PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN CUANDO EN LA DEMANDA SE RECLAMA EL TIEMPO EXCESIVO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL O MIXTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 18/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 15 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE) Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: MAGISTRADO JESÚS RAFAEL ARAGÓN. SECRETARIA: LIDIA ANTONIO SÁNCHEZ.
III. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en virtud que se trata de una posible contradicción de criterios, derivada de recursos de queja entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, que forman parte de la región en que este Pleno ejerce jurisdicción.
IV. LEGITIMACIÓN
13. La denuncia de contradicción de criterios fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, quien está legitimado en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen que los Tribunales Colegiados y sus Magistrados integrantes podrán presentar denuncias de contradicción de criterios, conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Amparo.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer el que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al dictar sentencia.
15. A. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, resolvió la queja 179/2022, en sesión de ocho de diciembre de dos mil veintidós, al tenor de lo siguiente:
16. Antecedentes. El catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en un proceso del sistema tradicional o mixto, del índice del Juzgado Tercero en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, a la parte quejosa se le dictó auto de formal prisión y se le impuso prisión preventiva; proceso en el que el doce de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria, la cual la parte impetrante impugnó mediante el recurso de apelación, mismo que está pendiente de resolverse en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
17. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, los demandantes de amparo promovieron la instancia constitucional, señalando como acto reclamado tenerlos privados ilegalmente de la libertad en el centro penitenciario sujetos a prisión preventiva, dentro del toca de apelación derivado de una causa penal y su acumulada; demanda que se radicó en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, quien la desechó al considerar que se actualizaba de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos 6 y 105, así como el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales y 75 de la Ley de Amparo, porque consideró que la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva por más de dos años, no se podía analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sin que previamente se realizara el debate correspondiente en el proceso de origen; además, la parte quejosa debía plantear la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva al órgano jurisdiccional competente.
18. En contra de la anterior determinación se promovió el recurso de queja 179/2022.
19. Consideraciones de la ejecutoria que contiene el criterio denunciado. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, declaró infundada la queja al considerar correcta la determinación de la Jueza de Distrito de desechar la demanda de amparo, aunque por diversa causa de improcedencia.
20. Así, se consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación esencialmente con el artículo quinto transitorio del Decreto de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, que previene el principio de definitividad, es decir, que impone al promovente agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca, mediante los cuales es susceptible conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado.
21. Adujo que el principio de definitividad del juicio de amparo, tiene como fin preservar el carácter extraordinario de dicha instancia constitucional, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, haber agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir al último medio de tutela de derechos humanos.
22. Sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 74/2017 (10a.), con número de registro: 2015309, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.", estableció que el artículo quinto transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, otorga la posibilidad a los inculpados o imputados, a quienes se les instruye un proceso penal en el sistema procesal inquisitivo, solicitar la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva que les hayan impuesto, pero bajo las reglas del sistema penal acusatorio.
23. Que la superioridad consideró que la revisión de la prisión preventiva impuesta a los inculpados o imputados, a quienes se les instruye proceso penal bajo el sistema procesal penal tradicional o mixto, debe realizarse a partir de los parámetros previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual habilita a que el órgano jurisdiccional aplique las reglas de dicho ordenamiento a la luz de los principios de igualdad, presunción de inocencia y excepcionalidad en la afectación del derecho humano a la libertad personal, acorde a lo establecido en los artículos 1o., 19 y 20 constitucionales; 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos.
24. Por lo anterior, concluyó que era procedente, previo a promover el juicio de amparo, que el Juez que instruye el proceso penal mixto, revise la prisión preventiva, en términos de lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto mencionado, que remite a las reglas establecidas en los numerales 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
25. En consecuencia, dijo que no era factible analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal de origen, la subsistencia de la prisión preventiva ni el lapso transcurrido y el cese de la misma; dado que previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe solicitar la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva en el proceso penal que se le instruye.
26. B. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al conocer de las quejas 27/2023, 28/2023, 29/2023, 30/2023 y 31/2023, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, consideró lo siguiente:
27. Antecedentes relacionados con la queja 27/2023. El veintidós de mayo de dos mil diez, en un proceso del sistema tradicional o mixto, del índice del Juzgado Tercero en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, a la parte quejosa se le dictó auto de formal prisión y se le impuso prisión preventiva.
28. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes revela que en el proceso penal se dictó sentencia condenatoria el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la cual el demandante de amparo impugnó mediante el recurso de apelación, mismo que está pendiente de resolver en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
29. El siete de enero de dos mil veintitrés, se promovió juicio de amparo, señalando como acto reclamado la prisión preventiva excesiva y la omisión de cesar de oficio la misma; demanda que se radicó en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, quien la desechó por las consideraciones que se anotan en el párrafo treinta y siete de esta resolución, por guardar identidad con las resoluciones emitidas en las quejas 28/2023, 29/2023, 30/2023 y 31/2023.
30. En contra de la anterior determinación, la parte quejosa promovió el recurso de queja 27/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, la que se declaró fundada.
31. Antecedentes relacionados con las quejas 28/2023, 29/2023 y 30/2023. El ocho y siete de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, una misma persona promovió diversos juicios de amparo, en los que relató que en su contra se instruyen diversas causas penales en distintos órganos jurisdiccionales del fuero local y en todos señaló como acto reclamado la prisión preventiva excesiva, así como la omisión de cesar de oficio las mismas; demandas que se radicaron en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, quien las desechó por las consideraciones que se anotan en el párrafo treinta y siete de esta resolución, por guardar identidad con las resoluciones emitidas en las quejas 27/2023 y 31/2023.
32. En contra de las anteriores determinaciones, el demandante de amparo promovió los recursos de queja 28/2023, 29/2023 y 30/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla.
33. Antecedentes relacionados con la queja 31/2023. El veintidós de mayo de dos mil diez, en un proceso del sistema tradicional o mixto, del índice del Juzgado Cuarto en Materia Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a la parte quejosa se le impuso prisión preventiva.
34. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes revela que en el proceso natural se dictó auto de formal prisión por unos delitos y auto de libertad por otros, así como se impuso a la parte quejosa prisión preventiva; posteriormente, el siete de agosto de dos mil catorce, derivado del juicio de amparo que se promovió, se reiteró el auto de formal prisión y el auto de libertad al demandante de amparo; proceso en el que se dictó sentencia condenatoria, el dieciocho de junio de dos mil veinte, la cual la parte quejosa impugnó mediante el recurso de apelación que resolvió la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, ordenando la reposición del procedimiento y el Juez de la causa aún realiza actos para desahogar todos los aspectos hechos notar en la reposición del procedimiento; por tanto, el proceso penal está en periodo de instrucción.
35. El ocho de enero de dos mil veintitrés, el demandante de amparo promovió juicio de amparo, señalando como acto reclamado la prisión preventiva excesiva y la omisión de cesar de oficio la misma; demanda que se radicó en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, quien la desechó por los motivos anotados en el párrafo treinta y siete de esta resolución, por guardar identidad con las resoluciones emitidas en las quejas 27/2023, 28/2023, 29/2023 y 30/2023.
36. En contra de la anterior determinación, se promovió recurso de queja 31/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla.
37. Contenido de las resoluciones mediante las cuales se desecharon los juicios de amparo de los que derivaron las quejas 27/2023, 28/2023, 29/2023, 30/2023 y 31/2023. El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla consideró que eran improcedentes los juicios de amparo promovidos, porque de forma manifiesta e indudable se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad antes de ejercer la acción de amparo, en razón de lo previsto en el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que otorga la posibilidad a los inculpados o imputados, a quienes se les instruye proceso penal en el sistema procesal inquisitivo, para solicitar la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva que les hayan impuesto, aplicando las reglas del sistema acusatorio. Al efecto, aplicó la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 74/2017 (10a.), con número de registro: 2015309, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016."
38. Consideraciones de las ejecutorias que contienen los criterios denunciados. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, declaró fundados los recursos de queja 27/2023, 28/2023, 29/2023, 30/2023 y 31/2023, bajo el argumento de que la causa de improcedencia invocada por el juzgador de Distrito no es manifiesta e indudable, porque se está frente a una excepción al principio de definitividad, pues la resolución reclamada afecta la libertad personal de la parte quejosa y el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece dos excepciones en lo que interesa, "cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso", lo cual debe leerse bajo los cánones interpretativos del diverso 1o. constitucional, en el sentido de que las disposiciones legales se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que la doctrina ha identificado como el principio pro persona; además, dicho principio en su variante pro actione, relacionado con los numerales 17 del Pacto Federal y 8.1 de la Convención de los Derechos Humanos, obligan al interprete a dar el mayor alcance posible a la normas que otorgan la procedencia de una acción judicial, instancia o medio de defensa, e interpretarlas de manera restrictiva cuando se trate de causas de improcedencia.
39. Para fundamentar lo anterior, se invocó la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 119/2005 (9a.), con número de registro: 177081, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY Y PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO."
40. C. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al conocer de la queja 28/2023, en sesión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, tomó en cuenta lo siguiente:
41. Antecedentes. El dos de septiembre de dos mil once, en un proceso del sistema tradicional o mixto, del índice del Juzgado Segundo en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, a la parte quejosa se le dictó auto de formal prisión y se le impuso prisión preventiva.
42. El sistema integral de seguimiento de expedientes revela que en el proceso de origen se dictó sentencia condenatoria el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la cual impugnaron mediante el recurso de apelación, el demandante de amparo y el fiscal adscrito a la autoridad responsable, mismo que está pendiente de resolver en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
43. El siete de enero de dos mil veintitrés, la parte quejosa promovió juicio de amparo que se radicó en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, señalando como acto reclamado la prisión preventiva excesiva y la omisión de cesar de oficio la misma; demanda que fue desechada al considerarse que de manera manifiesta e indudable se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad antes de ejercer la acción de amparo, en razón de lo previsto en el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que otorga la posibilidad a los inculpados o imputados, a quienes se les instruye proceso penal en el sistema procesal inquisitivo, para solicitar la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva que les hayan impuesto, aplicando las reglas del sistema acusatorio.
44. Al efecto aplicó la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 74/2017 (10a.), con número de registro: 2015309, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016."
45. En contra de la anterior determinación, la parte quejosa promovió el recurso de queja 28/2023.
46. Consideraciones de la ejecutoria que contiene el criterio denunciado. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 28/2023, precisó que de la lectura de la demanda de amparo se llegaba a la conclusión de que el acto reclamado era la omisión del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, de decretar de oficio, el exceso de la prisión preventiva en la causa penal y sus acumuladas, porque en concepto de la parte quejosa, había transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 20, apartado B, fracción IX constitucional, en consecuencia, se le mantenía privado de su libertad; enseguida declaró fundada la queja por los motivos siguientes:
47. No se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en el que subyace el principio de definitividad, que establece la obligación para el promovente de agotar cualquier medio de defensa ordinario que esté a su alcance para combatir el acto que estime le causa agravio, porque se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, relativo a que el acto reclamado afecta la libertad personal del mismo, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, pues la omisión del Juez de la causa, de revisar si la prisión preventiva debe cesar, modificarse o sustituirse por otra medida cautelar, produce que continúe privado de su libertad.
48. No se inadvierte que para desechar la demanda de amparo se adujo que, si lo pretendido por la parte quejosa era que se revisara la prisión preventiva, porque había transcurrido en exceso el plazo para ello, se debía estar a lo previsto en el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que dispone que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base a la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se podría solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dicha medida mediante la promoción del incidente de revisión de medidas cautelares; sin embargo, estas razones corresponden al estudio o análisis de fondo del amparo y no sirven para rechazar la demanda. VI. CONSIDERACIÓN PREVIA
49. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.
50. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. VIII/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, diciembre de 1993, visible en la página 41, registro digital: 206390, de rubro y texto siguientes:
51. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así."
52. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, consultable en la página 319, registro digital: 190917, de contenido siguiente:
53. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
54. El Pleno de este Tribunal ha establecido que para actualizar la contradicción de criterios, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. En ese sentido, es ilustrativa la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de 2010, Tomo XXXII, página 7, registro electrónico: 164120.
55. De la citada jurisprudencia se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales, que al final en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
56. En ese orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas, influyen en las decisiones de los órganos judiciales, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, resulta que la contradicción de criterios no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción, ello es viable cuando la decisión que prevalezca sea única y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
57. Además, para determinar la existencia de contradicción de criterios, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, en la contradicción de criterios 50/2011,(1) sostuvo una nueva forma de aproximarse a los problemas planteados por los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, en los que debe radicar la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características establecidas en los casos resueltos por los tribunales mencionados.
58. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
59. a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
60. b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
61. c) Lo anterior, pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
62. La pregunta a la que debe darse respuesta en este apartado consiste en:
¿Existe contradicción entre los criterios sustentados por los órganos contendientes?
63. La respuesta a esta interrogante es positiva, pues en el presente asunto sí se cumplen los requisitos de existencia de la contradicción de criterios señalada de acuerdo a lo siguiente:
64. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, ejercieron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
65. Lo anterior, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al conocer de una queja promovida contra el proveído que desechó una demanda de amparo indirecto, en la que se señaló como acto reclamado la privación ilegal de la libertad, derivada de la prisión preventiva impuesta en un proceso del sistema penal tradicional o mixto, determinó esencialmente que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que previene el principio de definitividad, en relación con el artículo quinto transitorio de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, porque previo a promover el juicio de amparo, debieron agotarse los medios de defensa ordinarios, pues el artículo quinto transitorio mencionado otorga la posibilidad a los inculpados o imputados a quienes se les instruye un proceso penal en el sistema procesal inquisitivo, de solicitar al Juez del proceso la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva que se les haya impuesto, pero aplicando las reglas del sistema penal acusatorio.
66. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver cinco quejas promovidas contra los proveídos que desecharon demandas de amparo indirecto, en las que se señaló como acto reclamado el exceso de la prisión preventiva impuesta en un proceso del sistema penal tradicional o mixto, determinó que no era indudable ni manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que se estaba frente a una excepción al principio de definitividad al tratarse de un acto que afectaba la libertad del quejoso.
67. Al respecto, invocó lo sustentado en la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 119/2005 (9a.), con número de registro: 177081, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAM
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31661-6588c924/principio-de-definitividad-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. PROCEDE ANALIZAR LAS POSTURAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES, AUN CUANDO UNO HAYA CONCLUIDO FUNCIONES. (PR.P.CN.7 K (11a.))
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