SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 397/2016. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 17 DE MAYO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.
III. Consideraciones
6. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte; en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que por su naturaleza (común y penal), corresponde a la especialidad de esta Primera Sala, y no se requiere la intervención del Tribunal Pleno.
7. Apoya lo anterior la tesis del Tribunal Pleno de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una Comisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito."(1)
8. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la Magistrada integrante del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver uno de los criterios en aparente contradicción.
9. Criterios contendientes. En la presente contradicción de tesis convergen dos posturas presuntamente antagónicas.
A. Primera postura
Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito
Recurso de queja penal **********
10. Marco procesal. Una mujer promovió demanda de amparo indirecto en la que señaló como actos reclamados: (a) la decisión de prorrogar las medidas cautelares de arraigo domiciliario y uso forzoso de brazalete localizador que le habían sido impuestas desde hacía dos años, asimismo, (b) la ejecución o cumplimiento de tal decisión. En el escrito respectivo, la quejosa solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados, con el fin de que cesaran los efectos de las medidas cautelares impuestas o para que, en su defecto, se sustituyeran por unas menos gravosas, bajo el argumento toral de que en caso de una eventual concesión del amparo no sería posible restituir en el goce del derecho vulnerado.
11. De la demanda tocó conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, se le asignó número de expediente y se tramitó por cuerda separada el incidente de suspensión de los actos reclamados.
12. En el cuaderno incidental, el Juez Federal negó la suspensión provisional solicitada, respecto de las medidas cautelares, en tanto, que si bien se había excedido el plazo máximo de veinticuatro meses que establecía la legislación de la entidad federativa, para la imposición de éstas, eso se debía a que la imputada estaba ejerciendo su derecho de defensa, como lo justificó la autoridad responsable al rendir informe previo.
13. Por otra parte, una vez que el juzgador federal verificó que no se seguía perjuicio al interés social, ni se contravenían disposiciones de orden público, ponderó la apariencia del buen derecho y concedió la suspensión provisional, únicamente para el efecto de que la quejosa quedara a disposición del órgano judicial de amparo por lo que se refería a su libertad personal y a disposición de la autoridad que debía juzgarla, para la continuación del procedimiento, pero acotó que eso no implicaba levantar las medidas cautelares impuestas.
14. Inconforme con esa decisión, la solicitante del amparo, interpuso recurso de queja, que fue admitido por el presidente del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, registrándose como recurso de queja penal **********.
15. Consideraciones que sustentan el criterio. El Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver la queja, sostuvo que en términos del artículo 107, fracción X, constitucional, al decidir sobre la suspensión de un acto de autoridad, el órgano judicial de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permitiera, debía ponderar la apariencia del buen derecho, en los casos y mediante las condiciones que la ley reglamentaria estableciera.
16. Señaló que en el caso analizado, los actos reclamados eran de naturaleza penal, pues se trataba de una determinación en la que se ordenó prorrogar las medidas cautelares de arraigo domiciliario y de uso forzoso de brazalete localizador electrónico, impuestas a la quejosa durante el proceso penal; en esa medida, para resolver sobre la providencia precautoria solicitada, el Juez de Distrito debía sujetarse a las reglas especiales para la suspensión en materia penal, previstas en la Ley de Amparo.
17. Así, consideró que el artículo 138 de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de hacer una ponderación de la apariencia del buen derecho, al estar incluido en las disposiciones en general en materia de suspensión del acto reclamado, no era aplicable a la suspensión en materia penal, pues para actos de esa naturaleza existían reglas específicas.
18. Además señaló que no era jurídicamente posible otorgar la suspensión de los actos reclamados, aplicando el principio de la apariencia del buen derecho, porque el artículo 163 de la Ley de Amparo establecía ex profeso los lineamientos que debían seguirse cuando se reclamara un acto que emanara de un procedimiento penal que afectara la libertad personal, por lo que no había razón para que el citado principio (apariencia del buen derecho) desplazara la solución normativa.
19. Estimó también que el principio relativo a la apariencia del buen derecho, con independencia de que no era aplicable a la materia penal (en general), no podía ser invocado para negar la suspensión provisional, como lo hizo el juzgador federal, pues así lo ha considerado la Segunda Sala de este Alto Tribunal, según el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2014, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA."(2)
20. Resolvió que no era posible conceder la medida cautelar en los términos propuestos por la parte quejosa (revocar las medidas cautelares de arraigo domiciliario y brazalete localizador o imponer unas menos gravosas), porque se estaría resolviendo sobre la suspensión provisional, con base en un principio que expresamente no estaba destinado para la materia penal y, que en todo caso, eso implicaría darle efectos restitutorios que sólo eran propios de la sentencia protectora que se llegara a dictar en el juicio de amparo principal, porque precisamente, el asomo preliminar al fondo del asunto, que descansaba en la figura de la apariencia del buen derecho, no era legalmente permisible en la materia penal.
21. Entonces, calificó como inoperantes los agravios expresados por la parte quejosa, pues resultaba insostenible su pretensión en el sentido de que se ponderara dicha figura jurídica en un amparo de naturaleza penal y además, porque los efectos restitutorios que en realidad perseguía eran propios de la sentencia de amparo que concediera la protección constitucional solicitada.
22. Finalmente, sólo concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, para los mismos efectos establecidos por el Juez Federal.
23. De dicho criterio derivó la tesis XVII.14 P (10a.), de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. NO PUEDE ANALIZARSE PONDERANDO EL ‘PRINCIPIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO’ (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. En ese sentido, si se parte de la premisa de que los actos que reclame el quejoso sólo podrán ser objeto de suspensión en aquellos supuestos, es decir, cuando así lo determine la Ley de Amparo, es inconcuso que tratándose del juicio de amparo indirecto en materia penal, dicha medida suspensional no puede analizarse ponderando el principio de la apariencia del buen derecho. Lo anterior, toda vez que aquélla, si bien es cierto que se rige conforme al capítulo I del título segundo, sección tercera, intitulada ‘Suspensión del acto reclamado’, primera parte, denominada ‘Reglas generales’, de la propia ley (vigente a partir del 3 de abril de 2013), también lo es que en específico, se ciñe por la segunda parte de esa sección, denominada ‘En materia penal’, de manera que tratándose de actos de esta naturaleza, no le es aplicable el artículo 138 de ese ordenamiento, ya que éste se incluye en la primera parte de esa sección y está dirigido a las reglas generales en materia de suspensión del acto reclamado, en tanto que existe una regla específica que regula la medida cautelar para esa clase de actos (penales); por lo que no hay razón para que el citado principio desplace a la solución normativa. Estimar lo contrario, además de resolver la suspensión con base en un principio que expresamente no está destinado a esa materia, implicaría darle efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia protectora que llegue a otorgarse, porque el asomo preliminar al fondo del asunto descansa en dicha figura, por lo que debe subsistir el principio general de derecho de que la regla específica impera sobre la general, porque el legislador ahora la contempla en una sección especial."(3) (énfasis añadido)
B. Segunda postura
Tribunal Colegiado del Décimo Circuito
Incidente en revisión penal **********
24. Marco procesal. Una sociedad mercantil, a través de su representante legal, promovió juicio de amparo indirecto contra una orden que tenía como propósito privarla de la posesión de un inmueble, que en apariencia era de su propiedad, así como contra los actos de ejecución tendentes a cumplimentar tal orden. Dicha orden se atribuyó a distintas autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, y fue emitida en el contexto de una investigación ministerial.
25. De la demanda tocó conocer al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, la radicó con el número de expediente **********, ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, solicitó informes previos a las autoridades responsables, señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental y resolvió sobre la suspensión provisional de los actos reclamados.
26. Después de varios trámites, el Juez de Distrito celebró audiencia incidental en la que determinó negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa.
27. Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por la presidencia del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, registrándose como incidente en revisión penal **********.
28. Consideraciones que sustentan el criterio. El Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el incidente en revisión, consideró que no todos los actos de naturaleza penal, derivados de una averiguación previa o una causa penal, seguida ante autoridad judicial, eran susceptibles de suspenderse, en términos de la segunda parte de la sección tercera de la Ley de Amparo, relativa a la suspensión en materia penal, sino que dichas disposiciones eran aplicables, únicamente, a los actos privativos de la libertad, de destierro, desaparición forzada de personas, extradición, obligación de abandonar o residir en determinado lugar, sin contemplar nada acerca de actos tendentes a lanzar, despojar, o desalojar a un gobernado de sus papeles, bienes o posesiones.
29. En ese sentido, dicho Tribunal Federal estimó que ante la ausencia de disposición legal específica, para aquellos casos en materia penal que no estuvieran, expresamente, comprendidos en las reglas de la parte especial, debía regir la hipótesis genérica, establecida en la primera parte de la tercera sección de la Ley de Amparo, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante de la medida cautelar.
30. Por esa razón, ese Tribunal manifestó que no compartía el criterio contenido en la tesis XVII.14 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. NO PUEDE ANALIZARSE PONDERANDO EL 'PRINCIPIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO' (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."(4) y, por tanto, denunció la posible contradicción entre las posturas interpretativas adoptadas.
31. Siguiendo con el estudio, el Tribunal Colegiado estableció la naturaleza, funcionalidad y alcances del principio de la apariencia del buen derecho, asimismo, señaló que en aquellos casos en los que procediera la suspensión, conforme a las nuevas disposiciones en la materia, el órgano de amparo debía fijar la situación en la que habrían de quedar las cosas, tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo y si era jurídica y materialmente posible, restablecer temporalmente al solicitante del amparo, en el goce del derecho violado, en lo que se resolvía el fondo del asunto.
32. Así, en vista de los actos que se reclamaban -desalojo o desposesión de un bien inmueble- y las pruebas aportadas por la solicitante de la medida cautelar, el Tribunal Colegiado, estimó que estaba satisfecha la apariencia del buen derecho, pues la quejosa no encontraría algún otro remedio legal para mitigar los agravios sufridos con la ejecución de tales actos; además, señaló que se corría el peligro de que se terminaran de materializar los actos emanados de la orden respectiva, generando la posibilidad de que el amparo principal, quedara sin materia o fuera muy difícil restituir en el goce del derecho de propiedad afectado; y si bien las autoridades informaron que dentro de una averiguación previa se ordenó la restitución del bien al tercero interesado, no expresaron mayores datos que permitieran establecer la legalidad de esa restitución, por lo que resolvió conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados por la parte quejosa.
IV. Existencia de la contradicción
33. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición, respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
34. Ese criterio se recogió en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(5)
35. La existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto.
36. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la procedencia de una contradicción de criterios:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
37. En el caso, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que se cumplen los requisitos de existencia de la contradicción de tesis por las razones siguientes.
38. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los Tribunales Colegiados contendientes, realizaron un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, esencialmente, vinculada con la cuestión de si para efectos de la suspensión en amparo indirecto, los actos en materia penal se rigen, exclusivamente, por las normas especiales previstas en la segunda parte de la sección tercera del capítulo I del título II de la Ley de Amparo, relativas a la suspensión del acto reclamado en materia penal; o también, cuando sea el caso, pueden aplicar las normas generales de la primera parte de esa sección, cuando el acto reclamado en cuestión, si bien pueda ser considerado perteneciente a la materia penal, no esté regulado expresamente por las reglas especiales.
39. Segundo requisito. Punto de contradicción. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes sí existió un punto de contradicción con respecto a la solución de un mismo problema jurídico.
40. Los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver sobre la suspensión (el primero respecto de la provisional y el segundo sobre la definitiva), se enfrentaron a la necesidad de resolver una problemática jurídica similar, consistente en determinar si para efectos de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, los actos en materia penal se rigen, exclusivamente, por las normas especiales previstas en la segunda parte de la sección tercera del capítulo I del título II de la Ley de Amparo, relativas a la suspensión del acto reclamado en materia penal; o también, cuando sea el caso, pueden aplicar las normas generales de la primera parte de esa sección, cuando el acto reclamado en cuestión, si bien pueda ser considerado perteneciente a la materia penal, no esté regulado expresamente por las reglas especiales.
41. El Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito consideró, de forma genérica, que la apariencia del buen derecho era una figura jurídica inaplicable en tratándose de actos de naturaleza penal, pues ésta se encontraba prevista en las disposiciones generales sobre suspensión del acto reclamado y no en el apartado específico que rige, exclusivamente, para la suspensión en materia penal. Incluso, así se observa de la redacción de la tesis aislada que derivó de la postura interpretativa de ese Tribunal Colegiado.
42. Por su parte, el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, señaló que era necesario aclarar que había actos en materia penal que no estaban regulados específicamente por las disposiciones relativas a la suspensión en materia penal, previstas en la segunda parte de la sección tercera del capítulo I del título II de la Ley de Amparo, pues ese apartado especial se refería únicamente a los actos privativos de la libertad, de destierro, desaparición forzada de personas, extradición, obligación de abandonar o residir en determinado lugar.
43. Luego, cualquier acto de naturaleza penal distinto de los expresamente establecidos en el apartado correspondiente a la suspensión en materia penal, era susceptible de suspenderse en términos de lo establecido en el apartado general sobre suspensión del acto reclamado, contenido en la Ley de Amparo y, por tanto, respecto de esos actos sí era posible ponderar la apariencia del buen derecho, al resolver sobre su suspensión.
44. Como se ve, mientras el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito estimó que no era posible ponderar la apariencia del buen derecho, tratándose de la suspensión en materia penal, el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito consideró que las reglas de la suspensión en materia penal, eran aplicables exclusivamente a los actos previstos en el apartado correspondiente, por lo que los demás actos en materia penal que no estuvieran contenidos en ese apartado, debían sujetarse a las reglas de la suspensión en general y, por tanto, sí les resultaba aplicable la apariencia del buen derecho en estos supuestos; lo que evidencia que esos pronunciamientos sobre el mismo punto de derecho, son contradictorios.
45. No obsta el que un Tribunal Colegiado se pronunció al respecto en la suspensión provisional de los actos reclamados, mientras que el otro lo hizo al revisar la suspensión definitiva, pero esta diferencia no es relevante, ya que el punto de derecho sobre el que discreparon es el mismo.
46. Ahora, la circunstancia de que un Tribunal Colegiado se pronunció sobre la suspensión de actos reclamados relacionados con la libertad personal (prórroga de medias cautelares de arraigo domiciliario y brazalete localizador) y el otro tribunal se pronunció respecto de la suspensión de actos reclamados de distinta naturaleza, no es impedimento para que se configure la contradicción de criterios, dado que las consideraciones del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, reflejadas en el criterio aislado que emitió, en las que, básicamente, sostiene la imposibilidad de ponderar la apariencia del buen derecho en la suspensión de actos de naturaleza penal, al ser genéricas, provocan, precisamente, una contradicción con la postura del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.
47. Por último, no es obstáculo que las consideraciones de las respectivas ejecutorias de los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia, pues ello no es necesario, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 129/2004, sustentada por esta Primera Sala, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA.-Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27389-e9aafe68/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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