INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ –PRESIDENTE–, QUIEN EJERCIÓ VOTO DE CALIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ, TAISSIA CRUZ PARCERO Y CARLOS LÓPEZ CRUZ. DISIDENTES: HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO Y LUIS PÉREZ DE LA FUENTE. PONENTE: FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO. ENCARGADO DEL ENGROSE: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO. SECRETARIO: BRYAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno de Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación de los denunciantes. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, facultados para denunciar los criterios contradictorios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del Circuito, de conformidad con los preceptos 226, fracción III, en relación con el 227, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.—En este punto cabe resaltar que en el oficio de denuncia de contradicción, los Magistrados denunciantes señalaron que los Tribunales Colegiados de Circuito sostienen posturas contradictorias respecto a una misma cuestión jurídica, lo que textualmente puntualizaron:
"En cumplimiento a lo acordado en sesión ordinaria de uno de marzo de dos mil dieciocho, en la que se resolvió la queja penal **********, se denuncia la contradicción de criterio que existe entre el sustentado por el Pleno de este Tribunal Colegiado en la ejecutoria correspondiente al precitado asunto, con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, emitido en la ejecutoria de amparo en revisión **********, resuelto en sesión de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.
"El punto de disenso, reside en que este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de manera manifiesta e indudable cuando se reclama la negativa del agente del Ministerio Público, de permitir al quejoso el acceso a la carpeta de investigación, y dicho impetrante no tiene reconocido el carácter de imputado en la misma, en razón de ello, debe desecharse la demanda de amparo; en tanto que el Primer Tribunal Colegiado resolvió que no se actualiza dicha causal de improcedencia, por lo que analizó el fondo del asunto."
CUARTO.—Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada –o cualquier otra que pueda ser abordada por este Pleno–, es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las resoluciones respectivas.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en la parte que interesa, consideró:
"III. Decisión. Por los motivos que se explicarán en el desarrollo de esta ejecutoria, son inoperantes e infundados los agravios planteados por el quejoso recurrente, por lo cual, debe confirmarse la sentencia recurrida al Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
"III.A. Antecedentes.
"Como se señaló en el resultando 1 de esta ejecutoria, los actos reclamados en el juicio de amparo se hicieron consistir en:
"• El oficio **********, de dieciocho de enero de dos mil diecisiete.
"• El oficio **********, de diecinueve de enero de dos mil diecisiete.
"• La omisión de citar a comparecer al quejoso en la carpeta de investigación **********.
"Atribuidos al agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Séptima Investigadora CGI de la Unidad de Investigación y Litigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la Procuraduría General de la República.
"Del estudio de constancias, se desprende que los actos combatidos tuvieron génesis en el escrito de petición que ********** –en adelante sólo **********– presentó ante la autoridad responsable en dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en el que a raíz de lo que se enteró por medio de notas periodísticas en las que se aludía al inicio de una investigación ministerial en la que había sido señalado como prestanombres del exgobernador del Estado de **********, **********, en esencia, solicitó:
"• Que se le informara si existían dentro de la carpeta de investigación **********, imputaciones en su contra, y que se le señalara las razones o motivos por los cuales no había sido citado hasta ese momento; y,
"• Lo citara para comparecer en el día y hora que señalara, con el objeto de que pudiera dar respuesta a las imputaciones en su contra y a ejercer plenamente los derechos fundamentales de los cuales es titular.
"A lo cual, en contestación a dicho ocurso de petición, la autoridad responsable emitió los oficios reclamados en los que toralmente manifestó:
"• Que el peticionario, en efecto, se encontraba relacionado en la carpeta de investigación de referencia.
"• El motivo por el cual no se la había citado, era porque hasta esa fecha (de emisión de los oficios) no obraba dato de prueba para que persona alguna formulara denuncia o querella en su contra. Por lo que no podía ser citado a comparecer, en razón de lo anterior.
"• Conforme al artículo 21 constitucional, corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público de la Federación, investigar los delitos y practicar las diligencias necesarias al efecto. Por tal motivo, la representación social en el momento procesal oportuno, le agendaría una cita para que esgrimiera lo que a su derecho conviniera de ser necesario para su investigación.
"Al respecto, el Juez de Distrito en la sentencia que se le recurre, apreció lo siguiente:
"• La respuesta que brindó la autoridad responsable a la petición del quejoso, no fue incongruente, en tanto que no existe imputación en su contra, pues precisó que al menos, al diecinueve de enero de dos mil diecisiete, no obraba un dato de prueba en el que persona alguna formulara denuncia o querella en perjuicio del impetrante, y que, precisamente, esa era la razón por la que hasta ese momento no se le había citado, esto es, porque no existía imputación a la que debiera dar respuesta.
"• Por la misma razón, la autoridad responsable no se encontraba obligada a acordar la designación de abogados defensores, en virtud que el quejoso aún no tenía la calidad de imputado dentro de la carpeta de investigación.
"• El hecho de que se encontrara relacionado con la indagatoria, no le otorgaba el carácter de imputado al quejoso, pues no era cierto que tal reconocimiento quedara a criterio del Ministerio Público, ya que de manera clara éste había señalado que no obraba dato de prueba del que se desprendiera una imputación en su contra.
"• Si el quejoso no tiene el carácter de imputado, no puede tener acceso a la carpeta de investigación, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los cuales se desprende que sólo hasta que el quejoso llegue a tener la calidad de imputado en una indagatoria, tendrá acceso a la misma y derecho a ejercer su defensa adecuada, ya sea en el momento de su detención, cuando comparezca voluntariamente o sea citado para comparecer.
"• La representación social debe conducirse –durante la investigación y en todo el proceso– bajo el principio de lealtad, lo que significa, entre otras cosas, el deber de proporcionar información veraz sobre los hechos, hallazgos y el de no ocultar a las partes información que pudiera resultarles benéfica, así como el respeto a los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, tal como lo establecen los artículos 128 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(1)
"• De ahí que, si la autoridad responsable adujo que el aquí quejoso no tenía el carácter de imputado, era inconcuso que había actuado bajo el aludido principio, y que en el momento en que tuviese tal carácter, sería citado para que compareciera y ejerciera su derecho al debido proceso y defensa adecuada.
"• En virtud que el sistema procesal penal acusatorio se sustenta en el principio de contradicción, es incuestionable que, en el supuesto de que el impetrante adquiera el carácter de imputado derivado de que exista el dato de prueba que lo incrimine, el Ministerio Público investigador estará obligado a hacerlo comparecer para darle a conocer los registros de la investigación y pueda entonces ejercer su derecho de defensa.
"• En consecuencia, la omisión de citar al quejoso a la carpeta de investigación, se encuentra legalmente justificada.
"Motivos que le permitieron al juzgador de amparo negarle la protección constitucional a **********, al estimar que los actos reclamados no son lesivos de sus derechos fundamentales.
"III.B. Estudio de la causa de improcedencia que omitió analizar el Juez de Distrito en la sentencia recurrida.
"Ahora bien, previo a señalar los puntos de agravio que el recurrente esgrime en contra de la determinación impugnada, este Tribunal Colegiado advierte que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado de Distrito, en el contenido del pedimento que presentó durante la tramitación del juicio de amparo, hizo valer que en éste se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, únicamente en relación al acto reclamado consistente en: ‘la omisión (de la autoridad responsable) de citar a comparecer al quejoso en la carpeta de investigación **********’, pues argumentó que ********** carece de interés jurídico y/o legítimo para combatir tal omisión, en virtud que en su contra no se está instruyendo una carpeta de investigación, siendo que para que la omisión reclamada le pudiese irrogar un perjuicio, sería menester que tuviese la calidad de ‘inculpado’ dentro de la indagatoria.
"En la sentencia recurrida, en particular en su considerando cuarto, el juzgador federal precisó que las partes no habían alegado causales de improcedencia, ni tampoco de oficio advertía la actualización de alguna de ellas.
"Por ende, se observa que en el fallo controvertido se omitió hacer el estudio en torno a la causal de improcedencia invocada por la representante social de la Federación adscrita al órgano de amparo recurrido.
"De ese modo, en razón de que las cuestiones respecto a la procedencia del juicio de amparo son de orden público y, por ende, de estudio preferente, este tribunal emprende el análisis de la hipótesis de improcedencia alegada por la referida parte que integra al controvertido constitucional, porque de actualizarse, devendría innecesario examinar los agravios argüidos por el recurrente.
"Es infundado el planteamiento de improcedencia, porque de configurarse, se incurriría en la falacia de ‘petición de principio’, en el que se toma como principio de demostración la conclusión que en todo caso es el objeto o materia de estudio en el asunto.
"Lo anterior es así, porque como se expuso en el apartado III.A., los actos reclamados tuvieron génesis en el escrito de petición que ********** presentó ante la autoridad responsable en dieciocho de enero de dos mil diecisiete, cuya pretensión –esencial– que buscaba lograr a través del mismo, era que la autoridad responsable no sólo le informara de la situación jurídica que guardaba en la indagatoria, sino en realidad, que lo citara con el objeto de comparecer y tener acceso a la carpeta de investigación **********, para que, de ese modo, estuviese en aptitud de ejercer sus derechos conforme a su interés legal conviniera. Esto, en virtud que el impetrante asumió que tenía la calidad de imputado, porque se enteró –por medio de notas periodísticas– sobre la existencia de una investigación ministerial en la que había sido señalado como prestanombres de un exservidor público del Gobierno del Estado de **********, por lo cual, la autoridad responsable debía de actuar del modo señalado, a fin de que se le respetaran sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso y defensa adecuada.
"Como también se vio, en respuesta a dicha solicitud, la responsable emitió los oficios ********** y **********, en los que, básicamente, negó la pretensión intentada por el peticionario, es decir, que fuera citado para los objetivos indicados (comparecer para tener acceso a la indagatoria), al argüir que **********, sólo tenía la calidad de ‘relacionado’ en las actuaciones, en la medida que no obraba dato de prueba para que persona alguna formulara denuncia o querella en su contra.
"De modo tal que, ‘la omisión (de la autoridad responsable) de citar a comparecer al quejoso en la carpeta de investigación ...’, se trata de un acto que está estrechamente vinculado con los diversos combatidos en el juicio de amparo (oficios con terminaciones ********** y **********), siendo –en realidad– una mera consecuencia de éstos, porque a raíz de lo que se determinó a través de esos comunicados oficiales –originados con motivo de una petición esgrimida por el propio quejoso–, el impetrante estima que ese ‘no hacer’ por parte de la autoridad responsable (de citarlo), le irrogó agravio en sus derechos fundamentales.
"De ahí que –contrario a lo señalado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado–, se advierte que el quejoso sí tiene interés jurídico para combatir en el juicio la referida omisión, toda vez que la materia de fondo a dilucidar en el presente asunto, es analizar propiamente si en atención a las circunstancias particulares en las que fueron originados los actos reclamados, incluida la omisión en comento, fue constitucional o no, que la autoridad responsable no haya citado al quejoso para que compareciera y tuviera acceso a los registros que obran en la carpeta de investigación. Por lo que dadas dichas condiciones, no resulta dable que se tomen en cuenta los aspectos de fondo como requisitos de procedencia, porque, precisamente, son aquellos los que constituyen la materia para resolver en el juicio de amparo; de lo contrario, como se dijo, se incurriría en la falacia denominada ‘petición de principio’, aunado a que se dividiría la continencia de la causa.
"En esa guisa, al devenir infundado el planteamiento de improcedencia, lo conducente es que se entre al estudio de fondo del asunto, en este caso, al análisis y contestación de los puntos de inconformidad argüidos por el quejoso en contra de la sentencia impugnada.
"...
"III.E. Contestación a los agravios.
"Como se adelantó, es inoperante el agravio sintetizado con el número 1, en tanto los restantes son infundados.
"Deviene inoperante el agravio sintetizado con el número 1,(2) pues basta señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia, definió que deben calificarse de tal modo los agravios –como el que esgrime el inconforme– en los que se sostiene que los tribunales de amparo violan derechos fundamentales –contenidos en la Constitución como en las convenciones–.
"Dicha jurisprudencia es la P./J. 2/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, página 5, de rubro y texto:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe)
"Por otra parte, los restantes motivos de desacuerdo son infundados, con base en lo siguiente.
"En principio, carece de razón legal lo que el agraviado sostiene en el motivo de desacuerdo resumido con el número 2,(3) toda vez que la respuesta que en la especie le dio la autoridad responsable al escrito de petición de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, no se advierte que sea evasiva o ambigua, ni tampoco incongruente, sino que, en cambio, se observa que el quejoso pretende condicionar la constitucionalidad de dicha respuesta, a un sentido determinado que le resulte favorable a sus intereses legales.
"En efecto, de conformidad a los extremos que se necesitan satisfacer para que no se transgreda el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. constitucional, la respuesta que la autoridad le dé a la solicitud del gobernado debe ser emitida en breve término (el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla), así como congruente con lo solicitado, debiéndose de notificar de forma personal al peticionario en el domicilio que señaló para tales efectos. De lo que se colige, que de ningún modo la Norma Fundamental obliga a la autoridad –ante quien se eleva la petición– a responder en sentido determinado, esto es, no le constriñe a que provea de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que se encuentra en libertad de resolver con base en los ordenamientos que resulten aplicables al caso.(4)
"Bajo ese contexto, en el asunto que nos ocupa, se afirma que la contestación que la responsable le dio a la petición del quejoso no fue evasiva o ambigua, porque en el caso no existe duda –y por lo que dejan ver los agravios, tampoco en el recurrente existe– respecto de cuál fue el sentido de lo manifestado por la responsable en los oficios con terminaciones ********** y **********, ya que si uno de los fines que perseguía el impetrante a través de su petición, era que se le informara la situación jurídica que guardaba con relación a la carpeta de investigación **********, se considera que la contestación de la responsable en los términos en que la esgrimió, fue suficiente para saber: 1) que hasta la emisión de los oficios, no tenía la calidad de imputado; 2) que por esa razón, no sería citado para comparecer; y, 3) de ser necesario para la investigación, en el momento procesal el representante social lo citaría para que pudiera esgrimir lo que a su interés legal conviniera.
"Tan precisa y clara devino la respuesta de la autoridad responsable, que el quejoso justamente enderezó sus agravios para controvertir el punto toral en la que se basó la misma, es decir, en el hecho que la autoridad responsable señaló que ********** no tenía la calidad de imputado en la carpeta de investigación (y que, por ello, no se le citaría), a pesar de lo que las notas periodísticas –en las que se apoyó la petición– aducían al respecto.
"Situación que es controvertida por el recurrente, porque, estima que sí posee dicha calidad en la indagatoria de referencia y, que por ello, se le debe citar con el objeto de que pueda comparecer y tenga acceso a aquélla.
"Por otro lado, la respuesta de mérito no fue incongruente, porque, de acuerdo a lo señalado en líneas precedentes y adverso a lo que argumenta el recurrente, sí hubo conexión entre lo que solicitó y se le contestó, pues al quejoso se le informó lo que pidió en su escrito, es decir, la situación jurídica que guardaba en la carpeta de investigación, y el hecho que no se haya dado respuesta en los términos que él hubiese deseado, de ningún modo torna la contestación de inconstitucional, porque, como se dijo, el artículo 8o. de la Ley Fundamental, no exige que a las peticiones de los interesados les deba recaer una resolución favorable a sus intereses.
"Sin embargo, como se hizo referencia en el apartado III.B. de esta ejecutoria (cuando se desestimó la causal de improcedencia que se hizo valer durante el trámite del juicio) de la lectura a la petición en cuestión, es posible desprender que más que deseara que se le informara sobre la situación jurídica que guardaba la carpeta de investigación, la real intención que el impetrante tuvo al presentar su solicitud, era que la autoridad responsable lo citara con el objeto de que pudiera comparecer y tener acceso a la indagatoria aludida, para que de ese modo, estuviese en aptitud de ejercer sus derechos conforme a su interés legal conviniera.
"Esto, porque, como se mencionó, el quejoso ha asumido que tiene la calidad de imputado, porque se enteró –por medio de notas periodísticas– sobre la existencia de una investigación ministerial en la que fue señalado como prestanombres del exgobernador del Estado de **********, por lo cual, la autoridad responsable debía citarlo, a fin de que se le respetaran sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso y defensa adecuada.
"Es por ello que en el agravio que se sintetizó con el número 3,(5) el recurrente arguye que el fallo recurrido transgredió los principios de congruencia y exhaustividad, porque a la luz de las notas periodísticas que alude, asegura que no puede sostenerse lo determinado por la autoridad responsable en los oficios reclamados –ni tampoco la negativa de amparo pronunciada por el Juez de Distrito–, haciendo para tal efecto, diversos argumentos cuyo propósito central es el denotar la lesión a sus derechos humanos, a raíz de que no ha tenido la oportunidad de acceder a la carpeta de investigación –previa cita que al estilo le hiciere la autoridad responsable–.
"Sin embargo, cabe decir que sus planteamientos son desacertados, porque de inicio, debe partirse que, en términos del artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
"En ese tenor y de conformidad con el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(6) cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal en la que deberá realizar todas las líneas de búsqueda posibles, que le permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.
"De ese modo, el artículo 112 de la codificación nacional invocada establece que en el proceso penal acusatorio oral, se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme.
"De lo anterior, aun cuando es entendible que la autocalificación de ‘imputado’ que el quejoso asumió, fue a causa de la influencia que sobre él tuvo lo que apreció en diversos medios de comunicación tendientes a hacer un ‘periodismo de denuncia’;(7) lo cierto es que no recae en la percepción del gobernado, la decisión de que se le tenga o no con determinado carácter –como lo es el de imputado– en la investigación ministerial que se trate, sino que, lejos de ello y de acuerdo a los dispositivos constitucionales y legales citados, tal calidad le corresponde fijarla al órgano técnico, en tanto que es una situación inherente que debe dilucidar a raíz o como consecuencia del desenvolvimiento de las investigaciones que practique.
"Bajo ese contexto, no se debe soslayar que en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador fue acucioso en señalar y precisar no sólo las funciones procesales que el Ministerio Público debe realizar en el entorno del sistema de justicia penal acusatorio oral; sino además, en lo que de dicha institución pública se espera y se desea, como lo es el deber de lealtad (artículo 128), como lo refirió el Juez de Distrito, que implica que la representación social deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga, con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en el código y en la demás legislación aplicable; así como deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones.
"Asimismo, en el artículo 129 se dispone que el Ministerio Público opera bajo el deber de objetividad, es decir, la investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso.
"Conforme a dicho deber de objetividad, el Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención.
"De lo que se colige, que de ningún modo puede considerarse de inconstitucional la respuesta que la autoridad responsable le dio a la petición del quejoso, recaída en los oficios ********** y **********, en los que, como se ha dicho, básicamente negó la pretensión intentada por el peticionario, es decir, que fuera citado con el objeto de comparecer para tener acceso a la indagatoria, al argüir que ********** sólo tenía la calidad de ‘relacionado’ en las actuaciones, en la medida que no obraba dato de prueba para que persona alguna formulara denuncia o querella en su contra.
"Lo anterior se estima correcto y no lesivo de derechos fundamentales, porque de acuerdo a los preceptos que hasta aquí se han comentado, la manifestación esgrimida por la autoridad responsable en los comunicados oficiales reclamados, encuentra sustento constitucional y legal, en la medida que el Ministerio Público es el ente del Gobierno que tiene la encomienda de investigar y perseguir delitos. En esa función, en el esclarecimiento de los hechos delictivos puestos a su conocimiento, tiene la batuta de identificar quién o quiénes probablemente participaron en su comisión, con lo cual, le corresponde a él –y no al gobernado– fijar quién o quiénes tienen la calidad de imputados, y a partir de ahí, determinar –únicamente en lo que hace a la etapa de investigación inicial– en qué momento solicita la comparecencia del probable partícipe, o sea, en otras palabras y en tratándose de los casos de investigaciones sin detenido –como ocurre en la especie–, incumbe al órgano técnico decidir –si lo estima conveniente para su investigación– cuándo el imputado será citado para que tenga acceso a los registros que obran en la carpeta respectiva, puesto que los datos que existen en ésta –como se verá más adelante–, son de carácter reservado en tanto no se judicialice la misma.
"Por ende, la responsable no incurrió en infracción a derecho fundamental alguno, pues si a la data en que respondió la petición del agraviado, éste no tenía reconocida la calidad de imputado, válido y lógico era que no se le citara a comparecer, pues de lo contrario, la responsable hubiese corrido el riesgo de infringir la reserva que poseen los registros de la carpeta de investigación; sin soslayar que el representante social añadió que en caso de que fuera necesaria la comparecencia del peticionario para la investigación, en el momento procesal conducente lo citaría para que pudiera esgrimir lo que a su interés legal conviniera.
"Y es que como lo señaló la autoridad responsable en los oficios combatidos y como lo adujo el Juez de Distrito en el fallo recurrido, si el agraviado llegase a tener la calidad de imputado dentro de la carpeta de investigación –como él presume que en realidad acontece, en virtud de lo que infiere de las notas periodísticas que lo han relacionado como prestanombres de **********–, el Ministerio Público podrá llamarlo a comparecer (previa citación que se hiciese al respecto) para que tenga acceso a los registros de aquélla, en tanto así lo estime conveniente dicho órgano técnico, como lo alude el artículo 129 del Código Nacional que se mencionó en líneas precedentes (deber de objetividad).
"Esto es así, porque contrario a lo que el impetrante sostiene en los agravios resumidos 3.a. y 3.b.,(8) sobre este punto existe una restricción en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado –y más aún, a quien no tenga reconocida esa calidad– durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee –como lo pretende el quejoso–, incluso, sin necesidad de ser citado, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso inmediato a ella y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus intereses legales convenga. Sino que lejos de esto, la Constitución constriñe la posibilidad que lo anterior ocurra, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación.
"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), publicada en la página 202, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de «título, subtítulo» y texto:
"‘DERECHOS
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28342-42f506dc/interes-juridico-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE S (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U O (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL DENUNCIANTE O QUERELLANTE QUE HA SIDO TRATADO COMO SUJETO DEL PROCEDIMIENTO PENAL Y RECLAMA LA NEGATIVA DE EXPEDIR COPIAS DE LA CA (I.7o.P.31 P (11a.))
- CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. ES IMPROCEDENTE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRO (II.3o.P.112 P (10a.))
- INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO PARA IMPUGNAR LA NEGATIVA DE ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN (I.9o.P.28 P (11a.))
- INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTE LA PERSONA SUJETA A UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO QUE AÚN NO HA SIDO IMPUTADA, PARA RECLAMAR LA RESOLUCIÓN DEL RECURS (IX.P.2 P (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis