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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR LA PERSONA QUE OCUPE LA TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE DICHO PODER. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 35, FRACCIONES VII A XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 7, FRACCIONES XVI A XIX, DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONSEJERÍA JURÍDICA, TODOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VI. LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA. EN SU OBJETO SE ENCUENTRA ESTABLECER LAS NORMAS GENERALES BAJO LAS CUALES LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUEDEN EJERCER EL USO DE LA FUERZA Y UTILIZAR EL ARMAMENTO OFICIAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. VII. POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO. TODO CIUDADANO DE NUESTRO PAÍS TIENE DERECHO A LA GARANTÍA DE POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO, CON BASE EN LA SEGURIDAD Y LEGÍTIMA DEFENSA DE SU INTEGRIDAD FÍSICA, LA DE SU FAMILIA Y LA DE SUS BIENES, CON LAS LIMITACIONES QUE LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DE LOS HABITANTES EXIJAN, DETERMINADAS EN UNA LEY FEDERAL. VIII. ARMAS DE FUEGO. LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESPECTO DE SU PORTACIÓN, NO ES ILIMITADA, SINO QUE ESTÁ RESTRINGIDA A LOS CASOS, CONDICIONES Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA. IX. PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO PARA QUIENES DESEMPEÑAN FUNCIONES DE SEGURIDAD. ESTARÁN CIRCUNSCRITAS AL EJERCICIO DEL CARGO Y DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA LEGISLACIÓN RELATIVA, YA SEA DEL ORDEN FEDERAL O, EN CUANTO AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN, DEL ORDEN LOCAL. X. PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. ES INCONSTITUCIONAL ESTABLECER UN RÉGIMEN INDEPENDIENTE, EN EL QUE SE CONDICIONA LA AUTORIZACIÓN PARA PORTAR ARMAS FUERA DE LA FUNCIÓN QUE JUSTIFICA LA LICENCIA COLECTIVA Y DEL MARCO REGULADO POR LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA, A REUNIR CIERTOS REQUISITOS VERIFICABLES EN EL ENTORNO ESTATAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE BAJA CALIFORNIA, PROMULGADA EN EL DECRETO 292, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. LICENCIA COLECTIVA PARA LA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO. LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE BAJA CALIFORNIA, EN TANTO CONCEDE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS SERVIDORES QUE EJERCEN FUNCIONES DE SEGURIDAD PUEDAN, CUMPLIENDO CIERTOS REQUISITOS, PORTAR LAS ARMAS QUE LES SON CONFERIDAS, ESTANDO FUERA DE SERVICIO, SÍ CONSTITUYE UN EJERCICIO LEGISLATIVO QUE, POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL, ES MATERIA DE LA REGULACIÓN FEDERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE BAJA CALIFORNIA PROMULGADA EN EL DECRETO 292, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE BAJA CALIFORNIA, PROMULGADA EN EL DECRETO 292, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 505/2023. · Registro digital (IUS): 33757
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-11-21
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.101.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 505/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 24 DE MARZO DE 2025. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 505/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito diez de noviembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de los actos emitidos por las siguientes autoridades:

1. Poder Legislativo del Estado de Baja California

2. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

La promovente señaló como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.

Actos cuya invalidez se demanda:

Decreto No. 292 mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 19 y 46 a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Baja California (Decreto Impugnado), publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 25 de septiembre de 2023, específicamente el artículo 46, que dispone:

ARTÍCULO 46.- Cualquier persona que ejerza funciones de seguridad, sólo podrá portar las armas de cargo que hayan sido autorizadas individualmente, o que hubiesen sido asignadas y registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Ciudadana a que pertenezcan y para la Fiscalía General, de conformidad con la Ley de la materia. Las armas sólo podrán ser portadas de acuerdo con lo establecido en los ordenamientos de cada Institución. El incumplimiento a la presente disposición, será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables.

Las Instituciones de Seguridad, en el caso de que aseguren armas, municiones o vehículos, lo comunicarán de inmediato a la Secretaría, señalando los datos de identificación de los mismos.

Asimismo, los miembros que ejerzan funciones de seguridad podrán portar su arma de fuego estando fuera del servicio, siempre que lo soliciten a la persona titular de la institución de seguridad del Estado y se cumplan con los siguientes requisitos:

Párrafo con las Fracciones que lo integran Adicionado.

I.- Realizar solicitud por escrito ante la persona titular de la institución de seguridad a la que pertenezca donde se justifique los motivos para portar su arma de fuego fuera de servicio.

II.- Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente.

III.- No estar sujeto o vinculado a proceso penal, o haber sido condenado por delito doloso.

IV.- No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por causa grave mediante resolución firme como servidor público, en términos de las normas aplicables.

V.- No contar con denuncias por violencia familiar.

VI.- Que la licencia colectiva correspondiente así lo permita.

2. SEGUNDO. Antecedentes. De su escrito de demanda, se desprende que el Municipio actor refiere los siguientes:

• El veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial de Baja California el decreto impugnado, con la finalidad de permitir que las personas que ejerzan funciones de seguridad puedan portar su arma de fuego estando fuera del servicio, por lo que, al regular respecto de la portación de armas de fuego, la entidad federativa demandada invade las atribuciones exclusivas de la Federación, de acuerdo con los conceptos de invalidez que se exponen.

3. TERCERO. Conceptos de invalidez.

Primero. El decreto impugnado invade la competencia exclusiva de la Federación para regular la portación de armas de fuego.

El artículo 46, tercer párrafo, del decreto impugnado permite que cualquier persona que desempeñe labores relacionadas con seguridad tenga autorización para portar armas de fuego en su tiempo libre, mediante solicitud escrita que se realice a la persona titular de la institución de seguridad estatal.

La autorización para portar armas de fuego es una facultad exclusiva de la Federación que le otorga los artículos 10 y 73, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 10 de la Constitución federal establece:

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

Por otra parte, el artículo 73 constitucional otorga al Congreso de la Unión la facultad:

Artículo 73. [...]

XXIII. Para expedir leyes que. con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la ley Nacional del Registro de Detenciones;

Fracción derogada DOF 06-12-1977. Adicionada. DOF 31-12-1994. Reformada DOF. 18-06-2008, 2910-2016, 26-03-2019

El 26 de marzo de 2019 se publicó en el DOF, el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. En dicho decreto, el Poder Constituyente ordenó al Congreso de la Unión, en el Transitorio Primero, expedir la ley nacional para reglamentar el uso de la fuerza:

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes.

Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

En el Transitorio Cuarto de la citada reforma constitucional se ordenó al Congreso de la Unión que, al expedir las leyes a que se refiere la fracción XXIII del artículo 73 de la CPEUM, debía prever lo siguiente:

III. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá, por lo menos, las siguientes previsiones:

7. Las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como sus responsabilidades y sanciones;

En uso de las facultades que le otorgó el Poder Constituyente en los artículos 10 y 73 fracción XXIII de la CPEUM, así como del mandato de la citada reforma constitucional, el Congreso de la Unión, emitió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP); Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE), y la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza (LNSUF), en las que se regula la portación y uso de armas de fuego de los miembros que desempeñen funciones de seguridad.

La fracción IX del artículo 41 de la LGSNSP se establece como una obligación de los integrantes de las Instituciones Policiales, específicamente lo siguiente:

IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;

El último párrafo del citado artículo establece; "[s]iempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a la LNSUF, así como a las demás disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándose conforme a derecho."

El artículo 2 de la LNSUF establece que el objeto de dicha ley es entre otros, establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones. En ese sentido el artículo 15 de la misma ley dispone que, en todos los casos, las armas que se autoricen para los cuerpos de policía deben apegarse a lo que establece el párrafo tercero del artículo 24 de la LFAFE.

Al respecto, el artículo 24, párrafo tercero, de dicha ley, dispone:

"Los integrantes de las instituciones policiales, federales, estatales, de la Ciudad de México, municipales y alcaldías, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables."

Párrafo adicionado DOF 21-12-1995. Reformado DOF 06-12-2022

Además, el artículo 29, fracción 1, apartado B, inciso c, de la LFAFE permite a los titulares de las instituciones policiales, expedir a su personal operativo, inscrito en el registro que establezca la ley de la materia, credenciales foliadas de identificación personal, por lapsos semestrales, las cuales, durante su vigencia, se asimilan a licencias individuales.

En la fracción II del citado artículo, se establece que las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen cargos o empleos en la Federación o en las Entidades Federativas, que para el cumplimiento de las obligaciones requieran, la portación de armas, sin que esto implique extender los efectos de dichos permisos cuando se encuentren fuera de servicio.

Por lo que, de ninguna manera la ley permite a los titulares de las instituciones de seguridad en las entidades federativas otorgar autorizaciones de portación de armas a los miembros que ejerzan funciones de seguridad, cuando estos se encuentren fuera de servicio.

En conclusión, los artículos 10, 73, fracción XXIII, la LGSNSP; LNSUF, y LFAFE, otorgan a la Federación la facultad exclusiva de regular la portación de armas de fuego, por lo que al permitir a los titulares de las instituciones de seguridad de la entidad federativa demandada otorguen autorizaciones de portación de armas, se invade la esfera competencial de la Federación.

Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la invalidez del decreto impugnado.

Segundo. La invasión a la esfera competencial de la Federación causa una afectación a las facultades del Poder Ejecutivo Federal en materia de portación de armas de fuego.

El artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el sistema de competencias entre la Federación y las entidades federativas, de la siguiente forma:

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Artículo reformado DOF 29-01-2016.

Conforme a dicho artículo las facultades que no están expresamente concedidas por la CPEUM a los funcionarios federales se reservan a los estados, por lo que, la regulación que permite a los titulares de las instituciones de seguridad estatal otorgar la autorización para que los miembros de seguridad puedan portar armas fuera del servicio, al ser una facultad que no se encuentra reservada a las entidades federativas invade la esfera competencial de la Federación, y causa una afectación a las facultades del Poder Ejecutivo Federal.

La tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección del ámbito de atribuciones para los poderes originarios del Estado, es decir, aquellos que derivan del principio de división de poderes establecido en los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122, de la CPEUM y no así a los órganos derivados o legales, pues estos últimos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley Fundamental; sin embargo, no por ello puede estimarse que no están sujetos al medio de control, tal y como lo señala la siguiente tesis:

(P. LXXII/98) "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."

Por su parte, el artículo 21 de la CPEUM, establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

En ese orden, la LGSNSP reglamentaria del artículo 21 de la CPEUM en materia de Seguridad Pública, en su artículo 1 establece que tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en esta materia.

El artículo 125 de la LGSNSP establece que cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo puede portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la LFAFE.

El artículo 10 de la CPEUM ordena que en la ley federal se determinarán los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas, por lo que no es facultad del congreso local legislar sobre la materia, al no ser de su competencia.

Los requisitos que se deben reunir para portar armas están a cargo del legislador ordinario federal, por lo que al emitir la LFAFE, delimitó las licencias que habrán de expedirse para la portación de armas de fuego, aún las de carácter colectivo y en funciones de labores de seguridad, serán expedidas por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob), a quienes corresponde el control de todas las armas en territorio nacional y el otorgamiento de licencias de posesión de armas de fuego tal como lo establece el artículo 2 de LFAFE, que dispone:

ARTÍCULO 2o. La aplicación de esta Ley corresponde a:

I.- El Presidente de la República;

II.- La Secretaría de Gobernación;

III.- La Secretaría de la Defensa Nacional, y

IV.-A las demás autoridades federales en los casos de su competencia.

Los artículos 10, 21 párrafos noveno y décimo y 73, fracción XXVIII, de la CPEUM, así como el 2o., 4o., 7o., 15, 24, 28, 29 y 30 de la LFAFE, configuran el sistema normativo que regula la distribución de competencias y atribuciones relativas a la posesión, licencia, compraventa y registro de armas, correspondientes a las autoridades de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; sin embargo, en lo relativo a la posesión y portación de armas para toda la República, es facultad exclusiva del Ejecutivo de la Unión, a través de la Secretaría y no de las entidades federativas, por lo que, en estas condiciones, el estado de Baja California debe apegarse a lo establecido en el artículo 10 de la CPEUM.

Los artículos 10 de la CPEUM y los 2o., 4o., 7o., 15, 24, 25, 29 y 30 de la LFAFE establecen que corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de la SEGOB y de la SEDENA, el control de todas las armas en el país, así como determinar los casos, condiciones, requisitos y lugares para la portación de armas de fuego.

Los diferentes niveles de gobierno en que se divide nuestro sistema federal tienen un ámbito de competencia determinado en el que cada uno ejerce sus facultades, por lo que la entidad federativa demandada debe aplicar los principios rectores, que determine la Federación, ya que rigen para toda la República.

En estricto acatamiento a lo dispuesto por los artículos 10 y 124 de la CPEUM, y sin perjuicio del respectivo ámbito de competencia de cada nivel de gobierno que rige la función de la seguridad, el demandado no puede disponer libremente sobre la portación de armas de fuego en el estado de Baja California, por lo que, al legislar sobre el uso y registro de la portación de armas de fuego, causa una afectación a la esfera competencial de la Federación.

La LFAFE, establece:

Artículo 4o.- Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que esta Ley y su Reglamento les señalen, el control de todas las armas en el país, para cuyo efecto se llevará un Registro Federal de Armas,

Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su registro.

Artículo 16.- Para los efectos del control de la posesión de armas, las personas físicas deben manifestar, un único domicilio de residencia permanente para sí y sus familiares.

Artículo 17.- Toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo de treinta días. La manifestación se hará por escrito, indicando, marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviera.

Artículo reformado DOF 08-02-1985

Artículo 18.- Los servidores públicos y jefes de los cuerpos de policía federales, de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, están obligados a hacer la manifestación a que se refiere el artículo anterior.

Artículo reformado DOF 13·12-1974, 08·02-1985, 06-11-2022

Artículo 24.- Para portar armas se requiere la licencia respectiva.

Los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea quedan exceptuados de lo anterior, en los casos y condiciones que señalen las leyes y reglamentos aplicables.

Párrafo reformado DOF 21-12-1995

Los integrantes de las instituciones policiales, federales, estatales, de la Ciudad de México, municipales y alcaldías, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables.

Párrafo adicionado DOF 21-13J1995. Reformado DOF 06-12-2022

Artículo 25. Las licencias para la portación de armas serán de dos clases:

I.- Particulares; que deberán revalidarse cada dos años, y

II.- Oficiales, que tendrán validez mientras se desempeñe el cargo o empleo que las motivó.

Artículo 29.- Las licencias oficiales para la portación de armas pueden ser colectivas o individuales.

I.- Las licencias colectivas podrán expedirse a:

A. Las dependencias oficiales y organismos públicos federales a cuyo cargo se encuentran las instalaciones estratégicas del país.

Los titulares de las licencias colectivas expedirán credenciales foliadas de identificación personal, que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente. B. Las instituciones policiales. Estas licencias se sujetarán a los lineamientos siguientes:

a) Dichas instituciones deberán cumplir con las disposiciones legales de orden federal o local que resulten aplicables.

b) La Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la Secretarla de la Defensa Nacional la expedición de licencia colectiva a las instituciones policiales, mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respectivas, debiéndose notificar a estas secretarías cualquier cambio en su plantilla laboral. Las autoridades competentes resolverán dentro de los sesenta días siguientes a la presentación de la solicitud ante la Secretarla de Gobernación, y

c) Los titulares de las instituciones policiales, expedirán a su personal operativo, inscrito en el registro que establezca la ley de la materia, credenciales foliadas de identificación personal, por lapsos semestrales, las cuales, durante su vigencia, se asimilarán a licencias individuales.

C. Los titulares de las licencias colectivas remitirán periódicamente a las Secretaría de la Defensa Nacional y de Gobernación un informe de las armas que se encuentren en su poder, debidamente correlacionado con su estructura y organización operativa, señalando los folios de las credenciales y los datos del personal que las tuviera a su cargo.

D. Las autoridades competentes se coordinarán con los Gobiernos de los Estados para obtener, con oportunidad y exactitud, la información necesaria para el cumplimiento de esta ley.

E. La Secretarla de la Defensa Nacional inspeccionará periódicamente el armamento, sólo para efectos de su control, sin tener autoridad alguna sobre el personal.

II. Las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen cargos o empleos en la Federación o en las Entidades Federativas, que para el cumplimiento de sus obligaciones requieran, en opinión de la autoridad competente, la portación de armas.

III. Los servidores públicos a que se refiere este artículo deberán cumplir, además, con los requisitos establecidos en los cinco primeros incisos de la fracción 1 del artículo 26 de esta ley.

Artículo reformado DOF 23-12-1974, 08-02-1985, 21-12-1995

Artículo 30.- Corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la salvedad señalada en el artículo 32 de esta Ley, la expedición, suspensión y cancelación de las licencias de portación de armas, así como su registro, control y vigilancia.

La propia Secretaría comunicará oportunamente a la de Gobernación, las licencias que autorice, suspenda o cancele.

Asimismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional establece:

ARTÍCULO 71. La Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos es el órgano administrativo que tiene a su cargo atender y solucionar los asuntos de la competencia de la Secretaría en cuanto a la aplicación y observancia de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y su Reglamento.

ARTÍCULO 72.·Corresponden a la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos las atribuciones siguientes:

I. Llevar el Registro Federal de Armas de Fuego;

II. Expedir, suspender y cancelar las licencias para portación de armas de fuego.

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis [P. XII/2009]:

"SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DISPONE UNA DISTRIBUCIÓN IMPLÍCITA DE COMPETENCIAS. En términos de los artículos 27 y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública, en su dimensión de servicios prestados por empresas privadas, es una materia concurrente en la que se confiere al Congreso de la Unión La facultad de dictar ley marco que distribuya las competencias entre la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, en tanto que a las Legislaturas Locales se les confiere la facultad para legislar sobre el ámbito de competencia señalado en dicha ley general. En la especie, la facultad del Congreso de la Unión fue ejercida al expedir la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyo artículo 52, al disponer la obligación de obtener autorización a los particulares que deseen prestar servicios de seguridad privada, implícitamente distribuye competencias, estableciendo un ámbito federal configurado por los prestadores de dicho servicio en dos o más entidades federativas, y un ámbito local formado por los prestadores de dicho servicio en una sola entidad federativa."

Razón de la cual se actualiza una afectación a la competencia del Poder Ejecutivo Federal, quien expide los permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego, y que si bien los integrantes de las instituciones policiales estatales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establecen la LFAFE y las demás disposiciones legales aplicables, no implica que la entidad federativa cuente con la facultad para legislar y regular los permisos para la portación de armas de fuego, bajo el supuesto de sus funciones de seguridad, sin la autorización del Poder Ejecutivo Federal a través de la SEGOB y el tramitar ante la SEDENA dichos permisos.

Aunado a ello, las sanciones respecto a la portación de armas, la LFAFE establece:

Artículo 77.- Serán sancionados con diez a cien días multa:

I. Quienes posean armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional;

II. Quienes posean armas, cartuchos o municiones en lugar no autorizado;

Para efectos de la imposición de las sanciones administrativas a que se refiere este artículo, se turnará el caso al conocimiento de la autoridad administrativa local a la que competa el castigo de las infracciones de policía.

Artículo reformado DOF 08-02-1985, 22-07-1994, 24-12-1998

Artículo 78.- la Secretarla de la Defensa Nacional, así como las demás autoridades federales, estatales, municipales o alcaldías en la Ciudad de México, que desempeñen funciones de seguridad, recogerán las armas, previa expedición obligatoria del recibo correspondiente, a todas aquellas personas que las porten sin licencia, sin llevar ésta consigo, o a quienes teniéndola, hayan hecho mal uso de las armas.

Párrafo reformado DOF 06-12-2021

El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo pago de diez días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de quince días.

Para los efectos del pago de la multa antes mencionada, se turnará la infracción, a la brevedad, a la autoridad fiscal federal correspondiente.

Artículo reformado DOF 08-01-1985, 21-12-1995

De los artículos antes mencionados, se desprenden una serie de delitos relacionados con la posesión de armas, ya sea si se cuenta o no con la licencia previamente otorgada, si se encuentra vigente o si bien se porta el arma en un lugar distinto al que refiere su licencia expedida. Sirve de apoyo la siguiente tesis (1a./J. 67/2009):

"ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. LA CONDUCTA ‘DISPONER INDEBIDAMENTE' A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 85 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, DEBE ENTENDERSE COMO EL EMPLEO O UTILIZACIÓN DE LAS ARMAS CON FINES DISTINTOS A LOS QUE CORRESPONDEN A LOS CUERPOS POLICIACOS O A LAS FUERZAS ARMADAS.

De la exposición de motivos que originó el artículo 85 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de diciembre de 1998, se advierte que el legislador consideró como un asunto de la mayor trascendencia, procurar la disminución de la incidencia de delitos cometidos violentamente con la utilización de armas de fuego. Asimismo agravó las sanciones para los delitos de portación, posesión y acopio de armas de fuego, en cuya comisión intervienen servidores públicos que, por razón de su empleo, se encuentran obligados a prevenir y a combatir las conductas sancionadas por esa Ley. Por tanto, se concluye que la conducta a que se refiere la fracción III, del citado artículo, esto es, "disponer indebidamente", debe entenderse como el empleo o utilización de las armas con que se ha dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales, o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, con fines distintos a la prevención y el combate de conductas ilícitas. Ello también incluye actos de dominio tendentes a transmitir la propiedad de las armas, pues los miembros de los cuerpos de policía y de las fuerzas armadas sólo tienen la posesión precaria, por lo que cualquier acto que realicen para transmitir la propiedad de éstas, constituye una disposición indebida."

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La parte demandada al legislar respecto a la portación de armas de fuego a miembros que ejerzan funciones de seguridad fuera del servicio afecta la esfera de competencia constitucional del Poder Ejecutivo Federal, pues esta es la única competente para otorgar permisos y licencias para la portación de uso de armas de fuego en territorio nacional, y no a través del titular de la institución de seguridad del estado de Baja California, como lo establece el decreto impugnado.

Por los razonamientos jurídicos expuestos, la SCJN debe declarar la invalidez del artículo 46 de la LSESCBC, ya que al regular la portación de armas de fuego al estar fuera del servicio de las funciones de seguridad afecta la esfera competencial del Poder Ejecutivo Federal.

4. CUARTO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Poder Ejecutivo Federal señaló como vulnerados los artículos 10, 21, párrafos noveno y décimo, 73, fracción XXIII; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucion

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33757-2eeafd71/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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