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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 302/2021. · Registro digital (IUS): 31429
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-05-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, Pág.1559.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 302/2021. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO POR CONSIDERACIONES ADICIONALES, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. En escrito que se recibió en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, **********, ********** y **********, parte recurrente en el recurso de queja 78/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por conducto de su defensor particular, denunciaron la posible contradicción entre el criterio que sustentó dicho órgano jurisdiccional al resolver el citado medio de impugnación, y el asumido por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2019.

2. El presidente de este Alto Tribunal, en auto de ocho de noviembre siguiente, ordenó formar el expediente relativo a la posible contradicción de criterios, con el número 302/2021, la admitió a trámite, requirió a los órganos colegiados contendientes para que, vía MINTERSCJN, remitieran la versión digitalizada del original, o en su caso, de la copia certificada de las correspondientes ejecutorias, así como la versión digitalizada del proveído en el que informaran si se encontraban vigentes sus criterios, o bien, señalaran las causas que tuvieron para superarlos o abandonarlos; remitió los autos a la Primera Sala, según el turno virtual de la Secretaría General de Acuerdos, y turnó el asunto para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

3. SEGUNDO.—La presidenta de la Primera Sala, en auto de veinticinco de noviembre posterior, ordenó avocarse al conocimiento del asunto, y lo envió a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO.—Competencia.(1) Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aplicando en sus términos el criterio que sustentó el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(2) así como los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos primero, segundo, fracción VII, tercero y sexto, del Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; ello, en atención a que el conflicto denunciado se suscitó entre criterios de un Tribunal Colegiado y un Pleno que pertenecen a diversos Circuitos Judiciales, respecto de un tema que no requiere la intervención del Tribunal en Pleno.

5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, con relación al 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo;(3) toda vez que fue hecha valer por **********, ********** y **********, por conducto de su defensor particular, en su carácter de parte recurrente en el recurso de queja 78/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

6. TERCERO.—Criterios en conflicto. Para determinar si existe o no la contradicción de criterios que se denunció, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los órganos colegiados, basaron sus respectivas resoluciones.

7. I. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 78/2021.

1) El nueve de junio de dos mil veintiuno, el Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, actuando como Juez de Control en la causa penal **********, celebró audiencia inicial, que continuó el quince de junio siguiente, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de **********, ********** y **********, por el hecho delictuoso que afecta a la procuración, administración de justicia y otros ramos del poder público, previsto y sancionado en los artículos 13, 23, 421, fracción XXXV, 424 y 439 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla.

2) En contra de esa determinación, los imputados, por conducto de su defensor particular, en escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el dieciocho de junio posterior, promovieron demanda de amparo indirecto, en la que solicitaron la suspensión provisional, y en su momento la definitiva, respecto del auto de vinculación a proceso.

3) Conoció del asunto el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, donde se registró con el número **********, y en auto de veintiuno de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo y se ordenó formar el incidente de suspensión.

4) En acuerdo de la misma fecha, dictado en el cuaderno incidental, se negó a los quejosos la suspensión provisional que solicitaron; ello, al tenor de los siguientes argumentos:

• La vinculación a proceso reclamada, implicaba un acto declarativo consumado.

• El auto de vinculación a proceso, en términos del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, correspondía a una resolución que emitía de manera verbal el Juez responsable, en el desarrollo de una audiencia.

• Lo que actualizaba un acto consumado, porque esa resolución se emitió con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, y no quedó sujeta a condición alguna para comenzar su vigencia.

• Por tanto, de otorgar la suspensión, se generarían efectos restitutorios que son propios de la eventual sentencia que en su caso conceda el amparo a los quejosos.

• Además, la vinculación a proceso no generaba en automático la privación de la libertad del imputado, sino que ello obedecía, en su caso, a la medida cautelar que se impusiera durante el proceso, y ésta no se señaló como acto reclamado.

• En realidad, la vinculación a proceso sólo implicaba continuar una investigación en la fase judicial, con la intervención material del Juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental.

5) Inconformes con esa determinación, los quejosos, por conducto de su defensor particular, interpusieron recurso de queja, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, donde se registró con el número 78/2021; y en sesión de veintinueve de junio posterior, por unanimidad de votos, se declaró infundado, al tenor de los siguientes argumentos:

• En el auto recurrido, se negó a los quejosos la suspensión provisional en contra del auto de vinculación a proceso que reclamaron, por considerar que se trataba de un acto declarativo y consumado, que se emitió de manera previa a la presentación de la demanda de amparo.

• Correctamente se afirmó que la resolución de vinculación a proceso, no generaba en automático la privación de la libertad del imputado, pues ello obedecía, en su caso, a la medida cautelar que se impusiera durante el proceso.

• El auto de vinculación a proceso establecía el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuaría el proceso, o se determinaran las formas anticipadas de su terminación, la apertura a juicio o el sobreseimiento, de acuerdo a lo que establecía el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, preveía que cuando en amparo indirecto se reclamaran violaciones a los artículos 19 o 20 constitucionales, la autoridad judicial que conociera del proceso penal suspendería el procedimiento en lo relativo a la parte quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que fuera notificada de la resolución que recayera en el amparo pendiente.

• Conforme lo preveía el artículo 19 constitucional, las personas sujetas a un auto de vinculación a proceso, por regla general seguían el proceso penal en libertad, a menos que el hecho o hechos delictivos que se hubieran fijado en esa resolución, fueran de los contemplados específicamente en dicho precepto, pues en ese caso, procedía que el Juez ordenara la prisión preventiva oficiosamente; medida que también podía imponerse a petición del Ministerio Público, cuando otras medidas cautelares no fueran suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, y cuando el imputado estuviera siendo procesado o hubiera sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

• Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 155, preveía los tipos de medidas cautelares que podían ser impuestas al imputado, a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido.

• Medidas que debían ser impuestas en resolución judicial, conforme lo establecía el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Lo que ponía de manifiesto que el auto de vinculación a proceso y la resolución que imponía alguna de las medidas cautelares, se emitían en resoluciones diversas, aunque se hubieran dictado en la misma audiencia inicial o su continuación; por lo que la restricción de la libertad que pudiera sufrir el quejoso, no estaba sujeta al auto de vinculación a proceso, sino a la medida cautelar –prisión preventiva oficiosa o justificada–, que en su caso se le hubiera impuesto.

• En la Ley de Amparo, el capítulo relativo a la suspensión en materia penal, no incluía el auto de vinculación a proceso, porque en sí mismo no restringía la libertad personal del procesado; además, no era procedente paralizar el procedimiento penal, por ser de orden público e interés social, y los efectos de dicho auto sólo eran el establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuaría el proceso o se determinaran las formas anticipadas de su terminación, la apertura a juicio o el sobreseimiento; salvo la suspensión al procedimiento a que se refiere la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para el caso en que el procedimiento penal concluya la etapa intermedia, y aun no se hubiera resuelto el juicio de amparo; por tanto, no procedía decretar la suspensión para que el quejoso quedara a disposición del Juez de amparo respecto de su libertad personal, y a disposición del Juez del proceso para su continuación, como equivocadamente lo estimaron los inconformes.

• No se soslayó el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", que los recurrentes invocaron en sus agravios, y que define la procedencia del juicio de amparo en contra de un auto de la naturaleza indicada, reconociendo que afectaba la libertad del inculpado; sin embargo, se destacó que ello ocurría de manera indirecta y temporal, como se deducía de los razonamientos que se expresaron en la ejecutoria que le dio origen a ese criterio jurisprudencial, en los que se señaló:

"... esta Primera Sala, en una nueva reflexión, definió los alcances de la libertad deambulatoria, cuando ésta es afectada por una orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa; y en ese aspecto consideró que si bien no tiene como propósito lograr la detención de aquél, no menos cierto es que dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al momento que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que –de no existir alguna causa legal que lo impida– puede retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas, y por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria del sujeto involucrado. ...

"... la circunstancia anterior, pone en evidencia la semejanza que mantiene la orden de búsqueda, localización y presentación, en sus efectos restrictivos de la libertad, con los derivados de la orden de comparecencia ante la autoridad jurisdiccional, emitida con el objeto de recibir la declaración preparatoria del imputado; habida cuenta que a pesar de no tener la misma intensidad que una orden de detención cuyo resultado es permanente, de ejecutarse afectaría material y temporalmente la libertad de la persona, dada la exigencia de su presentación física ante la autoridad investigadora; y en tal virtud, dicha orden es de aquellas que afectan la libertad personal, pues se encuentra, temporalmente, restringido del derecho humano a la libertad deambulatoria.

"Por todo lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que el auto de vinculación a proceso dictado dentro del nuevo sistema penal acusatorio y oral, debe considerarse como un acto que afecta la libertad personal; en atención a los efectos de sujeción que éste produce, de manera formal y de perturbación indirecta a la libertad del imputado y, por tanto, debe estimarse como un acto susceptible de reclamarse en el amparo ..."

• Así, contrario a lo que se afirmó en agravios, no procedía la medida cautelar solicitada, porque el auto de vinculación a proceso, per se, no afectaba directamente la libertad personal del quejoso, sino sólo temporalmente, por lo que no se estaba en el supuesto previsto por el artículo 163 de la Ley de Amparo, pues constituía una condición para someterlo formal y materialmente a proceso.

• Por tanto, se declaró infundado el recurso de queja.

8. II. Criterio del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2019.

1) El Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, denunció la posible contradicción entre los criterios que sustentaron el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver, respectivamente, los amparos en revisión ********** y **********, en los que se impugnó la resolución incidental que negó al quejoso la suspensión del auto de vinculación a proceso dictado en su contra.

2) Denuncia que se radicó en el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, como contradicción de tesis 2/2019; y en sesión de tres de noviembre de dos mil veinte, se dictó resolución en la que determinó:

• Existe la contradicción de tesis que se denunció.

Ello, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** (revisión incidental), sostuvo que el auto de vinculación a proceso no encuadraba en alguno de los supuestos previstos en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión, porque no traía implícita la aplicación de alguna medida cautelar para la afectación de la libertad dentro del procedimiento del orden penal, pues esa circunstancia encontraba sustento en la resolución que imponía la medida cautelar; y, por ello, no debía concederse la suspensión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** (revisión incidental), sostuvo que el auto de vinculación a proceso, por los efectos de sujeción que producía, afectaba de manera formal e indirecta la libertad del imputado y, por ello, se debía conceder la suspensión, en términos del artículo 163 de la Ley de Amparo.

• Así, se fijó como materia de estudio: Determinar si el auto de vinculación a proceso, como acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, es susceptible de suspensión.

• Sin que se determinara sobre las razones que esgrimió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el sentido de que el auto de vinculación a proceso no afectaba la libertad; pues el tema ya había sido analizado y resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

• Al fijar el criterio que debía prevalecer, se expuso:

El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que dentro de la segunda fase de investigación o complementaria, se verificaba la audiencia inicial que, entre otros aspectos comprendía: a) la de formulación de la imputación; b) la solicitud ministerial de vinculación a proceso; y, c) la decisión que resuelve la situación jurídica del imputado.

El auto de vinculación a proceso se sitúa en la llamada audiencia inicial, y consiste en la determinación a través de la cual, el juzgador establece si hay méritos para iniciar un procedimiento penal en contra del imputado; y en su caso, se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá la investigación correspondiente, a la que se le fija un periodo determinado.

Lo que tiene sustento en el párrafo primero del artículo 19 constitucional, que establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

Se precisó que en el nuevo sistema procesal penal acusatorio adversarial, el auto de vinculación es, en estricto sentido, la decisión judicial que declara la continuación de la etapa de investigación en su parte formalizada; es decir, el Juez autoriza a continuar con el procedimiento.

Decisión que implica la autorización de continuar con la investigación para su conclusión; pero dentro del procedimiento penal, es decir, se trata de la misma investigación, pero ahora "judicializada", vigilada por un Juez de Control, sin que ello involucre más que una labor de supervisión, únicamente en lo que se refiere a la restricción de derechos fundamentales.

En efecto, el hecho de que la investigación se judicialice, tiene principalmente dos efectos: a) Que el imputado tenga pleno acceso a la información de la investigación (salvo los supuestos de reserva de la investigación), lo que implica el fortalecimiento en la práctica del derecho de defensa; y, b) Que la investigación no podrá continuar indefinidamente; es decir, que el fiscal tendrá un límite temporal, en función del cual se definirá el momento en el que se deberá ejercer la acción penal, o en su defecto, su extinción. Con la emisión del auto de vinculación a proceso se precisa y convalida, por una parte, la continuidad de la siguiente etapa de investigación formalizada; y, por otra, se genera la determinación o fijación obligada del plazo para el cierre de la investigación formal, lo que significa el establecimiento o precisión de un lapso durante el cual, el inculpado queda constreñido a los efectos y fines de esa investigación, con todas las consecuencias que pueda acarrear.

En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, estableció que el hecho de que a una persona se le vincule a proceso penal, implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente; pues su prosecución requiere de su ineludible presencia, como presupuesto de su continuidad; por lo que la obliga a comparecer en los plazos o las fechas precisadas por el Juez que conozca del asunto, cuantas veces resulte necesario, con miras a garantizar el seguimiento del procedimiento penal; ello, con independencia de las posibles medidas cautelares que pudieran imponérsele, en razón a que éstas tienen otras finalidades; motivo por el cual, resulta indudable que el auto de vinculación a proceso genera una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal, por restringir temporalmente ese derecho humano a virtud de esa determinación judicial.

En dicha contradicción de tesis, la Primera Sala del Alto Tribunal, en lo que interesa, expuso:

"... el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración y la Primera Sala de este Alto Tribunal en su anterior y actual integración, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal o los que determinen, la permanencia del gobernado en una situación de privación de libertad personal, que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse; pues esta afectación también surge a la vida jurídica en el supuesto de que teniendo la posibilidad de gozar de una libertad absoluta, ésta se vea restringida por el hecho de estar sujeto a un proceso penal.

"... Cabe reiterar, lo considerado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal o los que determinen, la permanencia del gobernado en una situación de privación de libertad personal, que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse; pues esta afectación también surge a la vida jurídica en el supuesto de que teniendo la posibilidad de gozar de una libertad absoluta, ésta se vea restringida por el hecho de estar sujeto a un proceso penal.

"... la reforma al sistema de justicia penal, trajo como consecuencia el cambio de denominación del auto que resuelve la situación jurídica de un imputado: auto de vinculación a proceso; ello porque la idea de vinculación únicamente se refiere a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el Juez intervenga para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. La razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa.

"Esto es, los efectos de la imputación se formalizan y convalidan para la continuidad de la siguiente etapa de investigación formalizada, precisamente como consecuencia del auto de vinculación, lo que significa, entre otras cosas, la formalización y continuidad de la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal y la confirmación de la pérdida de la facultad de archivo provisional de la investigación por parte del Ministerio Público.

"El auto de vinculación a proceso genera la determinación o fijación obligada del plazo para el cierre de la investigación formal, lo que significa el establecimiento o precisión de un lapso durante el cual el inculpado queda constreñido a los efectos y fines de dicha investigación, con todas las consecuencias que pueda acarrear.

"La exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a un derecho constitucional del debido proceso penal, que garantiza de manera más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza jurídica constitucionalmente protegida de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho.

"De donde se sigue, que el auto de vinculación a proceso tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia condenatoria.

"Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas que ello conlleva.

"Por lo anterior, resulta indudable que el auto de vinculación a proceso genera una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal, por encontrarse temporalmente restringido ese derecho humano a virtud de dicha determinación judicial; esto es, no se trata de cualquier proceso en el que resulta emplazada una persona, sino un procedimiento penal que le impone la obligación de comparecer cuantas veces sea requerida por el juzgador, ya que de no hacerlo se podría acudir al auxilio de la fuerza pública para lograr su comparecencia.

"Por todo lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que el auto de vinculación a proceso dictado dentro del nuevo sistema penal acusatorio y oral, debe considerarse como un acto que afecta la libertad personal; en atención a los efectos de sujeción que éste produce, de manera formal y de perturbación indirecta a la libertad del imputado y, por tanto, debe estimarse como un acto susceptible de reclamarse en el amparo.

"Ciertamente, si se atiende al efecto de su ejecución, se advierte que, a partir de su emisión se actualiza una afectación temporal a la libertad del imputado o indiciado; dado que el efecto o consecuencia que provoca es que se le sujete a la jurisdicción del Juez de Control o Juez de Garantía que lleva el proceso correspondiente, lo que de suyo hace que dicho acto afecte su libertad personal.

"Lo anterior, con independencia de que el proceso penal acusatorio y oral, prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso; siendo esta circunstancia –sujeción a proceso–; lo que precisamente restringe en forma temporal la libertad del imputado, porque además la imposición de dichas medidas, se encuentra sujeta a las condiciones y por el tiempo que el Juez determine para su efectividad.

"... En este orden de ideas debe tomarse en consideración, como se asentó en párrafos precedentes, que la libertad de una persona, sujeta a un proceso penal como probable responsable de la comisión de un hecho determinado que la ley señale como delito, en tal virtud, es innegable que cualquier acto, en relación con la restricción o privación de la libertad personal se traduce en una lesión, de manera cierta e inmediata, a ese derecho sustantivo que tutela la Constitución General de la República, específicamente, afectación que no puede ser modificada, revocada o nulificada, ni siquiera a través del dictado de una sentencia favorable.

"... Por tanto, atendiendo a los aspectos aludidos, afectación a un derecho sustantivo y que esa afectación sea de imposible reparación, es suficiente para considerar que en contra de un auto de vinculación a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31429-b19d0648/suspension-del-auto-de-vinculacion-a-proceso-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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