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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAME UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR UN DELITO QUE NO AMERITE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, EL ALCANCE DE LOS EFECTOS DE SU CONCESIÓN IMPIDE QUE DURANTE SU VIGENCIA EL QUEJOSO SEA PRIVADO DE LA LIBERTAD, AUNQUE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL SE LE IMPONGA LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 79/2023. · Registro digital (IUS): 32315
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-04-05
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo IV, Pág.4034.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 79/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 2 DE FEBRERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ (PRESIDENTE) Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. SECRETARIO: JAIME GÓMEZ AGUILAR.

III. COMPETENCIA

13. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, toda vez que se suscita entre dos Tribunales Colegiados que, por corresponder al Primero y al Vigésimo Cuarto Circuitos, pertenecen a la Región Centro-Norte.

14. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023.

IV. LEGITIMACIÓN

15. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, pues fue formulada por el apoderado del recurrente en el recurso de queja donde se emitió uno de los criterios contendientes. Esto último de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

V. POSTURAS CONTENDIENTES

16. Los antecedentes y las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son del tenor siguiente:

A. Primera Postura. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, al dictar sentencia en el recurso de queja 242/2022.

17. Marco procesal: Amparo indirecto y suspensión. **********, por conducto de su apoderado legal **********, solicitó el amparo y, a su vez, la suspensión provisional (y en su momento la definitiva) respecto de las órdenes de aprehensión y/o reaprehensión y/o comparecencia y/o búsqueda, localización y presentación, así como sus ejecuciones, emitidas por diversas autoridades responsables; solicitó al Juez de Distrito se pronunciara respecto de los alcances de la suspensión provisional, en el supuesto de que fueran ejecutadas las mismas.

18. Por proveído de once de marzo de dos mil veintidós, el Juez de Distrito que conoció de la demanda concedió la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas permanecieran en el estado que guardaban en ese momento y no se privara de su libertad al quejoso con motivo del mandato de captura, así como su ejecución, empero, si el hecho que la ley señala como delito por el cual se hubiera dictado la orden privativa de libertad ameritara prisión preventiva oficiosa, la suspensión no impediría tal privación, únicamente quedaría a disposición del juzgador de amparo en términos del artículo 163 de la ley de la materia, sin que emitiera algún pronunciamiento en cuanto a lo solicitado por la parte quejosa.

19. Recurso de queja. Contra dicha determinación el quejoso interpuso el recurso de queja del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la queja 242/2022. Por resolución correspondiente a la sesión extraordinaria virtual de tres de noviembre de dos mil veintidós, dicho órgano colegiado resolvió, en lo que atañe, que el medio de impugnación de referencia era fundado.

20. Consideraciones que sustentan el criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que a pesar de que el quejoso solicitó al Juez de Distrito se pronunciara respecto de los alcances de la suspensión provisional, en el supuesto de que fuera ejecutada la orden de aprehensión reclamada y la autoridad jurisdiccional que conociera del proceso impusiera la prisión preventiva justificada como medida cautelar, el juzgador de amparo no precisó tales circunstancias, esto es, a estimación del quejoso, el Juez de Distrito debió puntualizar que no se le debería privar de la libertad bajo ninguna medida que pudiera ser dictada por la autoridad responsable, incluida la prisión preventiva justificada. Lo que hizo valer como agravio en dicho medio de impugnación, el cual fue calificado fundado.

21. El órgano colegiado expuso que los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo prevén expresamente cuáles son los efectos de la concesión de la suspensión (provisional o definitiva), en tratándose de actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento penal, como pudiera ser una orden de aprehensión o reaprehensión, cuyo delito no amerite prisión preventiva oficiosa. Que el efecto será que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo sólo en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento.

22. No obstante, indicó, tocante a esos efectos en concreto y a la luz de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley de Amparo, no se apreciaba que el Juez de Distrito hubiera precisado esas circunstancias y fue omiso en definir si una vez que el quejoso comparezca para la continuación del proceso, la autoridad responsable puede dictar y permitir que se ejecute alguna medida que conlleve la privación de su libertad. Máxime que, sostuvo, debió pronunciarse al respecto, puesto que en el escrito inicial de demanda el quejoso solicitó a dicho juzgador que determinara si la medida suspensional abarcaba o no la ejecución de una medida cautelar privativa de la libertad, dictada durante la vigencia en que la suspensión surta sus efectos, como lo es la prisión preventiva justificada.

23. Ante esa omisión, el órgano colegiado reasumió jurisdicción y se pronunció en cuanto a dicho tópico.

24. Señaló que aunque en la Ley de Amparo no se prevé que en la concesión de la suspensión, respecto de órdenes de aprehensión y/o reaprehensión cuyos delitos no ameriten prisión preventiva oficiosa, los efectos sean para que durante su vigencia no se pueda ejecutar ninguna medida cautelar privativa de la libertad, como sería la prisión preventiva justificada; lo cierto era que esa consecuencia "específica" estaba implícita en los efectos que dispone la fracción II del artículo 166, en relación con el diverso 163 de la aludida legislación, pero era importante que esa cuestión no quedara en lo implícito, sino en lo explícito, puesto que el quejoso solicitó que, de proceder, se realizara tal puntualización en el auto que proveyera acerca de la suspensión.

25. El Tribunal Colegiado de Circuito estableció que resultaba factible que se realizara la precisión solicitada, ya que era acorde con los efectos de la suspensión provisional cuando se trata de actos privativos de la libertad cuyos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, pues en términos de los preceptos a los que hizo alusión se obtenían los factores siguientes: 1. que el quejoso no debe ser detenido con motivo de las órdenes de aprehensión y/o reaprehensión reclamadas; 2. que el quejoso queda a disposición del Juez de Distrito, sólo en lo que se refiere a su libertad; y, 3. que el quejoso queda a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento.

26. Añadió que, acorde a esos elementos, si el quejoso comparece ante la autoridad responsable para la continuación del proceso penal seguido en su contra, no podía ser privado de la libertad con motivo del mandamiento de captura que tuviera en su contra. Tampoco si durante el seguimiento del proceso se le impusiera una medida cautelar que implicara la restricción a dicho derecho fundamental, como sería la prisión preventiva justificada; ello, hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva (y de ser este caso, hasta que causara ejecutoria la sentencia que se dictara en el juicio de amparo).

27. Lo que era comprensible, dijo, pues cuando el quejoso comparece conforme a dicho escenario, aunque se decrete la prisión preventiva justificada, su libertad está bajo la disposición del Juez de Distrito y no del juez del proceso y por ello no podría ser ejecutable. Además, la situación jurídica del quejoso está temporalmente definida por la orden de aprehensión o reaprehensión que se haya dictado en su contra y hasta en tanto no existiera una determinación procesal que superara dicha situación (la vinculación a proceso o un auto de término constitucional), habría materia para resolver en el juicio de amparo. Por lo que la suspensión tendría eficacia mientras conservara su vigencia.

28. Adicionó que lo anterior se abstraía del segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo, del que se obtiene que: cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido y a solicitud del Ministerio Público la autoridad judicial que conoce del asunto le impone como medida cautelar la prisión preventiva justificada, en ese supuesto la ley de la materia previó que los efectos de la suspensión deberían ser los establecidos en la fracción I de ese mismo numeral, esto es, los referentes a los delitos que sí ameritan prisión preventiva oficiosa, puesto que si el quejoso, al momento de acudir al juicio de amparo y solicitar la suspensión ya estaba privado de la libertad, no podría otorgarse la medida suspensional para el efecto de que no fuese detenido, pues devendría incongruente dicha concesión.

29. Empero, si se hacía una interpretación en sentido contrario de lo que establece ese apartado legal, se deducía que si el quejoso no estuviese materialmente detenido al momento de solicitar la suspensión, y a la postre se le decretara como medida cautelar la prisión preventiva justificada, los efectos no podrían derivar en los indicados en la fracción I del artículo 166, sino tendrían que continuar en los referidos en la fracción II que prevén que no sea detenido, de lo contrario, la libertad personal del quejoso, que aún disfruta al momento de acudir al juicio de amparo y al solicitar la suspensión, no quedaría resguardada.

30. El Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que debía concederse la suspensión provisional en los siguientes términos:

"Con fundamento en los artículos 128, 163 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional al quejoso ********** respecto de las órdenes de aprehensión y/o reaprehensión reclamadas, y su ejecución, siempre que los delitos que las motiven no se traten de aquéllos que ameriten prisión preventiva oficiosa, para el efecto que el quejoso no sea detenido, quedando a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.

"Y atendiendo a la solicitud que hizo el quejoso en el escrito inicial de demanda, en el sentido de que se puntualicen los alcances de la suspensión provisional en caso de que durante su vigencia se le imponga como medida cautelar en el proceso penal del que deriven los actos reclamados, la prisión preventiva justificada, se precisa que de conformidad a los efectos precisados en el párrafo que antecede, el quejoso no puede ser privado de la libertad ni con motivo del mandamiento de captura o recaptura que tenga en su contra, ni tampoco (sic) si durante el seguimiento del proceso se le impone una medida cautelar que implique la restricción a dicho derecho fundamental, como la referida con antelación; lo anterior, como se dijo, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.

"Lo que así ocurre, ya que con motivo de los efectos de la suspensión provisional que se otorga, la libertad personal del quejoso queda bajo la disposición del Juez de Distrito y no del juez del proceso y por ello, aunque se decrete la prisión preventiva justificada (habida cuenta que el proceso no es susceptible de suspenderse), no podría ser ejecutable. Además que la situación jurídica del impetrante está temporalmente definida por la orden de aprehensión o reaprehensión que se haya dictado en su contra y hasta en tanto no exista una determinación procesal que supere dicha situación (como lo sería la referente a la vinculación a proceso o un auto de término constitucional), habría materia para resolver en el juicio de amparo. Por lo que la suspensión provisional tendrá eficacia mientras conserve su vigencia.

"No surtiendo efectos la suspensión provisional respecto de hechos, actos o autoridades distintas a los que aquí se han ponderado y si los actos reclamados son posteriores a la presentación de la demanda que dio origen al dictado de esta medida.

"Tampoco surte sus efectos si el delito que motiva las órdenes de captura o recaptura reclamadas, amerita prisión preventiva oficiosa, pues de ocurrir este supuesto, los efectos de la suspensión provisional son conforme a los establecidos en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo, esto es, para que el quejoso solo quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación."

31. De esa ejecutoria emanó la tesis aislada I.1o.P.23 P (11a.)(1) de contenido siguiente:

"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN POR DELITOS QUE NO AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. DURANTE LA VIGENCIA DE SUS EFECTOS NO PUEDE EJECUTARSE, EN CASO DE QUE SE DECRETE MEDIDA CAUTELAR ALGUNA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DEL QUEJOSO, COMO LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA.

"Hechos: La parte quejosa solicitó la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva, respecto de las órdenes de aprehensión y/o reaprehensión giradas en su contra, así como de sus ejecuciones, pidiéndole al Juez de Distrito que de otorgarla, se pronunciara si durante la vigencia de sus efectos, la autoridad judicial responsable podría ejecutar una medida cautelar privativa de la libertad como lo es la prisión preventiva justificada, en caso de que se le impusiera. El Juez de Distrito decretó la suspensión provisional para los efectos que prevén las fracciones I y II del artículo 166 de la Ley de Amparo, pero sin realizar algún pronunciamiento acerca de lo pedido por el quejoso, motivo por el cual interpuso recurso de queja.

"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que durante la vigencia de los efectos de la suspensión provisional o definitiva otorgada respecto de órdenes de aprehensión y/o reaprehensión por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa, no puede ejecutarse ninguna medida cautelar privativa de la libertad que se le pudiese decretar al quejoso en el proceso penal, como lo es la prisión preventiva justificada.

"Justificación: Aunque en la Ley de Amparo no se prevé expresamente esta consecuencia ‘específica’, lo cierto es que está implícita (que tendría que ser explicada por el Juez de Distrito en caso de que la parte quejosa así lo solicite) en los efectos que establece la fracción II del artículo 166, en relación con el diverso 163, ambos de esa misma ley, pues de sus respectivos contenidos se desprenden los factores siguientes, que el quejoso: 1. no debe ser detenido con motivo de las órdenes de aprehensión y/o reaprehensión reclamadas; 2. queda a disposición del Juez de Distrito sólo en lo que se refiere a su libertad; y, 3. queda a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Acorde con estos elementos, aunque en el proceso penal la autoridad judicial responsable decrete la prisión preventiva justificada en contra del quejoso (habida cuenta que el proceso no es susceptible de suspenderse), no puede ser detenido, en tanto su libertad está bajo la disposición del Juez de Distrito y no del Juez del proceso y, por esta razón, el mandamiento privativo no puede ser ejecutado, aunado a que la situación jurídica del impetrante está temporalmente definida por la orden de aprehensión o reaprehensión que se haya dictado en su contra y hasta que no exista una determinación procesal que supere dicha situación (como lo sería la referente a la vinculación a proceso o un auto de término constitucional), habría materia para resolver en el juicio de amparo, por lo que la suspensión tendrá eficacia en tanto conserve su vigencia. Conclusión que también se abstrae de una interpretación a contrario sensu del segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo, pues se colige que si el quejoso no está materialmente detenido al momento de solicitar la suspensión y a la postre se le decreta como medida cautelar la prisión preventiva justificada, los efectos de la suspensión necesariamente tendrían que ser los establecidos en la fracción II de ese precepto, que prevé que el quejoso no sea detenido, pues de lo contrario su libertad personal, que aún disfruta al momento de acudir al juicio de amparo y al solicitar la suspensión, no quedaría resguardada.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Queja 242/2022. 3 de noviembre de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. Secretario: Erik Ernesto Orozco Urbano."

B. Segunda Postura. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, al resolver el recurso de queja 497/2023.

32. Marco procesal: Amparo indirecto y suspensión. **********, por conducto de su apoderado **********, promovió juicio de amparo indirecto contra múltiples autoridades de la Ciudad de México y de Tepic, Nayarit, a las que atribuyó diversos actos reclamados, entre ellos, una orden de aprehensión, así como su ejecución.

33. En el escrito inicial de demanda solicitó la suspensión de los actos reclamados para que el quejoso no fuera privado de su libertad personal y quedara a disposición del Juez de Distrito, esto es, que al comparecer a la audiencia que fue citado (inicial), no se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada, y que durante la vigencia de la suspensión no se ejecutara en su contra ninguna medida privativa de libertad.

34. Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, el Juzgado de Distrito que conoció de la demanda concedió la suspensión provisional de los actos reclamados –orden de aprehensión– para los efectos precisados en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, sin que se pronunciara en cuanto a los efectos de la suspensión solicitados.

35. Recurso de queja. En contra de esa determinación el quejoso interpuso el recurso de queja del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, en la queja 497/2023. Por sentencia correspondiente a la sesión extraordinaria virtual de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, el mencionado órgano colegiado resolvió que el medio de impugnación era infundado.

36. El recurrente hizo valer en uno de sus agravios que el juzgador de amparo desatendió su petición en cuanto a los efectos de la suspensión, esto es, que de comparecer a la audiencia a la que fue citado (inicial), no se le impusiera una medida cautelar privativa de libertad.

37. Razones que apoyan el criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que los agravios hechos valer por el recurrente eran infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra. 38. Destacó que el juzgador primario concedió la medida cautelar provisional para el efecto de que, si la orden de aprehensión fue librada por delito que ameritara prisión preventiva oficiosa, sería para que, una vez ejecutada, el quejoso quedara a disposición del Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal, en el lugar donde deba ser recluido y del juez de la causa para la continuación del procedimiento, conforme a la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo.

39. Pero si la orden reclamada había sido emitida por un delito que no ameritara prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional tendría por efecto que el quejoso no fuera detenido con motivo de ese acto, pero tendría que comparecer ante la autoridad emisora del acto reclamado para responder de las conductas que le atribuya; ello, de acuerdo con lo previsto en la fracción II del artículo 166 de la citada ley.

40. Recalcó que el recurrente no impugnó las determinaciones adoptadas en el auto recurrido, puesto que en el escrito de agravios se quejó de las omisiones en que, desde su perspectiva, incurrió el juzgador de amparo, siendo éstas las siguientes:

"1) Desatendió la petición formulada respecto de la medida cautelar; es decir, para que habiendo comparecido el quejoso a la continuación de la audiencia a la que fue citado, no se le aplique de manera retroactiva el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como tampoco lo establecido en la fracción XII del cuarto párrafo del mismo numeral, los cuales fueron adicionados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021, lo que tendría como consecuencia que no se le imponga al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

"2) No obstante que se planteó la inconvencionalidad del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, el operador jurídico omitió hacer algún pronunciamiento al respeto.

"3. El juzgador federal soslayó la petición que hizo en el sentido de que solicitó la suspensión provisional para el efecto de que, durante su vigencia, no se le impusiera medida cautelar que implicara la privación de la libertad."

41. Motivos de disenso que, como se señaló, el órgano colegiado determinó que eran infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra.

42. El Tribunal Colegiado de Circuito explicó la naturaleza y características que tiene la suspensión en el juicio de amparo, conforme los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 138, 147 y 166 de la Ley de Amparo.

43. Indicó que de la lectura de la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo se obtenía que cuando el quejoso señala como acto reclamado la orden de aprehensión, respecto de algún delito que merezca prisión preventiva oficiosa, el efecto de la suspensión es para que el justiciable quede a disposición del juzgado de amparo, en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

44. Que con referencia a lo anterior el recurrente sostuvo que dicha porción normativa es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues viola los derechos humanos de presunción de inocencia y libertad personal, en la medida que no mantiene el estado de las cosas hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto; por lo que, a su consideración, la suspensión debería ser, independientemente de si el delito ameritara o no prisión preventiva oficiosa, para mantener las cosas en el estado que guardaban en ese momento y, por ende, que no fuera detenido a fin de salvaguardar la materia del juicio de amparo.

45. En ese sentido, el órgano colegiado reiteró que era claro que en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo, el legislador precisó de forma concreta los efectos que puede tener la suspensión cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión librada por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa; de ahí que, por tratarse de una orden de captura, en el procedimiento penal de corte acusatorio, aun no se debate ni se ha impuesto medida cautelar alguna y, por ende, no hay declaratoria judicial que aplique prisión preventiva oficiosa.

46. Mencionó que en situaciones derivadas de la prisión preventiva justificada, este Pleno Regional en la contradicción de criterio 36/2023 estableció que no es jurídicamente posible equiparar la situación de una persona que reclama una orden de aprehensión por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, respecto de la situación que guarda la que reclama la prisión preventiva justificada.

47. Ello, –abundó– dado que la finalidad de uno y otro acto es diversa, pues el primero tiene como finalidad llevar a la persona ante el juez por existir una necesidad de cautela; en tanto que la prisión preventiva tiene como fin asegurar la presencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o de los testigos o de la comunidad; aunado a que cuando se ejecute una orden de aprehensión para formular imputación y se vincula a proceso al imputado por delito que no requiere prisión preventiva oficiosa, la imposición de la prisión necesaria (justificada) es una cuestión eventual, ya que dependerá de que se actualicen los supuestos legales para su imposición, con la carga por parte del Ministerio Público de demostrar tales extremos.

48. Determinó que la decisión del juzgador de amparo era acertada al proveer respecto de la suspensión conforme a los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo.

49. Por otra parte, si bien el Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado el agravio en el que el recurrente argumentó que en la demanda de amparo solicitó la suspensión para el efecto de que no se aplicara en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o la justificada, sin que se pronunciara al respecto el a quo; también explicó que tal disenso era inoperante porque el operador jurídico no se encontraba en aptitud legal para pronunciarse en ese sentido, puesto que la imposición de la medida cautelar era algo eventual, además, los actos reclamados debían considerarse de realización futura e incierta.

50. Precisó que la sola manifestación del quejoso recurrente, en el sentido de que se le pudiera aplicar la prisión oficiosa o la justificada, no era razón suficiente para otorgarle la medida cautelar que solicitó, pues ello dependería de que se actualicen los supuestos legales para su imposición, con la carga por parte del Ministerio Público de demostrar tales extremos.

51. Indicó que no compartía el criterio sostenido en la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN POR DELITOS QUE NO AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. DURANTE LA VIGENCIA DE SUS EFECTOS NO PUEDE EJECUTARSE, EN CASO DE QUE SE DECRETE MEDIDA CAUTELAR ALGUNA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DEL QUEJOSO, COMO LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA." (contendiente en la presente contradicción de criterios), puesto que la imposición de la medida de prisión preventiva, sea oficiosa o justificada, era una cuestión eventual que dependía de que se actualicen los supuestos legales para ello, con carga por parte del Ministerio Público de demostrar tales extremos.

52. Consecuentemente, declaró infundado el medio de impugnación (queja).

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

53. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte concluye que sí existe la contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al emitir resolución en el recurso de queja 242/2022, frente al del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al dictar sentencia en el recurso de queja 497/2023.

54. Ello, puesto que del análisis de las constancias se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posturas discrepantes; cuestiones que se reflejan en los argumentos que soportaron sus respectivas decisiones.

55. La mecánica para determinar la existencia de una contradicción de criterios tiene que analizarse con la finalidad de unificar razonamientos jurídicos, ya que su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los juzgadores y justiciables.

56. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de argumentos jurídicos y el problema radica en las interpretaciones (no en los resultados) adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, la existencia de una contradicción de criterios se actualizará cuando se cumplen los requisitos para ello.

57. Primer requisito. Interpretación y arbitrio judicial. De acuerdo con lo reseñado en el apartado anterior, se advierte claramente que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de su interpretación para llegar a una solución determinada referente a: cuando se solicita la suspensión provisional en amparo indirecto respecto de una orden de aprehensión por delito que no amerite prisión preventiva oficiosa y ésta es concedida, deben precisarse sus alcances en caso de que durante su vigencia se imponga al quejoso como medida cautelar en el proceso penal del que derive el acto reclamado, la prisión preventiva justificada.

58. Segundo requisito. Diferendo en las interpretaciones. En los argumentos realizados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, existió un punto que actualiza un tema de contradicción, ya que sus pronunciamientos derivaron del análisis de un mismo tema y se enfrentaron a la necesidad de resolver una problemática jurídica similar, consistente en determinar si procede o

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32315-330920a7/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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