LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ELLA EL AUTORIZADO POR EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL POR SU PROPIO DERECHO, CONTRA EL COBRO DE DERECHO POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO, EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ROBERTO LARA HERNÁNDEZ, QUIEN EJERCIÓ VOTO DE CALIDAD Y LUIS ENRIQUE VIZCARRA GONZÁLEZ. DISIDENTES: MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN Y SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. PONENTE: ROBERTO LARA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: DULCE MARÍA GUADALUPE HURTADO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno del Trigésimo Circuito es competente legalmente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se dirime una posible contradicción de tesis entre las posturas sostenidas, por una parte, por los Tribunales Primero y Tercero y, por otra parte, por los Tribunales Segundo y Cuarto, todos de este Trigésimo Circuito.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes.
TERCERO.—Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dan origen a la denuncia de contradicción de tesis, son:
A. En la resolución emitida el nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión administrativo 43/2019, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados José Luis Rodríguez Santillán y Carlos Manuel Aponte Sosa, contra el voto del Magistrado Miguel Ángel Alvarado Servín, determinó lo siguiente:(1)
"15. En su único agravio la parte quejosa recurrente señala, en esencia, lo siguiente:
"• Que el Juzgado de Distrito omitió atender las cuestiones planteadas en la demanda de amparo, así como la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado sobre el tema planteado.
"• Que lo resuelto por el a quo atiende a un análisis desfasado de su interés legítimo, ya que debió valorar la calidad con la que solicitó las copias certificadas ante la responsable.
"• Que tal petición la hizo a partir de la necesidad propia de contar con dichas constancias para realizar trámites legales derivados de la relación contractual emanada de la representación legal prestada a favor de la tercero interesada.
"• Que incluso en la solicitud incluyó la leyenda ‘Lo anterior por así convenir a los intereses de la parte suscrita’ lo que evidencia que la hizo por derecho propio.
"16. Los reseñados argumentos son esencialmente fundados.
"17. Lo anterior es así, porque de las constancias que obran dentro de autos, se desprende que la solicitud de copias certificadas realizada por el aquí recurrente, la hizo en los términos siguientes:
Ver solicitud
"18. Además, en la demanda de amparo el quejoso narró como antecedentes del acto reclamado, lo siguiente:
"‘1. El suscrito quejoso representé como licenciado en derecho y representante legal a quien hoy funge como tercero interesado en el juicio señalado como antecedente dentro del proemio del presente juicio de amparo, mismo que fue tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional del Centro I, jurisdicción en Aguascalientes.
"‘2. Es el caso que el suscrito requiero llevar a cabo diversos trámites de carácter legal derivado de la relación contractual establecida con quien hoy funge como tercero interesado.
"‘3. Para el efecto de gestionar dichos trámites, el suscrito en fecha 11 de octubre del año 2018, presenté (sic) ante la oficialía de partes solicitando copia certificada de todo lo actuado en el juicio de naturaleza administrativa, seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional del Centro I, jurisdicción en Aguascalientes.
"‘4. Así las cosas en fecha 22 (sic) de octubre del año 2018, el Magistrado instructor de la Sala Regional del Centro I, jurisdicción Aguascalientes publicó, mediante la lista de acuerdos respectiva fijada en los estrados de la autoridad responsable, proveído en el que se plasmó lo siguiente:
"‘«...TÉNGASE POR RECIBIDO EL ESCRITO DE CUENTA, y en atención a su solicitud, ... previo pago correspondiente de derechos que se realice, expídase en un tanto de copias certificadas de los documentos que solicita consistentes en las actuaciones del expediente en que se actúa».
"‘5. Derivado de lo anterior, es claro que la imposición por parte del Magistrado instructor de la Sala Regional del Centro I, jurisdicción Aguascalientes, respecto del pago que de forma previa debo realizar para la correspondiente expedición de esas copias certificadas, es un acto que me coloca en un severo estado de indefensión al tenor de que se justifica dicho cobro en una normatividad que ha sido declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conllevando con ello efectos en claro perjuicio del suscrito, al encontrarme con la carga económica que no debo solventar, para poder obtener los medios probatorios requeridos en los trámites de carácter legal que requiero realizar derivada de la relación contractual establecida con quien hoy funge como tercero interesado.
"‘6. Ante tal situación jurídica del quejoso y la omisión de la responsable al no garantizar el ejercicio de mis derechos humanos tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es claro que me veo en la necesidad de interponer demanda de amparo indirecto, lo anterior para el efecto de que se ordene a la autoridad responsable cumpla con su cometido en el término que prevé el orden jurídico supremo, dejando sin efectos el requerimiento de pago por la expedición de copias certificadas y restituyéndome en el goce del derecho humano violentado, es decir, el acceso a una justicia gratuita, dictando un nuevo auto en el que se ordene la expedición de esas copias certificadas sin la obligación del suscrito de pagar los correspondientes derechos.’
"19. Como se observa, ni de los antecedentes del acto reclamado –que han quedado transcritos–, como tampoco de apartado distinto de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso señaló que promovió el litigio constitucional a favor de la parte actora del juicio de origen, o bien, que lo hiciera en pretendida representación de ésta, por virtud del carácter de autorizado que tiene reconocido en el juicio contencioso; y mucho menos aseveró que el acto reclamado afectara los derechos de la parte actora **********, ni que con motivo de ello, acudiera a la instancia constitucional a combatir el acto de autoridad.
"20. Por el contrario, el aquí inconforme afirmó que la condicionante impuesta por la autoridad responsable para la expedición de las copias certificadas que él solicitó para gestionar diversos trámites de interés particular, le causaba un perjuicio en lo individual al imponerle una carga económica que debía solventar para poder obtener los medios probatorios requeridos para llevar a cabo una tramitación legal distinta, la cual deriva de la relación contractual que entre él y su autorizante se había establecido.
"21. Por esto, como lo aduce el recurrente, la protección de la Justicia Federal la solicitó por su propio derecho y para combatir el acto de autoridad consistente en el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se le impuso como condicionante para la expedición de las copias certificadas solicitadas que se cubriera previamente el costo de cada una de ellas, lo que constituye una situación que le causa una afectación en su esfera jurídica de manera personal y directa, precisamente al tener que erogar ese gasto para obtener las copias que necesita para llevar a cabo una diversa tramitación legal a título personal y no únicamente en beneficio de su autorizante.
"22. En ese contexto debe concluirse que, opuestamente a lo estimado en la sentencia recurrida, en el caso concreto no se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 6o., párrafo primero, y 10, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo.
"23. En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y, por ende, levantar el sobreseimiento decretado por el a quo, siendo que ante la inexistencia del reenvío, este tribunal se ocupará de los conceptos de violación formulados por el quejoso, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo.(2)
"VII. Estudio del concepto de violación
"24. En su único concepto de violación, el quejoso aduce:
"• Que el acto reclamado viola las garantías de justicia pronta, gratuita y expedita, al imponerle una carga económica que no se funda ni motiva debidamente.
"• Que se viola el artículo 31, fracción IV, constitucional, debido a que no se justifica la proporcionalidad ni la manera equitativa en la que debe llevarse a cabo el pago de las copias solicitadas, conforme a los montos a razón de diecinueve pesos con cuarenta y dos centavos, violando además, lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, en cuanto al acceso a la justicia gratuita y libre de gastos y costas judiciales.
"• Que se le impide ejercer su derecho de obtener los medios probatorios requeridos para los trámites legales derivados de la relación contractual establecida entre él y la parte tercero interesada.
"• Que existe jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal del País que ha declarado la invalidez del cobro de derechos de copias certificadas por parte del Magistrado instructor responsable, lo que conlleva que el acto reclamado sea inconstitucional, desproporcionado y carente de sustento jurídico.
"• Que, al respecto, es aplicable (sic) las tesis de rubro: ‘DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o. FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).’, ‘DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o. FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.’ y ‘DERECHOS. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AUN CUANDO LA NORMA HAYA SUFRIDO ACTUALIZACIONES EN LA TARIFA DEL COSTO POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 132/2011 (9a.).’
"25. Tales argumentos son parcialmente fundados.
"26. Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal ya se pronunció con respecto al tema del cobro por concepto de la expedición de copias certificadas, contenido en el artículo 5o. de la Ley Federal de Derechos, mismo que en su fracción primera dispone:
"‘Artículo 5o. Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean prestados por cualquiera de las Secretarías de Estado y Procuraduría General de la República, se pagarán derechos conforme a las cuotas que para cada caso a continuación se señalan, salvo en aquellos casos que en esta ley se establecen expresamente.
"‘I. Expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio .......... $19.42
"‘Asimismo se pagará el derecho que se estipula en esta fracción, por la expedición de copias certificadas que sean solicitadas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.’
"27. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que dicho precepto viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal; pues si se toma en cuenta que la solicitud de copias certificadas implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas y, además, que dicho servicio es un acto instantáneo ya que se agota en el mismo acto en que se efectúa, sin prolongarse en el tiempo; por lo que resulta evidente que el precio cobrado al gobernado es incongruente con el costo que tiene para el Estado la prestación del referido servicio.
"28. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 132/2011 (9a.), que dice:
"‘DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).—Tratándose de los derechos por servicios, los principios tributarios de proporcionalidad y equidad se cumplen cuando el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que tiene para el Estado la realización del servicio prestado, además de que el costo debe ser igual para los que reciben idéntico servicio. Lo anterior es así, porque el objeto real de la actividad pública se traduce en la realización de actos que exigen de la administración un esfuerzo uniforme; de ahí que la cuota debe atender al tipo de servicio prestado y a su costo, es decir, debe existir una correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota. En ese sentido, se concluye que el artículo 5o., fracción I, de la Ley Federal de Derechos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, al disponer que tratándose de la expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio se pagarán once pesos moneda nacional, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, pues si se toma en cuenta, por un lado, que la solicitud de copias certificadas implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas y, por el otro, que dicho servicio es un acto instantáneo ya que se agota en el mismo acto en que se efectúa, sin prolongarse en el tiempo, resulta evidente que el precio cobrado al gobernado es incongruente con el costo que tiene para el Estado la prestación del referido servicio; máxime que la correspondencia entre éste y la cuota no debe entenderse como en derecho privado, en tanto que la finalidad de la expedición de copias certificadas no debe implicar la obtención de lucro alguno.’(3)
"29. No pasa desapercibido que la jurisprudencia se refiere a la legislación vigente en el año dos mil seis, en tanto que la invocada en el acto reclamado es la relativa a dos mil dieciocho; pero tal circunstancia no es obstáculo para la aplicación de la misma en el caso concreto, pues aun cuando el artículo 5o. de la Ley Federal de Derechos ha sufrido actualizaciones en cuanto a la tarifa del costo por la expedición de las copias certificadas, lo cierto es que persiste su inconstitucionalidad por las razones expuestas al efecto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"30. La determinación anterior se sustenta en la tesis 1a. CCCII/2013 (10a.), de la propia Primera Sala del Máximo Tribunal, que señala:
"‘DERECHOS. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA SUBSISTE, AUN CUANDO LA NORMA HAYA SUFRIDO ACTUALIZACIONES EN LA TARIFA DEL COSTO POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2011 (9a.)].—En la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 132/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 3, página 2077, de rubro: «DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).», se estableció que el artículo 5o., fracción I, de la Ley Federal de Derechos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, al disponer que tratándose de la expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio, se pagarán once pesos moneda nacional, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues si se toma en cuenta, por un lado, que la solicitud de copias certificadas implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas y, por el otro, que dicho servicio es un acto instantáneo, al agotarse en el mismo momento en que se efectúa, sin prolongarse en el tiempo, resulta evidente que el precio cobrado al gobernado es incongruente con el costo que tiene para el Estado la prestación del referido servicio; el contenido de dicho precedente deben aplicarlo los juzgadores al conocer de un juicio de amparo promovido contra el mismo artículo, aun cuando la norma haya sufrido actualizaciones en la tarifa del costo por la expedición de las copias certificadas. Esto es, la variación en la tarifa como consecuencia de una resolución miscelánea no salva la constitucionalidad del artículo 5o., fracción I, de la Ley Federal de Derechos, toda vez que subsiste la inconstitucionalidad por las mismas razones apuntadas en la jurisprudencia de mérito.’(4)
"31. En la ejecutoria de la cual emanó la jurisprudencia 1a./J. 132/2011 (9a.), la Primera Sala consideró, entre otros aspectos de estudio, lo siguiente:
"‘Asentado lo anterior, es pertinente señalar que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, así como que dicho servicio es un acto instantáneo, porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.
"‘...
"‘De lo anterior se colige que si el servicio prestado por el Estado se traduce en la expedición de las copias que se le soliciten y en el cotejo respectivo con su original, el cual certifica el servidor público que conforme a sus atribuciones legales le corresponda, entonces, dicho servicio no resulta razonablemente congruente con el costo que para el Estado tiene su realización, produciendo de esta manera una flagrante violación al principio de proporcionalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al cubrir el particular la cantidad sin ajuste de **********, por la expedición de copias y certificación de cada una de las trescientas once hojas relativas al expediente administrativo **********, en virtud de que la correspondencia entre el servicio y la cuota no puede entenderse de ningún modo como en derecho privado y, por tanto, no debe perseguirse lucro alguno con la expedición de las copias certificadas.
"‘...
"‘Conviene señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que a fin de determinar si es que los derechos que se cobran por la prestación de servicios por parte del Estado son constitucionales, es necesario atender a una relación razonable entre el costo del servicio y la cantidad que por él se cobra al gobernado.
"‘Por lo tanto, invocando como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o., que en el mercado comercial el valor de una fotocopia fluctúa entre los cincuenta centavos hasta los dos pesos, aproximadamente, dependiendo de las condiciones especiales que pudieran atender a la oferta y demanda de cada escenario en lo particular, la cantidad que se pretende cobrar en la ley reclamada por la certificación respectiva es totalmente desproporcionada, puesto que no es razonable que el precio total de la fotocopia certificada corresponda propiamente al costo de la certificación, sobre todo si esta última la lleva a cabo un servidor público a quien se le atribuye esa facultad por disposición expresa de una norma jurídica y, además, por ello, implicaría suponer que la firma de la autoridad correspondiente es la que cuesta mucho más que el solo fotocopiado, que es mínimo.
"‘...
"‘Efectivamente, no existe una equivalencia moderada o razonable entre el costo del servicio y la cantidad que cubrirá el contribuyente, ya que del costo del servicio prestado por el Estado pasa a uno que incluye ganancias, lo que resulta inconstitucional, máxime que de manera alguna justifica la cuantificación de ese pago en razón del servicio prestado.
"‘De igual forma, es de considerar que si bien es cierto que la norma tiene cierta relación cuantitativa respecto a lo que pudiera cobrar un notario público por dicha certificación, no puede pasar desapercibido que éste puede obtener un lucro por la realización de su actividad, a diferencia de la Administración Pública Federal, donde el principio de proporcionalidad exime la posibilidad de que el cobro de un derecho persiga ganancia alguna, inclusive, superior al valor de mercado; de ahí que si el cobro del servicio busca preponderadamente un lucro, en razón de que el derecho es muy superior al valor comercial de una copia, es evidente que resulta inconstitucional.’
"32. En el caso, el acuerdo reclamado de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, fue emitido por la responsable en los términos siguientes:
Ver acuerdo
"33. Como se observa, la autoridad responsable condicionó la expedición de las copias certificadas solicitadas por el aquí quejoso, a que acreditara el pago de derechos correspondientes, invocando lo dispuesto por los artículo (sic) 5o. y 6o. de la Ley Federal de Derechos.(5)
"34. Tales disposiciones normativas –en lo que aquí atañe– imponen la obligación de pagar la expedición de las copias certificadas que sean solicitadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con una cuota –vigente en el año dos mil dieciocho, que fue cuando se emitió el acto reclamado– de diecinueve pesos con cuarenta y dos centavos ($19.42) por cada hoja tamaño carta u oficio.
"35. Ahora bien, conforme a la aludida jurisprudencia 1a./J. 132/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el artículo 5o., en su fracción I, es inconstitucional, porque la cantidad prevista para la expedición de cada copia certificada no es el monto real por el servicio prestado.
"36. Por lo tanto, como lo aduce el quejoso, el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, al condicionar la expedición de las copias certificadas de todo lo actuado en el juicio contencioso de origen, a que previamente se exhiba el recibo de pago correspondiente, fundándose para tal efecto la autoridad responsable en lo dispuesto por el artículo 5o., fracción I, de la Ley Federal de Derechos; resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por ser incongruente con el costo que tiene para el Estado la prestación de dicho servicio, de acuerdo a lo que ha sido establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 132/2011 (9a.).
"37. Sin embargo, ello no significa que no se deba pagar ninguna cantidad por la expedición de las copias certificadas solicitadas a la Sala responsable, sino que, de acuerdo a lo determinado en la citada ejecutoria, el solicitante se encuentra obligado a pagar el costo del servicio en correlación a la expedición de tales copias, pues la correspondencia entre el servicio prestado únicamente puede ser considerado por el concepto de los materiales que son necesarios para su reproducción, lo cual no debe perseguir lucro alguno.
"38. En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable:
"a) Deje insubsistente el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio contencioso **********.
"b) Emita otro, en el que al proveer sobre la expedición de las copias certificadas que solicitó el quejoso **********, no le condicione o exija el cumplimiento del pago, o bien, la exhibición del recibo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 5o. y 6o. de la Ley Federal de Derechos, es decir, el cobro de diecinueve pesos con cuarenta y dos centavos –o diecinueve pesos, que es la cuota con ajuste– por cada hoja certificada.
"c) Exija únicamente el costo del servicio que corresponda y sea proporcional según su valor comercial en el mercado."
B. Por su parte, los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en la resolución dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión administrativo 22/2019, por unanimidad de votos, sustentaron lo siguiente:(6)
"SEXTO.—Estudio de los agravios.
"Es fundado y suficiente para revocar la sentencia impugnada, lo argüido por el disconforme en el sentido de que el a quo no atendió debidamente a los antecedentes del acto reclamado expresados en la demanda de amparo, así como al hecho de que promovió el litigio constitucional por su propio derecho, y no en pretendida representación del actor del juicio contencioso de origen, o bien, con el carácter de autorizado de este último para defender sus derechos, sino los del propio recurrente, traducidos en obtener las copias certificadas que él solicitó de todo lo actuado en el litigio de origen, para llevar a cabo diversos trámites que tienen que ver con sus intereses particulares, y no con los del mencionado actor.
"En efecto, en el apartado de antecedentes del acto reclamado de la demanda de amparo, el aquí recurrente ********** expuso lo que a continuación se trasunta:
"‘1. El suscrito quejoso representé como licenciado en derecho y representante legal a quien hoy funge como tercero interesado en el juicio señalado como antecedente dentro del proemio del presente juicio de amparo, mismo que fue tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional del Centro I, jurisdicción Aguascalientes.
"‘2. Es el caso que el suscrito requiero llevar a cabo diversos trámites de carácter legal derivado de la relación contractual establecida con quien hoy funge como tercero interesado.
"‘3. Para el efecto de gestionar dichos trámites, el suscrito en fecha 11 de octubre del año 2018 presenté (sic) ante la oficialía de partes solicitando copia certificada de todo lo actuado en el juicio de naturaleza administrativa, seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional del Centro I, jurisdicción en Aguascalientes.
"‘4. Así las cosas, en fecha 19 de octubre del año 2018, el Magistrado instructor de la Sala Regional del Centro I, jurisdicción Aguascalientes, publicó mediante la lista de acuerdos respectiva fijada en los estrados de la autoridad responsable, proveído en el que se plasmó lo siguiente:
"‘«...Al respecto, téngase por recibido el escrito de cuenta y dígasele al promovente, que una vez que exhiba el recibo de pago correspondiente a las copias certificadas que solicita, se acordará lo que en derecho corresponda; asimismo, se le informa que el costo por cada hoja certificada tamaño carta u oficio, es de $19.42»
"‘5. Derivado de lo anterior, es claro que la imposición por parte del Magistrado instructor de la Sala Regional del Centro I, jurisdicción Aguascalientes, respecto del pago que de forma previa debo realizar para la correspondiente expedición de esas copias certificadas, es un acto que me coloca en un severo estado de indefensión, al tenor de que se justificado (sic) dicho cobro en una normatividad que ha sido declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conllevando con ello efectos en claro perjuicio del suscrito, al encontrarme con la carga económica que debo solventar para poder obtener los medios probatorios requeridos en los trámites de carácter legal que requiero realizar derivado de la relación contractual establecida con quien hoy funge como tercero interesado.
"‘6. Ante tal situación jurídica del quejoso y la omisión de la responsable al no garantizar el ejercicio de mis derechos humanos tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es claro que me veo en la necesidad de interponer demanda de amparo indirecto, lo anterior para el efecto de que se ordene a la autoridad responsable cumpla con su cometido en el término que prevé el orden jurídico supremo, dejando sin efectos el requerimiento de pago por la expedición de copias certificadas y restituyéndome en el goce del derecho humano violentado, es decir, el acceso a una justicia gratuita, dictando un nuevo auto en el que se ordene la expedición de esas copias certificadas sin la obligación del suscrito de pagar los correspondientes derechos.’ (el subrayado es añadido)
"Como se ve, la determinación jurídica del Magistrado responsable no fue reclamada por el recurrente en aras de defender los derechos del actor en el juicio de origen **********, sino más bien a título personal y con motivo de que fue él quien solicitó la expedición de las copias certificadas de todo lo actuado en el litigio contencioso, en el que si bien tiene el carácter de autorizado del citado **********, la petición respectiva no se hizo para defender los intereses de este último, sino para gestionar diversos trámites de interés particular del mencionado **********.
"Además, ni en los antecedentes del acto reclamado que han quedado transcritos ni en apartado distinto de la demanda de amparo, el referido ********** señaló que promoviera el litigio constitucional a favor del actor del juicio de origen, o bien, que lo hiciera en pretendida representación de él por virtud del carácter de autorizado que tiene reconoc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29498-85ab65c1/legitimacion-para-promover-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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