SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS EFECTOS DE SU CONCESIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CUANDO LA PARTE QUEJOSA SE ENCUENTRA PRIVADA DE SU LIBERTAD POR DIVERSA CAUSA PENAL, SON LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, Y PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 62/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 2 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y DEL MAGISTRADO MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. PONENTE: MAGISTRADO MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. SECRETARIA: ARELY PECHIR MAGAÑA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria presencial de dos de octubre de dos mil veinticinco.
SENTENCIA
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el Incidente en Revisión ********** y los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Cuarto Circuito, al conocer de las quejas ********** y **********, respectivamente.
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional consiste en determinar qué efectos debe tener la suspensión solicitada en el juicio de amparo indirecto, promovido contra una orden de aprehensión, por una persona que ya está privada de su libertad, con motivo de una diversa causa penal.
I. ANTECEDENTES
3. Mediante oficio CTA/102/2025, enviado electrónicamente por el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Nayarit, denunció la posible contradicción de criterios entre lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el Incidente en Revisión ********** y los emitidos por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Cuarto Circuito, al fallar los recursos de queja ********** y **********, respectivamente.
II. TRÁMITE
4. En acuerdo de presidencia de seis de agosto de dos mil veinticinco, se radicó el asunto como contradicción de criterios 62/2025, se admitió a trámite, se solicitó a los integrantes de los tribunales contendientes informaran si el criterio que sustentaban seguía vigente, o en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado; de igual forma se les solicitó que remitieran copia certificada digital de las ejecutorias relativas y de llegar a apartarse del criterio sostenido, también remitieran la diversa en la que se sustentara el nuevo.
5. En el mismo acuerdo se requirió a los tribunales pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice y poder vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional; igualmente, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre el mismo tema y se realizó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.
6. Por oficio SEADS/2787/2025, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria celebrada el catorce de julio del año en curso, se acordó comisionar temporalmente a la Magistrada María Dolores Núñez Solorio a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución del Magistrado Miguel Bonilla López, con efectos a partir del uno y hasta el seis de agosto de la presente anualidad. En consecuencia, en el periodo indicado, este órgano jurisdiccional quedó integrado por la Magistrada María Dolores Núñez Solorio y los Magistrados Manuel Bárcena Villanueva y Samuel Meraz Lares.
7. El proveído de trece de agosto de dos mil veinticinco, se tuvieron por cumplidos los requerimientos de los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Primer Circuito y Tercero del Vigésimo Cuarto Circuito.
8. En el mismo proveído se informó el contenido del oficio SEADS/2947/2025, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se hizo del conocimiento que en sesión ordinaria celebrada el seis de agosto pasado, se acordó comisionar temporalmente al Magistrado Óscar Espinosa Durán a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución del Magistrado Miguel Bonilla López, con efectos a partir del dieciséis y hasta el treinta y uno de agosto actual o antes si el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determina. Por tanto, durante el lapso precisado este órgano jurisdiccional se encontrará integrado por los Magistrados Manuel Bárcena Villanueva, Óscar Espinosa Durán y Samuel Meraz Lares.
9. Posteriormente, en proveído dictado el veintidós de agosto de dos mil veinticinco, se tuvo por cumplido lo requerido al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito.
10. Finalmente, en acuerdo de presidencia veinticinco de agosto de la anualidad en curso, se recibió el informe de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que relató que no encontró alguna contradicción de criterios relacionada con el tema del que versa el presente asunto, o que haya sido radicada en los últimos seis meses pendiente por resolver; así, al encontrarse integrado el asunto, en el mismo proveído se confirmó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.
11. Este asunto fue listado para la sesión celebrada el 11 de septiembre de 2025. Sin embargo, a petición del magistrado ponente, la resolución de esta contradicción de criterios quedó aplazada.
12. Por último, mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, se informó a los Tribunales Colegiados contenientes la nueva integración de este órgano jurisdiccional, en virtud de que el catorce de septiembre de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras, a través del cual se adscribió a este órgano jurisdiccional a la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval, al Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro y a la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán, con efectos a partir del quince de septiembre del año que transcurre.
13. En el mismo auto, dado que el presente asunto había sido turnado al Magistrado Samuel Meraz Lares, con motivo de la nueva integración, se returnó a la ponencia a cargo del Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
14. Conforme al artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución puede ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Puede presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
15. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
IV. COMPETENCIA
16. Este órgano colegiado es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de la Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023.
17. Lo anterior, al tratarse de una contradicción entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados al conocer de recursos derivados de asuntos en materia penal, respecto de la que este Pleno Regional está semi especializado. Además, por pertenecer a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce sus atribuciones.
V. LEGITIMACIÓN
18. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic.
VI. CRITERIOS EN CONFLICTO
19. De la consulta realizada a los expedientes electrónicos de los juicios de amparo de los cuales derivó este asunto, que están vinculados mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a este Pleno Regional, se advierten los siguientes antecedentes:
20. Los juicios de amparo de origen fueron promovidos por diversos quejosos, quienes demandaron el amparo en contra de órdenes de aprehensión o reaprehensión giradas en su contra y solicitaron la suspensión del acto reclamado. Con la precisión que, en los tres casos, los quejosos se encontraban internos en centros penitenciarios por diverso motivo al acto reclamado.
21. De esos asuntos conocieron los Juzgados Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, donde se radicaron con los números **********, ********** y **********, respectivamente, se admitieron a trámite y se ordenó abrir por separado los cuadernos incidentales.
22. En el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo **********, luego de celebrar la audiencia incidental, el juzgado negó la suspensión por aquéllas autoridades que negaron los actos reclamados y concedió la suspensión definitiva por aquellas autoridades que admitieron su existencia.
23. Respecto de los dos asuntos que conoció el Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, se concedió la suspensión provisional.
24. En todos los asuntos casos se interpusieron los recursos procedentes, cuya resolución motivó la presente contradicción de criterios, en los siguientes términos.
A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
25. El incidente en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, se resolvió, luego del trámite respectivo, en sesión de ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
26. En lo que interesa, consideró que fue correcto que, por un lado, se negara la suspensión definitiva respecto los actos reclamados a las autoridades que negaron su existencia, sin que el quejoso desvirtuara tal negativa; y por el otro, que se otorgara la medida cautelar definitiva, al actualizarse los requisitos que disponen los artículos 128 y 166 de la Ley de Amparo.
27. No obstante, el tribunal contendiente precisó que los efectos de la medida suspensional y las medidas de efectividad y de aseguramiento no fueron los adecuados, por lo cual, modificó la interlocutoria combatida.
28. El órgano colegiado señaló que el quejoso se encontraba recluido con motivo de diversa causa penal, en la que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva y dadas las circunstancias del caso, la suspensión definitiva debió concederse conforme a la fracción I del artículo 166, en relación con el párrafo segundo del mismo numeral, de la Ley de Amparo.
29. Situación que no precisó el Juzgado de Distrito, sino que el órgano revisor infirió, se aplicó la fracción II, del artículo 166, de la Ley de Amparo, dados los efectos por los cuales se había concedido inicialmente la medida cautelar.
30. El tribunal observó que la circunstancia de que el quejoso se encontrara privado de su libertad en un Reclusorio, con motivo de diverso proceso penal, hacía aplicable la fracción I, del artículo 166, de la Ley de Amparo, para que quedara a disposición del juez de amparo únicamente en lo que respecta a su libertad personal y del juez del proceso para la continuación del procedimiento.
31. Lo anterior, por mandato expreso del artículo 166, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que precisamente establece tales efectos, cuando el quejoso ya se encuentra materialmente privado de su libertad, como era el caso. Además, sin exigirle medidas adicionales como lo preveía la fracción II, del mismo artículo invocado, porque el quejoso ya estaba bajo custodia y esas exigencias serían innecesarias y difíciles de cumplir.
B. Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito
32. Los recursos de queja contra las determinaciones dictadas el veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, que se tramitaron en los incidentes de suspensión derivados de los juicios de amparo indirecto ********** y ********** fueron turnados al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, donde se radicó como queja ********** y al Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito quien registró la queja con número **********, respectivamente.
33. Luego del trámite, ambos tribunales resolvieron los medios de impugnación en sesiones celebradas el veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, en el mismo sentido, esto es, los declararon fundados y establecieron que el efecto de la suspensión debía ser para que no se ejecutara el mandato de captura y los quejosos no fueran privados de su libertad, con ciertas medidas de aseguramiento.
34. Los tribunales en comento, de manera coincidente consideraron que la Ley de Amparo regula la suspensión en el juicio de amparo indirecto, en sus artículos 162, 163, 166 y 168.
35. Resulta de especial relevancia resaltar que ambos órganos colegiados afirmaron que la ley no hace distinción sobre los efectos de la suspensión contra una orden de aprehensión o reaprehensión, si el quejoso se encuentra o no materialmente privado de su libertad; en otras palabras, que no lo hace depender de eso.
36. Por ende, consideraron intrascendente para fijar el efecto de la suspensión que el quejoso estuviera privado de su libertad por otra razón a la que motivó el juicio de amparo.
37. En sustento a lo anterior, citaron los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencias relacionadas con los casos “Tzompaxtle Tecpile y otros vs México” y “García Rodríguez y otro vs México”, pues refirieron que son fundamentales para afirmar que se actualizaba de manera efectiva el principio de la apariencia del buen derecho en el caso en cuestión, a pesar de que el acto reclamado en los amparos relativos fuera la orden de aprehensión y no la prisión preventiva oficiosa. Asuntos que resultaron en la condena del Estado Mexicano y la declaración de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
38. Por tanto, los órganos contendientes señalaron que desde esas perspectivas, aplicadas al contenido del artículo 166 de la Ley de Amparo, cuando se trata de la orden de aprehensión, no debía limitarse al efecto establecido por el juez de amparo, toda vez que ese efecto no beneficiaba a la parte quejosa y de ninguna forma protegía de manera efectiva el derecho humano a la libertad personal.
39. Por último, ambos órganos colegiados consideraron de aplicación obligatoria la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/3 P (11a.) emitida por este Pleno Regional, de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. DEBE CONCEDERSE PARA EL EFECTO DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO SEA DETENIDA, CUANDO RECLAME LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS QUE AMERITEN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.”,(1) con la cual determinaron que el efecto debía consistir en que el quejoso no fuera privado de su libertad, sujeto a diversas medidas de aseguramiento para garantizar que pudiera ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no obtener la protección de la justicia de la Unión.
VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
40. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.
41. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
42. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.”(2) y la jurisprudencia “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”(3)
43. De acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
44. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente los procesos interpretativos involucrados —no tanto los resultados que arrojen— con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas —no necesariamente contradictorias en términos lógicos—.
45. Por ende, para que exista una contradicción de criterios, deben cumplirse las siguientes condiciones:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
46. De acuerdo con lo anterior, se reitera, sí existe la contradicción de criterios denunciada, toda vez que de los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados contendientes, se satisfacen los requisitos, en la medida de que ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron planteadas a través de las quejas resueltas.
47. Efectivamente, los órganos judiciales contendientes resolvieron los recursos de revisión y queja, respectivamente, para decidir los efectos que tendría una suspensión solicitada en el juicio de amparo indirecto en que se combatió una orden de aprehensión, por un quejoso que ya se encontraba privado de la libertad. 48. Los tres tribunales se vieron ante la posibilidad de confirmar o modificar los efectos de la suspensión concedida por el juzgado de origen, a partir del estudio de los mismos elementos fácticos y jurídicos, principalmente respecto la aplicación del artículo 166 de la Ley de Amparo.
49. Con lo cual se actualiza el requisito identificado como a) en los párrafos previos.
50. Además, de sus criterios se advierte un punto de toque, relativo a determinar cuáles son los efectos de la suspensión solicitada contra la orden de aprehensión ya sea por delitos que ameriten prisión preventiva o no, por una persona privada de su libertad en un centro penitenciario, por diverso motivo.
51. Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 166, fracción I, en relación con el segundo párrafo del mismo numeral, de la Ley de Amparo, por mandato expreso del legislador, para que quedara a disposición del Juzgado de Amparo en lo que refiere a su libertad personal y del Juez del proceso para la continuación del proceso, sin necesidad de fijar medidas de aseguramiento.
52. Mientras que el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, resolvieron que debía aplicarse la jurisprudencia PR.P.T.CN J/3 P (11a), emitida este Pleno Regional, bajo el argumento de que no debía limitarse al efecto establecido por el juez de amparo, toda vez que no beneficia a la parte quejosa y de ninguna forma protegía el derecho humano a la libertad personal. Por ende, ambos órganos colegiados consideraron que el efecto debería ser que no se cumpliera la orden de aprehensión y el quejoso no fuera privado de su libertad; en el entendido de que no consideraron relevante que el quejoso ya estuviera interno por diverso motivo.
53. Como puede corroborarse, en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de idéntico tipo de problema jurídico, porque los contendientes efectuaron un análisis sobre los efectos que debe tener la suspensión solicitada en juicio de amparo indirecto en que combate una orden de aprehensión, por un quejoso privado de su libertad por diverso motivo.
54. En estas circunstancias, también se actualiza el requisito identificado como b) para la existencia de una contradicción de criterios.
55. Con lo cual, surge una pregunta que deberá resolver este Pleno Regional: ¿Qué efectos debe otorgarse a la suspensión en el juicio de amparo indirecto en que combate una orden de aprehensión, sea por delito que amerite prisión preventiva oficiosa o no, cuando el quejoso ya se encuentra privado de su libertad por diverso motivo?
56. Sin que obste a lo anterior, que unos criterios provengan de la resolución de recursos de queja y otro de una revisión incidental, puesto en ambos casos aplicaron el mismo precepto 166 de la Ley de Amparo para definir los alcances de la medida cautelar cuando se impugna una orden de aprehensión y el quejoso ya se encuentra tras las rejas.
VIII. ESTUDIO
57. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los efectos de la suspensión solicitada en el juicio de amparo indirecto en que se combate una orden de aprehensión ya sea por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa o no, por un quejoso que ya se encuentra materialmente privado de su libertad, deben ser los previstos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo.
58. Para dar claridad a lo anterior, se desarrollarán los siguientes apartados: A. Marco normativo de la suspensión en el juicio de amparo indirecto; B. Criterios relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; C. Criterios relevantes de este Pleno Regional; D. Conclusiones.
A. Marco normativo de la suspensión en el juicio de amparo indirecto
59. La Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone lo siguiente:
“Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
I. Que la solicite la persona quejosa, y
II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.
Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.”
“Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.”
“Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:
I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.
Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para la persona quejosa, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a las personas interesadas, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.
Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, la persona juzgadora, con vista a la persona quejosa por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional.”
“Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento.”
“Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente:
I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación;
II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la persona quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.
Cuando la persona quejosa ya se encuentre materialmente detenida por orden de autoridad competente y el o la Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez o jueza la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de las y los testigos o de la comunidad, así como cuando la persona imputada esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez o jueza del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo.
Si la persona quejosa incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable.
En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33743-ec3a1a8b/suspension-en-amparo-indirecto-los-efectos-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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