IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 2/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 1 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y EL MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTES: MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito y el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito.
El problema jurídico por resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar: "Cuando una persona sospecha que tiene calidad de imputado (no ha sido detenida, citada a comparecer o recibido acto de molestia) y promueve un amparo contra la negativa y/u omisión de permitirle el acceso a la carpeta de investigación ¿La demanda de amparo se debe desechar de plano, o bien, resolverse en audiencia constitucional sobre la legitimación del quejoso?"
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por oficio de cinco de enero de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, remitió la denuncia de contradicción de criterios que en la opinión del órgano jurisdiccional existe entre su criterio, al resolver la contradicción de tesis 2/2021 y lo resuelto por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en la contradicción de tesis 11/2018.
2. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de enero de dos mil veintidós, admitió a trámite la denuncia y ordenó su registro como contradicción de tesis (hoy contradicción de criterios) 2/2022; asimismo, requirió al Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito para que remitiera versión digitalizada de la resolución que sustentara el criterio denunciado e informara si éste se encontraba vigente o la causa para tenerlo por superado o abandonado.
3. De igual forma, decretó el avocamiento del asunto a esta Sala, y determinó que, una vez que se integrara el expediente, se enviarán los autos al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para la elaboración del proyecto correspondiente.
4. Posteriormente, el dos de febrero de dos mil veintidós, la presidenta de esta Primera Sala emitió el acuerdo de avocamiento del asunto y envío los autos a la ponencia designada para la formulación del proyecto respectivo. Asimismo, el catorce de marzo de dos mil veintidós, se tomó conocimiento de que el criterio del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito seguía vigente.
I. COMPETENCIA
5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo Plenario Número 5/2013;(1) en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Plenos de Circuito de una misma especialización pero de diferente Circuito.
II. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo criterio participa en este asunto. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente al momento de la denuncia de la contradicción.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
7. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe prevalecer, es necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Plenos de Circuito al emitirlos.
* Criterio del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2021.
8. La contradicción de la que emana el criterio de tesis contendiente se conformó entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 47/2018, y el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, el cual falló los recursos de queja 138/2017 y 180/2017.
9. El Pleno de Circuito dictó sentencia el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, con base en las siguientes consideraciones:
- En principio, consideró inexistente la contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 47/2018 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 138/2017. Al respecto, destacó que los actos reclamados relacionados con cada asunto eran diametralmente distintos, de ahí que no era posible establecer un punto de toque. Refirió que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito conoció de un asunto donde al quejoso no se le permitió acceder a la carpeta de investigación, pues aún no se le había girado algún tipo de comunicación o citatorio; por otro lado, en el expediente que analizó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, el acto reclamado fue la simple presentación de una querella o denuncia, la cual aún no tenía algún tipo de trámite.
- En otro orden de ideas, consideró que sí existía contradicción de tesis entre lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en el recurso de queja 47/2018 y lo decidido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver la queja 180/2017. En relación con ellos consideró que los actos reclamados sí presentaban similitudes, puesto que en ambos se reclamó la imposibilidad del quejoso de acceder al contenido de la carpeta de investigación. Advirtió que en un criterio se trató de una negativa y, en el otro, de una omisión de dar acceso a la carpeta de investigación; sin embargo, esa diferencia no era relevante, pues finalmente los efectos de los actos derivaron en la imposibilidad de los quejosos de acceder al contenido de la indagatoria.
- Como tema de contradicción fijó el siguiente: "¿Existe una afectación al interés jurídico en términos de los artículos 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuando el quejoso (que aún no ha sido detenido o citado a comparecer) reclama la negativa y/u omisión a darle intervención en la carpeta de investigación? en caso de contestar negativamente ¿Se puede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse una causal de improcedencia indudable y manifiesta?
- Sobre esa temática, explicó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, determinó que no se actualiza una causal de improcedencia indudable y manifiesta para desechar la demanda de amparo, ya que era necesario que primero se remitieran los informes justificados, mismos que se analizarían con las pruebas. Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consideró que se debía desechar de plano la demanda de amparo, ya que el quejoso no contaba con interés jurídico para promover el amparo; en ese sentido, precisó que para la integración de la carpeta de investigación no era un requisito indispensable la comparecencia del quejoso en ese momento procesal.
- En el análisis de fondo de la contradicción, el Pleno de Circuito citó los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la posibilidad de desechar de plano una demanda de amparo cuando se advierta una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Señaló que los juzgadores de amparo están obligados a estudiar la demanda de amparo para determinar: si se admite a trámite; si se previene al quejoso para que la aclare, o bien, si la desecha de plano.
- Con relación al desechamiento de plano, explicó que ocurre cuando la improcedencia es tan indudable y manifiesta que no es necesaria una mayor demostración de los efectos del acto reclamado, de ahí que es innecesario que se continúe con el trámite ordinario del juicio de amparo. Explicó que la finalidad de no tramitar la continuación del juicio es para que las partes no desgasten recursos humanos y materiales.
- Desarrolló el tema de la legitimación en el juicio de amparo, de ahí que citó los artículos 107 de la Constitución Federal y el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen que el accionante del medio de control constitucional debe contar con interés jurídicamente relevante sobre el acto reclamado. Destacó que existían distintos tipos de intereses. Por un lado, un interés jurídico en sentido estricto; otro legítimo, que sucede cuando una persona resiente una afectación personal y directa a uno de sus derechos. Por otro lado, el interés simple, que se presenta cuando el accionante no es titular de un derecho subjetivo ni hay afectación, de ahí que no existe protección jurídica a este supuesto. Abundó que el interés jurídico se debe demostrar con: i) la existencia del derecho subjetivo vulnerado; y ii) que el acto de autoridad afecte ese derecho.
- Señaló que por regla general el análisis de la legitimación del quejoso es un estudio que se realiza en el fondo del amparo y no en la primera determinación del Juez de Distrito, esto porque las partes deben ofrecer pruebas que demuestren o desvirtúen la legitimación del accionante de amparo.
- No obstante, indicó que la regla general tiene excepciones y puede haber casos en donde el Juez de Distrito deseche de plano el amparo por falta de legitimación del quejoso. Dicha excepción puede derivar de las siguientes hipótesis: 1) la falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; 2) la ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de perjuicio; 3) la falta de idoneidad de pruebas concretas; 4) la omisión de aportar pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Para el caso de los dos primeros supuestos son insuperables de inicio, por lo que, el Juez puede desechar de plano si advierte que los mismos no se satisfacen.
- En el caso de los dos supuestos siguientes, es necesario que se le dé trámite al juicio de amparo y en sentencia definitiva se resuelva sobre la legitimación del solicitante de amparo. Para reforzar sus argumentos, la sentencia citó la contradicción de tesis 331/2016, resuelta por la Segunda Sala y cuyo rubro establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO."
- Una vez sentados los aspectos doctrinarios, el Pleno de Circuito consideró que "cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión o negativa de la autoridad de darle acceso o intervención a una persona que sospecha ser imputada en una carpeta de investigación, se debía desechar de plano la demanda, pues existe ausencia de un agravio personal o directo".
- Para sustentar lo anterior, transcribió el artículo 21 constitucional y matizó que no se advertía una obligación a cargo de la representación social de recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación. Asimismo, precisó que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el principio de reserva en los actos de investigación, que implica que el Ministerio Público debe reservar los datos de la investigación hasta tanto el imputado sea detenido o citado a comparecer.
- Así, el fiscal al tener el conocimiento de un hecho delictivo, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles que le permitan el esclarecimiento de los hechos, lo cual no implica necesariamente que esté obligado a citar al inculpado, ya que inclusive el artículo 129, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la comparecencia del imputado es opcional en esa etapa del proceso.
- En suma, concluyó que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, esto cuando una persona recurre al amparo a reclamar la negativa u omisión de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención a la carpeta de investigación (supuesto en que no hay detención o citación a comparecer), esto porque dicho actuar no afecta sus derechos subjetivos y no existe alguna obligación legal que vincule al fiscal a actuar de dicha manera.
- Finalmente, denunció posible contradicción entre el criterio sustentado en su ejecutoria con el sostenido con el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, pues a su consideración analizaron un problema similar, llegando a conclusiones distintas.
10. De las anteriores consideraciones, surgió la jurisprudencia, cuyo rubro y texto establecen:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A AQUÉL CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA.
"Hechos: En los recursos de queja que motivaron la contradicción, se impugnaron los acuerdos emitidos por los Jueces de Distrito en los cuales se desecharon de plano las demandas de amparo promovidas contra los actos reclamados consistentes en la omisión y/o negativa de darle acceso o intervención al imputado en la carpeta de investigación, al tenerse por actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico). El primero de los órganos contendientes determinó que dicha causal no era de actualización manifiesta e indudable, porque la falta de afectación al interés jurídico es una cuestión que debe ser materia de la sentencia; mientras que el diverso órgano consideró que, respecto a tales actos, la causa de improcedencia sí revestía tales características, por lo que debía desecharse la demanda.
"Criterio: Cuando se reclama la sola omisión y/o negativa del Ministerio Público de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación, tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, al no generar un perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, por lo que es dable desechar la demanda de amparo, ya que, en estos casos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII de la Ley de Amparo.
"Justificación: La comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así, ni existe otro precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el numeral 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta tanto el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Por consiguiente, la simple omisión y/o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; máxime cuando se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos (la omisión y/o negativa) no afecta el interés jurídico del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley, la cual es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medios de prueba aportados por el gobernado. De ahí que sea ajustado a derecho que en estos casos se deseche la demanda, por falta de interés jurídico, sin necesidad de dar trámite a un juicio que sería infructuoso e incluso en detrimento del principio de expeditez."
* Criterio del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2018.
11. La contradicción de tesis de la que emana el criterio contendiente se conformó entre lo sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 15/2018, del que derivó la tesis de registro I.4o.P.20 P (10a.), de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL QUEJOSO DE ACCEDER A AQUÉLLA Y QUE SE LE RECONOZCA EL CARÁCTER DE IMPUTADO, PORQUE AÚN NO SE HA DEFINIDO QUE TIENE ESA CALIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO.",(2) y el criterio sostenido por Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual falló el amparo en revisión 190/2017, mismo que derivó en la tesis I.1o.P.89 P (10a.), cuyo rubro es: "ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO."(3)
12. El Pleno de Circuito dictó sentencia el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, con base en las siguientes consideraciones:
- El Pleno de Circuito consideró que sí existía contradicción de criterios, pues los tribunales contendientes resolvieron un mismo problema jurídico de manera diversa. Por ello, fijó el siguiente tema de contradicción: "En el caso de que una persona se sustente a sí mismo como un imputado y, promueve un amparo indirecto contra la negativa del Ministerio Público de permitirle acceder a la carpeta de investigación ¿Se debe admitir la demanda de amparo, o bien, se debe desechar de plano, al carecer de interés jurídico?
- Explicó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 190/2017, consideró que el quejoso sí cuenta con legitimación para promover el amparo, debido a que la falta de acceso le podría generar un agravio a sus derechos fundamentales. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la queja 15/2018, señaló que se podría desechar de plano una demanda de amparo, cuando una persona (sin tener aún el carácter de imputada) solicita el acceso a la carpeta de investigación, ello porque no cuenta con interés jurídico conforme a la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo. - En el análisis de fondo, el Pleno de Circuito citó los artículos 61, fracción XII y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, mismos que definen el concepto de interés jurídico y contemplan la posibilidad de desechar un amparo cuando el quejoso no resiente una afectación real, actual y directa a un derecho subjetivo.
- Matizó que la circunstancia particular que se analizaría es, cuando un particular se asume como imputado en una carpeta de investigación y desea acceder a la carpeta de investigación. En ese sentido, la materia de estudio fue si el quejoso cuenta con interés jurídico para cerciorarse, en primer término, si efectivamente cuenta con la calidad de imputado, para luego, acceder a los registros de la investigación.
- Indicó que el interés deberá ser objeto de debate durante la secuela procesal y motivo de pronunciamiento de fondo en la sentencia, pues conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la calidad de imputado es uno de los requisitos necesarios para acceder a la carpeta de investigación.
- Manifestó que conforme con los artículos 112 y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado es aquel que es señalado por el Ministerio Público como autor o partícipe de un hecho legalmente previsto como delito. Asimismo, expuso que el procedimiento penal se integra con la investigación que se divide en dos fases: a) una inicial, que comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control; 2) una complementaria, que va desde la formulación de imputación y se agota una vez cerrada la investigación. En ese orden de ideas, el tema de contradicción se desarrolló únicamente con la etapa de investigación inicial, puesto que en la etapa complementaria ya hay una formulación de imputación, en la que queda clara la identidad de la persona considerada como responsable de un hecho delictivo y, por ende, su calidad de imputado.
- Al transcribir los artículos 113, fracción VIII y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, advirtió que la carpeta de investigación es de carácter reservada. En el caso del imputado sólo se podría hacer bajo las siguientes condiciones: i) cuando se encuentre detenido; ii) cuando es citado a comparecer en carácter de imputado, o iii) sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista.
- En ese orden de ideas, el motivo de debate del juicio de amparo será si efectivamente el quejoso es imputado para que pueda acceder a la carpeta de investigación (conforme a las condiciones antes señaladas). En ese tenor, si el problema es la duda de cuál es la calidad del quejoso, y eso se desconoce por la negativa del acceso a la carpeta de investigación, entonces, consideró que ese tema se debía analizar en el fondo de la sentencia de amparo y no como un presupuesto procesal relacionado con la procedencia del juicio.
- Consecuentemente, con las pruebas ofrecidas por las partes durante la tramitación del juicio será que el juzgador podrá determinar si se cumple con uno de los requisitos para acceder a la carpeta de investigación, esto es, que cuente con la calidad de imputado.
- En suma, el Pleno de Circuito consideró que un amparo indirecto no se puede desechar de plano cuando una persona concurra al amparo indirecto a indagar si cuenta con la calidad de imputado en una investigación, esto porque un requisito para acceder a la carpeta de investigación (en algunas hipótesis) es necesariamente que tenga esa calidad jurídica.
- Finalmente, destacó que esa interpretación guarda relación con el derecho a que se administre una justicia completa, pues se le daría mayor certeza jurídica a las personas para saber qué estatus jurídico tienen en una investigación.
13. De las anteriores consideraciones, surgió la jurisprudencia PC.I.P. J/50 P (10a.), cuyo rubro y texto establecen:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA.
"Cuando el quejoso se ostenta como imputado en una demanda de amparo indirecto y señala como acto reclamado la negativa del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, en su etapa inicial, con base en la afirmación de dicha autoridad de que el promovente no cuenta con la calidad de imputado, debe entenderse que el peticionario tiene interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, pues su afirmación será materia de demostración propia del pronunciamiento de fondo del asunto, en correlación con las condiciones jurídicas previstas en los artículos 112, 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales."(4)
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
14. La pregunta a la que debe darse respuesta en este apartado consiste en lo siguiente:
¿Existe contradicción en los criterios sustentados por los órganos contendientes?
15. La respuesta a esta interrogante es en sentido positivo, pues en el presente asunto sí se cumplen los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) los cuales consisten en:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
16. A continuación, se expondrán los argumentos por los cuales se considera que en el caso concreto sí se actualizan totalmente los requisitos enunciados.
17. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los órganos contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
18. Primeramente, el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, consideró que debe desecharse de plano una demanda de amparo por manifiestamente improcedente cuando una persona que sospecha ser investigada promueve un amparo indirecto en contra de una negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso o intervención a la carpeta de investigación.
19. Para llegar a esa conclusión, señaló que la legitimación en el juicio de amparo se debe acreditar con un interés jurídico o legítimo. Para el caso del interés jurídico, matizó que su demostración se colma con la titularidad de un derecho subjetivo y con la afectación personal y directa del acto reclamado. Agregó que, por regla general, no se puede desechar de plano una demanda de amparo bajo el argumento de que el quejoso no cuenta con legitimación; sin embargo, existen excepciones, tal como es el caso de que el acto reclamado no afecte algún derecho subjetivo, porque el promovente sólo tiene un interés simple.
20. Bajo esa lógica, señaló que la falta de acceso e intervención del quejoso (que sospecha ser imputado) a la carpeta de investigación no constituye una afectación a sus derechos. Lo anterior, porque de la Constitución Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales no se aprecia alguna obligación a cargo del Ministerio Público para darle intervención, o bien, recabar la comparecencia del imputado. En ese sentido, si el quejoso no tiene en su favor algún derecho subjetivo sobre la integración de la carpeta de investigación, entonces, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo conforme a los artículos 5o., fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
21. Por su parte, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consideró que no se debe desechar de plano una demanda de amparo que promueva una persona que aún no sabe si será imputada, pero desea acceder a la carpeta de investigación.
22. Al respecto, indicó que el acceso a la carpeta de investigación se puede dar en tres supuestos: i) que el imputado sea detenido; ii) que se le cite a comparecer en carácter de imputado; iii) Se emita un acto de molestia que pretenda recabar su entrevista. De las anteriores hipótesis, advirtió una constante consistente en que el quejoso debe contar con la calidad de imputado dentro de un proceso penal.
23. Bajo esa lógica, para indagar la calidad jurídica del quejoso dentro de un proceso penal, es necesario que el Juez de Distrito se apoye en los informes y pruebas que se desahogarán dentro del juicio de amparo. Si a partir de lo anterior, se concluye que el quejoso figura como imputado, entonces, lo procedente será permitirle el acceso a la carpeta de investigación.
24. De lo anterior, concluyó que su interpretación era la más favorable, pues se le daría mayor certeza jurídica al justiciable.
25. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpret
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30933-c36a5165/improcedencia-del-juicio-de-amparo-indirecto-se-actualiza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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