SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE SUSPENSIÓN EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 59/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001 dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de criterios en un tema de la materia administrativa, especialidad de esta Sala, suscitada entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos.
Se advierte que si bien a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones, entre ellas, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponiéndose que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización; en sesión de once de octubre de dos mil once, el Pleno de este Alto Tribunal determinó que la Suprema Corte es competente para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos, sustentando al respecto la siguiente tesis:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el! principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." (Décima Época. Núm. Registro IUS: 2000331. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, órgano que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al resolver mayoritariamente el incidente en revisión 232/2011 en sesión de veintiocho de octubre de dos mil once, determinó:
"QUINTO. En principio, precisa señalar que por falta de agravio de la parte a quien pudiera perjudicar, no es materia de esta revisión los considerandos primero, segundo y tercero, así como el primer y segundo puntos resolutivos de la interlocutoria impugnada, en los que se determinó negar la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados al administrador general de aduanas, con residencia en México, Distrito Federal, quien negó la existencia de los actos que se le reclamaron; y la diversa autoridad administrador central de contabilidad y glosa en México, Distrito Federal, por conducto de la Administradora de Amparos e Instancias Judiciales ‘2’ de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, respecto de la cual se negó la suspensión del acto reclamado consistente en la expedición de la orden de suspensión en el padrón de importadores de la empresa quejosa, por considerarlo de carácter consumado, ya que de los agravios expresados por la autoridad recurrente se advierte que ninguno de ellos se encuentra dirigido a impugnar esa parte de la resolución. Confirma el indicado criterio la jurisprudencia 20 sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página veintiséis, Tomo VII, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ‘REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR.’ (se transcribe). SEXTO. El agravio que formula la autoridad recurrente es infundado y tal como se indicó en el considerando anterior, se precisa que únicamente se analizará el considerando cuarto en relación con el tercer punto resolutivo de la interlocutoria que se revisa, toda vez que la recurrente sólo combate esas consideraciones y que se refieren a la ejecución de la orden de suspensión en el padrón de importadores. En esencia, argumenta que dada la naturaleza jurídica de la suspensión, resulta improcedente contra este tipo de actos, por lo que no debe perderse de vista el hecho de que la finalidad de toda medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, es decir, mantener las cosas en el estado en que se encuentran al momento de solicitar la protección constitucional y no el de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, lo cual es propio de la sentencia que se pronuncie en el fondo del juicio; sin embargo, el a quo pasó por alto que con la determinación de conceder la suspensión dejó sin materia el juicio de amparo y que el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado implicaría un pronunciamiento respecto de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado por tanto, lo resuelto trae aparejada una clara afectación al interés social, máxime cuando tal afectación es evidente, debe sobreponerse el interés social al interés particular. Lo anterior se estima infundado, toda vez que fue correcta la determinación del Juez de Distrito al conceder la suspensión definitiva, ya que en materia de suspensión existen dos tipos de actos: positivos y negativos. Los actos positivos se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y la doctrina los clasifica en: I. Actos de ejecución instantánea, contra los cuales únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; II. Actos de ejecución continuada o inacabada que son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto es impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; y, III. Actos de ejecución de tracto sucesivo son aquellos en que la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia o posesiones, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. Los actos negativos implican un no actuar de la autoridad y la clasificación de éstos es la siguiente: A) Abstenciones son aquellas que carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión. B) Negativas simples son aquellas que sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; y, C) Actos prohibitivos son aquellos que implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno y que también se denominan como actos negativos con efectos positivos porque, como se precisó, no obstante que el acto tenga una naturaleza negativa (una prohibición), ello implica una orden de no hacer emitida por la autoridad dirigida al particular, es decir, que tiene un efecto positivo hacia el particular, como lo sostiene la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CV, página 1893, que indica: ‘ACTOS NEGATIVOS EN APARIENCIA (SUSPENSIÓN DE EXPLOTACIONES).’ (se transcribe). Ahora, el acto reclamado en el amparo indirecto del que emana la revisión incidental consiste en la suspensión de la quejosa del padrón de importadores al que se encuentra inscrita, y este órgano colegiado considera que constituye un acto negativo de los denominados prohibitivos, es decir, un acto negativo con efectos positivos porque, con su emisión, se pretende impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno, que es precisamente la importación de mercancías, razón por la cual, contrariamente a lo que expone la autoridad recurrente, sí es un acto que puede ser suspendido. Una vez precisado que la orden de suspensión del padrón de importadores reclamada es un acto negativo con efectos positivos, debe señalarse que, el hecho de que la quejosa solicite la suspensión definitiva del acto reclamado para que se le permita importar mercancías, no implica que la suspensión tenga efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo que se dicte en el juicio principal, en virtud de que, por una parte, en el caso la quejosa acreditó que se encuentra inscrita en el padrón de importadores, esto es, goza, salvo prueba en contrario, del derecho previamente autorizado por la autoridad competente para importar mercancías. Por otra parte, el que se conceda a la quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado (suspensión del padrón de importadores) para el efecto de que se le permita continuar realizando importaciones de mercancías, no implica el otorgamiento de efectos restitutorios sino únicamente cesa la prohibición ordenada en el acto reclamado, a saber, la suspensión en el padrón de importadores, la que conlleva la prohibición de realizar importaciones de mercancías. Asimismo, como lo resolvió el Juez de Distrito, con la concesión de la suspensión definitiva no se sigue perjuicio al interés social, en la medida que si bien es cierto, la sociedad está preocupada porque los particulares cumplan con las obligaciones de las leyes que los rigen, no menos cierto es que también tiende a exigir que las autoridades respeten los derechos de los gobernados, máxime que en el caso no se causa perjuicio al fisco federal, dado que la suspensión del acto reclamado obliga a la quejosa a cumplir con todos los requisitos para la correcta y legal internación de mercancías extranjeras al territorio nacional. En cuanto al tema expuesto en agravios, relativo a que con la medida suspensional se contravienen disposiciones de orden público, debe señalarse, que el artículo 124 fracción II, inciso g), de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 124.’ (se transcribe). De acuerdo con el artículo en comento, se decretará la suspensión cuando de concederse dicha medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, considerándose que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones cuando de concederse la suspensión: A) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley; B) Cuando se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; C) Se incumpla con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias; D) Se incumplan con las normas oficiales mexicanas; y, E) Se afecte la producción nacional. Debe determinarse que si con la concesión de la suspensión se actualiza alguno de los supuestos establecidos en el artículo 124, fracción II, inciso g), de la Ley de Amparo y que, por ello, se considere que con ese otorgamiento de dicha medida cautelar se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, en este supuesto no debe concederse la suspensión cuando se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley (inciso A); sin embargo, en el presente caso con el otorgamiento de la suspensión definitiva únicamente deja de surtir efectos el impedimento de importar mercancías al interior del país que se decretó contra la quejosa y, por ello, estaría en posibilidad de importar mercancías previo cumplimiento de lo que dispongan las leyes correspondientes, pero con la medida cautelar no se faculta a la solicitante de amparo para ingresar mercancías al país cuya introducción esté prohibida en términos de ley. Sin embargo, en el presente asunto, con el otorgamiento de la medida suspensiva únicamente deja de surtir efectos temporalmente el impedimento de importar que se decretó contra el quejoso y, por ello, si bien estaría en posibilidad de importar mercancías, empero, de ninguna manera faculta a la solicitante de amparo para ingresar mercancías al país cuya introducción esté restringida o prohibida. Además, no debe concederse la suspensión cuando se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias. En el presente caso, con la concesión de la medida suspensional definitiva únicamente deja de surtir efectos el impedimento para importar mercancías al interior del país que se decretó contra la quejosa y, aun cuando se le permite la importación de mercancías, dicha medida no la autoriza para ingresar mercancías al país incumpliendo con los requisitos correspondientes. Más aún, si bien no debe concederse la suspensión cuando se incumpla con las normas oficiales mexicanas y se afecte la producción nacional (incisos D) y E) [del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos]), en el presente caso, con la concesión de la suspensión únicamente se permite a la quejosa realizar importaciones pero se insiste, no la faculta para incumplir con las normas oficiales mexicanas y no se afecta la producción nacional. Por tanto, contrariamente a lo que aduce la recurrente, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 124, fracción II, inciso g), de la Ley de Amparo, para considerar que con la concesión de la suspensión se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, sin que este órgano colegiado advierta la existencia de algún motivo por el que se contravengan disposiciones de orden público o se afecte el interés social para efectos de la concesión de la suspensión definitiva. De ahí lo infundado de sus argumentos. ..."
CUARTO. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con fecha cinco de agosto de dos mil once, resolvió la queja administrativa 92/2011 en cuyas consideraciones expresó:
"QUINTO. Los agravios que hace valer la recurrente son infundados por un lado e inoperantes por otro, en mérito de las consideraciones que se exponen a continuación. De manera resumida, los antecedentes del caso, son: 1. **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuyó a diversas autoridades responsables, entre ellas, al administrador general de aduanas y al administrador central de contabilidad y glosa, de las que reclamó: a) La restricción o cancelación del padrón de importadores en el que se encuentra inscrita, sin que se le haya notificado procedimiento administrativo alguno que justifique dicha restricción. b) Las consecuencias derivadas de dicho acto administrativo, a saber, el impedimento para importar mercancías. 2. El Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Tijuana, Baja California, por auto de veintisiete de julio del año en curso negó la suspensión provisional de los actos reclamados apoyado en dos consideraciones sustanciales, la primera relativa a que el acto reclamado consistente en la cancelación de la inscripción del padrón de importadores y la falta de instauración o notificación del procedimiento administrativo determinante de dicha sanción, tienen el carácter de actos consumados contra los cuales resulta improcedente otorgar la medida cautelar, pues ello equivaldría a darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia de amparo. El segundo argumento establecido por el Juez de Distrito para negar la suspensión provisional, recayó sobre los actos reclamados consistentes en el impedimento y las órdenes que se hayan girado o se pretendan girar con la finalidad de impedir a la quejosa que importe mercancías. En el citado razonamiento estableció que la cancelación del registro del padrón de importadores impide que la quejosa importe mercancías, de manera que los actos mencionados con antelación se encuentran subsumidos en la cancelación del padrón. 3. La anterior determinación es la materia de la queja interpuesta por **********. Establecidos los antecedentes que informan el presente asunto, ahora serán estudiados los agravios que hace valer la recurrente en el orden en que fueron propuestos, en el entendido de que la inconforme impugnó la resolución emitida el dieciocho de julio de dos mil once, aun cuando el proveído que negó la suspensión provisional fue decretado el veintisiete de julio del año en curso. Así las cosas, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, dicho error es subsanable por este Tribunal Colegiado, pues los agravios van encaminados a combatir el proveído en que, efectivamente, niega la suspensión provisional. En esas condiciones, señala la recurrente que el Juez de Distrito violó el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues apreció incorrectamente el acto reclamado, ya que éste consistió en la restricción del padrón de importadores en el que se encuentra inscrita y no en la cancelación de dicho registro. Por tanto, aduce que el acto reclamado es de tracto sucesivo y no consumado, como refiere el Juez de Distrito, pues la responsable actúa día con día al momento en que restringe la explotación de la actividad comercial a la que se dedica; máxime que la inexistencia de alguna orden legítima que la restrinja del padrón, genera que el acto reclamado sea de tracto sucesivo. Como se adelantó, los agravios antes resumidos son infundados por una parte e inoperantes por otra, si se toma en consideración que la restricción, suspensión o cancelación del padrón de importadores, en el que dice la quejosa estar inscrita, es un acto que no es factible suspender por dos razones fundamentales, la primera consistente en que permitir a la peticionaria de amparo que importe mercancías aun cuando no se encuentre activa en el registro de importadores, es una circunstancia que atañe al fondo del juicio de amparo, pues como lo indicó el Juez de Distrito, es hasta ese momento cuando se puede emitir un pronunciamiento acerca de si la suspensión o restricción del padrón vulnera los derechos humanos de libertad de trabajo, legalidad, fundamentación y motivación, consagrados en los artículos 5o., 14 y 16 constitucionales, y será hasta entonces cuando se podrá resolver si es posible ordenar que se restituya tal inscripción. En otras palabras, la restricción, suspensión o cancelación del padrón de importadores, es un acto consumado para los efectos de la suspensión. El segundo aspecto por el que debe confirmarse la resolución impugnada, atañe a las consecuencias de la suspensión o restricción del padrón de importadores. En principio, conviene destacar que resultan inoperantes los agravios consistentes en que la restricción o suspensión del padrón de importadores es un acto de tracto sucesivo, dado que aun cuando las consecuencias del acto reclamado tuviesen esa naturaleza, lo cierto es que no es factible otorgar la medida cautelar para el efecto de que la quejosa importe mercancías sin que se encuentre vigente su registro en el multicitado padrón de importadores, porque ello afecta el interés social y contraviene disposiciones de orden público. Acorde con lo dispuesto en el numeral 124 de la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de garantías, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el juicio de garantías en lo principal. Asimismo, del estudio integral del artículo 124 de la Ley de Amparo, se advierte que la procedencia de la suspensión de los actos reclamados requiere considerar la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el impetrante del juicio de garantías, los que la medida origine a terceros y al interés público, la cual se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado. De igual forma, en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 en cita, se indican los casos en los cuales se entiende que el otorgamiento de la medida suspensional causa perjuicio al interés social y contraviene normas de orden público, de entre los cuales destaca el inciso g), mismo que a su vez contiene diversas hipótesis: a) que se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) que se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo en el caso de cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley de Amparo; c) que se incumplan con las normas oficiales mexicanas; y, d) que se afecte la producción nacional. En esas condiciones, el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Luego, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En ese sentido, el ‘orden público’ y el ‘interés social’, se afectan cuando con la suspensión se permita el ingreso al país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley, o bien, se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumpla con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación; se incumpla con las normas oficiales mexicanas; o, se afecte la producción nacional. Bajo esa tesitura, se estima que la inscripción en el padrón de importadores es una disposición de orden público, pues tal requisito está comprendido en el artículo 59, fracción IV, de la Ley Aduanera, el cual establece: ‘Artículo 59.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, no es factible conceder la medida cautelar solicitada contra la suspensión temporal o definitiva del padrón de importadores, dado que estamos en presencia de una sanción que, de ser cierta, genera que su incumplimiento afecte el interés social y se violen disposiciones de orden público. En efecto, las causas que originan la suspensión temporal o definitiva del padrón de importadores, se encuentran establecidas en las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en uso de las facultades que le confieren los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o. y 144 de la Ley Aduanera; 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 3, fracción XXII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Normas que facultan a esa secretaría para establecer las regulaciones inherentes a la forma en que se efectuará la inscripción en el padrón de importadores, las causas de suspensión temporal y definitiva del citado padrón (al menos 31) y los procedimientos para el levantamiento de dicha sanción, tal y como se advierte en la regla que se transcribe a continuación: ‘2.2.4. Para los efectos del artículo 59, fracción IV de la ley, procederá la suspensión en el padrón de importadores y/o en el padrón de importadores de sectores específicos, cuando ...’. Así las cosas, en la especie es improcedente aplicar los principios de apariencia de buen derecho fumus boni iuris y el de peligro en la demora periculum in mora pues de ser cierto el acto reclamado consistente en la suspensión temporal o definitiva del padrón de importadores, ésta aconteció necesariamente por haberse actualizado alguna de las hipótesis que prevé la norma 2.2.4 y por consiguiente, de otorgarse la medida cautelar se le daría efectos restitutorios a esta última, los cuales no son propios de la suspensión, dado que este Tribunal Colegiado se sustituiría en la autoridad respons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23910-addd4b99/suspension-en-el-juicio-de-amparo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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