SUSPENSIÓN EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES. NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO SINO DE MOLESTIA, POR LO QUE NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 410/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2011. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuito, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a efecto de resolver de manera pronta y expedita la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los tribunales contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es decir, uno de los Tribunales Colegiados presuntamente discrepantes.
TERCERO. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta, en la parte que interesa, lo que los Tribunales Colegiados que intervienen en esta contradicción expusieron en las ejecutorias y los criterios que los denunciantes estiman divergentes.
I. El Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver la revisión administrativa 233/2011 y número interno 466/2011, sostuvo, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. Son infundados los anteriores agravios, de conformidad con las siguientes consideraciones. En principio, cabe establecer que los motivos de agravio formulados por la autoridad recurrente únicamente se encuentran encaminados a controvertir lo resuelto en el considerando sexto de la sentencia recurrida, en donde el Juez de Distrito concedió la protección constitucional solicitada por la empresa quejosa, en contra de la resolución a través de la cual se había decretado su suspensión del padrón de importadores a cargo del Servicio de Administración Tributaria, al considerar que dicha determinación era violatoria de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal motivo, el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, así como lo resuelto en el considerando quinto en cuanto a las causas de improcedencia invocadas por la autoridad responsable, debe quedar incólume para continuar rigiendo el sentido de la sentencia recurrida, en esa parte, ante su falta de impugnación. Bajo ese contexto, el primero de los agravios que formula la autoridad recurrente resulta infundado, porque contrario a lo que sostiene en el mismo, el a quo actuó de manera correcta en la sentencia reclamada al haber determinado que la resolución a través de la cual se decretó la suspensión de la empresa denominada **********, del padrón de importadores a cargo del Servicio de Administración Tributaria, constituye un acto privativo y, por ende, previamente a su emisión debió haberse otorgado la garantía de audiencia a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque del análisis de la resolución a través de la cual se decretó la citada suspensión, cuya copia certificada obra glosada en las fojas 237 a 241 de los autos del juicio de amparo subyacente, se aprecia que el veinte de agosto de dos mil diez, la empresa denominada **********, fue suspendida del padrón de importadores del Servicio de Administración Tributaria, bajo el argumento de que había incurrido en la causa de suspensión contenida en el número 27 del apartado A de la regla 2.2.4. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de abril de dos mil siete, las cuales fueron reformadas mediante la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta resolución de modificaciones publicadas en el mismo medio oficial informativo el veintisiete de junio, veintinueve de junio, diez de julio, veintinueve de noviembre y treinta y uno de diciembre, todos del dos mil siete, respectivamente, la cual establece lo siguiente: (se transcribe). Además, la citada regla 2.2.4., luego de enumerar los distintos casos en los que procede decretar la suspensión en el padrón de importadores y/o en el padrón de importadores de sectores específicos establece lo siguiente: (se transcribe). De las anteriores transcripciones es posible establecer que en los casos a que se refiere el supuesto contemplado por el numeral 27 del apartado A de la regla número 2.2.4., como sucedió en el oficio reclamado en el juicio de amparo subyacente, no se otorga la garantía de audiencia previa al importador que incurra en la citada causa de suspensión en el padrón respectivo, pues en dicho caso la suspensión procederá de manera inmediata, según lo establece expresamente la parte final del segundo párrafo antes transcrito. Bajo ese contexto, en el caso particular, el Juez de Distrito recurrido actuó de manera correcta al determinar que la naturaleza jurídica de la suspensión decretada en forma inmediata en el caso contemplado en el numeral 27 del apartado A de la regla número 2.2.4. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete, se trata de un acto privativo, porque evidentemente se traduce en la imposibilidad para la empresa quejosa de seguir importando mercancías, ya que en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 59 de la Ley Aduanera, para importar mercancías es necesario encontrarse inscrito en el padrón de importadores o, en su caso, en el padrón de importadores de sectores específicos que están a cargo del Servicio de Administración Tributaria. Por tanto, la citada medida de suspensión inmediata del padrón de importadores y/o del padrón de importadores de sectores específicos, contenida en la regla aludida en párrafos anteriores, se traduce en una supresión del derecho con que antes contaba la empresa contribuyente para importar mercancías, cuando se encontraba vigente en su registro ante el citado padrón, pues es evidente que la finalidad connatural de la citada medida de suspensión es impedir al contribuyente respectivo continuar ejerciendo la actividad de importar mercancías del extranjero; motivo por el cual, constituye un acto privativo para los efectos de la garantía de audiencia que se debe otorgar previamente a la emisión del mismo, en términos de lo establecido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia número 40/96, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en la página 5 del Tomo IV, julio de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, la cual es del tenor siguiente: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’ (se transcribe). Además, el caso de suspensión en estudio no puede considerarse como un ‘acto de molestia’, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita con anterioridad, porque no se trata de un acto que restrinja de manera provisional un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, toda vez que la restricción provisional o preventiva a que se refiere la invocada jurisprudencia es aquella que se traduce en una medida cautelar dictada dentro de un procedimiento y, por ende, se encuentra a las resultas de lo que se resuelva de manera definitiva dentro del procedimiento en el cual se hubiese decretado; sin embargo, tal supuesto no sucede en el caso particular, pues la suspensión en el padrón de importadores contenida en el oficio reclamado en el juicio de amparo subyacente no se dictó dentro de algún procedimiento administrativo como medida cautelar y, por ende, no se encuentra a las resultas de algún procedimiento, sino que se trata de un acto aislado e independiente de algún procedimiento que, como se dijo, por sí mismo, impidió a la empresa quejosa importar mercancías, sin habérsele otorgado la garantía de audiencia para defenderse en cuanto a la legalidad de dicha medida de suspensión en el padrón respectivo. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que la regla 2.2.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete disponga, en lo que aquí interesa, lo siguiente: (se transcribe). Del análisis del contenido de los citados párrafos es posible establecer que los mismos contemplan la posibilidad para el contribuyente, cuya inscripción hubiese quedado suspendida en el padrón de importadores y/o padrón de importadores de sectores específicos, de solicitar que se deje sin efectos dicha suspensión a través de subsanar la causa por la que fue suspendido por la autoridad o allanarse a la irregularidad atribuida, asumiendo las consecuencias jurídicas que de ello deriven. Pues bien, dichas posibilidades de subsanar la causa de suspensión o de allanarse a la misma no pueden ser consideradas como aspectos que sirvan para poner de manifiesto que el acto de suspensión se trate de un simple acto de molestia y no de un acto privativo, pues son aspectos que dependen del contribuyente y no de la autoridad, de tal suerte que la suspensión puede subsistir de manera indefinida mientras el contribuyente no realice alguna de las citadas acciones (subsanar la causal por la que fue suspendido o allanarse a la misma); motivo por el cual, no es jurídicamente posible considerar el acto de suspensión en estudio como un simple acto de molestia, sino privativo, pues no permite ejercer el derecho a seguir importando mercancías sin la garantía previa de audiencia; además, no se trata de una medida cautelar dictada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio y, por ende, no se encuentra a las resultas de alguna diversa resolución de carácter definitivo, sino que surte sus efectos por sí mismo y subsiste como tal. Además, no debe perderse de vista que la posibilidad que consagran los párrafos transcritos para subsanar la causa de suspensión o allanarse a la misma, ninguna de ellas permite al contribuyente oponerse a la causa respectiva; esto es, si en el caso particular, a través del oficio reclamado se determinó que la empresa quejosa había incurrido en la causa de suspensión consagrada en el numeral 27, apartado A, de la regla 2.2.4. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete, relativa a haber presentado documentación falsa en el pedimento de importación respectivo, la posibilidad de subsanar la misma o allanarse de ninguna manera le permiten oponerse a la causa de suspensión atribuida, pues la acción de subsanar únicamente implica corregir un defecto o una falta, pero de ninguna manera permite oponerse a la comisión de dicha falta que, en el caso particular, se traduciría en alegar y demostrar que los documentos acompañados al pedimento respectivo no resultaban falsos; mientras que el allanamiento significa el reconocimiento o aceptación de la causa atribuida, lo cual evidentemente tampoco permite oponerse o alegar en torno a no haber incurrido en la falta respectiva o demostrar que los documentos respectivos no eran falsos. Por tanto, es evidente que la posibilidad que concede la regla 2.2.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete, para subsanar la causa por la cual se decretó la suspensión de la empresa quejosa en el padrón de importadores y/o padrón de importadores de sectores específicos o, en su caso, de allanarse a la misma, en forma alguna pueden servir para considerar que la suspensión respectiva se trate de un acto de molestia y no de un acto privativo pues, como se dijo, tal circunstancia no resta al acto respectivo la calidad de un acto prohibitivo hacía la empresa perjudicada de poder seguir importando mercancías mientras subsista la suspensión en cuestión; es decir, ejercer el derecho respectivo; además, a través de subsanar o allanarse no es jurídicamente posible inconformarse o controvertir la declaratoria sobre la falsedad de los documentos acompañados al pedimento de importación respectivo; esto es, alegar y acreditar que los documentos en cuestión no eran falsos; de ahí que la suspensión en estudio sí resulte ser un acto privativo para los efectos de la procedencia del otorgamiento previo de la garantía de audiencia antes de su emisión, por así establecerlo el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como acertadamente lo determinó el Juez recurrido en la sentencia sujeta a revisión. De esa manera, son infundados los argumentos que vierte la autoridad recurrente, en su primer agravio, en torno a que la regla 2.2.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete, actualmente establecida en la regla 1.3.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil diez establece la posibilidad de que la contribuyente suspendida pueda defenderse y demostrar que no incurrió en la conducta imputada, toda vez que, como se dijo en párrafos anteriores, dicha regla solamente se refiere a la posibilidad de subsanar o allanarse a la causa de suspensión respectiva, pero a través de esas vías no es jurídicamente posible controvertir la causa atribuida, que en el caso particular se traduce en alegar y acreditar que la documentación acompañada al pedimento de importación no era falsa, pues subsanar solamente implica corregir un error, pero no alegar que no existe tal error o falta; mientras que el allanamiento es reconocer y aceptar la falta atribuida; de ahí que entonces a través de la regla invocada con anterioridad no sea jurídicamente posible que la empresa quejosa hubiese podido defenderse y demostrar que no había incurrió (sic) en la causa de suspensión que le fue imputada a través de la resolución reclamada. De igual forma, es infundado lo que sostiene la autoridad recurrente al manifestar que la suspensión del padrón de importadores solamente constituye una medida cautelar dictada por la autoridad con la finalidad de evitar que los contribuyentes que no cumplan con los requisitos y obligaciones de ley, efectúen operaciones en materia de comercio exterior y, por ende, se trata de un acto de molestia y no de un acto privativo. Se dice que lo anterior resulta infundado porque, como se dijo en párrafos anteriores, para que una medida cautelar pueda considerarse como un simple acto de molestia y no privativo, es indispensable que dicha medida se decrete dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, de tal suerte que la medida en cuestión estará a las resultas de lo que se resuelva en dicho procedimiento; de ahí que en la especie no se actualiza la hipótesis a que se refiere la jurisprudencia número 21/98, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en la página 18, Tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, la cual contiene el rubro y texto siguientes: ‘MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.’ (se transcribe). Además, no debe perderse de vista que los procedimientos seguidos en forma de juicio, dentro de los cuales se decreta una medida cautelar, se encuentran sujetos a una temporalidad para su resolución, de ahí que la medida respectiva tenga la naturaleza de provisional, pues al momento de resolverse el procedimiento respectivo dentro del plazo legalmente establecido, se resolverá lo que en derecho corresponda de manera definitiva en cuanto a la medida cautelar, lo cual le da la naturaleza de un acto de molestia, pues se encuentra a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el cual se dicta; lo cual no se actualiza en el caso particular pues, como se dijo, la suspensión reclamada en el juicio de garantías subyacente no fue emitida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sino de manera aislada y, por lo mismo, su duración no se encuentra sujeta a un determinado plazo de subsistencia sino que puede prevalecer de manera indefinida, lo cual le otorga la calidad de un acto privativo y no de molestia, como indebidamente se alega en el agravio en estudio, lo que se traduce en lo infundado de lo alegado sobre el particular. Es también infundado lo que sostiene la autoridad recurrente en torno a que, al momento de haberse determinado la naturaleza de la suspensión reclamada, se debió tomar en consideración la finalidad perseguida con la citada suspensión; esto es, evitar que los contribuyentes que no cumplan con los requisitos y obligaciones de ley efectúen operaciones en materia de comercio exterior; toda vez que el objetivo que se persigue con la suspensión en el padrón de importadores de los contribuyentes que no reúnan los requisitos y las obligaciones legalmente establecidos, no constituye un factor que sirva para determinar la naturaleza jurídica del acto suspensivo para establecer si se trata de un acto privativo o de un acto de molestia pues, para tal efecto, solamente deben tomarse en consideración los efectos que produce en la esfera jurídica del contribuyente el acto de suspensión que, en el caso particular, se tradujo en la imposibilidad a que fue sometida la empresa contribuyente quejosa para seguir ejerciendo el derecho de importar productos del extranjero, sin que previamente para ello se le hubiese otorgado la garantía de audiencia, lo cual se traduce en un acto de naturaleza prohibitiva, pues el hecho de que los contribuyentes deban reunir los requisitos legales para importar mercancías y las obligaciones que de ello deriven, no significa que arbitrariamente la autoridad pueda restringir el derecho respectivo sin otorgar la garantía de audiencia previamente a la suspensión respectiva. En cuanto a la jurisprudencia número 17/2007, que invoca la autoridad recurrente, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE MAYO DE 2004, NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE NO SE RIGEN POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.’, el criterio contenido en la misma no resulta aplicable al caso particular, pues se trata de una medida precautoria emitida dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, lo cual, como se dijo en párrafos anteriores, no sucede en la especie, ya que la suspensión en el padrón de importadores reclamada por la empresa quejosa no se dictó dentro de un procedimiento administrativo, sino que se hizo de manera aislada. Lo mismo sucede en cuanto a la diversa tesis aislada número LXXVIII/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘AGENTE ADUANAL. LA SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 164, FRACCIÓN IV DE LA LEY ADUANERA NO REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA.’, así como a la diversa tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: ‘AGENTE ADUANAL. SUSPENSIÓN DE FUNCIONES. ES UN ACTO PRIVATIVO DE CARÁCTER PROVISIONAL.’, toda vez ‘que los criterios contenidos en las mismas tampoco resultan aplicables al caso particular, toda vez que parten del supuesto de que el acto respectivo se emitió dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, lo cual, como se dijo, en el caso particular no acontece’. A su vez, es también infundado lo que sostiene la autoridad recurrente en torno a que la propia regla 2.2.4. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete, establece diversas hipótesis en las cuales la suspensión en el padrón de importadores y/o de importadores de sectores específicos se decreta de manera definitiva; pues dicha circunstancia no constituye un factor para considerar que el caso de suspensión en estudio no se trate de un acto privativo, pues esa calidad deriva de tratarse de un acto que impide el ejercicio del derecho para ejercer la actividad de importar mercancías del extranjero, con independencia de que de acuerdo con la legislación aplicable se trate o no de una llamada simplemente suspensión (sic) en el padrón respectivo o suspensión definitiva pues, como se dijo, esa denominación no le da el carácter de acto privativo o de molestia, sino los efectos de su naturaleza jurídica. Por otra parte, es infundado lo que sostiene la autoridad recurrente en torno a que el Juez de Distrito no debió realizar un análisis en la sentencia recurrida de la regla 2.2.4. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete, para con ello arribar a la conclusión de que el acto reclamado constituía un acto privativo y, por ende, frente al mismo debió operar la garantía de audiencia previa a su emisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se dice que lo anterior resulta infundado, porque es evidente que para que el a quo pudiera motivar su resolución en torno a declarar fundado el concepto de violación expuesto por la empresa quejosa en su demanda de amparo relativo a la violación a su garantía de audiencia con motivo del acto reclamado, era necesario que hiciera un análisis jurídico del contenido de la regla 2.2.4. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete, para de esa manera desentrañar su naturaleza jurídica y así poder establecer si se trataba de un acto privativo o de un acto de molestia, pues de ello dependería determinar si a tal acto le debía ser aplicable la garantía previa de audiencia o no, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal; esto es, el estudio respectivo se trata del quehacer jurídico, es decir, el ejercicio de la función propia del juzgador de amparo al momento de emitir la sentencia respectiva para, de esa manera, cumplir con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente su resolución, tal como sucedió en el caso particular. En cuanto a los diversos criterios invocados por la autoridad recurrente en los motivos de agravio en estudio, consistentes en la sentencia dictada en el amparo en revisión registrado con el número 434/2009, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la sentencia dictada en el amparo en revisión número 111/2009, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, sentencia dictada en el amparo en revisión número 337/2008, del índice del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la sentencia dictada en el amparo en revisión número 181/2011, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en dichas ejecutorias, pues a través de las mismas se sostiene el criterio de que las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior aplicables, al establecer la posibilidad de subsanar la irregularidad que hubiese dado motivo a decretar la suspensión en el padrón de importadores, provoca que el acto de suspensión se trate de un acto de molestia y no privativo y, por ende, no le es aplicable la garantía de audiencia previa a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Federal; sin embargo, como se dijo en párrafos anteriores, a criterio de los suscritos Magistrados, la citada posibilidad no permite controvertir o alegar sobre la inexistencia de la causa de suspensión atribuida ni demostrar tal circunstancia, pues la posibilidad de subsanar solamente implica corregir un error o falta, pero no desvirtuar dicho error o falta, es decir, que no hay error o falta. Tal situación pone de manifiesto la existencia de una posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados antes invocados, con el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado Auxiliar en esta ejecutoria; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 197-A de Ley de Amparo se ordena hacer del conocimiento de la anterior situación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, al haber resultado infundados los agravios formulados por la autoridad recurrente, lo que procede es, en la materia de la revisión, confirmar en sus términos la sentencia impugnada, a través de la cual se concedió la protección constitucional solicitada por la empresa denominada **********."
II. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la ejecutoria dictada en la revisión administrativa 434/2009, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. ... Por otra parte, en el cuarto y sexto agravios la recurrente expresó, sustancialmente, lo siguiente: 1) Que le causa agravio el considerando sexto de la sentencia que se recurre en el que el Juez a quo dijo que la regla 2.2.4. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior no es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la suspensión en el padrón de importadores no tiene la naturaleza de ser un acto privativo definitivo y que existe un procedimiento para solicitar que se deje sin efectos la suspensión decretada contra la ahora quejosa **********, ello mediante la presentación del formato denominado ‘solicitud de autorización para dejar sin efectos la suspensión en el padrón de importadores y/o en el padrón de importadores de secto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23442-e2e357c1/suspension-en-el-padron-de-importadores-no-constituye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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