SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. DEBE CONCEDERSE PARA EL EFECTO DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO SEA DETENIDA, CUANDO RECLAME LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS QUE AMERITEN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 95/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 8 DE FEBRERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: ARELY PECHIR MAGAÑA.
IV. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 12, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales.(1)
11. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la Región Centro-Norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.
V. LEGITIMACIÓN
12. La presente denuncia de contradicción de criterios, proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(3) al haber sido formulada por uno de los órganos contendientes que motivaron la presente controversia, a saber, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo Del Decimonoveno Circuito –que emitió la resolución correspondiente al recurso de queja 284/2023, de su índice–.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
13. A efecto de que este Pleno Regional se encuentre en posibilidades de verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es menester señalar que por contradicción de “criterios” debe entenderse cualquier discrepancia en el sentido adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
14. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.”,(4) y la jurisprudencia de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”(5)
15. Así, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
16. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
17. Entonces, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes–, es posible afirmar que para que una contradicción sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que los tribunales colegiados contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un segmento de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y en consecuencia, que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior, dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(6)
18. En otras palabras, para la existencia de una contradicción de criterios se requiere que los órganos jurisdiccionales contendientes: I. Hayan realizado ejercicios interpretativos; II. Sobre el mismo problema jurídico y en virtud de ellos hayan llegado a soluciones contrarias; y III. Tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
19. Con lo anterior, se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, por lo que, para ello es necesario hacer una especificación sucinta sobre las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron las respectivas posturas contendientes.
20. Al respecto, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, considera que sí existe una contradicción de criterios, ya que se ven satisfechos los requisitos para su existencia.
21. Respecto al primer requisito, se advierte que los órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial, circunstancia en la que, a través de un ejercicio interpretativo, se buscó llegar a una solución determinada.
22. Así, la presente contradicción de criterios tiene su origen en demandas de amparo indirecto en las cuales se solicitó el amparo contra el dictado de la orden de aprehensión, su ejecución o las consecuencias jurídicas derivadas; asuntos posiblemente vinculados a hechos calificados como delitos según el artículo 19 de la Constitución. En estos casos, las partes quejosas solicitaron tanto la suspensión provisional como, en su momento, la definitiva, en el correspondiente incidente.
23. En ambos casos, los Jueces de Distrito que conocieron del juicio de amparo, dictaron el auto a través del cual otorgaron la suspensión provisional dentro del incidente respectivo. Además, se establecieron condiciones y escenarios específicos para dicha medida suspensional, considerando si el delito en cuestión era calificado como grave o no, esto es, si implicaba prisión preventiva oficiosa o estaba contemplado en el catálogo del artículo 19 de la Carta Magna.(7)
24. Sin embargo, las resolutoras constitucionales distaron respecto al establecimiento de los efectos de la suspensión, conforme a lo siguiente:
A) Incidente correspondiente al juicio de amparo 1771/2023: señaló que si el delito imputado no es grave y no implica prisión preventiva oficiosa, la suspensión produciría el efecto de que la parte quejosa no fuera privada de su libertad hasta la notificación sobre la suspensión definitiva a la responsable, quedando a disposición del Juzgado de Distrito por cuanto hace a su libertad personal.
En contraste, si la orden de aprehensión estaba relacionada con un delito calificado como grave que amerite prisión preventiva oficiosa, la suspensión solo tendría como efecto que, una vez aprehendido quedaría a disposición del Tribunal Federal y del Juez natural para continuar con el procedimiento penal; medida que consideró de orden público e insuspendible, y aplicable hasta que las autoridades recibieran notificación sobre la suspensión definitiva.
B) Incidente correspondiente al juicio de amparo 700/2023-II: refirió que de ejecutarse el acto reclamado se ocasionaría a la parte promovente un daño de difícil reparación, por tanto, de tratarse de delitos fuera de las hipótesis del artículo 19 Constitucional, la suspensión impediría la detención, y se fijaron medidas de aseguramiento para garantizar la presentación del quejoso al proceso penal.
Dijo que, de conformidad con el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, de tratarse de una orden de aprehensión o cualquier medida que implique privación de la libertad respecto de delitos contemplados en el catálogo del artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución, la suspensión tendría el único propósito de mantener a la persona bajo la jurisdicción del Juzgado de Distrito en lo que respecta a su libertad personal, pero a disposición del juez responsable para la continuación del procedimiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 163 de la Ley de Amparo.
Reconoció que el artículo 166 de la Ley de Amparo, se refiere a los delitos considerados como “de prisión preventiva oficiosa” y que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvió en casos “Tzompaxtle Tecpile” y “García Rodríguez”, ambos contra el Estado Mexicano, declaró en términos generales que la porción de la Constitución Federal que establece estos delitos es inconvencional.
No obstante, sostuvo que lo anterior no afectaba la concesión de la suspensión en los términos previamente establecidos, toda vez que las consideraciones de la Corte Interamericana se centraron en la figura de la prisión preventiva como medida cautelar, específicamente en su variante de conducción al procedimiento después de que el imputado ha sido vinculado a proceso y destacó la necesidad de que el Juez de Control realizara una evaluación de proporcionalidad y aperturara un debate contradictorio para evitar que la impusieran automáticamente, dado que lo que se pretendía evitar es que los juzgadores dictaran en esos términos, sin tomar en cuenta la finalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida.
Por lo anterior, argumentó que a pesar de la declaración de inconvencionalidad antes referida, las reglas establecidas en el artículo 166 de la Ley de Amparo para casos de orden de aprehensión o reaprehensión, debían mantenerse intocadas.
Subrayó que cuando el juicio de amparo trata la suspensión contra una orden de aprehensión emitida por delitos del catálogo del artículo 19 Constitucional, no se realiza un análisis de ponderación sobre la medida cautelar, sino que solo se circunscribe a determinar cómo será conducido el imputado ante el juez que conozca del asunto una vez ejecutada la enunciada orden reclamada.
Además, enfatizó que la referencia a la prisión preventiva oficiosa en el contexto de la suspensión debía entenderse como una enunciación práctica de estos delitos y no como una cuestión que implicara una pena anticipada y que la determinación sobre su imposición como forma de conducción al procedimiento penal corresponde al Juez de Control en la audiencia inicial, de ello que correspondía a este, la determinación sobre la prisión preventiva como forma de conducción al procedimiento penal en la audiencia inicial si estima vincular a proceso al imputado.
25. Inconformes con esas determinaciones, los quejosos y recurrentes interpusieron los recursos de queja respectivos, siendo los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes quienes resolvieron, lo subsecuente:
• Recurso de Queja 284/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Señaló que no se soslayaba que el acto reclamado atendía a una orden de aprehensión, que, a decir del propio quejoso, se emitió en su contra por hechos calificados como delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución. Sobre esa problemática, el órgano colegiado dijo que no debía aplicarse la distinción sobre efectos de la suspensión basada en la clasificación del delito como de prisión preventiva oficiosa, al tratarse de un régimen inconvencional. Por tanto, al calificar fundado el medio impugnativo, modificó la suspensión concedida y determinó que lo correcto era conceder la suspensión contra órdenes de aprehensión para el efecto de no detener al quejoso, en lugar de sólo dejarlo a disposición una vez detenido.
Argumentó que el artículo 166 de la Ley de Amparo, establecía distintos efectos de la suspensión contra una orden de aprehensión, considerando el tipo de delito involucrado y que el citado numeral señala que en casos de delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa según el artículo 19 constitucional, la suspensión otorgada no implicaría libertad, sino protección al quejoso en un lugar designado por el juez de amparo, mientras que para delitos que no impliquen dicha medida privativa, la suspensión sí conllevaría efecto de libertad, aunque sujeta al cumplimiento de obligaciones como medidas de aseguramiento.
Así, el Tribunal consideró que la determinación de la Jueza de Distrito era jurídicamente incorrecta, ya que estaba obligada a resolver sobre la suspensión provisional bajo estándares de derechos humanos y en observancia de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana que interpretó la Convención Americana.
Al respecto, citó la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”(8)
Mencionó que recientemente la Corte Interamericana emitió la sentencia atinente al caso “García Rodríguez y otro vs México”, donde se declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional, misma que es replicada por la legislación secundaria de la materia, por vulnerar derechos como la presunción de inocencia, igualdad ante la ley y no discriminación.
El Tribunal Colegiado dijo que de acuerdo a ese precedente la Jueza de Distrito debió inaplicar la regla prevista en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, que restringe los efectos de la suspensión contra órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, es decir, “solo” para que el quejoso quede a disposición del juzgador de amparo en lo que se refiere a su libertad, y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento penal, debido a que dicha regla toma como parámetro para limitar la suspensión, la clasificación del delito –que amerite prisión preventiva oficiosa–, sin que haya una valoración judicial, acorde al caso particular del solicitante de amparo.
Si bien reconoció que, aunque la orden de aprehensión y la prisión preventiva oficiosa son figuras con naturaleza y finalidad diversas, destacó que la declaración de inconvencionalidad de esta última que realizó el Tribunal Interamericano supracitado, debía extenderse a los casos en donde la legislación secundaria utilizaba esa clasificación de delitos como parámetro de distinción en el acceso al derecho a la libertad personal.
Subrayó que si la Jueza condicionó los efectos de la suspensión contra la orden de aprehensión, a que no se tratara de delitos de prisión preventiva oficiosa, ello implicaba que persistía el vicio de impedir revisar la pertinencia de otras medidas cautelares o de dar efectos de libertad a la suspensión, únicamente por la clasificación legal del delito.
Por ello, concedió la suspensión provisional en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, para efecto de que el quejoso no fuera detenido hasta que se notificara a las responsables la resolución que recayera sobre la suspensión definitiva –con independencia del delito por el cual haya sido librada la orden de aprehensión–, modificando la resolución impugnada.
Adicionalmente, se pidió al quejoso que se presentara ante el Juez responsable para continuar el procedimiento, como medida de aseguramiento, en el entendido de que prevalecían las diversas determinaciones de la Jueza de Distrito atinentes a los requisitos de efectividad, con independencia de que una vez continuado el procedimiento, el Juez de Control pudiera aplicar otras medidas cautelares incluyendo la prisión preventiva.
• Recurso de Queja 106/2023, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes. Calificó infundado el recurso y confirmó el auto recurrido al sostener que la suspensión contra órdenes de aprehensión debía regirse por las normas especiales del artículo 166 de la Ley de Amparo, por lo que era improcedente la pretensión del quejoso respecto de los efectos tendentes a evitar cualquier detención.
Al respecto, el Tribunal dijo que el planteamiento de inconvencionalidad del artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo era ineficaz, toda vez que el recurrente partió de una premisa errónea al considerar análogas las figuras de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y la orden de aprehensión.
Lo anterior, atendiendo a la diferencia entre dichas figuras, las cuales tienen naturaleza y fines distintos, por lo que no pueden ser objeto de analogía para efectos del análisis de convencionalidad planteado.
El tribunal señaló que la orden de aprehensión es una decisión judicial como forma de conducción al proceso penal, que tiene por objeto llevar a la persona ante un juez de control para formularle imputación y formalizar la investigación; además, que esas formas de conducción tienen como fin lograr que el imputado se presente ante ese juzgador para iniciar el proceso penal.(9)
Empero, las medidas cautelares son distintas, ya que son impuestas por el juez para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de la víctima y el desarrollo de la investigación, mismas que deben cumplir con el principio de excepcionalidad, pues de no ser así se convertiría en una pena anticipada.(10)
Así, en el caso de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, advirtió la evidente intención del legislador de insertar la posibilidad de decretar ex oficio su imposición, no obstante, el Tribunal Colegiado, no pasó por alto lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la prisión preventiva oficiosa, específicamente en los casos “Tzompaxtle Tecpile” y “García Rodríguez”, en las que se determinó que la supracitada figura es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.(11)
Por tanto, con base en lo anterior, desestimó los agravios sobre inconvencionalidad del artículo 166 de la Ley de Amparo, que pretendían equiparar figuras de naturaleza y fines diferentes como lo son la orden de aprehensión y la prisión preventiva oficiosa y concluyó que es infructuoso el planteamiento de inconvencionalidad, es decir, la orden de aprehensión es una forma inicial de conducción al proceso penal, mientras que la prisión preventiva es una medida cautelar para continuar el procedimiento, esto es, ya iniciado.
En relación a lo anterior, hizo referencia a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 300/2019,(12) en la que destacó que existen tres formas de conducir al proceso a un imputado: citatorio, orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública –cuando el imputado citado no comparece– y orden de aprehensión –cuando el Ministerio Público advierte la necesidad de cautela–, modalidades que tienen como único propósito asegurar la presencia del imputado ante el juez de control para iniciar el proceso penal, incluyendo la formulación de la imputación por parte del fiscal durante una audiencia.
Argumentó que las reglas de suspensión en materia penal, según el artículo 166 de la Ley de Amparo, no pueden ser aplicadas por analogía, ya que están vinculadas al estado del procedimiento penal en el que se encuentre el acto impugnado, específicamente al inicio –en el caso de la orden de aprehensión– o la continuación –en el caso de la prisión preventiva–, lo que sustentó con la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: “ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA ‘NECESIDAD DE CAUTELA’ ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA."(13) Resaltó que conforme a lo resuelto por la Primera Sala en la contradicción de tesis 397/2016,(14) en la que se estableció que las normas de la parte especial de la Ley de Amparo en materia penal son aplicables a los actos explícitamente contemplados, mientras que cualquier otro acto en materia penal puede suspenderse bajo las normas de la parte general para tutelar el derecho fundamental a un recurso efectivo.
Sin embargo, dijo que la pretensión de evidenciar la presunta ilegalidad del auto recurrido, basados en los artículos 138 y 147 de la Ley de Amparo, era infructuoso, toda vez que estos numerales se ubican dentro de las reglas generales para otorgar la suspensión y son aplicables solo cuando se trata de cualquier acto reclamado en materia penal no expresamente regulado por alguna norma del apartado especial del artículo 166 de la legislación mencionada.
Indicó que la pretensión de que el resolutor federal hubiera ponderado adecuadamente la naturaleza del acto, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, para lograr el otorgamiento de la suspensión para otros efectos –como evitar la privación de la libertad o impedir la ejecución de una medida privativa de libertad en caso de continuar con la secuela procesal–, difiere de lo resuelto en la ejecutoria que derivó de esa contradicción de tesis que derivó en la jurisprudencia de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO (‘EN MATERIA PENAL’), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL.”(15)
Lo anterior, dado que según esta jurisprudencia, las normas del apartado de la Ley de Amparo relativo a la suspensión en materia penal son aplicables solo a los actos que contempla de manera explícita, como es el caso de la orden de aprehensión, disposiciones que responden a circunstancias específicas valoradas por el legislador ordinario y que se consideraron especialmente relevantes para recibir una solución particular.
Igualmente, abordó la interpretación del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal en relación con la suspensión en el juicio de amparo en materia penal, respecto de lo cual dijo que dicho numeral no establece la obligación de liberar al solicitante de amparo de forma automática, sino que remite a la ley reglamentaria para regular las condiciones de la medida cautelar.
Además, se refutó la idea de que la suspensión debería garantizar la no detención del quejoso en cualquier circunstancia, especialmente cuando se trata de una orden de aprehensión, cuya eficacia debe regirse por reglas especiales establecidas en la Ley de Amparo. Sostuvo que la pretensión de “bajo ninguna circunstancia” la suspensión tenga posibilidad de lograr la detención del solicitante, y que incluso ello choca con las decisiones de la Corte Interamericana y que concederla implicaría eludir la comparecencia del imputado ante el juez de control al inicio del proceso, lo cual se considera desacertado.
26. De lo hasta aquí expuesto, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al desarrollar su arbitrio judicial, examinaron un mismo problema jurídico, no obstante, arribaron a conclusiones contrarias, por lo que sí se encuentran satisfechos los requisitos para que exista la contradicción entre los criterios denunciados.
27. Esto es, los órganos colegiados, desarrollaron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo centrado en determinar si cuando se reclame en amparo indirecto una orden de aprehensión por delito que amerita prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional que se conceda, podrá tener el efecto de que, durante su vigencia, la parte quejosa no sea detenida, es decir, si solo tendrá el efecto de poner al quejoso a disposición del órgano de amparo, o bien, si se debe privilegiar una interpretación que lleve a conceder la suspensión para efecto de no privar de la libertad al quejoso, independientemente de la gravedad del delito.
28. Ahora bien, por cuanto hace al segundo requisito, atinente a la existencia de un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, es decir, un punto de toque, también se actualiza.
29. Lo anterior se afirma, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sostuvo que, al solicitar la suspensión provisional contra órdenes de aprehensión vinculadas a delitos con prisión preventiva oficiosa, se debe considerar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de la clasificación automática del delito como grave, según el artículo 19 de la Constitución. Los integrantes de ese órgano colegiado, argumentaron que el hecho de que la Corte Interamericana haya declarado inconvencional la figura de la prisión preventiva oficiosa, configuraba una circunstancia que debía extenderse a casos donde la legislación secundaria utiliza esa clasificación como parámetro de distinción en el acceso al derecho a la libertad personal.
30. Por lo anterior, estimó que la juzgadora de Distrito debió inaplicar la regla del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, que restringe los efectos de la suspensión, y en su lugar, concederla bajo estándares de derechos humanos, pues ante la inconvencionalidad de condicionar los efectos de la suspensión a la clasificación legal del delito, ello impediría revisar la pertinencia de otras medidas cautelares o dar efectos de libertad a la suspensión.
31. Así, determinaron otorgar la suspensión provisional en los términos de la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo, y así evitar la detención del quejoso hasta la notificación de la resolución sobre la suspensión definitiva, sin importar el delito por el cual se haya librado la orden de aprehensión e instaron al quejoso a presentarse ante el Juez responsable para continuar el procedimiento, reconociendo que el Juez de Control podría aplicar otras medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva, una vez continuado el procedimiento.
32. Contrariamente, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, afirmó que la solicitud de suspensión provisional contra órdenes de aprehensión vinculadas a delitos a la prisión preventiva oficiosa debe regirse por las normas especiales del artículo 166 de la Ley de Amparo.
33. Consideraron que el planteamiento de inconvencionalidad del artículo 166, de la Ley de Amparo era ineficaz ya que el recurrente equiparó erróneamente la figura de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con la orden de aprehensión, dado que estas figuras tienen naturaleza y fines distintos.
34. A su vez, el Tribunal reconoció la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa según decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empero afirmó que no podía extrapolarse automáticamente a la orden de aprehensión. De ello que desestimaron la equiparación entre ambas figuras.
35. Al mismo tiempo, subrayaron que de conformidad con el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal en relación con la suspensión en el juicio de amparo en materia penal, no se establece la liberación automática del solicitante de amparo, sino que remite a la ley reglamentaria para regular las condiciones de la medida cautelar.
36. Igualmente, refutaron la idea de que la suspensión debería garantizar la no detención del quejoso en cualquier circunstancia, especialmente en el caso de una orden de aprehensión; máxime, si dicha medida debe regirse por las reglas especiales establecidas en la Ley de Amparo y que concederla sin restricciones colisionaría con las decisiones de la Corte Interamericana y eludiría la comparecencia del imputado al inicio del proceso.
37. De ahí que, respecto a los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes, se advierta la existencia de un punto de toque.
38. En relatadas circunstancias, se advierte el cumplimento del tercer requisito, consistente en el surgimiento de un cuestionamiento o interrogante acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
39. Por ende, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México deberá resolver el siguiente planteamiento:
“Determinar si cuando se reclame en amparo indirecto una orden de aprehensión por delito que amerita prisión preventiva oficiosa, es posible conceder la suspensión provisional para el efecto de que, durante su vigencia, la parte quejosa no sea detenida.”
VII. DECISIÓN
40. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones.
41. La respuesta a la interrogante formulada debe ser en sentido positivo. Para dilucidar el estudio de la presente contradicción, se abordarán las siguientes temáticas: A) Restricción al derecho a la libertad personal; B) El artículo 19 co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32316-f9bae7fc/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-debe-concederse-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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