SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO JUDICIALICE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2018. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO, TAISSIA CRUZ PARCERO, LUIS PÉREZ DE LA FUENTE Y CARLOS LÓPEZ CRUZ. DISIDENTE: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO. PONENTE: TERESO RAMOS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: GABRIEL CASAS GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como el diverso 52/2015, del citado Pleno, que lo reformó, adicionó y derogó algunas de sus disposiciones; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación del órgano denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, quien está facultado para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada, es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las ejecutorias contendientes.
I. Las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 39/2018, son las siguientes:
"TERCERO.—Cuestiones necesarias para resolver el asunto.—7. El auto impugnado es visible a fojas 74 a 78 del recurso de queja (dictado en el juicio de amparo **********), que se tiene a la vista y cuenta con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del diverso 2 de la Ley de Amparo.—8. Por otro lado, es innecesario transcribir los agravios, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, el cual prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de amparo, así como no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación(1).—9. Sin embargo, este tribunal con el propósito de lograr una mayor claridad y entendimiento del asunto, sintetiza el fallo recurrido y los agravios para quedar en los siguientes: I. Síntesis de las consideraciones del auto recurrido.—10. El Juez de Distrito formó por duplicado el incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo promovido por **********, a través de su apoderado, contra actos del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República; solicitó a la autoridad responsable el informe previo correspondiente; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental.—11. Por otro lado, respecto a la suspensión provisional, primero precisó que el pronunciamiento de la medida cautelar se circunscribiría para los efectos que solicitó expresamente la parte quejosa, esto es, que la autoridad responsable se abstenga de determinar la carpeta de investigación **********.—12. Asimismo, el Juez Federal manifestó que los artículos 128 y 150 de la Ley de Amparo establecen que la suspensión del acto reclamado procede: a) cuando sea solicitada por el quejoso; b) cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y, c) cuando de no otorgarse, con la continuación del procedimiento en el asunto, se deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.—13. En esas condiciones, el juzgador determinó que, en el caso, no se cumple con la exigencia mencionada en el inciso b), ya que de concederse la suspensión provisional, implicaría trastocar el orden público y el interés social.—14. Ello, dado que de otorgar la medida cautelar para que la responsable no determine la carpeta de investigación, implicaría paralizar el procedimiento penal, particularmente la etapa de investigación, pues el efecto de la suspensión sería que no se ejercite la acción penal, es decir, que no se solicite a la autoridad judicial que se le cite a la audiencia inicial y, con ello, el Ministerio Público quedaría imposibilitado para formular imputación, que es el acto procesal con el que se da paso de la fase inicial a la fase complementaria de investigación, y eventualmente solicitar la vinculación a proceso, con lo que se trastocaría el orden público y el interés social, ya que el artículo 21 de la Constitución Federal, impone al órgano ministerial a investigar los hechos constitutivos de delitos, y de concederse, se paralizaría el procedimiento en su etapa inicial (investigación).—15. Además, el juzgador señaló que en el caso no se actualiza la regla que prevé el artículo 150 de la Ley de Amparo, esto es, cuando la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, porque la celebración de la audiencia inicial, la formulación de imputación y el auto de vinculación a proceso, no dejan irreparablemente consumadas las violaciones al derecho de defensa, en virtud de que se trata de actos que tienen lugar en la misma etapa del procedimiento penal, es decir, la de investigación, por lo que el paso de la fase inicial a la complementaria no implica un cambio de situación jurídica, pues a partir de que se formule la imputación y se vincule a proceso, el imputado estaría en posibilidad de preparar su defensa.—16. Finalmente, el Juez de Distrito indicó que la anterior determinación se tomaba en virtud de que en los diversos incidentes de suspensión ********** y **********, del índice del propio juzgado, los cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja ********** y **********, en sesión de ocho de marzo de dos mil dieciocho, revocó la suspensión provisional otorgada en dichos incidentes.—II. Resumen de agravios.—a) El acuerdo recurrido vulnera en perjuicio del demandante de amparo el derecho de defensa adecuada.—b) Se aplicaron de forma incorrecta los artículos 128 y 150 de la Ley de Amparo, y se inaplicó la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO.’.—c) El hecho de que se niegue la suspensión provisional y se permita a la autoridad responsable determinar la carpeta de investigación, formular imputación y solicitar la vinculación a proceso, deja sin materia el juicio de amparo, pues el acto reclamado está relacionado precisamente con el ejercicio de diversos derechos constitucionales en la etapa de investigación inicial, previo a su judicialización.—d) suspensión con el efecto de que no se determine la carpeta de investigación, no impide que la autoridad responsable continúe agotando y desahogando todas las líneas de investigación que considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos.—e) Desde el inicio de la investigación en su contra, el inculpado tiene el derecho a una defensa adecuada, lo cual no riñe con el ejercicio de la facultad investigadora encomendada a la representación social, sino que se complementa, ya que si bien es cierto que existe el interés de la sociedad de que el Ministerio Público realice su labor, también lo es, que existe la previsión de que ese ejercicio de procuración de justicia se realice en observancia de las reglas de debido proceso.—f) De continuarse con el procedimiento penal, se deja irreparablemente consumado el daño o perjuicio que puede ocasionarse al quejoso, esto es, las violaciones a su derecho de defensa, pues existen diversas figuras jurídicas y derechos cuyo ejercicio se encuentra limitado a que no se haya ejercitado acción penal por el Ministerio Público, tales como las formas de terminación anticipada de la investigación, las cuales pueden ser requeridas por el imputado hasta antes de que la representación social solicite citatorio para la audiencia inicial; además, de que no tendría la posibilidad de ofrecer datos de prueba que acrediten que no cometió un hecho que la ley señala como delito.—g) La continuación del procedimiento hasta la celebración de la audiencia inicial violaría, de manera irreparable, el derecho de defensa adecuada del justiciable, pues se le obligaría a sujetarse al plazo que el Juez de Control señale para el cierre de investigación complementaria, contrario a la etapa de investigación en la que no existe plazo específicamente determinado, sino que se rige por los plazos de prescripción que establece la ley adjetiva.—h) La negativa de conceder la suspensión provisional pone en riesgo la libertad personal del quejoso, en atención a que está siendo investigado, en una subprocuraduría especializada, en la investigación de delitos que, por regla general, ameritan prisión preventiva oficiosa, medida cautelar respecto de la cual debe pronunciarse el Juez de Control en la audiencia inicial.—CUARTO.—Cuestión previa.—17. Antes de proceder al estudio del asunto, es necesario anunciar que el mismo se hará con atención al principio de suplencia de la queja, previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que establece la obligación de las autoridades que conozcan del juicio, de aplicarlo en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, expresándolo sólo cuando la misma derive en un beneficio. Ello, pues el recurrente ********** tiene la calidad de imputado en la carpeta de investigación de origen.—QUINTO.—Estudio del asunto.—18. Este Tribunal Colegiado considera que es inoperante el agravio con el inciso a), en el cual el recurrente alega que el acuerdo recurrido vulnera en su perjuicio el derecho de defensa adecuada.—19. Ello es así, ya que los Jueces Federales no violan derechos humanos en los juicios de amparo, pues actúan como órganos de control constitucional, con la específica finalidad legal de tutelar los derechos públicos subjetivos del gobernado contra las transgresiones en que pudieran incurrir las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas.—20. Por tanto, aquéllos no pueden transgredir esos derechos, ya que es precisamente lo dilucidado a través de su actividad jurisdiccional, por lo que lo único que podrían infringir son las disposiciones de la Ley de Amparo reglamentaria de la apuntada función tutelar. Así, en el caso, el Juez de Distrito no violó los derechos fundamentales del quejoso, pues es precisamente lo que se debe dilucidar a través de su actividad jurisdiccional(2).—21. Por otro lado, son esencialmente fundados los agravios b), c) y d), en la parte en la que el recurrente aduce que se aplicaron de forma incorrecta los artículos 128 y 150 de la Ley de Amparo; que negar la suspensión provisional puede dejar sin materia el juicio de amparo; así como que la concesión de dicha medida para que no se determine la carpeta de investigación no impide que la autoridad responsable continúe agotando y desahogando todas las líneas de investigación que considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos.—22. Lo que se estima, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y, por ende, son suficientes para revocar la determinación recurrida y, en su lugar, establecer la concesión de la suspensión provisional en los términos y efectos que se establecerán a continuación.—23. En efecto, como quedó establecido en el apartado respectivo, del acuerdo recurrido se desprende que el Juez de Distrito determinó negar la suspensión provisional, porque en el caso no se cumplía con el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que de concederse dicha medida cautelar se trastocaría el orden público y el interés social.—24. Lo anterior, al estimar que ello implicaría paralizar el procedimiento penal, particularmente, la etapa de investigación al no poderse solicitar a la autoridad judicial que se cite al imputado a la audiencia inicial, con lo cual el Ministerio Público quedaría imposibilitado para formular imputación, limitándose así su facultad de investigar los hechos constitutivos de delitos, conferida por el artículo 21 constitucional.—25. Sin embargo, contrario a lo resuelto por el Juez Federal, este Tribunal Colegiado considera que la concesión de la suspensión provisional respecto del acto reclamado, para los efectos solicitados por el demandante de amparo –que la autoridad responsable se abstenga de determinar en definitiva la carpeta de investigación– no contraviene el interés social, pues no implica la paralización de la facultad del Ministerio Público de indagar e integrar la misma, sino que la medida cautelar, así decretada, tiene la finalidad de evitar perjuicios irreparables al imputado por cambio de situación jurídica, pues en caso de que se judicialice la carpeta de investigación, se puede ver afectado el quejoso en su derecho de defensa, al quedar consumada la etapa de investigación inicial, haciendo improcedente el juicio biinstancial.—26. Incluso, debe decirse que no se contravienen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social con la concesión de la suspensión provisional, porque no se actualiza alguno de los supuestos que contempla específicamente el artículo 129 de la Ley de Amparo.—27. Máxime que, de los datos obtenidos de la demanda de amparo y de los documentos que se anexan a la misma, no se tiene la certeza de que la carpeta de investigación en la que se le reconoció, al recurrente, el carácter de imputado, se encuentre judicializada mediante petición a un Juez de Control para la audiencia inicial, pues de ser lo contrario, debe negarse la medida cautelar, ya que no podría suspenderse lo que ya se ha ejecutado, porque sería dar un efecto restitutorio, lo cual es propio de la sentencia de amparo en lo principal.—28. Al respecto, resultan aplicables en lo conducente, las tesis: I.1o.P.69 P (10a.), I.1o.P.70 P (10a.) y I.1o.P.68 P (10a.), sustentadas por este Tribunal Colegiado, de rubros:(3) ‘CARPETA DE INVESTIGACIÓN. OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL QUEJOSO EN CUANTO A QUE SE LE CITE A COMPARECER Y RINDA ENTREVISTA CON EL CARÁCTER DE INDICIADO EN AQUÉLLA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA DICHA OMISIÓN PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.’, ‘CARPETA DE INVESTIGACIÓN. OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL QUEJOSO EN CUANTO A QUE SE LE CITE A COMPARECER Y RINDA ENTREVISTA CON EL CARÁCTER DE INDICIADO EN AQUÉLLA. SI DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA DICHA OMISIÓN SE ADVIERTE QUE LA CARPETA NO HA SIDO JUDICIALIZADA MEDIANTE PETICIÓN AL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PARA EL EFECTO DE QUE EL AGENTE RESPONSABLE NO DETERMINE EN DEFINITIVA LA INVESTIGACIÓN INICIAL.’ y ‘CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EN EL AMPARO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SE ABSTENGA DE DETERMINAR EN DEFINITIVA AQUÉLLA, ELLO NO IMPLICA LA PARALIZACIÓN DE SU FACULTAD DE INDAGAR E INTEGRAR DICHA CARPETA.’, respectivamente.—29. Incluso, es de advertirse que el anterior criterio es coincidente con el sustentado por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, expuesto en la tesis PC.I.P. J/36 «10a.», de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL RELACIONADOS CON LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZARLA, EN CASO DE SER PROCEDENTE, EL ÓRGANO MINISTERIAL NO EJERZA LA ACCIÓN PENAL.’,(4) la cual si bien versa sobre el sistema penal tradicional, lo cierto es, que las razones que la sustentan son igualmente aplicables al sistema penal acusatorio, al estimarse que procede conceder la suspensión provisional contra actos de la representación social relacionados con la integración de la indagatoria, para efecto de que no se ejerza acción penal, aun cuando se continúe con la investigación en aras de que no se afecta de forma irreparable el derecho de defensa adecuada del indiciado.—30. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que en la demanda de amparo el propio quejoso, en el apartado de antecedentes, indicó que, mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, el órgano investigador le reconoció el carácter de imputado dentro de la carpeta de investigación **********, así como que el veintiuno y el veintisiete de febrero siguiente, recibió diversos citatorios emitidos por la autoridad responsable.—31. Sin embargo, de lo narrado por el demandante de amparo, se desprende que dichos citatorios no fueron para que compareciera ante el órgano ministerial responsable a rendir entrevista con el carácter de indiciado en la carpeta de investigación de mérito, sino que se le citó para que acudiera a ratificar el contenido de los escritos que presentó el catorce y veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.—32. Y si bien, para llegar a la conclusión anterior, se parte únicamente de la afirmación al respecto de la parte quejosa, ésta es suficiente para ello, ya que de lo contrario se le impondría una carga procesal en detrimento a la celeridad con que se debe dictar la medida cautelar consistente en la suspensión provisional.—33. Por consiguiente, este Tribunal Colegiado estima que debe concederse la suspensión provisional respecto del acto reclamado en el juicio de amparo **********, para el efecto de que la autoridad ministerial responsable –agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República– no determine en definitiva la carpeta de investigación en que solicite al Juez de Control la cita para audiencia inicial y, por ende, deberá de abstenerse de formular la imputación en su contra, lo anterior, a fin de respetar su derecho de defensa, evitando que se ocasionen daños y perjuicios de difícil reparación para el peticionario de amparo.—34. Lo anterior, en el entendido de que la suspensión provisional concedida sólo surtirá efectos en el caso de que la carpeta de investigación ********** aún no se encuentre judicializada, pues de lo contrario, como quedó apuntado en párrafos precedentes, no procedería dicha medida cautelar, en atención a que sus efectos tendrían efectos restitutorios, cuestión que es propia de la sentencia que resuelva el juicio de amparo en lo principal.—35. Cabe señalar que el presente asunto se resuelve en términos similares a lo expuesto en el diverso recurso de queja ********** del índice de este Tribunal Colegiado, resuelto por mayoría de votos en la sesión pública de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.—36. Asimismo, es importante precisar que la concesión anterior, no implica que se mantenga indefinidamente la investigación o que no se determine hasta que se desahoguen todas las diligencias solicitadas en defensa del quejoso, sino que se concede para que éste tenga la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan y de ejercer su derecho de defensa, sin que quede a la discrecionalidad del justiciable el comparecer o no ante la autoridad cuando sea citado y de esa forma evitar la judicialización de la carpeta de investigación. De ahí la importancia de la concesión de la suspensión provisional para los efectos precisados, pues es fundamental que se le dé al quejoso la oportunidad real de comparecer, ya que es claro que en la investigación existen derechos que puede hacer valer en su defensa.—37. Por otra parte, dado el sentido de la presente resolución, debe indicarse que en el caso este órgano colegiado no considera necesaria fijación de garantía alguna a fin de que surta efectos la suspensión provisional concedida, según lo establece el artículo 132 de la ley de la materia,(5) porque se estima que los efectos para los que ha sido concedida la medida cautelar, no irrogan daños o perjuicios a un tercero para el caso de que le fuera negada la definitiva. De ahí que, en este momento no exista la necesidad de preservar algún derecho distinto del que defiende el recurrente.—En esas condiciones, al resultar fundados los argumentos expuestos en los agravios propuestos, se declara fundado el recurso de queja interpuesto por **********, a través de su apoderado, contra la negativa de la suspensión provisional dictada por el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo **********.—39. Finalmente, no se soslaya que el Juez de Distrito en el acuerdo recurrido señaló que el sentido de su determinación se tomaba en virtud de que en los diversos incidentes de suspensión ********** y ********** del índice del propio juzgado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver las quejas penales ********** y **********, en sesión de ocho de marzo de dos mil dieciocho, revocó la suspensión provisional otorgada en dichos incidentes.—40. Por tal motivo, es que este Tribunal Colegiado considera que es preciso denunciar, ante el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, la posible contradicción de criterios en torno a la procedencia de la suspensión provisional para efecto de que el Ministerio Público se abstenga de determinar en definitiva la carpeta de investigación en el sistema penal acusatorio, en términos de la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo.—41. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO.—Es fundado el presente recurso de queja.—SEGUNDO.—Se concede la suspensión provisional a ********** en el juicio de amparo **********, para los efectos precisados en la presente resolución.—TERCERO.—Denúnciese la posible contradicción de tesis.—Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido."
II. Las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 37/2018, son las siguientes:
"QUINTO.—Síntesis de agravios. El recurrente hace valer, en síntesis, los siguientes: 1. El Ministerio Público argumenta indebida fundamentación y motivación, así como falta de exhaustividad, pues señala que el Juez se limitó a señalar la actualización de las hipótesis de los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo. Sin embargo, no realizó un análisis de la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.—También señala que el Juez de Distrito pasó por alto, que puesto que el acto reclamado no estaba previsto en la Ley de Amparo, debió atender a las reglas previstas en el artículo 138 de la misma ley y realizar análisis ponderado de la apariencia del buen derecho.—Alega falta de exhaustividad toda vez que el Juez al conceder la suspensión señaló que la medida surtiría efectos siempre que no contraviniera disposiciones de orden público. Sin embargo; no especificó cuáles serían las disposiciones de orden público que de contravenirse no surtiría efectos la medida, lo que genera incertidumbre en la fiscalía.—2. El agente del Ministerio Público arguye que se inaplicó el artículo 150 de la Ley de Amparo, puesto que la suspensión del acto reclamado se concedió de forma tal que impide la continuación del procedimiento, aunque tal continuación no vulnere el derecho de defensa, puesto que en el sistema acusatorio adversarial en la segunda fase de la misma etapa de investigación interviene la autoridad jurisdiccional que garantiza el ejercicio de tales derechos.—3. El fiscal recurrente argumenta que el incidente debió declararse sin materia, en tanto que desde el momento en que se admitió la demanda estaba probado que ya existía un incidente de suspensión, promovido por el mismo quejoso, en contra del mismo acto reclamado y ante la misma autoridad.—4. El agente del Ministerio Público argumenta que el Juez no hizo una adecuada ponderación de derechos, pues antepuso la protección de un interés individual al de la colectividad, ya que provocó un perjuicio al interés social al ponderar más importante el derecho personal que el derecho de la sociedad a que se persigan los delitos y procurar que el culpable no quede impune.—SEXTO.—Estudio del asunto. Los agravios expuestos por el recurrente son esencialmente fundados, suficientes para revocar el auto recurrido y negar la suspensión provisional.—Lo anterior, puesto que en el caso particular, no se cumple el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de concederse la suspensión provisional del acto reclamado, se vulnerarían disposiciones de orden público, al no permitirse la correcta continuación de la primera etapa del procedimiento penal acusatorio.—Previo a justificar lo anterior, es menester enunciar los antecedentes de los actos reclamados, según se desprenden de lo que el quejoso narró bajo protesta de decir verdad: 1. El catorce de febrero de dos mil dieciocho, el quejoso presentó dos escritos, en la carpeta de investigación **********, mediante los cuales solicitó nombramiento de defensor, que se le reconociera domicilio para oír y recibir notificaciones, la realización de actos de investigación a su favor, consultar registros de investigaciones en su contra y copia de ellos.—2. El veinte de febrero de la citada anualidad, presentó demanda de amparo contra la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a sus peticiones, la cual conoció el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, bajo el número **********, donde concedió la suspensión provisional, para el efecto de que la carpeta de investigación no fuera determinada.—3. El veintiuno de febrero del año en curso, le fue notificado el auto de catorce del mismo mes y año, por el cual se le reconoció el carácter de investigado en la carpeta de investigación, pero no se acordaron de conformidad sus escritos, hasta en tanto compareciera a ratificarlos.—4. El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el impetrante presentó diverso escrito en que nuevamente solicitó nombramiento de diversos profesionistas, que se le reconociera diverso domicilio para oír y recibir notificaciones, ofreció y solicitó la admisión de diversos actos de investigación (distintos a los ofrecidos en su petición anterior), y que se le permitiera consultar los registros de la carpeta de investigación.—5. El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, le fue notificado el acuerdo de veintiséis del mismo mes y año, en que se dio respuesta al escrito señalado en el punto anterior, donde se le reiteró que previo a acordar favorablemente sus peticiones, era necesario que acudiera a ratificarlo. Asimismo, giró un citatorio para que acudiera a las oficinas de la autoridad ministerial. Éstos son los actos reclamados en el juicio del que deriva el incidente de suspensión.—En el proveído impugnado se concedió la suspensión provisional con base en las siguientes consideraciones: a) Se expuso que en el caso se actualizan los supuestos previstos en los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión se solicitó expresamente, y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se afectan disposiciones de orden público, aunado a que el justiciable tiene la calidad de imputado en la carpeta de investigación indicada, por lo que otorgó la suspensión para el efecto de que la autoridad ministerial no determine la referida carpeta, por cuanto hace al justiciable, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público. Ello, hasta que se resolviera la suspensión definitiva. Lo cual, se dijo, no implicaba la paralización de la facultad de investigación e integración de la carpeta.—b) Se dijo que esa medida cautelar se justificaba, en virtud de que el acto reclamado incide en el ejercicio del derecho de defensa del quejoso.—c) Aunado a ello, se expuso que con la suspensión se evitan perjuicios de imposible reparación al justiciable, quien podría verse afectado en su derecho de defensa, en caso de que la autoridad ministerial determine la acción penal en su contra, ya que en ese caso, quedaría irreparablemente consumada la violación, al cambiar la situación jurídica del agraviado, haciendo improcedente el juicio de amparo.—d) Para justificar lo anterior, aludió al contenido de la jurisprudencia PC.I.P. J/36 (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL RELACIONADOS CON LA INTE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28346-1fd0176c/suspension-en-el-juicio-de-amparo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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