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Modo: Corpus Pro

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 414/2011. · Registro digital (IUS): 24265
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Pág. 478.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 414/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: BEATRIZ JOAQUINA JAIMES RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de distintos circuitos, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad al decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis iniciadas con anterioridad al decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se han integrado, ni formal ni materialmente, los Plenos de Circuito de distintos circuitos.

La anterior interpretación, es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulta innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefensión de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de distintos circuitos, empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito de distintos circuitos, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que la misma fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente), se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental, anterior al cuatro de octubre de dos mil once; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer ..."

TERCERO. El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del diez de noviembre de dos mil once, al seis de enero de dos mil doce, descontándose de dicho cómputo los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez y once de diciembre de dos mil once y primero de enero de dos mil doce por ser sábados y domingos, respectivamente, así como el doce de octubre; en consecuencia inhábiles en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo; el veintiuno de noviembre, con fundamento en el punto primero, inciso c) del Acuerdo Número 2/2006, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de treinta de enero de dos mil seis; y el segundo periodo de receso de dos mil once de este Alto Tribunal que transcurrió del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo.

Ahora bien, el agente del Ministerio Público de la Federación, mediante oficio **********, formuló pedimento en el sentido de que es inexistente la contradicción de tesis.

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en sesión del veinticinco de agosto de dos mil once, por unanimidad de votos, resolvió el amparo en revisión número **********, al tenor de las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Estudio de la resolución recurrida. I. Análisis de las consideraciones atinentes a la precisión y existencia de los actos reclamados. En la resolución recurrida, el Juez de Distrito cumplió parcialmente con lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, pues por una parte precisó el acto reclamado a la responsable, a saber: El auto de vinculación a proceso dictado el catorce de enero de dos mil once, en los autos de la carpeta administrativa **********. Por otro lado, es acertado que en la sentencia recurrida se tuviera por cierto dicho acto reclamado, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado (foja 64 del expediente de amparo). Tal información se corroboró con la copia certificada de la carpeta administrativa ********** de su índice, así como de los videos ópticos relativos a las audiencias celebradas el veinte de agosto de dos mil diez y catorce de enero de dos mil once, a las que adecuadamente concedió pleno valor probatorio por constituir por una parte una documental pública y por otra un elemento aportado por los descubrimientos de la ciencia, al haber sido expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, en términos de los numerales 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2o. Empero, en la sentencia combatida incorrectamente se tuvo como diverso acto reclamado el que se hizo consistir en el ofrecimiento que realizó el Juez responsable a las partes para que llegaran a un acuerdo reparatorio como mecanismo alternativo para concluir el procedimiento, en la audiencia de catorce de enero de la presente anualidad; lo anterior, en virtud de que el titular del juzgado de amparo, por auto de quince de febrero de la presente anualidad, admitió la demanda de garantías sólo respecto del auto de vinculación a proceso dictado el catorce de enero del año en curso, en la causa penal o carpeta administrativa **********, y el ofrecimiento para que llegaran las partes a un acuerdo reparatorio, no forma parte del auto de vinculación a proceso, ya que si bien fue externado en la audiencia donde se decretó aquella resolución de plazo constitucional, lo cierto es que no está relacionado, pues así lo corrobora la circunstancia de que no se haya hecho constar en el acta mínima y tampoco en la resolución escrita atinente a la vinculación, menos aún del contenido del artículo 293 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en el que se establecen los requisitos del auto de vinculación a proceso. II. Análisis del sobreseimiento decretado en el considerado quinto de la resolución que se impugna: Son infundados los agravios que la parte recurrente esgrime; sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir de conformidad con la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, por lo que procede confirmar la resolución recurrida. En efecto, mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de ocho de abril de dos mil once y concluida el diecinueve de mayo del año en curso, el Juez de Distrito, sobreseyó en el juicio de garantías conforme lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al considerar demostrada la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XIII del numeral 73 del cuerpo normativo invocado, al no haber agotado el recurso ordinario de defensa previsto en la ley (principio de definitividad), que en la especie es el de apelación a que alude el numeral 410 del código adjetivo de la materia vigente en esta entidad federativa. Lo anterior es correcto, dado que las causas de improcedencia que aparezcan demostradas en el juicio, sea que las hagan valer las partes, o que la autoridad de amparo las advierta, deben analizarse preferentemente, por ser ello una cuestión de orden público, atento a lo establecido por el artículo 73, último párrafo de la Ley de Amparo. Al respecto, el numeral 73, fracción XIII de la ley de la materia, textualmente dispone: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Así, la referida causa de improcedencia que establece la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, consistente en que previamente a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa establecidos por la ley del acto, entendiendo por agotar esas instancias, la presentación del escrito en que se haga valer y el desahogo del proceso o procedimiento respectivo en todas sus partes y que tengan por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada. Ello en virtud de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa, cuya procedencia está sujeta a una serie de principios que lo rigen, como lo es el principio de definitividad, por virtud del cual, por regla general, tal juicio constitucional procede sólo en contra de actos definitivos, salvo que se esté en algunos de los supuestos de excepción que la propia Ley de Amparo establece. Asimismo, la Ley de Amparo prevé excepciones al principio de definitividad, por lo que estando en esos supuestos el agraviado podrá promover bien sea el recurso ordinario o el juicio constitucional, siendo muy clara la disposición legal transcrita en el sentido de declarar improcedente el amparo si fuera de los casos de excepción que prevé la ley no se han agotado los recursos ordinarios, salvedades que en el caso a estudio no se actualizan. Así, adverso a lo alegado por la parte recurrente, debe decirse que el Juez de Amparo actuó con acierto y legalidad al considerar que contra el auto de vinculación a proceso dictado en los autos de la causa penal o carpeta administrativa **********, el catorce de enero de dos mil once, procedía el recurso de apelación a que se contrae el artículo 410, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual dispone que entre otras determinaciones son apelables sin efecto suspensivo, las resoluciones de vinculación a proceso. Por lo que es inconcuso que al existir un recurso ordinario de defensa, mediante el cual la resolución señalada como acto reclamado puede ser revocada o modificada, al tenor de lo dispuesto en el diverso numeral 420 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, sin que fuera agotado previamente al juicio de garantías, se actualiza la causa de improcedencia que establece la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, se reitera que fue legal que el Juez de Distrito sobreseyera en el juicio de amparo que se recurre, ante la actualización de la causal de improcedencia que se invoca, atento a que el acto que reclaman los quejosos, es apelable, de conformidad con lo establecido por el precitado artículo 410 de la ley adjetiva de la materia, de donde la parte quejosa, hoy revisionista, tenía la obligación de agotar los medios de defensa que tengan el alcance, de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad para la procedencia del amparo, el que no es potestativo sino obligatorio, en virtud de que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos; siendo aplicables, las tesis en que se apoyó el Juez de Distrito en su resolución, que dicen: ‘RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.’ y ‘AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGÚN RECURSO.’ (se transcriben). De igual forma, tiene aplicación la tesis publicada en la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, tesis I.6o.C. J/37, página 902, que dice: ‘AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Así como la jurisprudencia número cuatrocientos cuarenta y siete, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos noventa y siete del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al periodo de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que dice: ‘RECURSOS ORDINARIOS.’ (se transcribe). Por tanto, resulta infundado el motivo de inconformidad que vierte en el sentido de que el acto reclamado que dio origen a la demanda corresponde a la materia penal y que por esa razón, la interposición de un recurso ordinario o el amparo es potestativo, y que por consecuencia, no estaba obligado a agotar una instancia o recurso. Se afirma que es infundado dicho motivo de disenso, porque si bien en materia penal existen excepciones al principio de definitividad y por ello, la parte que resienta algún perjuicio tiene la opción de utilizar el medio ordinario de defensa o en su caso acudir directamente al juicio de garantías, ello surge en los supuestos señalados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los casos establecidos en el precepto 22, fracción II la Ley de Amparo; sin embargo, en ninguno (sic) de ellos se puede ubicar el acto reclamado, en virtud de que se insiste no se afecta de manera directa o indirecta la libertad de la parte quejosa ahora recurrente; máxime que la medida cautelar que se impuso lo fue de carácter económico. Asimismo, devienen infundadas las manifestaciones en las que la parte recurrente sostiene que la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, sin mencionar la existencia de alguna causa de impedimento para que se otorgara el amparo y que por su parte, el tercero perjudicado se abstuvo de hacer manifestación respecto a sus intereses y finalmente, que el Ministerio Público de la adscripción tampoco realizó pedimento alguno en el sentido de negar o sobreseer en el amparo solicitado; dichas manifestaciones se califican así, en atención a que la invocación de las causales de improcedencia no dependen de que las partes las hagan valer, ya que el Juez de Distrito las puede invocar de oficio, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público en términos de la última parte del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al actualizarse alguna causal, se obstaculiza el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos, como aconteció en la especie, a pesar de que no se haya hecho valer causal alguna. Por otra parte, el diverso motivo que el representante común de la parte quejosa aduce en el sentido de que el Juez Federal refiere que el acto

eclamado no es de imposible reparación, ya que no pone en peligro la libertad como sucedía con el dictado del auto de formal prisión, debe calificarse de igual forma infundado, en virtud de que el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, lo que adujo fue que el auto de vinculación a proceso no es definitivo, mas no así que éste no fuera de imposible reparación, toda vez que en su contra procedía un recurso ordinario a través del cual bien se pudo haber revocado o modificado el acto reclamado, en específico el recurso de apelación previsto en el artículo 410 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. De manera que contrario a lo que afirma el recurrente y representante común del quejoso **********, debe señalarse que resulta acertada la apreciación del Juez de Distrito en el sentido de que el auto de vinculación a proceso es de naturaleza diversa al sistema anterior, en el que el auto de formal prisión sí llevaba implícita la prisión preventiva, circunstancia por la cual el juicio de amparo era procedente sin necesidad de atender al principio de definitividad, toda vez que se afectaba de manera directa la libertad personal del sujeto activo y ello actualizaba el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se trataba de ataques a la libertad. Además de las razones que expuso el Juez de Amparo, para concluir en el sentido en que lo hizo no debe soslayarse que el auto de vinculación implanta en sí, una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio, ya que únicamente constituye la comunicación formal que hace el Ministerio Público a una persona, ante un tercero imparcial, de que su conducta está siendo investigada, quedando obligado el representante social a mostrarle sus pruebas, perdiendo así la posibilidad de mantener bajo reserva los elementos de convicción que, en su momento y de considerarlo así, se desahogarán en juicio. Por lo que en ese sentido, el imputado está en aptitud de activar su derecho a la jurisdicción y por ende, puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva. En tanto que, respecto de las medidas cautelares, las cuales constituyen auténticos actos de molestia, procederá su aplicación únicamente cuando exista la necesidad de cautela del proceso o de protección de las víctimas, es decir, cuando exista necesidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; el desarrollo de la investigación; la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o bien, cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. En efecto, el artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, señala que la imposición de una o más medidas cautelares se impondrán a petición del Ministerio Público, del ofendido o la víctima después de formulada la imputación, ello con el objeto de garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia. Y, en el caso en concreto no se impuso a la parte recurrente ninguna medida que implique o comprometa la libertad deambulatoria, pues como se ha dicho la medida cautelar que les fue impuesta a éstos lo fue de carácter económico, lo que permite afirmar que no se afecte o se restrinja su libertad. De lo antes expuesto, y contrario a lo que aduce la parte quejosa en el caso concreto es evidente que el auto de vinculación no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir de manera directa o indirecta su garantía de libertad, pues como se ha visto, dicho auto y las medidas cautelares (prisión preventiva) son figuras totalmente distintas, pues una vez formulada la imputación el Juez a petición del Ministerio Público, de la víctima o del ofendido podrá imponer una o más únicamente cuando exista la necesidad de cautela del proceso o de protección de las víctimas, además de que la medida cautelar y en específico la prisión preventiva sólo procederá cuando ninguna otra medida cautelar sea suficiente para el logro de los propósitos indicados (garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; el desarrollo de la investigación; la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso), lo que en la especie no acontece, pues la medida cautelar que impuso el Juez de control a petición del Ministerio Público, fue la exhibición de una garantía económica, la que incluso ya fue satisfecha por los ahora recurrentes; sin embargo, no se ignora que ambas determinaciones pudieran emitirse o dictarse en una misma audiencia, pero se trataría de dos resoluciones distintas. Sobre el particular, se comparte el criterio invocado por la responsable sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1824, del Tomo XXIX, febrero de 2009, materia penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del epígrafe y texto siguientes: ‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA NUEVA DENOMINACIÓN QUE EL ARTÍCULO 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CONFIERE AL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL AMPLÍA LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL VIGENTE PARA ESTA ENTIDAD A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2008.’ (se transcribe). También, se comparte el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 2253, Tomo XXXIII, febrero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU NATURALEZA Y EFECTOS SON DISTINTOS AL DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA).’ (se transcribe). Y, en cuanto a su probable ingreso al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, dicha circunstancia no depende del auto de vinculación a proceso, sino de la medida cautelar que se impuso, lo anterior es así, puesto que en el caso en específico el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, hizo del conocimiento de los imputados aquí recurrentes que en caso de no exhibir las cantidades que le fueron impuestas como medida cautelar, se ordenaría su ingreso al centro de reclusión, medida cautelar que dijo prevalecería hasta resolver la situación jurídica de los imputados en definitiva incluso hasta la sentencia; de ahí que contrario a lo manifestado por los inconformes, quienes emiten la presente resolución estiman que el auto de vinculación no es el que pone en riesgo la libertad de los imputados, sino en todo caso, el incumplimiento a la medida cautelar impuesta la que como se dijo es de naturaleza económica, en el entendido de que ésta ya ha sido satisfecha. Empero, debe decirse que para el caso de que la medida cautelar, se haga consistir en la prisión preventiva o cualquier otra que sí límite su libertad personal, y se reclame en el amparo indirecto el auto de vinculación a proceso, seguramente ameritaría un tratamiento distinto; pero esa condición no opera en el presente caso, en el que la medida cautelar se circunscribió a una garantía económica, que inclusive, ya fue exhibida, pues bajo esta última hipótesis la prosecución de la investigación no limita en forma alguna la libertad del promovente del amparo. No se soslaya que sobre el tema abordado en los párrafos inmediatos anteriores, existe la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 1229 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: ‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SIN NECESIDAD DE PROMOVER PREVIAMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE OAXACA).’; la cual no es de observancia obligatoria para este Tribunal Federal y en la que, contrario al criterio de este órgano colegiado, esencialmente se establece que el hecho de que a una persona se le vincule a proceso penal implica que su libertad absoluta se vea afectada en atención a que lo somete a un proceso, por obligarlo a comparecer en los plazos o fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto y que aun cuando dicha determinación no lo priva en forma directa de su libertad personal sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, razones por las cuales en opinión de aquel órgano colegiado el auto en comento puede impugnarse a través del juicio de amparo, sin necesidad de promover previamente el recurso de apelación; razonamiento que este tribunal no comparte en el caso específico, porque como ya se ha explicado, la sola emisión del auto de vinculación a proceso no tiene una repercusión directa sobre la libertad personal del individuo, en tanto que su objetivo es fijar la materia de investigación y del eventual juicio ya que sólo constituye la comunicación formal que hace el Ministerio Público a una persona, ante un tercero imparcial, de que su conducta está siendo investigada; y si bien existe una relación con la medida cautelar a virtud de que el artículo 294, párrafo primero del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de México, dispone que en caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en el artículo que antecede, el Juez dictará auto de no vinculación a proceso y dejará sin efecto las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; lo cierto es, que cuando la medida cautelar es de naturaleza económica y, por ende, ésta no tiene injerencia en la libertad personal, ello determina que la vinculación a proceso tampoco implique, ni siquiera en forma indirecta afectación de la libertad personal; por tanto, ante la discrepancia en los criterios se procederá a dar cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo. Por otra parte, resultan infundados los agravios por medio de los cuales la parte inconforme aduce que el Juez de Distrito se coloca en la postura de un órgano de legalidad, absteniéndose de estudiar el fondo del sumario de amparo, aun cuando de la sola lectura del escrito inicial de demanda se aprecia que existen violaciones inminentes a las garantías de los quejosos; que no existe delito, porque el objeto se encuentra bajo resguardo del Coordinador de Depósito de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; y que la sentencia que se combate causa agravio porque el Juez de Amparo, es omiso en ejercer la plenitud de su jurisdicción, ya que no revisa que en e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24265-6a4a9cf5/auto-de-vinculacion-a-proceso-al-afectar-temporalmente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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