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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PUEDE RECONVENIRSE A LA PARTE ACTORA UNA VEZ QUE SE HAYA EMPLAZADO A LAS PARTES Y SE PRODUZCA LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (ARTÍCULO 26, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA DIPUTADA PRESIDENTA Y LA PERSONA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE ENCUENTRAN LEGITIMADAS PARA RECONVENIR A LA PARTE ACTORA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA DIPUTADA PRESIDENTA Y LA PERSONA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE ENCUENTRAN LEGITIMADAS PARA CONTESTAR LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 26, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL JUICIO, AL SER LA AUTORIDAD QUE PODRÍA SATISFACER LA PRETENSIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA RECONVENCIONISTA (ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN II, Y 26, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, POR HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE IDENTIDAD VEHICULAR Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MISMA QUE FUE ABROGADA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 211, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR RECONVENCIONISTA CUANDO ÉSTE QUEDÓ ACREDITADO. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA INEXISTENCIA DE LAS OMISIONES RECLAMADAS EN RECONVENCIÓN AL PODER EJECUTIVO FEDERAL POR SER UNA CUESTIÓN DE FONDO. X. VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. TANTO EL CONGRESO DE LA UNIÓN, COMO EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA LEY ADUANERA, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DE LA LEY DE IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ESTABLECIERON UN MARCO NORMATIVO EN LA MATERIA, EL CUAL ABARCA UN RÉGIMEN SANCIONADOR ADMINISTRATIVO Y PENAL APLICABLE, CUYO PROPÓSITO ES INHIBIR Y SANCIONAR LA INTERNACIÓN ILEGAL DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN EL TERRITORIO NACIONAL (OMISIÓN LEGISLATIVA INFUNDADA RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE REGULAR LA INTERNACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL DE EMITIR DECRETOS O CONVENIOS CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SOBRE EL TEMA). XI. VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LA REGULACIÓN DE LA ENTRADA Y LA SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, ASÍ COMO LAS SANCIONES PARA QUIENES INTERNEN AL PAÍS ESTA CLASE DE MERCANCÍAS SIN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES PARA ELLO, SE ENCUENTRAN REGULADAS EN LA LEY ADUANERA (OMISIÓN LEGISLATIVA INFUNDADA RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE REGULAR LA INTERNACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL DE EMITIR DECRETOS O CONVENIOS CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SOBRE EL TEMA). XII. VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LAS SANCIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY ADUANERA SON APLICABLES PARA QUIENES ENAJENEN, COMERCIEN, ADQUIERAN O TENGAN EN SU PODER POR CUALQUIER TÍTULO MERCANCÍAS EXTRANJERAS, SIN COMPROBAR SU LEGAL ESTANCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL (OMISIÓN LEGISLATIVA INFUNDADA RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE REGULAR LA INTERNACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL DE EMITIR DECRETOS O CONVENIOS CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SOBRE EL TEMA). XIII. VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LAS SANCIONES RELACIONADAS CON EL USO, LA ENAJENACIÓN O EL INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CUANDO SE LLEVEN A CABO EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES ADUANAL

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 107/2020. · Registro digital (IUS): 32084
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-19
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo I, Pág.899.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 107/2020. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 6 DE JULIO DE 2023. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 107/2020, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por el Poder Ejecutivo Federal. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del sistema electrónico, el Poder Ejecutivo Federal por conducto de quien se ostentó como su consejero jurídico, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Baja California, en la que impugna:

"IV. NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA. El Decreto Número 48 que contiene la Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y combate a la Contaminación del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad, el viernes 06 de marzo de 2020, en su totalidad, así como los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación.

"Y en particular por los artículos 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17 y del 18 al 27 del ordenamiento en comento."

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a. La Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, publicada el 06 de marzo de 2020, viola el artículo 131, que consagra la facultad exclusiva y privativa de la Federación para reglamentar, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; así como el diverso 124, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señala que, conforme a la distribución de competencias que regula la Constitución Federal, cada nivel de Gobierno es autónomo en su ejercicio, de tal suerte que los Estados no deben interferir en el quehacer gubernamental de la Federación y viceversa, salvo en los casos en los que expresamente se permita, pues de lo contrario se estaría ante una invasión de competencias.

Al respecto, dice que del artículo 131 de la Constitución se desprende que son facultades reservadas de forma exclusiva a la Federación: I) El poder gravar las mercancías extranjeras que se introduzcan al territorio nacional; II) Reglamentar y prohibir por motivos de seguridad la circulación en el interior del país de toda clase de efectos; y, III) Facultar al Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el Congreso; y restringir o prohibir las importaciones, las exportaciones, así como el tránsito de productos, artículos y efectos.

La ley impugnada señala en su artículo 1 que tiene por objeto garantizar la seguridad e integridad de los habitantes del Estado, implementando las acciones necesarias para lograr la plena identificación, ubicación y relación con el propietario de los vehículos automotores de procedencia extranjera que se encuentren dentro del territorio, complementando y fortaleciendo la función de control vehicular; así como el evitar la contaminación al medio ambiente a través de la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación.

En el artículo 3 del citado ordenamiento se ordena que el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado, será el organismo responsable de la operación, administración, censo e identificación de vehículos de procedencia extranjera que se encuentren y circulen en Baja California y su relación con los propietarios.

El sistema que implemente el citado Instituto será auxiliar, complementario de las normas y medidas de seguridad pública y medio ambiente aplicables para Baja California, y que para lograr sus objetivos tal instituto tendrá entre sus atribuciones, coordinarse con otras dependencias para establecer e instrumentar las políticas públicas relativas al censo de identificación vehicular con relación al equilibrio ecológico, ambiental, seguridad pública y la planeación de la infraestructura vial urbana y de movilidad.

De esta forma, se observa que uno de los puntos torales de su emisión es el de normar en materia de seguridad pública lo relativo a los vehículos de procedencia extranjera, lo que se corrobora con la lectura de la exposición de motivos que dio origen al decreto por el que se expidió la ley impugnada. Por lo anterior, el Congreso Local invadió la competencia de la Federación al reglamentar por motivos de seguridad, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, es decir, de la circulación de automóviles de procedencia extranjera.

Por su parte, el artículo 3 de la ley en cuestión, establece que el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación será el organismo encargado de la operación, administración, censo e identificación de vehículos de procedencia extranjera que se encuentren y circulen en Baja California y su relación con los propietarios, entendiendo por tales vehículos I) a los que circulan bajo el amparo de organizaciones que les tutelan el trámite de importación vehicular; II) cualquier otro vehículo automotor de procedencia extranjera, cuyo ingreso y estancia en el territorio de Baja California se encuentre al margen de las formalidades establecidas en la Ley Aduanera y demás ordenamientos federales.

En cuanto al Censo de Identificación Vehicular señala que en los artículos 14 y 18 de la ley cuestionada, se dispone que es el sistema a cargo del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, que tiene como principal función concentrar la información de los vehículos de procedencia extranjera que se encuentren y circulen en territorio del Estado, así como la relación de éstos con sus propietarios, entendiéndose que el vehículo de procedencia extranjera quedará censado con identidad vehicular cuando el propietario del mismo acuda ante el instituto a registrar el vehículo cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley impugnada, mas en ningún caso el censo de identificación vehicular, los documentos o procesos que lo amparan, constituirán un instrumento oficial con el que se acredite la legal estancia del vehículo dentro del territorio de Baja California, ni mucho menos su importación o regularización, pues ello corresponde a las leyes federales de la materia.

En suma, a través del artículo 3, fracciones IV y V, de la ley impugnada, se faculta al instituto para diseñar, establecer y renovar periódicamente los medios de identificación vehicular de conformidad con la normatividad aplicable, así como para prestar los servicios de inscripción, censo, registro, refrendo, avisos, expedición y reposición de los medios de identificación vehicular.

En el aspecto de la identificación, dice que resulta trascendental señalar que en el artículo 2, fracciones II y IV, de la Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, se define a la calcomanía de identificación como el aditamento plástico autoadherible indispensable para la circulación expedido por la secretaría, que debe ser colocado al interior del vehículo de forma claramente visible al exterior. Por su parte, por elementos de identificación vehicular entiende los aditamentos expedidos por la secretaría para el control vehicular y que consisten en calcomanía de identificación, placa o placas metálicas y tarjeta de circulación vigentes.

Lo anterior le lleva a concluir que, en términos de los preceptos normativos de referencia, no sólo se contraviene el marco constitucional, sino que además se hacen nugatorias las disposiciones aduaneras federales, pues el Estado de Baja California pretende regularizar y otorgar la circulación a los vehículos de procedencia extranjera que se encuentren al margen de las formalidades establecidas en la Ley Aduanera y demás ordenamientos federales, así como de los que circulan bajo el amparo de organizaciones que les tutelan el trámite de importación vehicular.

Además, en los artículos 16, 26, fracción I y 27 de la ley impugnada, se impone como deber de los propietarios de estos vehículos su registro ante el citado instituto dentro del plazo de cuatro meses contados a partir del inicio de sus operaciones, contemplando como infracción su falta de inscripción.

De lo anterior se infiere un exceso por parte del Congreso Local en sus funciones legislativas, al invadir ámbitos competenciales al ser una potestad federal la regulación de autos de procedencia extranjera, así como cualquier cobro relacionado con los efectos de bienes extranjeros, quedando prohibido a los Estados cualquier forma de recaudación en este sentido.

En este tenor, menciona que el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados" modificando su transitorio primero a fin de ampliar su vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

b. La Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, quebranta lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, fracciones V y VI, que instituyen la prohibición a los Estados de gravar directa o indirectamente la entrada a su territorio, la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera; así como el gravar la circulación o el consumo de efectos nacionales o extranjeros; ello en concatenación con los numerales 40, 41, 116, párrafos primero y segundo y 124 constitucionales.

El Poder accionante dice que en términos del artículo 117 constitucional, los Estados no pueden, en ningún caso, gravar la entrada a su territorio, ni la circulación en él, de efectos nacionales o extranjeros, ni exigir la documentación que acompañe a la misma.

Apunta que es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar y aun prohibir por motivos de seguridad o policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia.

Lo anterior hace patente la inconstitucionalidad de la Ley que Crea el Instituto Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, por las consideraciones siguientes:

En el artículo 2, fracciones II y IV, de la ley impugnada, se establece como uno de los elementos de identificación vehicular la calcomanía de identificación definida como el aditamento plástico autoadherible indispensable para la circulación expedida por la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de la entidad federativa.

Es decir, a través de dicha calcomanía se permite la circulación de vehículos de procedencia extranjera cuya importación y estancia en el territorio nacional no cumplan con lo establecido en las disposiciones aduaneras y de comercio exterior, es decir, de los vehículos que circulan bajo el amparo de organizaciones que les tutelan el trámite de importación vehicular; y cualquier otro vehículo de motor de procedencia extranjera, cuyo ingreso y estancia en el territorio de Baja California se encuentre al margen de las formalidades establecidas en la Ley Aduanera y demás ordenamientos federales.

Respecto del censo de identificación vehicular, se determina que su vigencia será anual. Para tal efecto, los propietarios de los vehículos de procedencia extranjera tendrán el deber de realizar el registro correspondiente dentro del plazo de cuatro meses a partir del inicio de operaciones del instituto, así como la erogación que sobre ésta se fije en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, según se dispone en los artículos 16 y 20 de la ley impugnada.

Tales normas, de manera concatenada hacen patente la transgresión al artículo 117, fracciones IV y V, de la Constitución Federal, toda vez que el Estado de Baja California invade el ámbito de competencia exclusivo de la Federación, al regular y autorizar la circulación de vehículos extranjeros mediante el registro en el padrón vehicular que instaura la Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, a través de una erogación que concluye en el otorgamiento de una calcomanía de identificación.

Lo anterior se insiste, pues acorde al procedimiento de registro narrado en el capítulo IV, denominado "DEL CENSO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR", y en particular en el referido numeral 20 de la ley que en esta vía se combate, se hace alusión a un cobro por concepto de derecho por registro o refrendo ante el Instituto, lo que se traduce en la imposición de una carga de carácter fiscal, reflejada en un ingreso tributario para la entidad, lo cual se encuentra prohibido en términos del artículo 117, fracciones V y VI, de la Constitución, que impide a las entidades federativas el gravar la mercancía que entra o sale de su territorio, así como gravar la circulación o el consumo de efectos nacionales o extranjeros, bajo cualquier concepto o restringiendo incluso, que se exija documentación sobre la misma.

Al respecto, el artículo 2, fracción III, de la Ley Aduanera define "mercancía", como los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. En tanto que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se identifica dicho término como la cosa mueble que se hace objeto de trato o venta; haciendo derivar el término mercantil a lo perteneciente o relativo al mercader, a la mercancía o al comercio, y al término "efectos", como artículo de comercio, así como en plural: bienes, muebles o enceres.

De tal suerte que los vehículos de procedencia extranjera en términos de la ley que se impugna se identifican como mercancías o efectos a que se refiere el artículo 117, fracciones V y VI, de la Constitución, respecto de los cuales no compete gravar a las entidades federativas.

Por tanto, sin importar el carácter, sea impuesto o derecho, que la Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California pretenda darle a dicho cobro, lo cierto es que su regulación deviene inconstitucional, por condicionar a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera cuya importación y estancia en el territorio nacional no cumplan con lo establecido en las disposiciones aduaneras, a que adhieran un documento que convalide su circulación, bajo un registro en el padrón vehicular y un pago de derechos.

Por lo anterior se solicita la invalidez total de la ley impugnada y, en particular, de los artículos 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, y del 18 al 27 de ese ordenamiento.

c. La Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, transgrede el artículo 117, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la prohibición de los Estados de gravar directa o indirectamente la entrada a su territorio, la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera; así como el gravar la circulación o el consumo de efectos nacionales o extranjeros.

El accionante solicita se declare la invalidez de la Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California en su totalidad, y en especial sus artículos 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 y 18 a 27, toda vez que su contenido transgrede el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, en relación con los diversos 131 y 117, fracciones V y VI, del mismo ordenamiento.

Lo anterior, pues la entidad federativa regula y permite la circulación de vehículos extranjeros en su territorio, e impone el pago por concepto de derecho para ostentar una "Calcomanía de identificación" que les permite circular, aun cuando no cumplen con los requisitos establecidos en las disposiciones aduaneras federales por cuanto a su importación, estancia y tenencia en el territorio nacional.

En ese orden, el artículo 16 constitucional prevé de manera expresa que todo acto de autoridad debe ser conforme a lo dispuesto por las leyes, de lo que se desprende que la conformación de la ley que reglamente la internación, estancia y circulación de bienes de procedencia extranjera debe sujetarse al marco constitucional y legal aplicable.

Partiendo de lo señalado en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 1, de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para establecer contribuciones sobre el comercio exterior. Además, el artículo 131 de la Constitución Federal instituye como facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia, facultando a su vez al Ejecutivo, por parte del Congreso de la Unión, para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito, en beneficio del país.

De acuerdo con el artículo 117, fracciones V y VI, de la Constitución Federal, las entidades federativas no pueden gravar la entrada a su territorio, ni la circulación en él, de efectos nacionales o extranjeros, ni exigir documentación que acompañe la mercancía, correspondiendo sólo al Congreso de la Unión, así como al Ejecutivo Federal, legislar y regular, no sólo por cuanto a la imposición de contribuciones en materia de comercio exterior, que comprende no sólo el establecimiento de las tarifas por importación de bienes, sino además, sobre el aspecto relativo a la internación, estancia y tenencia en el territorio nacional de mercancía, bienes o efectos de procedencia extranjera, así como de las actividades relacionadas con los servicios aduanales y de inspección en materia de importación, circulación y tránsito de mercancías, así como expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los tratados o convenios internacionales en materia aduanera de los que México sea Parte.

El ejercicio de tales facultades previstas en la Constitución Federal se encuentra materializada, entre otros ordenamientos, en la Ley Aduanera, la que en términos de su artículo 1o. tiene como objeto regular la entrada y salida del territorio nacional, de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías.

En mérito de lo anterior, se dispone que cualquier mercancía que sea introducida al país se debe efectuar bajo un régimen aduanal, de los señalados en el artículo 90 de la Ley Aduanera.

De igual forma, en el artículo 91 de la Ley Aduanera se prevé que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán señalar en el pedimento el régimen aduanero que solicitan para las mercancías y manifestar, bajo protesta de decir verdad, el cumplimiento de las obligaciones y formalidades inherentes al mismo, incluyendo el pago de cuotas compensatorias. Por su parte, el artículo 146 de la Ley Aduanera establece la obligación de los gobernados de acreditar, en todo momento, la legal importación, estancia o tenencia de mercancía de procedencia extranjera, destacándose de su lectura que la legal estancia en el territorio nacional de vehículos importados, sólo se podrá acreditar con el pedimento de importación respectivo. En tanto que el artículo 151 de ese mismo ordenamiento señala que, en caso de que no se cuente con el documento correspondiente, las autoridades aduaneras procederán a embargar el vehículo.

Asimismo, de acuerdo con los artículos 151 y 152 de la Ley Aduanera, se instaura la facultad y obligación de la autoridad aduanera de determinar los créditos fiscales, en caso de que no se acredite la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía, bienes o efectos en el territorio nacional, imponiéndose además las sanciones o multas en la forma señalada en la legislación aduanera.

Adicional a ello, en el título quinto, capítulo único, los artículos 137 Bis 1 a 137 Bis 9, norman de manera particular la importación de vehículos en la franja y región fronteriza en la que se encuentra el Estado de Baja California, así como el Apéndice 300-A-2, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, deduciéndose de lo manifestado en tales disposiciones que la legislación aduanera fija los requisitos para la importación de vehículos, la cual resulta de observancia obligatoria para quien desee introducir un automóvil al territorio nacional, ya sea de manera temporal, o bajo un régimen definitivo, destacándose las cargas tributarias asignadas, como lo es el impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado.

A la par, no debe pasar inadvertida la regulación relativa a la acreditación, en todo tiempo, de la legal estancia y tenencia de mercancías de procedencia extranjera, ya sea que se encuentre en domicilio fijo o que circule en el territorio nacional, como lo es el caso de vehículos.

De ahí que la Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, en la forma y términos en la que se encuentra redactada, así como los fines que la conforman, viola las disposiciones constitucionales y de la Ley Aduanera, toda vez que, en una invasión de esferas competenciales, emite una regulación sobre vehículos de procedencia extranjera internados en el territorio de la entidad federativa, sin observar el marco aduanal federal, haciendo a sus normas nugatorias y permitiendo su libre circulación por el territorio de Baja California.

Lo que se observa desde el artículo 1 de la ley impugnada, donde se plasma como objeto de ésta, el regular en materia de seguridad pública en relación con bienes que se identifican como vehículos de procedencia extranjera, cuya introducción al territorio nacional, así como su estancia y tenencia dentro de él, no se realizó cumpliendo con las disposiciones federales de la Ley Aduanera, estableciendo condiciones y requisitos para su libre circulación en el territorio del Estado.

Lo que precede, en relación específica con el contenido del artículo 2, fracción II, de la ley cuestionada, que provee la definición de la "Calcomanía de identificación" concebida como el aditamento expedido por la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de la entidad federativa, que debe colocarse de manera visible al interior del vehículo de procedencia extranjera, indispensable para la circulación del mismo; ello en concatenación con el diverso artículo 3, fracción III, de esa misma ley, que señala como vehículos de procedencia extranjera, aquellos que circulan bajo el amparo de organizaciones que les tutelan el trámite de importación vehicular; y aquellos cuyo ingreso y estancia se encuentren al margen de las formalidades establecidas en la Ley Aduanera y demás ordenamientos federales.

Ello, no obstante que en el artículo 18 de la propia ley cuya invalidez se demanda, se diga que con el censo instaurado no se está regularizando la estancia del vehículo, ni acreditando la legalidad de su estadía, pues lo cierto es que de su redacción y alcances, está convalidando una conducta que vulnera disposiciones de orden público, al permitir la circulación de vehículos de procedencia extranjera cuya estancia y tenencia en el territorio nacional no es legal, evidenciándose con esto que el Estado de Baja California regula sobre un aspecto que reconoce, incide en materia aduanera de carácter federal y sobre bienes objeto de dicha legislación, sin tener competencia para ello, contraviniendo no sólo el Texto Constitucional, sino también las reglas y regulación establecidas en la Ley Aduanera, por cuanto la estancia, tenencia y circulación de bienes de procedencia extranjera, como son los vehículos.

Si bien es cierto que el Estado de Baja California pretende justificar la medida empleada como un medio de control y de seguridad, lo cierto es que realmente está legislando sobre una materia fuera del ámbito de su competencia, al regular una conducta que, de origen, es contraria a las leyes federales, al permitir el registro y la circulación de vehículos en el territorio de Baja California que no se sujetaron a las formalidades y requisitos previstos en la Ley Aduanera, y respecto de los cuales no se pagaron los impuestos correspondientes a la importación.

Además, el hecho de que se internen al país mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse, sin permiso de la autoridad competente, cuando sea necesario, el requisito de importación prohibida configura el delito de contrabando previsto en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación.

Por lo expuesto, dice que debe declararse la invalidez de la ley cuestionada, al ejercer con su regulación una facultad privativa de la Federación, e imponer como obligación a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera introducidos a la entidad federativa sin sujeción a las disposiciones aduanales, a la realización de un pago a fin de contar con una calcomanía de identificación que les permita circular en su territorio, cuestión que incluso sanciona con la imposición de una multa efectiva para quienes no realicen el censo de referencia, pues con ello está reglamentando respecto de bienes introducidos al territorio nacional que no cumplieron las formalidades y requisitos previstos en la Ley Aduanera, y sobre una conducta ilícita, ello no obstante que sólo el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal pueden regularlo conforme a lo señalado en los artículos 73, fracción XXIX, numeral 1 y 131 constitucionales, lo que evidencia que la regulación emitida por la entidad federativa es contraria o contraviene el contenido de las disposiciones aduaneras.

Por estas razones solicita se declare la invalidez de la ley impugnada, y en específico sus artículos 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, y 18 al 27.

d. La Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 06 de marzo de 2020, es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagran los principios de seguridad jurídica y legalidad.

El Poder accionante aduce que la ley impugnada, y especialmente sus artículos 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17 y 18 al 27, transgreden los principios de legalidad y seguridad jurídica, al carecer de una debida fundamentación, pues fue expedida por autoridades carentes de competencia para tal efecto.

Con base a dichos principios se colige que la obligación de las autoridades legislativas, de establecer leyes que brinden certidumbre jurídica y que estén encaminadas a la protección de los derechos de los gobernados, dentro de un marco de atribuciones acotado, y como premisa, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De acuerdo con los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de actos legislativos, no necesariamente se deben expresar de manera concreta los fundamentos y motivos en que se sustentan, dada su propia y especial naturaleza, pues estos requisitos se satisfacen cuando el Congreso actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente les confiere, y cuando las leyes que emiten se refieren a relaciones sociales que reclaman ser reguladas. Luego, todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos que el Constituyente y el legislador ordinario han establecido para dotarlos de validez, siendo uno de ellos el que el órgano del Estado sea competente para ello, lo que conlleva que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras.

En este sentido dice que el proceso legislativo que dio origen a la ley impugnada, así como el contenido de dicha regulación, incumplen la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, respecto de la exigencia de que todo acto de autoridad debe tener apoyo estricto en una norma legal, la que debe estar conforme a las disposiciones de la Constitución Federal.

Lo anterior, pues la expedición de ese ordenamiento transgrede el contenido de los artículos 117, fracciones V y VI, 124 y 131 de la Constitución, conforme a los cuales el tránsito de mercancías extranjeras, incluidos los vehículos, es una facultad privativa de la Federación, al ser expresa la prohibición a las entidades federativas de establecer cualquier tipo de gravamen de manera directa o indirecta a la circulación de dichas mercancías.

En este tenor, si ninguno de los Poderes de Baja California pueden o deben crear regulaciones ni gravámenes por la entrada o circulación en su territorio de vehículos de procedencia extranjera, al ser rubros que están reservados a la Federación, deviene que la ley controvertida que regula tales materias, resulta violatoria de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32084-735394a7/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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