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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. SU NEGATIVA CONSTITUYE UNA AFECTACIÓN AL DERECHO DE LIBERTAD PERSONAL CUANDO LA PERSONA IMPUTADA SE ENCUENTRA SUJETA A ALGUNA MEDIDA QUE AFECTA A ÉSTA, POR LO QUE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO ES NECESARIO QUE AGOTE EL RECURSO DE APELACIÓN CONFORME A LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 406/2022. · Registro digital (IUS): 32117
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo II, Pág.2063.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 406/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JOSÉ ALBERTO MOSQUEDA VELÁZQUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Tema: Determinar si la negativa de la suspensión condicional del proceso penal es un acto en contra del cual debe agotarse previamente el recurso de apelación para acudir al juicio de amparo indirecto, o bien si debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, que exceptúa la exigencia de agotar dicho recurso ordinario, conforme al principio de definitividad, cuando el imputado se encuentra sujeto a alguna medida que afecta su libertad personal.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 30 de agosto de 2023, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 406/2022, denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 106/2022, y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el recurso de revisión 106/2021.

La problemática jurídica que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la negativa de la suspensión condicional del proceso penal es un acto en contra del cual debe agotarse previamente el recurso de apelación para acudir al juicio de amparo indirecto, o bien si debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, que exceptúa la exigencia de agotar dicho recurso ordinario, conforme al principio de definitividad, cuando el imputado se encuentra sujeto a alguna medida que afecta su libertad personal.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido por conducto del MINTERSCJN y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el 18 de noviembre de 2022, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito denunció la posible contradicción de criterios, al resolver el recurso de queja 106/2022, con el criterio adoptado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 106/2021, criterio que se reflejó en la publicación de la tesis V.2o.P.A.1 P (11a.), de rubro: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE CONCEDERLA DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL EN FORMA DIRECTA Y, POR ENDE, NO CORRESPONDE A LAS ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPLICAN UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."(1)

II. TRÁMITE

2. Admisión y trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de 24 de noviembre de 2022, el entonces Ministro presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de la contradicción de criterios 406/2022 y requirió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito para que remitiera la versión digitalizada del amparo en revisión 106/2021, e informara si continuaba vigente su criterio; luego, determinó el envío de los autos para su estudio a esta Primera Sala con turno a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

3. Trámite ante la Primera Sala. Por acuerdo de 13 de diciembre de 2022, la entonces Ministra presidenta de esta Primera Sala remitió los autos a la ponencia del Ministro ponente para el proyecto de resolución. Asimismo, tuvo por recibida copia de la sentencia requerida y de su reiteración.

III. COMPETENCIA

4. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver esta contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; esto, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, tramitada previo a la conformación de los Plenos Regionales;(2) además, al tratarse de un asunto del orden penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala y no se advierten motivos para la intervención del Pleno.

IV. LEGITIMACIÓN

5. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, así como 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

V. CONSIDERACIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

6. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es necesario hacer una breve relatoría de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.

Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 106/2022:

7. Al imputado, en un proceso penal, le fue negada la suspensión condicional del proceso. Por ello, promovió amparo indirecto. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, pues consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

8. El quejoso interpuso recurso de queja. El Tribunal Colegiado de Circuito lo declaró fundado, pues determinó que la suspensión condicional del proceso reclamada afectaba la libertad del quejoso, por lo que debía situarse en el supuesto de excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, es decir, cuando se tratara de actos que afectaran la libertad personal del quejoso.

9. Precisó que por la naturaleza de la resolución reclamada consistente en la suspensión condicional del proceso, conforme a los artículos 196, segundo párrafo y 199, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de resultar procedente, el Juez fijaría las condiciones bajo las cuales se suspendería el proceso y la extinción de la acción penal.

10. Además, señaló que era criterio de esta Suprema Corte que la libertad personal de los individuos no sólo se afectaba a través de actos de autoridad que tuvieran como consecuencia material privarlos de la que disfrutaban en ese momento, sino también mediante actos que determinaran la permanencia del gobernado en el proceso penal.

11. Por tanto, concluyó que como el acto reclamado afectaba la libertad personal del quejoso, era innecesario que agotara el recurso de apelación previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales previamente a la promoción del juicio de amparo.

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 106/2021:

12. En el proceso penal se negó la suspensión condicional del proceso al imputado. Por ello, éste promovió amparo indirecto, el que le fue negado.

13. El quejoso interpuso luego recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito revocó la sentencia de amparo y sobreseyó en el juicio.

14. Para ello, consideró actualizada la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque el quejoso no cumplió el principio de definitividad, al no haber combatido el acto reclamado mediante el recurso ordinario de apelación –previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales– antes de promover el juicio de amparo.

15. Precisó que el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de amparo permitía exceptuar ese principio cuando se reclamaba "cualquier otro [acto] que afecte la libertad personal del quejoso"; sin embargo, citó diversos precedentes en que se afectaba la libertad personal del imputado –como la vinculación a proceso–.

16. De esto dedujo que si la finalidad del legislador hubiera sido que cualquier acto de naturaleza penal que incidiera indirectamente en la libertad del individuo pudiera ser revisado en el juicio de amparo, entonces no habría distinguido de forma tajante las resoluciones que sí restringían la libertad, de aquellas que no lo hacían de modo directo.

17. Precisó que la suspensión condicional del proceso tenía la naturaleza jurídica de un mecanismo de solución alterno al proceso, cuyo efecto era la extinción de la responsabilidad penal del imputado.

18. De esta manera, determinó que la resolución que negaba la suspensión condicional del proceso no afectaba de modo directo la libertad personal del imputado y, por ende, el imputado debía agotar el recurso de apelación antes de acudir al juicio de amparo indirecto.

19. Por tanto, concluyó que no se estaba en presencia de la excepción prevista en el inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual sólo comprendía a los actos que implicaban una restricción de la libertad. De esta sentencia emanó la tesis, de rubro: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE CONCEDERLA DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL EN FORMA DIRECTA Y, POR ENDE, NO CORRESPONDE A LAS ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPLICAN UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

20. Para verificar la existencia de la presente contradicción de criterios, esta Primera Sala se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en el que se determinó que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien. (3)

1o. Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

2o. Dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

21. Así, la finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a las personas, pues para ello fue creada la figura jurídica de la contradicción de tesis (ahora contradicción de criterios) en la Constitución.

22. A su vez, esta Primera Sala(4) ha determinado que para que exista oposición de posturas entre Tribunales Colegiados de Circuito, se debe verificar:

i. Que los tribunales hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que apoyados de arbitrio judicial, efectuaran un ejercicio interpretativo adoptando cualquier método;

ii. Que entre los ejercicios interpretativos efectuados por los órganos jurisdiccionales haya, al menos, un razonamiento que verse sobre un mismo problema jurídico ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y

iii. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que como la primera, también sea legalmente posible.

23. Al respecto, se debe precisar que la indicada disparidad está condicionada simplemente a que los citados tribunales sostengan tesis jurídicas discrepantes, es decir, decisiones interpretativas encontradas sobre un mismo punto de derecho, sin necesidad de que las cuestiones fácticas sean idénticas o de que tales criterios hayan alcanzado el rango de jurisprudencia.

24. Bajo el marco jurídico precedente, esta Primera Sala considera que en el caso se cumplen los requisitos que dan lugar a la existencia de la contradicción de criterios, en el orden siguiente:

25. 1o. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas que resolvieron, realizaron un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, tal como quedó advertido de las consideraciones reseñadas en el apartado precedente de la presente resolución, que fueron materia de la denuncia y admisión de la contradicción de criterios.

26. En efecto, ambos tribunales se pronunciaron sobre cuestiones que fueron sometidas a su consideración y recurrieron a su arbitrio judicial para determinar si la resolución que niega la suspensión condicional del proceso penal es un acto en contra del cual debe agotarse previamente el recurso de apelación para acudir al juicio de amparo indirecto, o bien si al afectar la libertad personal del imputado, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, que exceptúa la exigencia de agotar dicho recurso ordinario conforme al principio de definitividad.

27. 2o. Punto de toque y discrepancia entre los criterios interpretativos. Bajo los criterios destacados, que fueron materia de la denuncia y admisión de la contradicción de criterios, esta Primera Sala también advierte que en los ejercicios realizados por los tribunales se ha dado un punto de toque, pues fijaron posturas diametralmente opuestas sobre el tópico señalado. Para ello, partieron de criterios contrarios sobre si la suspensión condicional del proceso incide o no en la libertad personal del imputado; desde ahí sus determinaciones también fueron opuestas en la aplicación al principio de definitividad y su excepcionalidad ante dicho supuesto de la libertad personal del imputado, precisamente al estar sujeto al proceso penal y cuando aspira a que éste sea suspendido con el efecto de la extinción de la acción penal.

28. Para el tribunal denunciante, la negativa de la suspensión condicional del proceso reclamada afecta la libertad personal del quejoso. Al respecto, señaló que era criterio de esta Suprema Corte que la libertad personal de los individuos no sólo se afectaba a través de actos de autoridad que tuvieran como consecuencia material privarlos de la que disfrutaban en ese momento, sino también mediante actos que determinaran la permanencia del gobernado en el proceso penal (párrafo 10). Por tanto, debía situarse en el supuesto de excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, es decir, que cuando se tratara de actos que afectan la libertad personal no es necesario que agote los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo.

29. En cambio, para el otro tribunal, la negativa de la suspensión condicional del proceso debe impugnarse mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera previa a la impugnación en el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de una resolución que afecte la libertad personal del imputado y, por ende, no aplicaba la citada excepción al principio de definitividad.

30. Por tanto, se aprecian posturas divergentes sobre si en la resolución que niega la suspensión condicional del proceso penal el imputado debe o no agotar el recurso de apelación previo a presentar un juicio de amparo indirecto, esto al partir del cuestionamiento preliminar sobre si dicha resolución incide o no en la libertad personal del imputado.

31. 3o. Cuestionamiento que surge con motivo de la contradicción de tesis. Como puede observarse, de la discrepancia entre los criterios anteriores, el tercer requisito también se satisface. Las posturas divergentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes generan ante esta Primera Sala una interrogante precisa que deberá ser resuelta para fijar la postura a seguir por los Tribunales de Amparo sobre la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando el imputado reclama como quejoso la negativa de la suspensión condicional del proceso penal, sin que para ello tenga la obligación de agotar previamente el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

VII. ESTUDIO DE FONDO

32. Corresponde a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar la respuesta al cuestionamiento jurídico planteado para que prevalezca con carácter de jurisprudencia y defina si la resolución que niega la suspensión condicional del proceso penal es un acto en contra del cual debe agotarse previamente el recurso de apelación para acudir al juicio de amparo indirecto, o bien, si debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, que exceptúa la exigencia de agotar dicho recurso ordinario, conforme al principio de definitividad, cuando el imputado se encuentra sujeto a alguna medida que afecta su libertad personal.

33. Para dar respuesta a esta interrogante, la metodología de este asunto consistirá en los siguientes temas: a) Naturaleza y objeto de la suspensión condicional del proceso; b) Procedencia del amparo indirecto contra actos que afectan la libertad personal; c) Criterio que debe prevalecer.

a) Naturaleza y objeto de la suspensión condicional del proceso

34. Esta Primera Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la figura de la suspensión condicional del proceso, sus alcances y circunstancias que repercuten en su procedencia, al resolver las contradicciones de criterios 141/2021(5) y 310/2022,(6) en las que se reseñó la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, con motivo de la implementación del Sistema Penal Acusatorio y Oral que entre otras cosas, incorporó formas alternas de solución de controversias, al establecerse en el párrafo quinto del artículo 17 constitucional que las leyes preverán, en los siguientes términos:

"Artículo 17 ...

"Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. ..."

35. Como se aprecia, el Constituyente delegó al legislador ordinario la facultad de establecer en la legislación secundaria correspondiente, lo relativo a la aplicación de las formas alternas de solución de controversias en materia penal, asegurando la reparación del daño y señalando los casos en que se requerirá supervisión judicial.

36. Ahora bien, del proceso legislativo correspondiente a la reforma constitucional indicada, se advierte la finalidad de estas formas alternas de solución de controversias, conforme a los extractos que se transcriben:

"Artículo 17

"Consecuentemente con la adopción de un nuevo sistema de justicia penal, se propone la reforma al artículo 17 constitucional para dar cabida a medios alternativos de justicia penal, de manera que se permita resolver el conflicto generado por la comisión de delitos sin correr el riego de colapsar a las instituciones ante las exigencias legales y administrativas que implica el modelo de juicio propuesto. "La posibilidad de estas soluciones alternas no queda exenta de control judicial para evitar el uso perverso que de estas medidas alternativas se ha llegado a presentar en otros países y asegurar la satisfacción del derecho a la reparación del daño por parte de la víctima. ..."(7)

"Artículo 17

"Además de los componentes relativos a la oralidad, la propuesta comprende una serie de elementos que permiten incrementar la eficiencia y la racionalidad en la aplicación de recursos públicos para la persecución de delitos, a través del establecimiento de los siguientes elementos:

"Principio de oportunidad (Archivo provisional –confiriendo al Ministerio Público la facultad de no iniciar la investigación– o de detenerla una vez iniciada); mecanismos de simplificación procesal (Juicio inmediato –en la audiencia de control de la detención; y procedimientos simplificados– aspectos que no era necesario mencionar explícitamente en el 17); y resolución alternativa de conflictos (Suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios).

"El Ministerio Público podrá ahorrar dinero público al evitar un gran número de persecuciones penales innecesarias, sea porque hay débiles posibilidades de un litigio exitoso, o porque se trate de asuntos de escaso interés para la seguridad pública; en resumen, estos ingredientes crean múltiples vías para descongestionar al Ministerio Público y emplear los recursos racionalmente."(8)

"Artículo 17

"Consideramos que debemos comenzar a fomentar la educación para la no violencia en los diferentes sectores de la sociedad y la resolución sana de conflictos. Por ello, dentro de las reformas que se plantean al sistema de administración de justicia se proponen las medidas alternativas de resolución de conflictos con doble intención, la primera agilizar el desempeño de los tribunales y la segunda, establecer que la instancia penal será la última a la que se recurra.

"Los objetivos y beneficios de estas medidas alternativas a las sentencias judiciales son conocidos y valorados en todos los ámbitos, ya que aportan mayor rapidez a la solución de conflictos sociales al mismo tiempo que disminuyen los costos, tanto para el sistema de justicia como para las partes involucradas; además de que representan una posibilidad muy cercana de descongestionar a los tribunales y al sistema penitenciario.

"Todas las herramientas y medidas que ayuden a ser más eficiente y oportuna la justicia, así como hacerla menos costosa, son necesarias y deben ser promovidas con mayor ahínco en todas las materias, pero resulta imprescindible que también se instauren en el sistema penal.

"No podemos seguir considerando que el aumento a las penas de prisión o la construcción de nuevas cárceles ayudarán a resolver la problemática social o a mejorar la administración de justicia, existen muchos casos en que la víctima lo que desea es que de forma rápida y eficiente sea reparado el daño que sufrió, por lo que una mediación, una conciliación o una suspensión del juicio a prueba del inculpado, bajo la supervisión judicial, representarán mejores soluciones a numerosos conflictos y no se verá afectada la administración de justicia.

"... En resumen, se propone adicionar con tres párrafos el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de elevar a nivel constitucional formas alternativas de solución de los conflictos sociales, especificando que la solución penal debe ser la última vía en ser recurrida.

"Por la importancia de los bienes jurídicos que tutela el derecho penal, se propone que se admitirán soluciones alternativas en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando se satisfagan o se garanticen los intereses de la víctima u ofendidos y las citadas soluciones estén sujetas a la supervisión judicial."(9)

"Artículo 17

"... hay coincidencia en que ... en nuestro sistema no se impulsa la aplicación de la justicia restaurativa y existen diversos problemas procesales que dificultan hacer efectiva la reparación del daño.

"En términos generales, lo anterior, nos lleva a concluir que el modelo de justicia penal vigente, ha sido superado por la realidad en que nos encontramos inmersos. En tal virtud, se propone un sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. Tal sistema se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; ...

"También se estima necesario que se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias, que, por mandato constitucional expreso, procuren asegurar la reparación del daño, sujetas a supervisión judicial en los términos que la legislación secundaria lo juzgue conveniente. Tal medida generará economía procesal, además de alcanzar un objetivo fundamental, como es el de lograr que la víctima de un delito esté cobijada y que el inculpado se responsabilice de sus acciones, reparando, en lo posible, el daño causado."

"Artículo 17. Mecanismos alternativos de solución de controversias

"... Además de lo anterior, en el texto que se propone del artículo 17, se establecen los mecanismos alternativos de solución de controversias que son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales para la solución de controversias, entre otros la mediación, conciliación y arbitraje, permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo; también servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho.

"En materia penal será necesario regular su aplicación por parte de los operadores de la ley, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables; y en todos los casos, de forma ineludible, será necesario que se cubra previamente y en su totalidad la reparación del daño para que proceda, ya que como se dijo, este es un reclamo social añejo que debe ser atendido. Y en atención a las dos características antes anotadas, las formas de justicia alternativa de índole penal necesitarán la revisión de la autoridad en su cumplimiento, en beneficio de las víctimas y los ofendidos, y por ello se considera prudente la creación de un supervisor judicial que desarrolle dichas funciones. ..."(10)

"Artículo 17

"... En una visión general, la reforma integral al sistema de justicia penal propuesta en la minuta de mérito atiende las siguientes características: ..."

"5) Estima necesario que se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias, que procuren asegurar la reparación del daño, sujetas a supervisión judicial en los casos que la legislación secundaria juzgue conveniente. Al respecto el dictamen de la colegisladora estima que esta medida generará economía procesal, además de lograr que la víctima de un delito esté cobijada y que el inculpado se responsabilice de sus acciones, reparando el daño causado.

"III. CONSIDERACIONES

"Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la colegisladora en la necesidad de establecer nuevos elementos que contribuyan a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal y otorguen mejores mecanismos para el combate a la delincuencia organizada. ...

"... Mecanismos alternativos de solución de controversias y Defensoría Pública.

"Además de lo anterior, se comparte la idea de establecer mecanismos alternativos de solución de controversias que se traduzcan en una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales para la solución de controversias, (entre otros la mediación, conciliación y arbitraje), permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo; asimismo, servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho.

"Por lo que respecta en concreto a la materia penal, se prevé la necesidad de regular la aplicación de estos mecanismos por parte de los operadores de la ley, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables, y en todos los casos, de forma ineludible, será necesario que se cubra previamente la reparación del daño para que proceda, precisándose además que las formas de justicia alternativa de índole penal necesitarán la revisión de la autoridad judicial en su cumplimiento, en beneficio de las víctimas y los ofendidos."(11)

37. Bajo ese panorama, la promoción de mecanismos alternos de solución de controversias, en muchas ocasiones resultan más apropiados para los fines de la justicia que la imposición de una pena de prisión, al restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos y reconstruir el orden social quebrantado por medio de la restitución y no de la represión; por lo que la instancia penal debería ser la última a la que se recurra.

38. Todo ello, en el entendido de que la procedencia de la figura jurídica analizada siempre debería estar condicionada a que se garantice la reparación del daño, se sujete su cumplimiento a supervisión judici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32117-81850ce1/suspension-condicional-del-proceso-su-negativa-constituye-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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