SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES QUE IMPLIQUEN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. ESTÁ REGULADA EXCLUSIVAMENTE POR LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), POR LO QUE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS EFECTOS ES INAPLICABLE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ABEL AURELIANO NARVÁEZ SOLÍS, FABIOLA MORENO PÉREZ, ALBERTO DÍAZ DÍAZ Y JOSÉ CLEMENTE CERVANTES. PONENTE: JOSÉ CLEMENTE CERVANTES. SECRETARIA: ANA VICTORIA CÁRDENAS MUÑOZ.
TEMA: Aplicación o no de la restricción general contemplada en el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, al conceder la suspensión contra órdenes de aprehensión, reaprehensión o cualquier medida cautelar que implique privación de la libertad, regulada por el diverso numeral 166 del propio ordenamiento.
CONSIDERACIONES:
PRIMERA.—Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como el diverso Acuerdo 52/2015, del citado Pleno, que reformó, adicionó y derogó algunas de sus disposiciones; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Tercer Circuito.
SEGUNDA.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por el licenciado **********, por su propio derecho, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque tiene reconocida la calidad de parte en los asuntos en que se sustentaron.
TERCERA.—Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes son las siguientes:
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 102/2021, sostuvo:
"VII. Análisis del asunto. Los agravios expresados por el quejoso son fundados en la medida que se precisará.
"En la determinación recurrida se concedió la suspensión provisional de los actos que el quejoso reclamó de diversos Jueces del fuero común y del fuero federal en materia penal, que ejercen jurisdicción en los Estados de Jalisco y de Sinaloa, así como de diversas autoridades de la Delegación de la Fiscalía General de la República en la primera entidad federativa y de la Fiscalía del propio Estado, consistentes en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución.
"Las razones por las cuales la Juez de amparo concedió la medida suspensional solicitada son las siguientes:
"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL.
"‘Tomando en consideración que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional por los referidos actos reclamados, aunado a que en el caso no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, y de no otorgarse con la ejecución de los actos se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, de conformidad en (sic) los artículos 125, 128 y 139, todos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, hasta tanto se resuelva la suspensión definitiva.
"‘Medida cautelar que se otorga, según la hipótesis que se actualice, para los efectos que se indican a continuación:
"‘• ORDEN DE APREHENSIÓN.
"‘Para el caso de que el delito por el cual se haya emitido la orden de aprehensión, no implique prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional; con fundamento en los numerales 163 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto de la suspensión es que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad, quedando a disposición de este juzgado, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarla, para la continuación del procedimiento; debiendo cumplir el quejoso con todas las medidas de aseguramiento que enseguida se indican:
"‘Si el delito que se atribuye a la parte quejosa es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional; con fundamento en los numerales 163 y 166, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el único efecto de la suspensión es que una vez que sea aprehendido, el solicitante del amparo quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que sea recluido, quedando a disposición de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento. En el entendido de que en este supuesto no es necesario cumplir con las medidas de aseguramiento.(1)
"‘MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO O EFECTIVIDAD.
"‘Con fundamento en los artículos 136, 162, 166 y 168, todos de la Ley de Amparo, la presente medida cautelar surtirá efectos desde el momento en que se dicta la presente resolución,(2) pero dejará de hacerlo si se actualiza alguna de las hipótesis siguientes:
"‘1. Si la parte quejosa dentro del plazo de cinco días, no exhibe ante este juzgado federal garantía por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualesquiera de las formas previstas en la ley, precisando el número del presente incidente y a disposición de este órgano de control constitucional.
"‘De preferencia en billete de depósito, el cual únicamente podrá ser emitido por Bansefi y/o Bides, con fundamento en el Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en el Contrato de Prestación de Servicios Financieros de Depositaría, Expedición de Billetes de Depósito, Administración e Inversión, celebrado por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi y/o Bides) y el Consejo de la Judicatura Federal, de treinta de abril de dos mil siete,
"‘Para el caso que la parte quejosa opte por póliza de fianza, deberá ser a favor de la Tesorería de la Federación, pero a disposición de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 76 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; asimismo, tendrá que expresarse que su vigencia es por tiempo indeterminado, en términos de lo que establece el párrafo segundo del artículo 174 de dicha ley; de igual manera tendrá que asentarse que la afianzadora se sujeta, para el caso de que se haga efectiva, al trámite que prevé el numeral 282 invocado y su reglamento.
"‘Dicho monto se fija en manera discrecional por no contar con los elementos para determinarlo; así como tomando en consideración la situación personal que la parte quejosa expresa en su demanda, mismo que podrá ser modificado una vez que se conozcan los antecedentes y particularidades del caso.(3)
"‘2. Asimismo, una vez que, con base en el contenido del informe respectivo, se tenga certeza si la autoridad judicial señalada como responsable emitió el acto, si el quejoso no comparece física y personalmente ante ésta, dentro del plazo de tres días, con el objeto de ponerse a su disposición, y cuantas veces sea requerido.
"‘Para lo anterior, el quejoso deberá justificarlo antes de que fenezca el término concedido para ello ante este órgano de control constitucional, exhibiendo la constancia correspondiente, en la que deberá constar el sello, firma y fecha de su presentación.
"‘3. Se prohíbe a la parte quejosa salir del territorio nacional, sin la autorización de este juzgado; además, deberá señalar su número telefónico local y/o móvil en que pueda ser localizado, su domicilio personal y comunicar cualquier cambio que realice.
"‘4. Además, la parte quejosa deberá abstenerse de realizar conductas violentas, de intimidación o molestia a la víctima directa e indirectas, así como a las personas relacionadas con ellos; y, en general, se abstenga de hostigar, amenazar, dañar o poner en peligro su libertad, integridad física, psíquica o moral, seguridad personal, dignidad y familia.
"‘Lo anterior obedece a que este órgano de control constitucional debe dictar las medidas que estime pertinentes para asegurarse que el promovente del amparo sea devuelto a la autoridad señalada como responsable, en caso de que no se conceda el amparo solicitado; además, la medida suspensional debe concederse en forma tal, que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, por ser de orden público.
"‘Por tanto, si al vencimiento del plazo antes señalado, no se han satisfecho los requisitos antes indicados o no se ha hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional su acatamiento, se notificará a las autoridades responsables que podrán ejecutar el acto reclamado.
"‘Apoya a lo expuesto, la tesis aislada I.7o.P.42 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la «(10a.)», con registro: 2013057, del rubro: «SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO INCUMPLE CON LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO IMPUESTAS, DISTINTAS A LA GARANTÍA PECUNIARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL JUEZ DE DISTRITO, ATENTO AL ARTÍCULO 166, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, DEBE REVOCAR AQUÉLLA, SIN QUE SEA FACTIBLE QUE, CON POSTERIORIDAD, SE RECUPEREN SUS EFECTOS.»
"‘Hágase saber a la autoridad judicial de la causa que en caso de que el aquí quejoso comparezca ante su potestad con motivo de la suspensión concedida, deberá hacerlo del conocimiento de este órgano de control constitucional, en el entendido de que dicha juzgadora goza de la más amplia facultad para dictar las medidas que estime pertinentes en el procedimiento penal a efecto de que éste cumpla con las correspondientes obligaciones procesales; además de las que en su caso se susciten por el cambio de situación jurídica que pudiera acontecer con motivo de su comparecencia, pues no hay que perder de vista que una vez que se pone al quejoso a su disposición, debe continuar el procedimiento penal con plena jurisdicción, lo que involucra cuestiones inherentes a todos los derechos y beneficios contenidos en la fracción I del artículo 20 constitucional. En ese sentido, la presente suspensión no impide al Juez responsable para que, de estimarlo necesario, se pronuncie en torno a la necesidad de prisión preventiva justificada.
"‘LÍMITES DE LA SUSPENSIÓN.
"‘Esta medida cautelar no surtirá efectos en los casos siguientes:
"‘a) Cuando se sorprenda a la parte quejosa en la comisión de flagrante delito;
"‘b) Si el acto reclamado proviene de autoridad distinta a las señaladas como responsables;
"‘c) Si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa en cumplimiento de un acto diverso a los aquí reclamados;
"‘d) Si el acto reclamado ya fue materia de un diverso juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso; y
"‘e) En caso de tratarse de cualquier otra medida de protección, de aseguramiento o cautelar, la presente suspensión no surtirá efecto alguno pues, en términos del tercer párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, dichos actos no son susceptibles de ser suspendidos.’(4)
"Ahora bien, en su escrito de agravios el recurrente manifiesta que interpone el recurso de queja ‘únicamente en contra de las limitantes a los efectos de la suspensión provisional concedida’,(5) lo que implica su conformidad expresa con los términos restantes en que fue otorgada la medida suspensional de que se trata, esto es, con sus efectos y las medidas de aseguramiento o efectividad impuestas por la Juez del amparo, por lo que sólo será materia del presente medio de impugnación la última parte de la resolución recurrida, en que se fijaron los límites de la suspensión otorgada.
"Al analizar con detenimiento los motivos de inconformidad, se hace patente que todos tienden a combatir el inciso e) de ese apartado, que textualmente dice:
"‘LÍMITES DE LA SUSPENSIÓN.
"‘Esta medida cautelar no surtirá efectos en los casos siguientes:
"‘...
"‘e) En caso de tratarse de cualquier otra medida de protección, de aseguramiento o cautelar, la presente suspensión no surtirá efecto alguno pues, en términos del tercer párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, dichos actos no son susceptibles de ser suspendidos.’
"El quejoso disidente expone diversas razones por las que en su concepto le agravia esa decisión, partiendo de la siguiente premisa: ‘LA RESOLUCIÓN COMBATIDA ES COMPLETAMENTE ILEGAL EN RAZÓN DE QUE EL A QUO LIMITA LOS EFECTOS O CONDICIONA LA EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA EN CONTRA DE ACTOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD, A QUE LOS MISMOS NO PROVENGAN DE MEDIDAS CAUTELARES, DE PROTECCIÓN, PREVENTIVAS O DE ASEGURAMIENTO ...’(6) –el subrayado del texto y todos los que aparecen a continuación son de este Tribunal Colegiado–.
"Como puede advertirse, el inconforme sostiene que la restricción impuesta por la Juez constitucional indebidamente condiciona la eficacia de los efectos de la suspensión de la orden de aprehensión combatida, a que dicho mandamiento no provenga de medidas cautelares, de protección, preventivas o de aseguramiento; y, en principio, parecería que no tiene razón, porque la limitante concretamente se refiere a que la medida suspensional no surte efectos si se trata ‘de cualquier otra medida de protección, de aseguramiento o cautelar’, es decir, sólo si es un acto distinto a una orden de aprehensión.
"No obstante, al leer todo el texto de la demanda de amparo, que debe interpretarse en su integridad,(7) se aprecia que si bien en el capítulo IV, relativo a la fijación de los actos reclamados, el quejoso únicamente precisó como tales ‘la orden de aprehensión en mi contra’ y ‘el posible cumplimiento que se pretende dar a la orden de aprehensión’,(8) en el diverso apartado V, correspondiente a los antecedentes, agregó otro acto al exponer:
"‘V. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado y que sirven de fundamento a los conceptos de violación.
"‘Único. El pasado lunes 3 de mayo del presente 2021, aproximadamente a las 5:00 horas, dos personas que se trasladaban en una camioneta Hilux, pick up, blanca, doble cabina, con vidrios polarizados, y que al parecer eran de la fiscalía, fueron a las viviendas ********** y ********** de la calle Mar Rojo **********, colonia Country Club, en Guadalajara, Jalisco, las cuales son propiedad de la familia **********, preguntando y pidiendo informes respecto al suscrito y algunos familiares míos, sobre a qué hora me encuentro en ese lugar, mis horarios de llegada o salida, y que si vivía en ese domicilio, qué lugares frecuentaba, etc. Es por ello que tengo el temor fundado de que dichas personas efectivamente sean de la fiscalía, y me quieran detener, al pretender ejecutar alguna orden de aprehensión, o cualquier otra orden que implique una privación ilegal de la libertad personal del suscrito.’(9)
"Así pues, lo objetivamente cierto es que además de una orden de aprehensión decretada por las autoridades jurisdiccionales señaladas como responsables ordenadoras, debe entenderse que el promovente del amparo también reclama cualquier otra orden que implique privación de su libertad personal y, por tanto, para conceder la suspensión provisional que solicita es necesario atender los lineamientos establecidos en el artículo 166 de la ley de la materia, que dispone:
"‘Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente:
"‘I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación;
"‘II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal.
"‘Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al Juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el Juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo.
"‘Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable.
"‘En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128. ...’
"Este precepto indica las condiciones bajo las cuales produce efectos la suspensión de una orden de aprehensión o reaprehensión o de una medida cautelar que implique privación de la libertad y sólo excluye de los mismos las órdenes o medidas de protección –no las medidas cautelares– impuestas en cualquier etapa de un procedimiento penal, ya que en relación con estos últimos actos prescribe que debe estarse a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo:
"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"‘I. Que la solicite el quejoso; y
"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"‘La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
"‘Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. ...’
"En otras palabras, tratándose de órdenes de aprehensión, reaprehensión o cualquier medida cautelar que implique privación de la libertad, procede conceder la suspensión en los términos previstos por el citado numeral 166 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que regula de manera particular esa institución jurídica en materia penal, sin aplicar la restricción general contemplada por el penúltimo párrafo del diverso numeral 128 del propio ordenamiento, en cuanto a las demás medidas cautelares que provienen de autoridad judicial.
"Esto es así, porque la sección tercera del capítulo I del título II de la Ley de Amparo, titulada: ‘Suspensión del acto reclamado’, cuenta con una primera parte, que contiene las ‘Reglas generales’ y una segunda parte, denominada: ‘En materia penal’, que comprende los artículos 159 al 169, en los que se establecen los alcances y efectos que deben imprimirse, especialmente a la medida suspensional de ciertos actos que son los más comunes y, sobre todo, que inciden directa o indirectamente en uno de los derechos humanos más importantes, el derecho a la libertad, dependiendo de su naturaleza y a la etapa procesal en la que se originan; de modo que los actos distintos a los expresamente regulados en esa segunda parte, son a los que remite el último párrafo del artículo 166 de dicho ordenamiento, para que se apliquen las disposiciones generales sobre la suspensión, como el último párrafo del diverso numeral 128 de la misma legislación, para proveer lo que proceda sobre la suspensión de órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. "En este sentido se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 50/2017, invocada por el disidente, que a continuación se reproduce:
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO («EN MATERIA PENAL»), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera del capítulo I del título II de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte («reglas generales») de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social.’(10)
"También apoya el criterio adoptado por este órgano de control constitucional, la tesis aislada emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, también citada en los agravios, en la que se explica:
"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 163 Y 166 DE LA LEY DE LA MATERIA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA RATIFICACIÓN Y/O NO MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, Y NO NEGARLA CON FUNDAMENTO EN EL DIVERSO 128, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA PROPIA LEY, AL SER INAPLICABLE.
"‘Hechos: El quejoso interpuso amparo contra la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva en la que se encontraba, acto contra el cual el Juez de Distrito negó la suspensión provisional, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual, en su fracción II, párrafo tercero, establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial; de ahí que no procede concederla tomando en cuenta que dicho numeral establece categóricamente que no será objeto de suspensión alguna medida cautelar concedida por autoridad judicial. Inconforme con la decisión, el quejoso interpuso el recurso de queja.
"‘Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión provisional, en términos de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado consiste en la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, al tratarse de un acto privativo de la libertad y no negarla con fundamento en el diverso 128, fracción II, párrafo tercero, de la propia ley, al ser inaplicable.
"‘Justificación: Lo anterior es así, pues la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, al ser un acto relativo a una medida cautelar, implica la privación de la libertad, y la circunstancia de que sea ratificada y/o no modificada esa medida, trae como consecuencia que el quejoso siga privado de su libertad en el centro de reclusión en el que se encuentra, es decir, que continúe su proceso penal en reclusión y no en libertad. Por lo que para realizar el pronunciamiento de suspensión correspondiente, no debe atenderse al artículo 128, fracción II, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues dicho numeral no es el aplicable, ya que al tratarse de un acto privativo de la libertad, los aplicables son el 163 y el 166 del propio ordenamiento legal, que contienen disposición expresa para pronunciarse en relación con la suspensión, cuando el acto reclamado sea la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, mismos que establecen que en su contra sí procede la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso quede a disposición del a quo por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde actualmente se encuentre recluido y a disposición del Juez responsable, respecto a la continuación del procedimiento penal.’(11)
"En este orden, una vez establecido que el quejoso no sólo reclama una orden de aprehensión y su ejecución, sino también cualquier medida cautelar que implique la privación de su libertad –acto este último que no mencionó en el capítulo correspondiente de su demanda, pero aparece en el relativo a los antecedentes– y que dicho acto está contemplado en el artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional que solicita debe extenderse al mismo, y para tal efecto basta con incluirlo en forma expresa, determinando que la concesión de la medida suspensional se refiere tanto a la orden de aprehensión como a cualquier medida cautelar que implique la privación de la libertad del peticionario de derechos humanos.
"Además, a fin de evitar confusiones, la redacción del inciso e) del apartado correspondiente a las limitaciones de la suspensión otorgada, que constituye la materia de impugnación en este recurso, debe quedar como sigue:
"e) En caso de tratarse de cualquier otra medida de protección, de aseguramiento o cautelar que no implique la privación de la libertad personal del quejoso, la presente suspensión no surtirá efecto alguno, pues en términos del tercer párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, dichos actos no son susceptibles de ser suspendidos.
"En suma, debe concederse la suspensión provisional de los actos reclamados por **********, consistentes en la orden de aprehensión y también en la medida cautelar que implique la privación de su libertad personal y su ejecución, que atribuye a las autoridades jurisdiccionales y ministeriales señaladas como responsables en su demanda de amparo, para los mismos efectos y bajo las mismas medidas de aseguramiento y efectividad impuestas por la Juez de Distrito a quo –con los que está conforme el recurrente–, así como con los límites que estableció, con la única salvedad precisada en el párrafo que antecede, esto es, que dicha medida suspensional no surtirá efectos si se trata de cualquier otra medida de protección, de aseguramiento o cautelar que no implique la privación de la libertad personal del quejoso.
"Cabe añadir que, en este caso, no es necesario analizar con mayor amplitud los agravios planteados, ni hacer un pronunciamiento adicional acerca de la aplicación en la especie del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, ni de las «tesis aisladas y de jurisprudencia I.1o.P.167 P (10a.), VII.1o.P.3 P (10a.), I.1o.P.92 P (10a.), 2a./J. 204/2009 y 2a./J. 32/2018 (10a.),» de rubros: ‘TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. PARA DETERMINAR SI PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO (SIC) SU EJECUCIÓN, DEBE EXAMINARSE SI EL CASO PARTICULAR SE UBICA EN LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, A QUE ALUDE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2016 Y, EN SU CASO, MOTIVAR LA CONCLUSIÓN.’, ‘MEDIDA CAUTELAR QUE ORDENA LA SEPARACIÓN INMEDIATA DEL IMPUTADO DEL DOMICILIO FAMILIAR. SI SE AFECTAN LOS DERECHOS HUMANOS DE SUS HIJOS MENORES QUE NO SON VÍCTIMAS, ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (EXCEPCIÓN A LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 128, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO).’, ‘MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EXCEPCIONALMENTE, Y ATENTO A CADA CASO CONCRETO, PUEDEN SER OBJETO DE SUSPEN
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30861-eb8375bb/suspension-en-el-juicio-de-amparo-contra-ordenes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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