. México y determinó que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es inconvencional.

• Concedió el amparo para que la responsable dejara insubsistente la resolución que determinó no modificar o sustituir la medida cautelar; dictara una nueva, en la que ordenara el cese de dicha prisión por haber excedido el plazo de dos años sin que se hubiere justificado su prolongación y con libertad de jurisdicción resolviera en relación con la aplicación de cualquier otra medida, a fin de garantizar la comparecencia de la imputada al juicio penal que se le instruye.

49. El Tribunal Colegiado de Circuito advirtió que las manifestaciones del fiscal recurrente no atendieron el cúmulo de razones legales y de hecho que sustentaron la sentencia recurrida en la que el Juez de Amparo estimó que se transgredió en perjuicio de la quejosa el artículo 20, apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la razonabilidad de la prolongación de la medida cautelar a la luz de los tres pilares de justificación (complejidad del asunto, actos de defensa y proceder de las autoridades), cuyo matiz judicial no fue superado en el caso concreto, lo que provocó que se determinara que el acto reclamado era inexacto porque el tribunal de enjuiciamiento responsable había estimado no revocar ni modificar la prisión preventiva oficiosa, aun cuando ya superaba el plazo de dos años para su duración.

50. El órgano colegiado refirió que estaba imposibilitado para analizar la legalidad o ilegalidad de esas consideraciones, pues hacerlo equivaldría a alterar el principio de estricto derecho que opera en el caso, de allí lo inoperante de los agravios ministeriales.

51. No obstante, advirtió incongruencia en la precisión de los efectos impresos en el fallo protector constitucional, por tanto, los corrigió de oficio, al tenor de que el juzgador incorrectamente ordenó que se dejara en inmediata libertad a la quejosa, además de que expresamente señaló que la medida cautelar que procediera debía ser distinta a la prisión preventiva. Esto es, excluyó la aplicación de la medida cautelar en su modalidad de prisión preventiva justificada, pero ésta no podía formar parte del fallo protector, en tanto que éste únicamente abordó el análisis de la prisión preventiva oficiosa, no así de la diversa justificada.

52. Consideró que la declaratoria de inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la privativa oficiosa no podría tener el alcance de dejar en libertad inmediata a la peticionaria del amparo, porque la responsable tiene libre jurisdicción para que, en atención al debate que surja entre las partes, y el material convictivo que alleguen para demostrar sus posturas, fije una nueva medida precautoria entre las que se encuentra, incluso, la prisión preventiva justificada.

53. Por tanto, modificó la sentencia recurrida y precisó las directrices del fallo protector constitucional, en los términos siguientes:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se procede fijar los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la tutela constitucional, para que el Tribunal de Enjuiciamiento de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer:

"a) Deje insubsistente la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa judicial en su etapa de juicio oral ... en la que se resolvió no modificar o sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta, de su índice;

"b) Fije nueva fecha y hora de audiencia para debatir sobre la modificación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta.

"c) En atención a los argumentos esgrimidos en la presente resolución, ordene el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en virtud de que la misma ha sido declarada inconvencional a través de dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se condenó al Estado Mexicano.

"d) Con libertad de jurisdicción, deberá resolver en relación con la imposición de cualquier otra medida cautelar o diversas medidas que le fijará a la procesada ... a fin de garantizar su comparecencia al juicio penal que se le instruye e impidan que se sustraiga a la acción de la justicia, entre ellas la prisión preventiva justificada (si es procedente) a la luz del debate que exista entre las partes intervinientes."

54. Resaltó que acorde con los efectos precisados no era procedente ordenar la inmediata libertad de la quejosa, pues ello quedará supeditado a la nueva resolución que emita el Tribunal de Enjuiciamiento responsable y a la medida cautelar que sustituya la prisión preventiva oficiosa.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS.

55. En principio, debe establecerse que para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las condiciones siguientes:

A. Los Tribunales Contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún método, cualquiera que fuese.

B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto jurídico en el que su criterio resulte contradictorio, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo tema, los tribunales contendientes adopten criterios discrepantes. 56. C. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

57. Bajo tales directrices, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, concluye que existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión 240/2022, con el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, al fallar el amparo en revisión 233/2023.

58. Ello es así, porque del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los Órganos Jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejan en los argumentos que sustentaron sus correspondientes decisiones y se detallarán a continuación.

59. Primer requisito. Interpretación y arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado anterior, se advierte con claridad que los tribunales colegiados contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, respecto a cuáles son los efectos del amparo concedido contra la resolución que establece la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, aun cuando ya superó el plazo constitucional de dos años para su duración, sin que el Ministerio Público haya justificado la necesidad de que dicha medida continuara.

60. Segundo requisito. Desacuerdo en las interpretaciones. Este Pleno Regional determina que, en los ejercicios interpretativos realizados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, existió un punto que detona un auténtico tema de contradicción, ya que sus pronunciamientos derivaron del análisis de un mismo tema.

61. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo en revisión 240/2022, fundamentalmente resolvió que el Juez responsable debía:

• Dejar sin efectos la audiencia de revisión de medidas cautelares e intocado el debate respectivo.

• Fijar fecha y hora dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la resolución para que tuviera verificativo la audiencia de revisión de medidas cautelares.

• En la citada audiencia resolver en el sentido de que, los elementos para justificar la necesidad de prolongar la medida cautelar no están acreditados por el Ministerio Público y decretara la inmediata libertad del quejoso por haber vencido el plazo de dos años previsto en el artículo 20, apartado B, fracción IX, Constitucional.

• Con plenitud de jurisdicción, impusiera otra u otras medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva.

62. En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, en esencia determinó, que el Tribunal de Enjuiciamiento debía:

• Dejar insubsistente la resolución en la que consideró no modificar o sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta.

• Fijar fecha y hora para audiencia en la que las partes debatieran sobre la modificación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta.

• Ordenara el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

• Con libertad de jurisdicción resolviera en relación con la imposición de cualquier otra u otras medidas cautelares, entre ellas, incluso, la prisión preventiva justificada.

• Que no era procedente ordenar la inmediata libertad de la quejosa.

63. Conforme a lo anterior, es notorio que los citados tribunales partieron de un mismo supuesto de hecho, pues los juicios de amparo de los que conocieron en revisión, fueron promovidos contra la resolución emitida por una autoridad judicial del sistema acusatorio, en el que resolvieron respecto de la solicitud de la persona imputada relativa a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dado que había transcurrido el plazo constitucional de dos años.

64. En ambos casos, fue otorgado el amparo esencialmente porque el agente del Ministerio Público no justificó la necesidad de la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

65. Sin embargo, al precisar los efectos del amparo concedido, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la autoridad judicial responsable debía celebrar audiencia de revisión de medidas cautelares únicamente para resolver que el Ministerio Público no justificó la necesidad de prolongar la prisión preventiva oficiosa por lo que debía ordenar la libertad del quejoso, asimismo, previo debate de las partes impusiera otra u otras medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva.

66. En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito determinó que la concesión del amparo no podía tener como efectos decretar la libertad de la persona imputada, no obstante que, hayan transcurrido dos años de prisión preventiva oficiosa, sino que los efectos debían ser para que la autoridad judicial impusiera cualquier otra u otras medidas cautelares, incluso, la prisión preventiva justificada.

67. Tercer requisito para establecer la contradicción de criterios. Está colmado ante las posturas divergentes de los Tribunales Colegiados contendientes, lo que da lugar a la formulación de una interrogante relativa a: ¿Cuáles son los efectos del amparo concedido contra la resolución que establece la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, aun cuando ya superó el plazo constitucional de dos años para su duración, sin que el Ministerio Público haya justificado la necesidad de que dicha medida continuara?

VII. ESTUDIO DE FONDO

68. En el caso a estudio, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se enfrentaron al problema jurídico de analizar y determinar los efectos del amparo que se concede contra una determinación que declara infundada la solicitud de sustitución de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y, consecuentemente, se prolonga su aplicación, aun cuando ya superó el plazo de dos años para su duración, sin que el Ministerio Público haya justificado la necesidad de que dicha medida continuara.

69. Es necesario referir el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 315/2021, del que derivó la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), que establece:

"PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN.

"Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos.

"Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación.

"Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32333-10a84444/prolongacion-de-la-prision-preventiva-oficiosa-efectos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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