I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DE ESE PODER (ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESE ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DE ESE PODER Y 8, FRACCIÓN XIX, DEL REGLAMENTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN EL SENTIDO DE QUE NO SE EXPRESARON CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR LOS QUE SE IMPUGNEN LAS NORMAS QUE PERMITEN AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA REALIZAR LA DESIGNACIÓN DIRECTA Y UNILATERAL DE LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN EL SENTIDO DE QUE EL TRIBUNAL ACTOR CONSINTIÓ LAS NORMAS IMPUGNADAS AL BENEFICIARSE DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DESTINADAS A LA FIGURA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TODA VEZ QUE LA CONTROVERSIA SE PROMOVIÓ DENTRO DEL PLAZO LEGAL. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA FIJAR EL ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO, RESULTA INSUFICIENTE SU INTERPRETACIÓN LITERAL. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CONSERVAN UN AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR EN ESTA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LOS ÓRGANOS REGULADOS. XIII. TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCALES. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES RESULTA CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 39, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE ESTARÁ AL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN XLIII DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO", DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 255, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, Y DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADA EN EL CITADO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIV. TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCALES. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES RESULTA CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 39, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE ESTARÁ AL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN XLIII DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO", DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 255, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, Y DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 356/2023. TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA. 8 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: FRIDA RODRÍGUEZ CRUZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados:
a) El artículo 27, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, reformado mediante Decreto 97, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el veintiocho de julio de dos mil diecisiete.
b) Los artículos décimo quinto y décimo sexto transitorios del referido Decreto 97.
c) El artículo 39 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, creada mediante Decreto número 255, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el dieciocho de junio de dos mil veintiuno.
d) La convocatoria para la selección de aspirantes a ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, publicada el doce de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 356/2023, promovida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California contra actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda y conceptos de invalidez. Carlos Rodolfo Montero Vázquez, en su calidad de magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California promovió controversia constitucional por escrito recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de junio de dos mil veintitrés. En su único concepto de invalidez, el tribunal actor señala:
a. Las normas cuya invalidez se demanda facultan al congreso local para hacer la designación directa y unilateral de la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California. Además, hecha la designación, en términos del artículo 27, fracción XLIII, de la Constitución Local, la reelección en el cargo no depende de una evaluación objetiva, sino del arbitrio del Congreso, lo cual genera una relación de dependencia, debido a que su continuidad en el cargo está sujeta a la voluntad del órgano que lo nombró.
b. Las normas impugnadas constituyen un incentivo estructural que posibilitan la intromisión, subordinación o dependencia respecto de uno de los Poderes del Estado.
c. El Órgano Interno de Control está dotado de autonomía técnica y de gestión, por lo que sus determinaciones no requieren la aprobación de algún órgano o persona funcionaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Además, dicho órgano tiene a su cargo la vigilancia, disciplina y fiscalización del tribunal, por lo que está investido de facultades para resolver sobre las responsabilidades administrativas de sus servidores públicos e imponer sanciones.
d. El diseño constitucional y legal del órgano de control, sumado a su esfera competencial, hace que en caso de que la designación de la persona titular recaiga en el Congreso del estado, se le dote de una vía que puede utilizar como medio de presión e influencia para interferir en cuestiones propias del tribunal actor.
e. El Congreso del estado, al designar a la persona titular del órgano interno de control, tiene un incentivo para usar su potestad sancionadora como instrumento de presión e influencia para poner en entredicho el ejercicio independiente y autónomo de la función jurisdiccional del tribunal promovente e impedir que emita sus resoluciones con apego a derecho y al margen de presiones e intereses ajenos.
f. Dada la autonomía funcional y administrativa del tribunal actor y en mérito de su independencia, la elección de las personas funcionarias del tribunal -distintos a las titulares que lo representan- no puede realizarse por el Congreso del Estado directa y unilateralmente, sino que deben ser elegidas por el propio tribunal, bajo criterios de selección y contratación internos, sin intromisiones externas.
g. Los artículos que facultan al Congreso demandado para nombrar al titular del órgano interno de control violan los principios de autonomía e independencia previstos en los numerales 17 y 116, fracción V, de la Constitución Federal, en relación con el primer párrafo del artículo 55 de la Constitución Local, al propiciar la invasión de la esfera competencial que le corresponde al tribunal actor.
h. Si bien el Congreso estatal tiene un amplio margen para regular el nombramiento de la persona titular del órgano interno de control, eso no debe llegar al extremo de afectar la autonomía e independencia del tribunal.
i. La autonomía e independencia se comprometen si la persona titular del órgano interno es nombrada por el Congreso del estado y su continuidad en el cargo se hace depender de la mera voluntad de ese poder. La vigilancia y disciplina, como parte de la independencia y autonomía del tribunal, quedaría en manos de una persona designada por un ente ajeno al tribunal con una marcada proclividad a su complacencia, originada por el diseño de su cargo y nombramiento.
2. Admisión y trámite. En auto de diez de julio de dos mil veintitrés, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, designado instructor en este asunto, admitió a trámite la controversia; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Baja California; requirió al poder legislativo para que al dar contestación remitiera copias certificadas de los antecedentes legislativos de la convocatoria y procedimiento para la selección de aspirantes a ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, o bien, cualquier documental que se encuentre relacionada con dicho procedimiento.
3. Además, solicitó al poder ejecutivo que exhibiera ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado en donde constaran las publicaciones de las normas y de la convocatoria impugnadas; y dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
4. Contestación del Poder Legislativo demandado. Manuel Guerrero Luna y Dunnia Montserrat Murillo López, ostentándose como Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, argumentaron en su contestación:
a. Al emitir los actos impugnados actuó conforme a sus facultades constitucionales y legales, por lo que no es cierta la inconstitucionalidad que se hace valer, dado que no se violan los principios de autonomía e independencia de la actora.
b. La controversia constitucional es extemporánea respecto del Decreto número 255, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que contiene el artículo 39 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California. Ello, pues no promovió la controversia constitucional en su momento a pesar de estar en posibilidades de hacerlo, con lo que consintió tanto el artículo 39 como el artículo 27, fracción XLIII, de la Constitución Local.
c. La controversia constitucional también es improcedente respecto de la convocatoria impugnada, pues no es el primer acto de aplicación. Existen otras dos convocatorias previas. La primera de ellas se impugnó en la controversia constitucional 188/2019, lo cual invoca como hecho notorio. La segunda, se emitió el veintidós de enero de dos mil veinte y se publicó en la gaceta parlamentaria esa misma fecha. En tales convocatorias se aplicaron los artículos 27, fracción XLIII, de la Constitución local y 28 quater de la ley del tribunal abrogada. En esas condiciones, se debió impugnar el artículo 39 por su sola entrada en vigor aunque su texto fuera idéntico al artículo derogado, pues el proceso legislativo que abrogó la ley y emitió otra representa un cambio de situación jurídica.
d. No es obstáculo a lo anterior que la convocatoria no haya concluido con designación alguna y que aun no se haya nombrado a ninguna persona, pues de cualquier manera la aplicación de los artículos que se controvierten se dio desde hace dos convocatorias.
e. La controversia es improcedente, pues la parte actora consintió en su momento los actos y artículos que ahora reclama. El tribunal actor se ha beneficiado de las partidas presupuestales destinadas a la figura del Órgano Interno de Control en varias ocasiones a pesar de que el Congreso del Estado no ha nombrado a la persona titular de dicho órgano. Prueba de ello es el Dictamen no. 110 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, en donde la actora pidió la autorización para efectuar una ampliación de partidas presupuestales, modificando así su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Robustecen lo anterior los proyectos de presupuesto de egresos de dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés del tribunal actor.
f. Aceptó como ciertos los actos impugnados, precisando que niega que se vulneren los principios de autonomía e independencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, ya que sus actos están apegados a derecho.
g. Si bien la Constitución Local establece que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California es un órgano constitucional autónomo y cuenta con plena autonomía jurisdiccional, administrativa, financiera y presupuestal e independencia en sus decisiones y en su organización y funcionamiento, dichas facultades no se contrarían con la potestad de nombramiento de la persona titular del Órgano Interno de Control.
h. Destaca que el artículo 55, último párrafo, de la Constitución de Baja California reitera lo previsto en el diverso 27, fracción XLIII; sin embargo, esta porción normativa no fue impugnada.
i. Los argumentos de la actora son apreciaciones subjetivas. La designación por parte del Congreso Estatal asegura la vigilancia y fiscalización adecuada, lo cual garantiza el correcto desempeño de los órganos públicos y justifica que la designación le corresponda al poder legislativo demandado.
j. El procedimiento de designación por parte del Congreso Estatal se realiza con objetividad, equidad y transparencia. En ningún momento se utiliza como medio de presión e influencia para interferir en cuestiones propias de otro órgano, al contrario, el procedimiento tiende a destruir toda presunción de influyentismo.
k. La Constitución Federal no establece lineamientos sobre cómo se deben realizar las designaciones de las personas titulares de los órganos internos de control, por lo que los Estados conservan una amplia libertad de configuración legislativa, siempre que no afecten la autonomía e independencia de los órganos regulados, situación que no ocurre.
l. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que la selección de las personas integrantes de los órganos internos de control deberá realizarse a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, tal como sucedió en la especie, pues conforme a la fracción XLIII del artículo 27 constitucional impugnado el Congreso del Estado está facultado para realizar dicha elección.
m. En la acción de inconstitucionalidad 67/2018 y su acumulada 69/2018 se declaró válido que el Congreso de Michoacán nombrara a los titulares de los órganos internos de diversos organismos públicos. En dicho asunto se consideró que para evaluar si la conformación del sistema de designación es adecuada debe atenderse a los criterios de objetividad, equidad y transparencia, lo cual se corrobora en el presente caso.
n. En la acción de inconstitucionalidad 57/2017 el Tribunal Pleno se pronunció sobre el nombramiento de la persona titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Michoacán y concluyó que su designación por parte del congreso no genera una subordinación que pudiera darle, por esa vía, una injerencia al a legislatura en el instituto local.
o. El que la designación sea realizada por un órgano externo garantiza la autonomía técnica y de gestión de independencia del tribunal actor, por lo que los conceptos de invalidez son apreciaciones falsas y sin sustento.
p. Reiteró que el tribunal actor ha realizado diversos actos en los cuales reconoce y acata la aplicación de las normas impugnadas mediante la autorización de partidas presupuestales, por lo que es incongruente que se queje de las normas de las cuales el tribunal se ha beneficiado.
5. Contestación del Poder Ejecutivo demandado. Juan José Pon Méndez, ostentándose como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Baja California contestó la demanda en los siguientes términos:
a. La parte actora no formuló conceptos de invalidez respecto de los artículos décimo quinto y décimo sexto transitorios del Decreto 97 impugnado, ni respecto del artículo 39 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
b. Admitió la publicación y promulgación del Decreto 97 impugnado, mediante el cual se reformó el artículo 27, fracción XLIII, de la Constitución Local. De igual manera aceptó la promulgación y publicación del Decreto 255 mediante el cual se aprobó y publicó la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, que contiene el artículo 39 cuya invalidez se solicita.
c. Es cierta la publicación de doce de mayo de dos mil veintitrés en el periódico oficial local de la convocatoria para la selección de aspirantes a ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
6. Opinión de la Fiscalía General de la República. No formuló opinión en este asunto.
7. Opinión de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esta representación no contestó la vista otorgada.
8. Alegatos. Únicamente el Poder Legislativo demandado hizo valer los siguientes argumentos vía alegatos:
a. La parte actora no es congruente con las manifestaciones contenidas en su demanda, pues impugna actos y normas que en su momento consintió y de los que obtuvo beneficio.
b. El tribunal actor efectuó diversos actos y solicitudes al congreso local para la autorización de su presupuesto de egresos, así como ampliaciones de partidas presupuestales, de lo cual se desprende que se ha aprovechado de los actos que ahora impugna.
c. No es posible desligar los actos entre la justificación vertida en su solicitud de su presupuesto de egresos y ampliación de partidas presupuestales y la impugnación de la normativa, pues ambos actos son ejecutados por la misma autoridad, por lo que no obstante los primeros se hacen para la obtención de recursos para el funcionamiento del tribunal, es el mismo ente que dentro de la justificación se adhiere al mandamiento de las normas que justifican la figura del órgano interno de control, como el procedimiento para su nombramiento. No es posible desligar ni separar la conducta y voluntad del tribunal para un efecto y ejercer otra en sentido contrario, pues es el mismo ente quien no puede desconocer sus propias actuaciones.
d. La parte actora está atentando contra el principio general de que nadie puede prevalerse de su propio dolo, ya que en su momento aceptó, reconoció y acató la aplicación de las normas impugnadas.
e. La convocatoria impugnada no es el primer acto de aplicación de las normas cuya invalidez se demanda, pues existieron por lo menos otras dos convocatorias previas, tal como se expresó en la contestación de demanda.
9. Cierre de la instrucción. En auto de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, toda vez que la controversia constitucional fue promovida por un órgano constitucional autónomo local, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, contra actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad, demandando la invalidez de diversos actos, por vulnerar la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
11. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, en la sentencia debe establecerse la fijación de las normas generales o actos objeto de la controversia constitucional, y en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
12. De la lectura integral de la demanda se advierte que el Tribunal actor señaló como actos impugnados los siguientes:
a) El artículo 27, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, reformado mediante Decreto 97, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el veintiocho de julio de dos mil diecisiete.
b) Los artículos décimo quinto y décimo sexto transitorios del referido Decreto 97.
c) El artículo 39 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, creada mediante Decreto número 255, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Es importante precisar que este artículo se tiene por impugnado únicamente en la porción normativa "Para el nombramiento del Titular del Órgano Interno de Control se estará al procedimiento contenido en la fracción XLIII del artículo 27 de la Constitución Política del Estado", en tanto que sólo esa porción se refiere a la facultad del congreso local de nombrar a la persona titular del citado cargo y la otra porción alude a los requisitos que debe reunir y éstos no fueron impugnados.
d) La convocatoria para la selección de aspirantes a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, publicada el doce de mayo de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
13. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, corresponde ahora determinar si los actos son o no existentes.
14. La existencia de los actos impugnados antes identificados se encuentra plenamente acreditada con las documentales exhibidas por el Poder Ejecutivo demandado. Específicamente, de las copias certificadas(1) de los ejemplares del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California, de fechas veintiocho de julio de dos mil diecisiete, dieciocho de junio de dos mil veintiuno y doce de mayo de dos mil veintitrés, se advierte la publicación de los Decretos 97 y 255, así como de la convocatoria referida, mismos que son controvertidos en este medio de control constitucional.
IV. OPORTUNIDAD
15. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
16. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna.
17. Las normas generales precisadas se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación, a saber, la convocatoria para la selección de personas aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, que se publicó el doce de mayo de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para promover la controversia constitucional transcurrió del quince de mayo al veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Por ende, si la demanda se presentó el quince de junio de dos mil veintitrés es evidente que es oportuna. 18. En su contestación de demanda el Poder Legislativo hace valer la extemporaneidad de la controversia en dos aspectos:
- En cuanto a las normas impugnadas, aduce que no se promovió la controversia constitucional a pesar de estar en posibilidades de hacerlo y
- En cuanto a la convocatoria reclamada, al no ser el primer acto de aplicación de las referidas normas.
19. Por tanto, para dar respuesta a ese planteamiento en primer término debe precisarse que si bien una causa de improcedencia de la controversia constitucional se actualiza por consentimiento tácito cuando no se impugnan los actos respectivos en el plazo legal,(2) lo cierto es que la ley de la materia permite demandar la invalidez de normas con motivo de su primer acto de aplicación.
20. En ese sentido, la controversia será improcedente si no se promueve en contra del primer acto de aplicación de las normas generales, sino de uno ulterior. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 121/2006, de este Tribunal Pleno, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA".(3)
21. Precisado lo anterior, se tiene que la impugnación de los artículos 27, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, reformado mediante Decreto 97, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el veintiocho de julio de dos mil diecisiete; los artículos décimo quinto y décimo sexto transitorios del referido Decreto 97 y el artículo 39 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, creada mediante Decreto número 255, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se hace con motivo del primer acto de aplicación.
22. En ese sentido, es infundada la causal de improcedencia propuesta. En un aspecto, pues parte de la premisa errónea de que las citadas normas sólo pueden impugnarse con motivo de su publicación. En otro, porque la convocatoria reclamada efectivamente constituye el primer acto de aplicación.
23. En efecto, la convocatoria para la selección de aspirantes a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, publicada el doce de mayo de dos mil veintitrés en el periódico oficial de la entidad, se emitió con fundamento en los artículos 27, fracción XLIII y 55, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en el numeral 37 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
24. Particularmente, la Base Segunda refiere que el registro y recepción de solicitudes se realizará en la Oficialía de Partes del Congreso Estatal, mismas que deberán dirigirse a la Presidencia de la Mesa Directiva con copia para la Presidencia de la Comisión Especial para Designar a las Personas Titulares de los Órganos Internos de Control. Hecho lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso turnará los documentos a la Comisión Especial, quien de conformidad con la Base Tercera revisará los documentos exhibidos y determinará las personas aspirantes que cumplen con los requisitos señalados en la Base Primera.
25. De igual forma, la Comisión Especial substanciará el procedimiento previsto en la Base Tercera y emitirá un acuerdo que contenga la lista de las personas candidatas aptas para ser votadas por el Pleno del Congreso del Estado.
26. Conforme a la Base Cuarta de la convocatoria, el acuerdo anterior será remitido a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis, discusión y dictaminación. De aprobarse el dictamen, se enviará a la Junta de Coordinación Política, quien determinará el método para la designación de la persona que ocupará el cargo por parte del Pleno del Congreso.
27. Finalmente, el Congreso del Estado, funcionando en Pleno, designará por mayoría calificada a la persona que deba fungir como titular del Órgano Interno de Control, quien rendirá la protesta de ley en la sesión.
28. En ese orden de ideas, como se adelantó, en la convocatoria referida se aplicaron las disposiciones impugnadas, en tanto que se materializa el procedimiento de designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
29. No es óbice que en el caso se impugne la convocatoria y no propiamente la designación del Congreso Estatal. Existe un principio de agravio en cuanto a la afectación en las garantías institucionales previstas en favor de la parte actora, por lo que debe estudiarse el fondo del asunto con base en un entendimiento amplio de la afectación a los principios de autonomía e independencia que rigen al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, en términos de la jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.), titulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO."(4)
30. Ahora bien, no pasa inadvertido el señalamiento de que existen por lo menos otras dos convocatorias previas. Al respecto, Si bien en la controversia constitucional 188/2019 se demandó la invalidez de una primera convocatoria publicada en marzo de dos mil diecinueve, como expone acertadamente el tribunal actor, dicha controversia fue desechada de plano ante la falta de legitimación de la parte promovente. Luego entonces, aun en el supuesto de que se tratara de un acto de aplicación, no puede considerarse consentido el acto si de acuerdo con el marco jurídico de aquel entonces los órganos constitucionales autónomos locales no tenían legitimación para promover controversias constitucionales.
31. En cuanto a la convocatoria de veintidós de enero de dos mil veinte, ésta se fundamentó, entre otros, en el artículo 27, fracción XLIII, de la Constitución Local y en el numeral 28 Quater de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, actualmente abrogada.
32. Este Tribunal Pleno considera que dicha convocatoria tampoco puede considerarse el primer acto de aplicación susceptible de impugnarse vía controversia constitucional.
33. Primero, porque al momento de la emisión de la convocatoria, la Constitución Federal no preveía la posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos locales instaran la controversia constitucional, como actualmente se contempla en el inciso k) de la fracción I del artículo 105 constitucional.
34. Segundo, porque, además, el fundamento legal –artículo 28 quater– se enmarca en una legislación diversa a la aquí impugnada. Efectivamente, la entonces Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California –de dos mil diecisiete– fue abrogada en virtud del artículo segundo transitorio Decreto 255, por el que se emitió la ley vigente e impugnada en este medio de control constitucional.
35. Resta precisar que lo anterior no contraría lo resuelto por este Tribunal Pleno en la controversia constitucional 122/2021, pues en aquel caso el sobreseimiento decretado se debió a que la impugnación fue extemporánea por no promoverse en el plazo de treinta días hábiles después de la publicación de la reforma al a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por no haberse demostrado la existencia de un acto de aplicación, lo cual en este caso sí ocurrió.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
36. La demanda fue presentada por parte legitimada. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia, el actor debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que estén facultados para hacerlo en términos de las normas que lo rigen.
37. Por su parte, el artículo 23, fracción I, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California(5) dispone que es atribución del magistrado presidente representar legalmente a dicho órgano. En el caso, la demanda fue presentada por Carlos Rodolfo Montero Vázquez, en su carácter de magistrado presidente del Tribunal referido, cargo que acredita con copias certificadas tanto de su nombramiento como magistrado, como del acta de la sesión de cinco de enero de dos mil veintitrés en la que fue designado magistrado presidente del órgano jurisdiccional, por lo que quien presenta la demanda de controversia constitucional, en representación del Tribunal actor, está facultado para tal efecto.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
38. Congreso del Estado de Baja California. Tiene legitimación pasiva el Poder Legislativo de Baja California, dado que la Ley Orgánica de ese órgano dispone que la representación legal del Congreso local es una atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva.(6) Al presente asunto comparecen Manuel Guerrero Luna y Dunnia Montserrat Murillo López, ostentándose como Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, lo cual acreditan con copia certificada del acta de sesión previa de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que protestaron el cargo.
39. En ese sentido, quienes comparecen en representación del Congreso demandado cuentan con las atribuciones para ese fin.
40. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. También cuenta con legitimación el Poder Ejecutivo de la entidad federativa, en virtud de los artículos 35, fracción XI, de la Ley Orgánica de ese poder(7) y 8, fracción XIX, del Reglamento de la Consejería Jurídica del Estado de Baja California(8) que disponen que a la Consejería Jurídica del Gobierno de Baja California le corresponde e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33744-7e653ce2/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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