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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2021. · Registro digital (IUS): 31100
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-12-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, Pág.2343.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 8 DE NOVIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA, QUIEN TIENE VOTO DE CALIDAD EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, ANTONIO SOTO MARTÍNEZ Y VICENTE MARICHE DE LA GARZA. DISIDENTES: MARTÍN SOTO ORTIZ Y SALVADOR CASTILLO GARRIDO, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR, Y JOSÉ SATURNINO SUERO ALVA, QUIEN SE RESERVA SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA. SECRETARIO: JESÚS RAMSÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ.

Boca del Río, Veracruz. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de ocho de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos, para resolver, la contradicción de tesis 2/2021; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de mayo de dos mil dieciocho, los entonces integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito: Salvador Castillo Garrido, Martín Soto Ortiz y Agustín Romero Montalvo, denunciaron la posible contradicción de criterios, entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 47/2018 y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al resolver los diversos recursos de queja 138/2017 y 187/2017, de su estadística interna.

SEGUNDO.—Por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el presidente del Máximo Tribunal del País admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis antes citada, la cual se radicó bajo el número 168/2018 de su orden cronológico, que asignó para su estudio y resolución a la Primera Sala, con turno a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

TERCERO.—En ejecutoria dictada el veintiséis de agosto de dos mil veinte, la Primera Sala del Alto Tribunal del País determinó que no era competente para resolver la contradicción de tesis, en razón de que "... los criterios denunciados provienen del mismo Circuito y especialidad, por lo que el órgano competente para conocer y resolver la contradicción que hubiere entre ellos es el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de conformidad con el artículo 226, fracciones II y III, de la Ley de Amparo"; consecuentemente, por oficio 809 de uno de marzo de dos mil veintiuno, remitió las constancias respectivas a dicho Pleno para que resolviera lo conducente.

CUARTO.—El ocho de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito formó y registró el expediente de contradicción de tesis 2/2021; sin embargo, reservó realizar pronunciamiento en torno a su admisión hasta tanto la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal resolviera la consulta realizada mediante oficio 66/2021 de esa misma data, sobre la vigencia de las disposiciones del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del citado Consejo, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y sus modificaciones contenidas en los diversos Acuerdos 52/2015 y 28/2018, en razón de que el once de marzo del citado año, se expidió el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, en las cuales se estableció, entre otras cosas, la sustitución de los Plenos de Circuito por Plenos Regionales.

QUINTO.—Por oficio SECNO/STCCNO/192/2021, el secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó el Punto de Acuerdo 26/2021, en el que sobre el tema "Consultas sobre el Funcionamiento de los Plenos de Circuito en Relación con la reforma Constitucional en Materia de Justicia Federal, publicada el 11 de marzo de 2021, en el Diario Oficial de la Federación", se determinó, medularmente, que los Plenos de Circuito continuarían operando en los términos en que lo venían haciendo, hasta tanto entraran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable.

Consecuentemente, en proveído de tres de mayo de la presente anualidad, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal de este Circuito admitió a trámite la presente contradicción de tesis y solicitó a los presidentes del Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Circuito, informaran si los criterios sustentados seguían vigentes; y, giró oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEXTO.—Los Magistrados presidentes del Primer y del Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, por oficios 32/2021 y 9/2021, comunicaron que los criterios contendientes en el presente asunto continúan vigentes.

Por su parte, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por oficio DGCCST/X/187/06/2021, informó que de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se encontraba radicada alguna en el que el tema a analizar guarde relación con el diverso "Dilucidar si la presentación de denuncias o querellas, así como la acción penal y las omisiones del fiscal emanadas de carpetas de investigación afectan o no el interés jurídico de los quejosos."

SÉPTIMO.—Por auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 13, fracciones VI y VII, 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se turnó el presente asunto al Magistrado Salvador Castillo Garrido, integrante del Pleno de Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

OCTAVO.—Mediante proveído de veintitrés de septiembre último, se convocó a los Magistrados integrantes de este Pleno de Circuito en Materia Penal, para las once horas del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la sesión ordinaria virtual en la que se sometería a discusión y votación el proyecto de la contradicción de tesis 2/2021; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los numerales 9 y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción fueron del conocimiento del Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con domicilios oficiales en Boca del Río, Veracruz.

SEGUNDO.—Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función de que fue promovida por los entonces integrantes del Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito: Salvador Castillo Garrido, Martín Soto Ortiz y Agustín Romero Montalvo.

TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 47/2018, lo declaró fundado con base en los siguientes argumentos:

"CUARTO.—Para mayor elucidación en la comprensión de esta resolución, es pertinente destacar que en la demanda de garantías, se señaló: ‘... 2) La muy probable orden de detención en mi perjuicio que muy probablemente se haya girado por la autoridad responsable ordenadora. ... 4) Los constantes rondines que se han realizado desde el inicio del mes de febrero del año 2018 por elementos de la Policía Ministerial y/o del Estado, quienes a diferentes horas pasan, se estacionan e incluso preguntan por el suscrito a mis vecinos más cercanos, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que la casa en la que vivo se localiza en una ubicación un tanto alejada de Coatepec, Veracruz, por lo que considero que existe evidentemente la intención de detenerme sin justa causa. ...’

"Ahora, son sustancialmente fundados los agravios.

"En efecto, en la especie, no se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia a que se hizo alusión en el auto combatido, pues la falta de interés jurídico a que se refirió el Juez a quo, en consideración de este órgano colegiado no constituye una causa suficiente para proceder a desechar una demanda de amparo, si se tiene en cuenta que la existencia o ausencia de interés jurídico es un tópico que requiere de mayor reflexión, lo que de suyo hace que tal supuesto sea del resorte del fondo del asunto, tal y como se sigue de la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que se comparte, visible en la página ochocientos ochenta y cuatro, del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 192172, de epígrafe y contenido siguientes:

"‘INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.’ (Se transcribe)

"Con mayor razón si se toma en consideración lo que sostuvo el quejoso, ya transcrito, respecto a que en la demanda de amparo también se precisó como acto reclamado la orden de detención que se pretende ejecutar en su contra por parte de las autoridades responsables, lo cual soslayó el Juez de Distrito, de ahí que la reclamación de dicho acto, aun cuando futuro o incierto, no da pauta a que con la sola lectura de la demanda pueda saberse con exactitud si se llegará o no a materializar tal acto que le agravie por lo que se hace necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, de ahí que lo procedente sea la admisión de la demanda.

"Aunado a que los datos y pormenores podrán conocerse en su exacta dimensión hasta que las autoridades responsables rindan los informes justificados y el quejoso aporte sus pruebas al juicio, de ahí que la falta de perjuicio atañe al fondo del amparo y, por lo mismo, debe ser calificado en la sentencia, ya que al ser así, se insiste, la calificación del interés jurídico no puede erigirse en su caso, en motivo para desechar una demanda de amparo.

"Orienta lo anterior, dadas las razones jurídicas que la informan la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2384, del Tomo LVII, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 310201, que dispone:

"‘PERJUICIO BASE DEL AMPARO (CITACIÓN PARA COMPARECER ANTE UNA AUTORIDAD).’ (Se transcribe)

"Ante ese panorama, cabe puntualizar en el asunto que se analiza, no fue acertado que se hubiese desechado la demanda de amparo con base en que el acto reclamado relativo a la negativa por parte del fiscal responsable de permitir al quejoso comparecer dentro de la investigación identificada con el número UIPJ/DXII/SF3o./313/2017, no afectaba el interés jurídico de este último, pues la falta de dicho interés por parte del peticionario de amparo, por sí sola no puede ser un motivo indudable y manifiesto para desechar la demanda de garantías, en virtud de que su análisis debe ser materia de la sentencia que resuelva el juicio de garantías, cuenta habida que del examen detenido del acto reclamado, y una vez celebrada la audiencia constitucional, se estará en condiciones de dirimir si se afecta o no el interés jurídico del promovente del amparo a lo que suma que de la propia demanda de garantías destaca el diverso acto que se hizo consistir en la orden de detención que se pretende ejecutar contra el quejoso, del cual no se ocupó el Juez de Distrito.

"En esas condiciones, debe admitirse la demanda de amparo, pues de lo contrario se dejaría al agraviado en estado de indefensión, al privársele de la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga en la audiencia constitucional; sobre todo porque se itera la causa de improcedencia de que se trata, es de aquellas que deben analizarse al momento en que se dicte la resolución correspondiente, por no estar considerada como manifiesta, inobjetable y cierta.

"Como corolario, procede declarar fundada la queja que aquí se analiza.

"No se desconoce que el artículo 103 de la Ley de Amparo establece que en caso de declararse fundado el recurso de queja, el Tribunal Colegiado dictará la resolución que corresponda, sin necesidad de reenvío; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 64/2014, estableció que tratándose del auto que desecha una demanda de amparo, se surte una excepción a esa regla general, pues en ese caso el Juez de Distrito debe emitir pronunciamiento, respecto de los cuales el Tribunal Colegiado de Circuito no puede reasumir jurisdicción.

"Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2007069, Libro 9, agosto de 2014, Tomo II, materia: común, tesis: (sic) página 901, con número de registro digital: 2007069, de título y texto siguientes:

"‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR.’ (Se transcribe)

"Es de precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los criterios jurisprudenciales citados en esta ejecutoria que sean anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación no se oponen al contenido de la vigente ley reglamentaria. ..."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 138/2017 y 180/2017, los declaró infundados, por las razones que enseguida se transcriben:

A. Recurso de queja 138/2017

"IV. Análisis de la cuestión debatida.

"De inicio, conviene precisar que el auto recurrido es el dictado el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por el secretario encargado del despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto 960/2017, en el que desechó la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del director administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz; y otras autoridades, al considerar que los actos reclamados consistentes en la presentación de denuncias o querellas en su contra por el citado director y derivado de ello, la acción penal emanada de las carpetas de investigación correspondientes, precisadas en el ocurso de demanda, no afectan el interés jurídico del quejoso, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el numeral 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el 107 constitucional.

"Las consideraciones esenciales en que sustentó tal determinación de desechamiento fueron que el artículo 21 constitucional, impone al agente del Ministerio Público, la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las ‘averiguaciones previas’; por tanto, el juicio de amparo contra los precisados actos reclamados es improcedente ya que esta fase procedimental no le irroga al quejoso perjuicio alguno, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias, otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación, pues estimar lo contrario implicaría anteponer el interés particular al de la sociedad.

"Por tanto, concluyó, los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del quejoso, pues no le causan un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, es decir, no afectan su esfera jurídica.

"Apoyó su determinación en la tesis 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época, con número de registro digital: 180028, de rubro: ‘ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’

"Ahora bien, este órgano colegiado considera objetivamente correcto el desechamiento de la demanda de garantías.

"En efecto, la presentación de una denuncia o querella es una facultad que la ley confiere tanto a las personas físicas como las morales, incluidas, las oficiales, misma que tiene las características de una acción personal que el ofendido pone en ejercicio mediante la formulación de la denuncia, como condición previa para la intervención del Ministerio Público en el desarrollo de sus atribuciones.

"De ahí que la denuncia o querella constituye una acción que pertenece en forma exclusiva al ofendido, es un derecho potestativo que se ejercita tratándose de las personas morales oficiales, no como ente de derecho público, sino como de derecho privado, al ser un acto que lleva a cabo desprovisto de todo imperio.

"Luego, la formulación de las denuncias reclamadas no afecta el interés jurídico del quejoso inconforme.

"Por otra parte, cierto es que el artículo 21 constitucional impone al Ministerio Público, hoy fiscal, la facultad y obligación de investigar los delitos, lo cual hace integrando la ahora llamada carpeta de investigación y formulando la imputación correspondiente, luego, tales actos no generan perjuicio alguno a los imputados, estimar lo contrario, daría lugar a entorpecer esas facultades y obligaciones al representante social, sobreponiendo el interés particular del gobernado al de la sociedad, que busca la investigación y persecución de los delitos.

"Al ser así, como ya se dijo, fue legal que determinara que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del quejoso, al no ocasionarle un agravio personal y directo; cobrando plena aplicación la tesis invocada en el acuerdo recurrido ya transcrita.

"En ese tenor, resulta ineficaz el agravio relativo a que el a quo transgredió en perjuicio del hoy inconforme los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

"En efecto, no es a través de este recurso en donde puedan analizarse tales agravios, pues si así se hiciera se trataría extralógicamente al a quo como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría el juicio de amparo que es la vía única para examinar la inconstitucionalidad de actos de autoridad.

"A su vez, deviene infundado el agravio donde se afirma que el acuerdo recurrido carece de fundamentación y motivación.

"Cierto, porque basta imponerse de las consideraciones antes señaladas en que se fundó y motivó el acuerdo recurrido, para advertir que el secretario encargado del despacho procedió a efectuar un análisis y explicación del porqué desechaba su demanda de amparo, citando los preceptos legales aplicables al caso; proceder el anterior, que a criterio de este Tribunal Colegiado constituye la motivación o el por qué se concluyó de la manera conocida, así como la fundamentación requerida, pues se expresaron con precisión los preceptos legales aplicables al caso, dando cumplimiento al derecho fundamental que se comenta. "En otra parte de los agravios, alega que en el proveído impugnado, se aplicó incorrectamente lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar una demanda de amparo, debe ser claro, lo que en el caso no sucedió.

"Señala, que el auto recurrido le causa un daño de ejecución irreparable, porque no se analizó que el acto reclamado está prescrito.

"Este motivo de inconformidad es ineficaz en razón de que si el a quo desechó la demanda de garantías al actualizarse una causal de improcedencia, ello lo liberó de analizar el fondo del asunto, en ese tenor, si lo alegado estriba en que debió examinarse que la acción penal se encontraba prescrita, lo cual es un aspecto atinente al fondo de la cuestión planteada, como acaba de precisarse, no se encontraba obligado a abordar su estudio, pues de hacerlo, su actuar sería incongruente.

"Robustece esto último, la jurisprudencia IV.2o.C. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que se comparte, visible en la página 1042, Tomo XXVII, junio de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 169560, de rubro y texto:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, SI EL JUEZ DE DISTRITO DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.’ (Se transcribe)

"Sin que por otra parte, como lo alega el recurrente, la determinación recurrida implique de manera alguna, violación a derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que México es Parte, que implican, entre otras cosas, efectuar un control de convencionalidad ex officio, habida cuenta que, nuestro Supremo Tribunal Constitucional, ha estimado que tal facultad no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo, pues el Estado debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los medios de prueba o recursos internos, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas.

"Sirven de apoyo a lo anterior, por su sentido y alcance, las tesis aisladas 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), y 1a. CCLXXV/2012 (10a.), emitidas por la Primera Sala de nuestro Supremo Tribunal Constitucional, consultables en las páginas 530 y 525, ambas del Tomo 1, Libro XV, diciembre de 2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con números de registro digital: 2002359 y 2002286, que son de la literalidad siguiente:

"‘PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (Se transcribe)

"‘DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.’ (Se transcribe)

"Así como la tesis aislada 2a. LXXXI/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, Décima Época, con número de registro digital: 2007621, que dispone:

"‘DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.’ (Se transcribe)"

B. Recurso de queja 180/2017

"TERCERO.—Estudio de los agravios.

"En principio, para una mejor comprensión del asunto, es menester hacer una breve reseña de los principales antecedentes que se desprenden de autos, que, a saber, son los siguientes:

"1. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Tuxpan, Veracruz, el aquí recurrente solicitó el amparo de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados al Juez de Control del Sexto Distrito Judicial y a la fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VI Distrito Judicial, ambas autoridades con sede en la ciudad antes mencionada (fojas 2 a 5 de este expediente), que hizo consistir en:

"‘... la omisión de las autoridades responsables a garantizarme mis garantías constitucionales de audiencia, presunción de inocencia y ofrecimiento de datos de prueba, conforme al artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin permitirme conocer de la imputación, tener acceso a la carpeta de investigación UIPJ/DVI/450/2017/FESP1 y aportar datos de prueba antes de formular imputación en mi contra y girando mandamiento de privación de mi libertad provisional deambulatoria.’

"En los hechos de su demanda el peticionario del amparo señaló que por escrito había solicitado a la fiscal responsable que señalara fecha y hora para que rindiera su declaración (entrevista), en la indagatoria respectiva.

"2. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, la Jueza Octava de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, a quien por razón de turno le tocó conocer del asunto, entre otras cuestiones, radicó la demanda con el número de expediente 537/2017 y requirió al quejoso para que en el término de cinco días precisara qué acto reclamaba del Juez que señaló como responsable, e indicara si a la fiscal de que se trata, le reclamaba la omisión de proveer la solicitud de tener acceso a la carpeta de investigación (fojas 12 a 16 ídem).

"3. En cumplimiento a lo anterior, por escrito recibido en el juzgado de mérito, el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el quejoso precisó que desistía del acto reclamado al Juez de Control del Sexto Distrito Judicial, con sede en Tuxpan, Veracruz; asimismo, indicó que a la fiscal señalada como responsable le reclamaba: ‘... no permitirme en mi carácter de imputado tener acceso a la carpeta de investigación número UIP/DVI/450/2017/FESP1 para efecto de rendir mi declaración, que se me informe los hechos que se me imputan, tener acceso a los registros de la investigación, a que se me reciban los medios pertinentes de prueba.’

"De igual manera, en dicho ocurso el quejoso manifestó que el doce de octubre de dos mil diecisiete, había sido notificado por la fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VI Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz, de la respuesta a la petición que formuló, mediante la cual se le comunicó que la carpeta de investigación había sido turnada a la fiscal Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la ciudad de Poza Rica, Veracruz (fojas 21 y 22 ídem).

"4. En proveído de veinte de octubre de dos mil diecisiete, la Jueza Federal tuvo por cumplido el requerimiento efectuado al peticionario del amparo; asimismo, lo tuvo por desistido del acto reclamado al Juez de Control del Sexto Distrito Judicial, con sede en Tuxpan, Veracruz; y, atendiendo a las manifestaciones realizadas por aquél, lo requirió para que indicara si era su deseo continuar señalando como autoridad responsable a la fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VI Distrito Judicial, con residencia en la ciudad referida; de igual manera, para que precisara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la fiscal Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de Poza Rica, Veracruz, y especificara el acto que le atribuía (fojas 26 a 28 ídem).

"5. Para dar cumplimiento a lo antes solicitado, el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el quejoso por escrito realizó diversas manifestaciones al respecto, entre otras, que había elevado dos peticiones a la fiscal Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, y, por proveído de veinticuatro de los propios mes y año, la Juez de amparo estimó que aquél no había dado cumplimiento de manera satisfactoria a lo requerido, por lo que, atendiendo a que aún no fenecía el término concedido, se le hizo del conocimiento dicha circunstancia para que estuviera en aptitud de cumplir con lo solicitado. (fojas 35 y 36 ídem)

"6. Así, mediante ocurso recibido en el Juzgado Federal en cita, el seis de noviembre de dos mil diecisiete, el quejoso, en lo que interesa, manifestó que era su deseo seguir señalando como autoridad responsable a la fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VI Distrito Judicial, con residencia en Tuxpan, Veracruz; así como integrar a la litis constitucional a la fiscal Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, de quien reclamaba: ‘... no permitirme en mi carácter de imputado tener acceso a la carpeta de investigaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31100-0ec688d5/interes-juridico-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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