PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA ADMISIÓN DE LA PERICIAL EN MATERIA CONTABLE OFRECIDA CONTRA EL OFICIO EMITIDO POR AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE NULIDAD Y A LA QUEJA POR DEFECTO, ESTÁ EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER, EL DÉCIMO OCTAVO Y EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE OCTUBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VEINTITRÉS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO ITURBE RIVAS, JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. PONENTE: MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. SECRETARIO: GUILLERMO GONZÁLEZ VEGA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria de once de octubre de dos mil veintidós.
VISTO para resolver el expediente relativo a la contradicción de tesis identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la denuncia de contradicción de tesis. Por oficio 7/2022, de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, signado electrónicamente por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, fue denunciada la posible contradicción de criterios sustentados por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –al resolver el recurso de queja 64/2021–; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –al resolver el recurso de queja 98/2021–; y por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –al resolver el recurso de queja 47/2021–.
SEGUNDO.—Recepción y admisión. En acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, el Magistrado presidente de este Pleno de Circuito registró el asunto bajo el expediente PC01.I.A.04/2022.C, se admitió a trámite la posible contradicción de tesis y requirió a los presidentes de los tribunales contendientes para que informaran la subsistencia de los criterios que sostuvieron en las ejecutorias referidas.
TERCERO.—Informes y envío a ponencia. Los tribunales contendientes, en cumplimiento al requerimiento anterior, rindieron su informe en el sentido de que los criterios sostenidos en los recursos de queja referidos siguen vigentes.
Asimismo, en acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Pleno de Circuito en atención a la recepción de los informes de los tribunales contendientes y una vez recibido el informe del secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se informó la inexistencia de contradicciones de tesis radicadas en ese Alto Tribunal sobre el tema en estudio, ordenó turnar el expediente virtual a la Magistrada Ma. Gabriela Rolón Montaño, integrante del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, con sus modificaciones y con la Circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal (que determina, en lo que interesa, que los Plenos de Circuito continuarán ejerciendo sus atribuciones hasta en tanto entren en funciones los Plenos Regionales), al haberse planteado una probable contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, denunciante de la contradicción de tesis, está legitimada en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción I, de la Ley de Amparo.(1)
TERCERO.—Criterios contendientes. En el escrito de denuncia se anuncia que el posible problema jurídico a resolver, consiste en determinar si es procedente desechar una prueba pericial en materia de contabilidad en un juicio de amparo indirecto en el cual se reclamó el indebido cumplimiento de la autoridad responsable (demandada en un juicio de nulidad), a una sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo y a una resolución de queja por defecto en el cumplimiento de dicha ejecutoria, porque incrementó indebidamente la cuota de pensión.
Al respecto, los órganos colegiados contendientes se pronunciaron conforme a los antecedentes y consideraciones que se advierten de las ejecutorias que se señalan a continuación:
I. Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 64/2021, mediante resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.
a. Un particular acudió al juicio de amparo indirecto a reclamar el oficio **********, el cual atribuyó a una autoridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al estimar que no cumplió correctamente con lo ordenado en la sentencia de nulidad, emitida en los autos del juicio **********, del índice de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a una resolución emitida en un recurso de queja por defectuoso cumplimiento.
b. De la demanda de amparo conoció la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la registró bajo el expediente del juicio de amparo 1175/2020 y, en acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, la admitió a trámite y desechó por improcedente la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por el promovente.
Lo anterior, bajo el argumento de que en términos del artículo 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal como aparece probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomaran en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante la propia autoridad; además, porque consideró que no era aplicable el segundo párrafo de dicho precepto, porque el procedimiento contencioso del que deriva el acto reclamado da oportunidad a la parte quejosa de ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones durante el juicio, inclusive, después de dictada la sentencia condenatoria por medio de un incidente previsto en el artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que no obstante sería admisible dicho medio de prueba en la etapa de ejecución, siempre y cuando se advirtiera necesaria la prueba pericial, la cual, en su caso, deberá cumplir con las exigencias establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto.
c. Contra el desechamiento de la prueba descrita, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado contendiente, en el sentido de declararlo infundado en lo que a este estudio interesa, esencialmente por las razones que se transcriben:
"SÉPTIMO.—Los argumentos que hace valer la parte quejosa recurrente en vía de agravios son jurídicamente ineficaces, de acuerdo con las razones que se expondrán a continuación.
"En primer término, debe desestimarse lo que se sostiene en el único agravio expuesto en el sentido de que el acuerdo recurrido afecta su derecho humano a la legalidad, puesto que además de que en el recurso de queja no es viable analizar violación a derechos fundamentales contenidos en preceptos constitucionales a los juzgadores, como la que emitió el acuerdo recurrido, no es factible atribuirles violación a derechos fundamentales y garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de concebirlo así, se desnaturalizaría la institución jurídica del juicio de amparo como medio de control de la constitucionalidad.
"...
"Ahora, para verificar la ineficacia de los restantes argumentos que expone el quejoso, ahora recurrente, no debe perderse de vista que la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa para desechar la prueba pericial contable ofrecida por el ahora recurrente, sustentó tal determinación en que en los juicios de amparo el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, precisando que en el caso, el acto reclamado deriva de un juicio contencioso administrativo en el cual, el quejoso fue parte actora e inclusive, obtuvo una sentencia de nulidad favorable, determinando así que la ley procesal que regula el procedimiento contencioso administrativo del que deriva el acto reclamado, prevé la oportunidad de ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones e inclusive da la oportunidad de promover incidentes que no tengan una tramitación especial para ofrecer pruebas.
"En ese orden de ideas, si el ahora recurrente pretende combatir la determinación contenida en el acuerdo recurrido a partir del argumento medular consistente en que la juzgadora desechó su prueba pericial por no tener relación con la litis y, por ende, no ser idónea, las razones que plantea no encuentran correspondencia con las consideraciones contenidas en el acuerdo recurrido y, por tal motivo, no controvierten de manera frontal y directa las razones en que se sustenta lo decidido por la Juez de Distrito, quien de ninguna forma desechó el medio probatorio de referencia por no considerarlo idóneo ni relacionado con la litis constitucional.
"Incluso, no se considera viable que opere a favor del quejoso, ahora recurrente, una interpretación más favorable como en diversos apartados de su único agravio lo expone o, en su caso, la suplencia en la deficiencia de los agravios que plantea, puesto que además de que no se advierte motivo para ejercer un control para hacer prever tal interpretación, la propia juzgadora determinó que, en su caso, la ley procesal que regula el procedimiento contencioso del que deriva el acto reclamado da oportunidad a la parte quejosa de ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones durante el juicio de origen e inclusive, después del dictado de la sentencia condenatoria por medio de un incidente previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; aspecto que de suyo, implica la inexistencia de alguna violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, porque esa razón, por sí misma, no denota una traba innecesaria para que el quejoso pudiera acceder a defender sus intereses.
"En tal sentido, este órgano jurisdiccional no considera que la juzgadora haya dejado de aplicar injustificadamente en beneficio de la parte quejosa, ahora recurrente, el principio pro homine al que alude en su agravio, puesto que de acuerdo con la normatividad aplicable razonó los motivos por los cuales, en este momento no es dable acceder a la admisión de una demanda de amparo indirecto, cuando quien instó dicho medio de control de la constitucionalidad aun cuenta con medios ordinarios para hacer valer sus derechos; aspecto que, incluso, incide en lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró al emitir la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), consultable en la página novecientos seis del Libro XXV, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, correspondiente al mes de octubre de dos mil trece, de rubro y texto siguientes: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.’
"A manera de abundamiento, se considera necesario destacar que la propia juzgadora federal estableció en la parte final del apartado de ‘PRUEBAS’ del acuerdo recurrido, que tal probanza: ‘... En todo caso, de advertirse necesaria, se desahogará en etapa de ejecución...’, aspecto que denota una razón adicional para decretar la ineficacia de lo que expone el quejoso recurrente en el sentido de que no es facultad discrecional del juzgador recibir o no la prueba pericial de que se trata, sino que es una obligación legal admitir las pruebas que ofrezcan las partes, porque de lo contrario se contravendría lo dispuesto en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo.
"En tal sentido, contrario a lo que se expone en el agravio en estudio referente a que la decisión de la juzgadora no tiene ningún fundamento legal, resulta ineficaz; sin que resulte vinculante para este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que invoca el recurrente; máxime que el criterio aislado 2a. CVII/2013 (10a.), de rubro: ‘INCIDENTE INNOMINADO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE ABRIL DE 2013). PROCEDE ORDENAR SU APERTURA CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTE SU DESACUERDO CON LAS CANTIDADES PRECISADAS (SIC) EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.’, que cita en su agravio, es coincidente con lo determinado por la propia juzgadora en la parte final del capítulo ‘PRUEBAS’, del acuerdo recurrido.
"Adicionalmente, no debe pasar inadvertido que contrario a lo que manifiesta el quejoso, ahora recurrente, la Juez del conocimiento para sustentar su determinación no se basó en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 41/2001, de rubro: ‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE (SIC) DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA (SIC) AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’, sino que los criterios en que se basó tal determinación, fueron contenidos en las tesis 2a. XLIII/2017 (10a.), así como 1a. LXXIX/2017, de rubros: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA.’ y ‘TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO NO CONTRAVIENE EL (SIC) DERECHO HUMANO.’, aspecto que denota una razón adicional para desestimar lo que al respecto se expone.
"Finalmente, de acuerdo con lo razonado en párrafos que anteceden, debe desestimarse lo que aduce el quejoso, ahora recurrente, para tratar de demostrar que en el caso la prueba pericial que ofreció sí tiene relación con la litis y que, con la misma, se trata de cumplir con la técnica legal de la carga de la prueba en términos de lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que como quedó precisado en parte diversa, ese aspecto no encuentra correspondencia con la razón que sirvió de sustento a la juzgadora para desechar tal medio probatorio; sin que pase inadvertido lo que sostiene que se ofreció para que la Juez pueda advertir con mayor claridad la inconstitucionalidad del acto que se tilda violatorio del derecho humano a la seguridad social, derivado de que la pensión no se ha incrementado al mismo tiempo y en la misma proporción que se ha hecho con el sueldo básico de los trabajadores en activo, puesto que como se indicó, la propia juzgadora determinó que, en todo caso, de advertirse necesaria tal probanza, se desahogará en etapa de ejecución correspondiente, tornando así ineficaces las manifestaciones del quejoso recurrente. ..."
II. Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 47/2021, mediante resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno.
a. Una persona promovió juicio administrativo contra la resolución negativa ficta recaída al escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecisiete ante la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual solicitó el ajuste e incremento a su cuota diaria de pensión, de conformidad con el artículo 57, vigente a partir del uno de enero de dos mil dos y hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, además de que se le otorgara el concepto 02 bono de despensa, se le paguen las diferencias resultantes y el concepto de aguinaldo.
La Sala del conocimiento emitió sentencia en la que, por un lado, reconoció la validez de la resolución impugnada respecto del bono de despensa y, por otro, declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad incrementara y ajustara la cuota pensionaria, en términos del artículo 57, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de enero de dos mil dos al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, así como el pago de diferencias.
Seguida la secuela procesal, la sentencia quedó firme por auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve.
Por escrito recibido el catorce de febrero de dos mil veinte, el actor interpuso el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de sentencia, el cual quedó sin materia por resolución de veintiuno de agosto de dos mil veinte, con motivo de que por escrito de tres de agosto del propio año, el actor promovió instancia de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, exhibiendo el oficio **********, de ocho de abril de dos mil veinte, por medio del cual la autoridad demandada informaba respecto del cumplimiento a la sentencia definitiva.
Posteriormente, por resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte fue declarada procedente y fundada la referida queja por defecto, porque se consideró fundado que las diferencias que el instituto determinó deberían de pagarse debidamente actualizadas.
En cumplimiento a la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte que declaró fundada la queja por defecto por cumplimiento, la demandada emitió el ocho de diciembre de dos mil veinte el oficio **********.
b. El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra del oficio **********, el cual atribuyó a autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al estimar que incumplieron con los efectos ordenados en la sentencia de nulidad y a la interlocutoria del recurso de queja derivado del defectuoso cumplimiento de sentencia.
c. De la demanda conoció la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la registró bajo el expediente del juicio de amparo 50/2021 y la admitió a trámite; no obstante, desechó la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por el quejoso, bajo el argumento de que en términos del artículo 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal como aparece probado ante la autoridad responsable y que no es aplicable el segundo párrafo de dicho precepto, pues la ley procesal que regula el procedimiento contencioso del que deriva el acto reclamado, da oportunidad a la parte quejosa de ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones durante el juicio.
d. En contra del acuerdo en que se decretó el desechamiento de la prueba antes descrita, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado contendiente, en el sentido de declararlo infundado en lo que a este estudio interesa, por las razones que se transcriben: "SÉPTIMO.—Los argumentos vertidos en el único agravio resultan ineficaces.
"Para demostrar lo aseverado, en principio se traen a cuenta las consideraciones con apoyo en las cuales la a quo desechó la prueba pericial en materia de contabilidad en el auto recurrido:
"‘Por cuanto hace a la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la parte quejosa, toda vez que en términos del artículo 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo el acto reclamado debe apreciarse tal como aparece probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.
"‘En ese sentido, debe precisarse que no resulta aplicable en la especie, el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de Amparo, que en su integridad establece:
"‘«Artículo 75. ...»
"‘Lo anterior, porque de la apreciación literal del segundo párrafo del precepto en cuestión, se evidencia que el ofrecimiento de pruebas que no tuvo a la vista la autoridad responsable, está sujeto a la falta de oportunidad para ofrecerlas dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica que la ley de la materia no regula el ofrecimiento de pruebas, o la posibilidad de ofrecer pruebas supervinientes; o bien, que se trate de terceros extraños ajenos a la litis o por equiparación, cuando siendo parte demandada no hayan sido emplazados al juicio natural.
"‘En el caso, del escrito inicial de demanda se aprecia que el acto reclamado deriva de un juicio contencioso administrativo; que el quejoso es parte actora en el mismo e inclusive, el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, obtuvo una sentencia a favor al declarar la nulidad de la resolución impugnada; luego, no es tercero extraño a juicio, ni siquiera por equiparación.
"‘Ahora bien, los artículos 39, 40, 41 y 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen:
"‘«Artículo 39. ...»
"‘De los preceptos legales transcritos es evidente que la ley procesal que regula el procedimiento contencioso administrativo del que deriva el acto reclamado, prevé la oportunidad de ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones e inclusive, da la oportunidad de promover incidentes que no tengan una tramitación especial para ofrecer pruebas.
"‘En ese orden de ideas, es inconcuso que no resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, pues la ley procesal que regula el procedimiento contencioso del que deriva el acto (sic) reclamado da oportunidad a la parte quejosa de ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones durante el juicio e inclusive, después del dictado de la sentencia condenatoria por medio de un incidente previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"‘Además, el quejoso no es tercero extraño a la controversia de origen, pues es parte actora y compareció al mismo a deducir sus derechos.
"‘Se invoca la tesis 2a. XLIII/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido y rubro siguientes:
"‘«PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA.»
"‘El artículo 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece el principio de limitación de pruebas, al prever que en las sentencias dictadas en los juicios de amparo debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, sin admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hayan rendido ante ella; disposición que resulta acorde con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no restringe la posibilidad de que el quejoso formule argumentos defensivos, en relación con lo acontecido ante esa autoridad.
"‘Sirve de apoyo la tesis 1a. LXXIX/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro cuarenta y cuatro, julio de dos mil diecisiete, Tomo I, página setenta y cuatro, con registro dos millones catorce mil seiscientos noventa y siete (2014697) «TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO NO CONTROVIERTE (SIC) ESE DERECHO HUMANO.»
"‘Por tanto, se desecha por improcedente la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la parte quejosa.’
"Ahora bien, fundamentalmente el quejoso, ahora recurrente, expone que en el amparo son admisibles todas las pruebas, excepto la de posiciones y las que fueran contra la moral o contra el derecho; que el desahogo de dicha probanza es necesaria para mejorar (sic) un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, ya que puede servir de parámetro para acreditar la actualización del acto omisivo que se reclama a las responsables; que la jurisprudencia citada por la Jueza limita a una valoración subjetiva del juzgador la idoneidad de una prueba, lo que ya no puede considerarse aplicable en cuanto a sus alcances y sentido, pues la reforma al artículo 1o. constitucional estableció la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es Parte, de conformidad con los principios de interpretación conforme y pro homine; y que tal prueba pericial ofrecida sí guarda relación con la litis y con la misma se trata de cumplir con la técnica legal de la carga de la prueba, lo cual restringe el derecho del quejoso para acreditar plenamente los hechos manifestados en la demanda de amparo, así como para robustecer la existencia de los actos que se reclaman, lo cual no controvierte las consideraciones del acuerdo mediante el cual la Jueza de Distrito desechó la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida.
"Lo anterior es así, ya que de la lectura de la demanda de amparo, así como del acuerdo de admisión de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 50/2021, del que deriva el presente asunto, evidencian que el acto reclamado en el juicio es el oficio **********, de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitido por el subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"Al respecto, el artículo 75 de la Ley de Amparo dispone:
"‘Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.
"‘No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el Juez de Distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.
"‘El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior.
"‘Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.’
"En ese orden de ideas, se advierte que tal disposición establece, como regla general, que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla.
"A su vez, el segundo párrafo contempla una excepción, a saber, que tratándose del amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable.
"Ahora bien, para fijar el correcto alcance de la excepción que señala el citado precepto, debe atenderse al artículo 1o. de la Ley de Amparo, partiendo de la naturaleza y finalidad del juicio de garantías que, como la propia norma lo define, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
"Así, puede decirse que el juicio de amparo no constituye una nueva o segunda o tercera instancia del procedimiento del orden común, donde pueden recibirse las pruebas que no se desahogaron con anterioridad –aunque reúnan los requisitos establecidos en la ley (artículo 119 de la Ley de Amparo)–, ni dicho juicio, que es autónomo, tiene por objeto decidir directamente sobre acciones, excepciones o pretensiones que se plantean en el procedimiento ordinario, pues lo que en él se juzga, es exclusivamente si el acto reclamado vulnera derechos subjetivos, siendo por esta razón que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, tomando en consideración sólo los elementos que tuvo ante sí y pudo la autoridad ponderar, dado que lo que se juzga es, precisamente, su actuación.
"Por ello, si el hoy quejoso, ahora recurrente, fue parte en e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31166-68e9aa0b/pruebas-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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