SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL RELACIONADOS CON LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZARLA, EN CASO DE SER PROCEDENTE, EL ÓRGANO MINISTERIAL NO EJERZA LA ACCIÓN PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS HUGO LUNA RAMOS, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, SILVIA CARRASCO CORONA, MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER, LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ, IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA Y MIGUEL ÁNGEL MEDÉCIGO RODRÍGUEZ. DISIDENTES: OLGA ESTREVER ESCAMILLA Y JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA. PONENTE: JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA. ENCARGADO DEL ENGROSE: MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO. SECRETARIO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Ciudad de México, Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticinco de abril de dos mil diecisiete.
Vistos para resolver los autos de la contradicción de tesis 14/2016.
RESULTANDO:
I. (Antecedentes y trámite). Por oficio 112/2016, presentado el trece de octubre de dos mil dieciséis, los Magistrados y secretaria en funciones de Magistrada, integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado, al resolver el incidente de revisión 218/2016, y los sostenidos por el Segundo, el Tercer y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, respecto a determinar si cuando se reclama la negativa del Ministerio Público a desahogar pruebas en la averiguación previa o cualquier acto negativo emitido en esa etapa, vinculado con el ejercicio del derecho de defensa, procede o no conceder la suspensión definitiva, a efecto de que, sin paralizar la integración de la indagatoria y una vez agotadas las diligencias correspondientes, no se determine sobre el ejercicio de la acción penal.
Mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el entonces presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, la que quedó registrada con el número 14/2016; solicitó a los presidentes del Segundo, del Tercer y del Quinto Tribunales Colegiados, todos en Materia Penal del Primer Circuito, que remitieran copia certificada de las resoluciones dictadas en el expediente que dieron lugar a las tesis, publicadas con las claves de identificación III.2o.P.88 P (10a.), I.3o.P.31 P (10a.) y I.5o.P.21 P (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas, del viernes 29 de mayo de 2015 a las 9:40 horas y del viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 25, Tomo II, diciembre de 2015, página 1314, 18, Tomo III, mayo de 2015, página 2392 y 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1500, respectivamente, de rubros:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A POSIBILITAR UNA DEFENSA ADECUADA DURANTE EL TRÁMITE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, AUN CUANDO DICHA NEGATIVA CONSTITUYE UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS RESPECTO DEL CUAL, POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESA MEDIDA, DEBE OTORGARSE PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ AGOTADAS LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES EN LA INDAGATORIA DE PROCEDER EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ÉSTE NO SE LLEVE A CABO."
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN MATERIA PENAL. LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL INCULPADO PARA DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA CONSTITUYE UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS Y, POR ENDE, PROCEDE OTORGAR DICHA MEDIDA PARA EL EFECTO DE QUE ÉSTA NO SE DETERMINE, NI SE EJERZA LA ACCIÓN PENAL, HASTA RESOLVER DICHA PETICIÓN SIN PARALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LA INDAGATORIA."
"ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS, LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RECIBIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, RESPECTO DEL CUAL PROCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL."
Asimismo, exhortó a los presidentes de los indicados órganos colegiados, informaran si los criterios sustentados en sus respectivos asuntos, aún se encontraban vigentes y, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, mediante oficio 34/2016/ST, la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito informó que la tesis respecto de la que se requirió reportar si estaba vigente o superada, fue sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
En atención a lo anterior, mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz determinó que el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, no es competente para resolver la contradicción planteada, dado que el criterio de referencia no fue sustentado por un Tribunal Colegiado del Primer Circuito; por tanto, dejó sin efectos el auto admisorio, únicamente por lo que hace a la tesis mencionada.
Mediante oficios sin número y 23/ST5/2016, suscritos respectivamente, por los Magistrados Ricardo Ojeda Bohórquez y Reynaldo Manuel Reyes Rosas, en funciones de presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y presidente del Quinto remitieron copia certificada de las ejecutorias dictadas en los recursos de queja 27/2015 y 73/2013-I-B, del índice de dichos órganos colegiados e informaron que los criterios sustentados en esos medios de impugnación, están vigentes.
Además, por considerar que la denuncia formulada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respecto de la tesis en comento, pudiera dar lugar a contradicción de criterios competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tratarse de los sostenidos por órganos colegiados de distintos circuitos, ordenó informar lo anterior al Alto Tribunal.
En proveído de veintiocho siguiente, se ordenó agregar a los autos el comunicado CCTST-C-543-10-2016, suscrito por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que informó haber solicitado al secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara a la citada Coordinación, de la existencia o no de alguna contradicción de tesis radicada en el Alto Tribunal, sobre el tema relativo a determinar, si cuando se reclama la negativa del Ministerio Público a desahogar pruebas en la averiguación previa o cualquier acto negativo emitido en esa etapa, vinculado con el ejercicio del derecho de defensa, procede conceder la suspensión definitiva a efecto de que sin paralizar la integración de la indagatoria no se resuelva sobre el ejercicio de la acción penal, o si, por el contrario, no sea dable conceder la suspensión para esos efectos, dado que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.
Por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó agregar a los autos la diversa comunicación CCST-X-440-11-2016, por la que la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó haber recibido información del secretario general de Acuerdos del Máximo Tribunal, mediante oficio SGA/GVP/673/2016, de que no existe radicada en dicho Órgano Supremo, durante los últimos seis meses, contradicción pendiente de resolver que guarde relación con el tema que constituye materia de análisis en la presente contradicción de tesis.
II (Turno). En proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, una vez integrado el expediente, el presidente del Pleno en Materia Penal de este Circuito dispuso que se turnara el asunto al Magistrado Carlos Enrique Rueda Dávila, para que en calidad de integrante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, formulara el proyecto de resolución respectivo.
Mediante acuerdo de doce de enero de dos mil diecisiete, con motivo de la recepción de los autos de la contradicción de tesis 14/2016, del índice del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, enviados por el Magistrado Carlos Enrique Rueda Dávila, a efecto de continuar con el trámite, el presidente en transición del Pleno en Materia Penal de este Circuito ordenó returnar el asunto al Magistrado José Pablo Pérez Villalba, para la formulación del proyecto de resolución respectivo; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-(Competencia). Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis sostenida entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.-(Legitimación de la parte denunciante). La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por dos de los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y la secretaria en funciones de Magistrada, quienes tienen esa facultad para denunciar las contradicciones de tesis o criterios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del Circuito al que pertenecen.
TERCERO.-(Materia de la contradicción de tesis). Conforme a los señalamientos precisados en el resultado primero de este fallo, debe puntualizarse que no será materia de la contradicción de tesis la postura sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, ya que la competencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, sólo es para dilucidar la contradicción entre los criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito; en consecuencia, debe darse aviso a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite y delimitación correspondientes.
CUARTO.-(Posturas contendientes). Con el fin de verificar si existe la disparidad de criterios denunciada, es menester relatar, en lo que interesa, las consideraciones expresadas por los órganos contendientes.
I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión incidental 218/2016, el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, analizó un asunto con las siguientes características:
La quejosa ********** promovió juicio de amparo indirecto con solicitud de suspensión provisional y definitiva, en el que reclamó del agente del Ministerio Público responsable, el oficio mediante el cual, se negó a reconocerle carácter de probable responsable en la averiguación previa **********, así como la "omisión" de que tenga acceso a la referida indagatoria.
La suspensión se pidió para efectos de que:
a) La responsable le reconozca carácter de indiciada;
b) Le permitiera acceder a las actuaciones ministeriales para ofrecer pruebas; y,
c) No se pronunciara sobre el ejercicio de la acción penal, hasta que se resolviera el juicio de amparo.
Las consideraciones que emitió el Tribunal Colegiado de Circuito referido, para resolver el recurso de revisión mencionado, en el sentido de negar la suspensión definitiva, son:
"Ahora bien, en relación con la suspensión de los actos reclamados, el Juez de amparo negó la suspensión definitiva, al considerar que es improcedente otorgar la medida cautelar, al tratarse de actos negativos contra los cuales es improcedente otorgar dicha medida cautelar por carecer de efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto.-Determinación que se estima correcta, por lo siguiente: La suspensión de los actos reclamados, como una medida de carácter cautelar, tiene como finalidad sustancial la preservación de la materia del juicio y, por ello, busca evitar la consumación irreparable de las violaciones alegadas en el juicio, paralizando o deteniendo la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo.-En congruencia con esa finalidad, la Ley de Amparo establece, como un requisito indispensable, el análisis de la naturaleza del acto reclamado, para determinar si entrañan o no una ejecución material, de tal manera que se pueda establecer si es factible o no su suspensión.-Así, atendiendo a la naturaleza de los actos emanados de las autoridades, pueden ser positivos, negativos u omisivos.-Los positivos entrañan una acción, orden, prohibición, privación, molestia y su ejecución puede ser instantánea, continuada o inacabada o de tracto sucesivo.-Por otra parte, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos.-En cambio, los actos omisivos, se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar, no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; este tipo de actos no conllevan ejecución alguna, pues, precisamente, reflejan un no hacer de la autoridad.-En la especie, la quejosa ********** reclama del agente del Ministerio Público responsable, el oficio **********, de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se niega a reconocerle el carácter de probable responsable en la averiguación previa **********, así como el hecho de que la autoridad ministerial le impida tener acceso a la citada indagatoria, actos cuya naturaleza son de carácter negativo, porque la autoridad se rehúsa a acceder a las peticiones de la quejosa (reconocerle el carácter de probable responsable y darle acceso a la indagatoria); de ahí que, dada su naturaleza, carecen de ejecución, y en tal virtud, no es procedente su suspensión, dado que no se puede paralizar la conducta positiva de la autoridad de no querer acceder a sus peticiones.-En ese orden de ideas, pretender que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad responsable le reconozca el carácter de probable responsable y le otorgue el acceso a la indagatoria respectiva, se daría a la suspensión efectos restitutorios, propios de la sentencia que se pronuncie en el juicio.-Por otra parte, el recurrente aduce que el Juez de Amparo, al negar la suspensión de los actos reclamados, soslayó que la negativa a reconocer el carácter de probable responsable constituye un acto negativo con efectos positivos, consistente en que se le prive del derecho de debido proceso, defensa adecuada y/o derecho de audiencia, pues deja a la quejosa en incertidumbre jurídica respecto a la procedencia para recabar su declaración ministerial, lo que puede tener como consecuencia la consignación de la averiguación previa **********, por lo que debe concederse la suspensión para los efectos solicitados.-Es infundado dicho agravio, en virtud de que si bien, en relación con las consecuencias o efectos positivos que adujo, revisten los actos reclamados, el Juez de Amparo se pronunció genéricamente en relación con la afectación a su derecho de defensa, sin pronunciarse específicamente sobre los dos efectos respecto de los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión.-Cierto es que, como lo señaló el Juez de Amparo, al no tener reconocido el carácter de probable responsable en la indagatoria de mérito, no puede tener incorporado a su esfera jurídica el derecho de defensa; de ahí que no pueda considerarse que la negativa a reconocer el carácter de probable responsable, es un acto negativo con efectos positivos.-No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado reasume jurisdicción en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, para resolver lo conducente sobre los dos efectos por los cuales la quejosa solicitó específicamente la suspensión.-Con relación al efecto consistente en que se le dé acceso a la suspensión (sic) **********, al no tener reconocido el carácter de probable responsable dentro de la citada indagatoria, no sería factible ni siquiera conceder la suspensión desde una perspectiva anticipada y provisional de los derechos constitucionalmente reconocidos en favor de la inculpada en un proceso penal, en términos del artículo 20, apartado A, fracciones V, VII y IX, de la Constitución Federal, ya que, precisamente, lo que constituye la materia del juicio principal es dilucidar, si la negativa de la autoridad ministerial responsable de reconocerle el carácter de probable responsable es constitucional.-En ese sentido, si entre otros fines, la suspensión tiene como tal conservar la materia del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa, no es posible concederla para el efecto que pretende el disconforme porque, efectivamente, al permitir que se le brinde el acceso a la averiguación previa, se le estaría reconociendo un carácter que la autoridad responsable no le ha otorgado y, en consecuencia, desaparecería la materia del juicio de amparo; de ahí que se estime infundado el agravio que esgrime el recurrente, en el que sostiene que el hecho de que se le dé acceso a la averiguación previa no tiene un efecto restitutorio, sino que tiene como objeto preservar la materia del amparo.-Por otra parte, el recurrente alega que de consignarse la averiguación previa **********, sin antes haber otorgado la posibilidad material y oportuna de que la quejosa pueda defenderse, ocasionaría un cambio de situación jurídica que sin duda tiene efectos restitutorios.-Es desacertada la postura del recurrente, pues, ciertamente, como se dijo, una de las finalidades de la medida suspensional es conservar la materia de juicio de emparo (sic); empero, en el caso que nos atañe, no es posible concederla para el efecto que pretende el disconforme; pues con ello, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.-Ello es así, ya que se paralizaría la emisión de la resolución final en una averiguación previa, lo que implicaría privar a la sociedad de la persecución de un hecho delictuoso, y al ser analizado el supuesto para el cual pretende la medida suspensiva, es evidente que no es posible que prevalezca el interés individual en contra del orden público y del interés social, pues la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con dicha suspensión, podría tener efectos irreparables y, en contraposición, existe la posibilidad de que los actos reclamados puedan no tener vicios de inconstitucionalidad, al no ser en sí mismos inconstitucionales, pues, precisamente, el fondo del asunto lo constituye dilucidar, si realmente a la quejosa no le reviste el carácter de probable responsable en la averiguación previa **********, como lo ha sostenido la autoridad ministerial en el acto reclamado.-Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad.-En ese orden de ideas, la suspensión en los términos que lo peticiona el recurrente, no puede tener el alcance de paralizar el ejercicio de la acción penal que en su caso lleve a cabo el Ministerio Público, pues no obstante de tener la obligación de respetar los derechos del inculpado constitucionalmente protegidos (en el caso, ni siquiera se tiene la certeza de que la quejosa tenga ese carácter dentro de la averiguación previa), también ostenta la facultad de seguir el curso de la investigación que estime conveniente para cumplir con el deber que le es reconocido, ya que, adversalmente a lo que pretende el revisionista, le corresponde ejercer la acción penal ante los tribunales, si así lo estima procedente, en apego a las facultades que le confieren los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Finalmente, alega el recurrente que debe concederse la suspensión definitiva respecto de los efectos o consecuencias del acto reclamado, porque de no hacerlo se correría el riesgo de que el acto se consuma irremediablemente en perjuicio de la quejosa, pues siempre debe tratarse de conservar la materia del amparo, de no ser así, se perdería de vista el principio de tutela jurídica efectiva que privilegia el artículo 17 constitucional.-Es infundada su manifestación, ya que, a fin de determinar si es procedente otorgar la medida cautelar solicitada, deben en primer lugar, tomarse en cuenta los requisitos naturales y legales para su procedencia; de ahí que sólo por el hecho de descansar su petición en el principio de tutela judicial efectiva, implique que debe concederse la suspensión en los términos que solicita, pues no debe soslayarse la técnica que impera en materia de suspensión.-En tales condiciones, ante lo infundado de los agravios formulados, procede modificar la resolución recurrida, dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 586/2016, y negar la suspensión definitiva solicitada por **********, respecto a los actos que el Juez de amparo precisó como: a) El oficio número **********, de fecha 29 de junio de 2016, mediante el cual se niega a reconocer el carácter de probable responsable a **********, en la averiguación previa **********; y, b) La omisión de la autoridad responsable de permitir a la quejosa ejercer su derecho de defensa en la averiguación previa **********, y respecto a los efectos consistentes en que se le dé acceso a la citada indagatoria y no se consigne la misma ..."
II. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al dictar resolución en el recurso de queja 73/2013-I-b, el veintiocho de octubre de dos mil trece, analizó lo siguiente:
********** interpuso recurso de queja contra el proveído por el que el Juez de Amparo negó la suspensión provisional solicitada contra el acuerdo del agente del Ministerio Público, que negó el desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del quejoso.
La medida provisional solicitada se pidió para que se suspendiera la determinación de la indagatoria, ya que ésta sería la única forma en que los derechos humanos del quejoso no se vieran afectados de modo irreparable y con el objeto de conservar viva la materia del juicio.
El Tribunal Colegiado de Circuito de referencia concedió la suspensión provisional, en atención a lo siguiente:
"Ahora bien, el acto transcrito tiene la naturaleza de ser negativo, pero con efectos positivos, pues el hecho de que la responsable no le permita al quejoso ofrecer ni desahogar pruebas; trae como consecuencia que el inculpado no pueda ejercer plenamente su derecho a una defensa adecuada, en lo que atañe a esa etapa del procedimiento penal.-Sustenta esta consideración, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Tomo VI, página 16, que es como sigue: ‘ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS. SUSPENSIÓN.-Si los actos contra los que se pide amparo, aunque aparentemente negativos, tienen efectos positivos, procede conceder contra ellos la suspensión, dentro de los términos previstos por la Ley de Amparo.’.-En ese sentido, como se advierte del análisis de los conceptos de violación que expresa en su escrito de garantías y reproduce en su ocurso de agravios, es que, esencialmente, impugna la imposibilidad para ejercer su derecho de defensa en la etapa de averiguación previa, derivado de la no admisión de pruebas, lo que hace nugatoria dicha prerrogativa establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos internacionales.-En ese aspecto, se precisa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, a través de la jurisprudencia y en lo que aquí interesa, que la negativa del Ministerio Público para recibir las pruebas ofrecidas por el indiciado [calidad que el quejoso tiene en la indagatoria respectiva, como se desprende de las constancias enviadas a este órgano colegiado] en la averiguación previa, es un acto de imposible reparación.-Asimismo, se destaca que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos patentiza la obligación de todas las autoridades del país, para que en su respectivo ámbito de competencia velen no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce como principio pro personae.-En ese contexto, el citado artículo 124 de la ley de la materia señala los requisitos que debe considerar el Juez Federal para conceder la suspensión, a saber: ‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: ...’ (se transcribió).-En el caso concreto, en oposición a lo considerado por la Jueza de amparo, se advierte que se cumplen los extremos que ordena el citado precepto legal, pues la suspensión fue solicitada por el quejoso en la demanda de amparo, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, en este caso, en atención especial a la naturaleza de la violación alegada y a que el delito de que se trata es de querella (fraude específico) y no de persecución oficiosa -de acuerdo a las manifestaciones del quejoso quien refirió hacerlas bajo protesta de decir verdad y con base en las constancias con las que se cuenta hasta este momento-, pues no se trata de pretender paralizar la integración de la indagatoria que constituye el objetivo de esta fase procedimental; además, como bien alega la parte quejosa, de negarse la medida cautelar, podría causarle un daño de difícil reparación, en tanto que se le privaría de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.-Y, en ese sentido, es dable precisar que el juzgador está obligado a tomar las medidas necesarias para conservar la materia del juicio hasta su terminación; de ahí entonces que, la suspensión en la especie está en consonancia con la finalidad que justifica la existencia de esta medida de carácter instrumental, debiendo entonces el juzgador procurar que con esa medida, se preserve la materia del amparo mientras se resuelve el juicio en lo principal, para que de ser el caso, exista la posibilidad de restituir al quejoso en el pleno goce de los derechos violados, fin último del juicio constitucional.-Así es, considerar, como la Jueza de Distrito, que en el caso concreto no procede la suspensión provisional del acto en comento, porque con ello se restituiría al quejoso en el goce de sus derechos violados, lo que es propio de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto, significa que en esa determinación, no tiene cabida la ponderación de los derechos fundamentales en juego, perdiendo así de vista, como se dijo, el fin último del juicio de amparo.-Precisamente, esta perspectiva de análisis ha determinado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya matizado la concepción sobre ‘los efectos restitutorios’ propios de una sentencia amparadora, pronunciándose por la procedencia de la medida suspensional contra actos de clausura, o aseguramiento de bienes inmuebles en materia penal, para lo cual destacó la conveniencia de atender en tales casos a dos aspectos: a) La apariencia del buen derecho, que apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y, b) El peligro en la demora, consistente en la posible frustración de los derechos del quejoso, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; tales criterios están contenidos en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 36 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, correspondiente a abril de 1996, del tenor siguiente: ‘SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.-El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27423-57a909fa/suspension-en-el-juicio-de-amparo-debe-concederse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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