I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DEL INTERÉS LEGÍTIMO TUTELADO EN ESTE MEDIO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD (ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE SE DESECHA LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI LA ATRIBUCIÓN QUE LA PARTE ACTORA ESTIMA TRANSGREDIDA DERIVA DE UNA LEY Y NO DE SU ESFERA CONSTITUCIONAL, SU ESTUDIO ESCAPA DEL CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL MATERIA DE ESTE JUICIO (ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MI DIECISIETE, POR EL QUE SE DESECHA LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL). III. MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. LOS ACTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, CONSISTENTES EN DAR A CONOCER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, NO LE GENERAN UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN RELACIÓN CON SU ÁMBITO COMPETENCIAL CONSTITUCIONALMENTE CONFERIDO (ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MI DIECISIETE, POR EL QUE SE DESECHA LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 108/2017-CA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 263/2017. MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.
VISTOS, los autos, para resolver el recurso de reclamación 108/2017-CA, derivado de la controversia constitucional 263/2017.
R E S U L T A N D O :
1. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Armando Portuguez Fuentes, ostentándose con el carácter de Presidente Municipal de Tultepec, Estado de México, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal por el acto siguiente:
• "[...] oficio número **********, de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, firmado por el Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el que se da a conocer las medidas de seguridad que esta autoridad Municipal debe considerar para expedir la conformidad respecto de seguridad y ubicación de los establecimientos de venta de artificios pirotécnicos."
2. SEGUNDO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 263/2017; asimismo, determinó que la misma fuera turnada al Ministro José Ramón Cossío Díaz, para que fungiera como instructor dentro del procedimiento.
3. TERCERO. Desechamiento. En auto de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor desechó la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII,(1) de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso b)(2) de la Constitución Federal, debido a que el Municipio actor carecía de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional.
4. CUARTO. Interposición del recurso de reclamación. En contra de dicha determinación, por escrito recibido el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, Armando Portuguez Fuentes, en su carácter de Presidente Municipal de Tultepec, Estado de México, interpuso recurso de reclamación.
5. QUINTO. Admisión del recurso de reclamación. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el recurso de que se trata y lo registró con el número 108/2017-CA; asimismo, dispuso que concluido el trámite del recurso se turnarían los autos a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para la elaboración del proyecto de resolución.
6. SEXTO. Envío para radicación. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte determinó el envío del expediente para su radicación y resolución a la Primera Sala de este Alto Tribunal; esto, al haber transcurrido el plazo de cinco días hábiles concedido al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación al recurso de reclamación interpuesto, sin que se haya verificado manifestación alguna de su parte.
7. SÉPTIMO. Avocamiento de la Primera Sala. Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete la Ministra Presidenta de esta Primera Sala, se avocó al conocimiento del recurso y envió los autos a la Ponencia de su adscripción.
C O N S I D E R A N D O :
8. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la "Ley Reglamentaria de la materia"); 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al tratarse de un recurso de reclamación en controversia constitucional, en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
9. SEGUNDO. Procedencia y legitimación. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 70, en relación con el diverso 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, al haberse interpuesto en contra del auto emitido por el Ministro Instructor, en el que se desechó la demanda de controversia constitucional.
10. Además, su presentación se realizó por parte legitimada, puesto que fue formulada por Armando Portuguez Fuentes, en su carácter de Presidente Municipal de Tultepec, Estado de México, promovente de la controversial constitucional de la cual deriva el presente medio de impugnación. Lo anterior, en términos del artículo 48, fracción IV, y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.(3)
11. TERCERO. Oportunidad. El recurso de reclamación fue presentado en forma oportuna, de conformidad con el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia, puesto que, tomando en cuenta que el proveído reclamado fue legalmente notificado por oficio al Municipio recurrente, el diez de octubre de dos mil diecisiete,(4) surtiendo efectos el día hábil siguiente, esto es, el once de octubre del mismo año, en términos del artículo 6 de la Ley Reglamentaria de la materia. Por lo que el plazo respectivo de cinco días transcurrió del dieciséis al veinte de octubre de dos mil diecisiete, descontando los días catorce y quince, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, los días doce y trece del mismo mes y año por no correr términos de conformidad con lo determinado en sesión privada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación;(5) en consecuencia, si el recurso de que se trata fue presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, es evidente que resulta oportuno.
12. CUARTO. Auto impugnado. Mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro Instructor de la controversia constitucional 263/2017, desechó la demanda relativa al considerar, en la parte que interesa, lo siguiente:
"[...]
Ahora bien, de la revisión integral de la demanda y sus anexos, se arriba a la conclusión que procede desechar la controversia constitucional promovida, atento a las consideraciones que se desarrollan a continuación.
Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, el Ministro instructor está facultado para desechar de plano un medio de control de constitucionalidad, como el que ahora se analiza, si advierte que en él se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con la jurisprudencia que se cita a continuación:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. [...]
En relación con lo anterior, de la simple lectura de la demanda y sus anexos, es posible advertir que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso b) de la Constitución Federal, debido a que el municipio actor carece de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional.
Al respecto, resulta pertinente precisar, por principio de cuentas, que la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la ley reglamentaria de la materia, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen, siendo aplicable a este respecto la tesis de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
Por su parte, conviene tener presente que el criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés legítimo en controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados se origine, cuando menos, un principio de agravio.
En ese sentido se pronunció la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los recursos de reclamación 28/2011-CA, 30/2011-CA, y 31/2011-CA, fallados los días ocho y quince de junio de dos mil once, en tanto que la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió en el mismo sentido el recurso de reclamación 51/2012-CA, en sesión de siete de noviembre de dos mil doce, y el Tribunal Pleno lo hizo al resolver el dieciséis de agosto de dos mil once, el recurso de reclamación 36/2011-CA.
De este modo, el hecho de que la Constitución Federal reconozca en su artículo 105, fracción I, la posibilidad de iniciar una controversia constitucional cuando alguna de las entidades, poderes u órganos originarios del Estado estime que se ha vulnerado su esfera de atribuciones, es insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial constitucional del actor.
Por tanto, si un ente legitimado promueve este medio de control constitucional contra una norma o acto que sea ajeno a su esfera de facultades reconocidas en la Norma Fundamental, carecerá de interés legítimo para intentarlo, pues no existirá un principio de agravio que pueda ser estudiado por este Alto Tribunal.
Así, si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar la constitucionalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado a través de la controversia constitucional, para hacerlo está siempre supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial del actor porque, de no ser así, se desnaturalizaría la función de este medio impugnativo permitiéndose la revisión de un acto que de ningún modo afectaría al promovente en la esfera de atribuciones tutelada en la Constitución Federal.
Precisado lo anterior, debe destacarse que el promovente aduce lo siguiente:
[...]
Ahora bien, de la transcripción se advierte que el municipio actor impugna "la tabla de seguridad por distancia-cantidad y su ejemplo de aplicación", remitidas por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que se establecen las medidas que debe considerar dicha municipalidad para expedir la conformidad respecto a la seguridad y ubicación de los establecimientos de venta de artificios pirotécnicos.
Al respecto, el promovente considera que las referidas medidas que debe observar vulneran el principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional, en tanto esas disposiciones normativas no siguieron el procedimiento respectivo para su expedición, al no ser emitidas y promulgadas por autoridad competente, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
En ese orden de ideas, aduce que se le transgrede la facultad de emitir la conformidad de seguridad y ubicación de establecimientos de venta de artificios pirotécnicos en el municipio como lo había hecho con antelación, al tener ahora que constreñirse a unos lineamientos que, a su juicio, se apartan del principio de legalidad.
En ese tenor, si bien el promovente pretende evidenciar la ilegalidad de las medidas de seguridad que debe observar, ya que alega, no fueron emitidas por autoridad competente y con las formalidades del procedimiento respectivo, lo cierto es que esas manifestaciones son insuficientes para considerar procedente la presente controversia constitucional, porque en todo caso, el planteamiento debería evidenciar una relación entre ese presunto acto ilegal y la afectación a una competencia constitucional en perjuicio del municipio actor; lo que en forma alguna se actualiza, ya que la atribución que considera vulnerada emana de una ley y no así de la Norma Fundamental.
Lo anterior se corrobora, ya que en el apartado de antecedentes de la demanda, el actor señala que de conformidad con el artículo 21, fracción I, de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia,(6) el municipio, como primera autoridad administrativa del territorio destinado para la compraventa de artificios pirotécnicos, tiene asignada la facultad de expedir la conformidad de que en cierto lugar se reúnen los requisitos de seguridad; con lo que es dable desprender la naturaleza legal de la atribución.
Así las cosas, en los términos en los que el promovente hace valer su impugnación, no arroja un principio de agravio en relación con el ámbito competencial que la norma fundamental le atribuye y, por ende, carece de interés para acudir a este Alto Tribunal a intentar el presente medio de control constitucional.
Por otra parte, si bien el municipio actor menciona que con el acto impugnado se vulnera el artículo 115, fracción III, antepenúltimo párrafo de la Constitución Federal, ello también es insuficiente para la procedencia de la controversia constitucional.
La parte normativa en cita prevé: "Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales."
Sin embargo, ese precepto en sí mismo no contiene una atribución, facultad o competencia exclusiva a favor de los municipios, sino que sólo dispone que para el ejercicio de las atribuciones, funciones o prestación de servicios a su cargo, deben observar las leyes federales o locales; lo que robustece la conclusión de que el promovente sólo manifiesta una posible transgresión de mera legalidad.
En atención a lo expuesto, la presente demanda debe desecharse de plano, al ser manifiesto e indudable que no existe un principio de agravio en relación con el ámbito competencial constitucionalmente asignado al actor lo que, en la especie, actualiza el supuesto de improcedencia contenido en el artículo 19, facción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I, inciso b), del artículo 105 de la Constitución Federal.
[...]".
13. QUINTO. Agravios. En su escrito de reclamación, la parte recurrente básicamente expuso lo siguiente:
a) Que el Ministro instructor hace un examen anticipado del fondo del asunto, al concluir que los actos impugnados en la controversia constitucional no causan perjuicio alguno al Municipio actor, esto es, que no se afecta su esfera competencial;
b) Que la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha establecido que la causal de improcedencia es clara y fehaciente cuando no se requieren actos posteriores para que quede configurada, y que tampoco puedan estos, previsiblemente, desvirtuar su contenido para poder desechar de plano la demanda de controversia constitucional, lo cual considera que no sucede en la especie, ya que al demostrar la existencia de los actos impugnados, es posible justificar que se afecta su esfera de atribuciones en la etapa procesal correspondiente, pudiendo aportar pruebas para ello;
c) Que el Ministro instructor hace un juicio anticipado del fondo del asunto cuando al reconocer la existencia del acto, éste no le causa afectación al Municipio actor al considerar que la facultad que se vulnera emana de una ley y no de la propia Constitución, por ende considera que es un argumento propio de la sentencia definitiva que deberá resolver el Tribunal Pleno;
d) Que no le asiste la razón al Ministro instructor cuando señala que no se afecta con el acto reclamado la competencia del Municipio actor al provenir esta de una ley y no de la propia Constitución, ello porque es la propia norma fundamental la que establece la división de funciones y los tres órdenes de gobierno originarios, salvaguardando así las competencias que a cada uno le corresponden en el orden jurídico, con independencia de que la facultad emane de una ley o de la propia Constitución;
e) Que la Federación es el único orden que tiene facultades expresas en la Constitución; los estados tienen facultades reservadas, y los Municipios comparten las facultades reservadas del Estado, con independencia de que el propio pacto Federal asegure un espacio de competencia propia para el Municipio;
f) Que el Ministro instructor, para desechar la controversia constitucional, asume el criterio de que el Municipio tiene facultades expresas, como las que tiene la Federación, lo cual es inconcebible a la luz de lo que dispone el artículo 124 constitucional;
g) Que el hecho de que la competencia que considera invadida el Municipio actor se establezca en una norma secundaria, no por ello habilita a la Federación a afectarla sin trastocar el orden competencial, puesto que esa norma surgió precisamente siguiendo el procedimiento legislativo constitucional, lo que equivale a considerar que si la norma es constitucional es porque nació conforme a la Constitución, entonces su contenido está protegido por la propia Constitución;
h) Que el acto reclamado impide que el Municipio cumpla con una facultad atribuida por la ley, en quebranto del orden constitucional que garantiza el principio de legalidad estatuido en la norma constitucional, por lo tanto existe afectación en su esfera competencial estando entonces legitimado para promover la controversia constitucional.
14. SEXTO. Estudio. El presente asunto se constriñe a analizar, si con los agravios expresados, el recurrente logra demostrar que la determinación del Ministro Instructor, consistente en desechar de plano la demanda de controversia constitucional, por falta de interés legítimo, fue correcta o no.(7)
15. Los artículos 25 y 26 de la Ley Reglamentaria de la materia establecen que la demanda de controversia constitucional se admitirá a trámite, siempre y cuando no se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de lo contrario podrá ser desechado por el Ministro Instructor.
16. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que un motivo manifiesto es todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de la ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexaron a dichas promociones; por su parte, lo indudable se actualiza cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.(8) 17. Un criterio operativo para determinar cuándo se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, consiste en determinar si la justificación de la causa de improcedencia requiere la realización de consideraciones interpretativas profundas, propias de las condiciones deliberativas especiales de la sentencia del juicio, y no de un auto de trámite, porque en este caso no se estará frente a una causa de improcedencia manifiesta e indudable.
18. Asimismo, en tanto las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda debe tenerse certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia de forma manifiesta e indudable.
19. En el caso, el Ministro Instructor desechó la demanda de controversia constitucional debido a que el municipio actor carecía de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional. Al respecto, señaló que el criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés legítimo en controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados se origine, cuando menos, un principio de agravio.
20. Además, precisó que el hecho de que la Constitución Federal reconozca en su artículo 105, fracción I, la posibilidad de iniciar una controversia constitucional cuando alguna de las entidades, poderes u órganos originarios del Estado estime que se ha vulnerado su esfera de atribuciones, es insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial constitucional del actor. Por tanto, puntualizó que si un ente legitimado promueve este medio de control constitucional contra una norma o acto que sea ajeno a su esfera de facultades reconocidas en la Norma Fundamental, carecerá de interés legítimo para intentarlo, pues no existirá un principio de agravio que pueda ser estudiado por este Alto Tribunal.
21. En ese sentido, el Ministro Instructor expresó que se advertía de la demanda que el Municipio actor impugnaba "la tabla de seguridad por distancia-cantidad y su ejemplo de aplicación", remitidas por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que se establecen las medidas que debe considerar dicha municipalidad para expedir la conformidad respecto a la seguridad y ubicación de los establecimientos de venta de artificios pirotécnicos.
22. Con esa base, se señaló en el auto impugnado, que si bien el promovente pretendía evidenciar la ilegalidad de las medidas de seguridad que debe observar, ya que alega, no fueron emitidas por autoridad competente y con las formalidades del procedimiento respectivo, lo cierto es que esas manifestaciones eran insuficientes para considerar procedente la controversia constitucional, porque en todo caso, el planteamiento debía evidenciar una relación entre ese presunto acto ilegal y la afectación a una competencia constitucional en perjuicio del Municipio actor; lo que en forma alguna se actualizaba, ya que la atribución que consideraba vulnerada emanaba de una ley y no así de la Norma Fundamental.
23. De ahí que, en los términos en los que el promovente hacía valer su impugnación, no arrojaba un principio de agravio en relación con el ámbito competencial que la norma fundamental le atribuía y, por ende, carecía de interés para acudir a este Alto Tribunal a intentar el medio de control constitucional.
24. Ahora bien, para determinar si fue correcto o no el desechamiento emitido por el Ministro Instructor, habrá que comprobar si efectivamente, en el caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por el que se consideró, que el Municipio accionante, carece de interés legítimo para accionar el presente medio de control constitucional.
25. Al respecto, es importante precisar que, para la procedencia de una controversia constitucional, es necesario además de la legitimidad activa del promovente y la legitimidad pasiva de la autoridad demandada, que pueda identificarse una afectación a la esfera de competencias del órgano actor, derivada de los actos que se impugnan;(9) esa afectación, de acuerdo a los criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede acreditarse a través del interés legítimo.
26. En efecto, en la controversia constitucional 9/2000,(10) el Tribunal Pleno explicó que el interés legítimo implica una afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades, poderes u órganos referidos en la fracción I del artículo 105 constitucional, en razón de su especial situación frente al acto que consideran lesivo. Así, el interés legítimo se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada es susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de hecho en que se encuentra, la cual necesariamente debe estar tutelada legalmente para que pueda demandarse su estricta observancia, ello en términos de la jurisprudencia de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA".(11)
27. En la controversia constitucional 5/2001(12) se amplió el concepto de interés legítimo precisándose que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para dirimir cuestiones que impliquen violaciones a la Constitución Federal aunque no se alegue la invasión de esferas de competencia de la entidad o poder que la promueve, pero siempre y cuando exista un principio de afectación para combatir la emisión de normas generales por parte de un órgano que, a su juicio, carece de competencia para ello".(13)
28. En la controversia constitucional 328/2001(14) se determinó que el interés legítimo implica la afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo; consecuentemente, se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada para poder exigir su estricta observancia.(15)
29. En la controversia constitucional 33/20028(16) se explicó que cuando la norma impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, la vía es claramente improcedente, sin embargo, si esto puede estar relacionado con un estudio de fondo puede ser procedente, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE ACREDITARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN".(17)
30. En la controversia constitucional 81/2010,(18) el Pleno de esta Suprema Corte concluyó que, de acuerdo con los anteriores criterios, para la procedencia de la controversia constitucional es necesario un punto de contacto y conflicto entre las acciones y decisiones de la autoridad demandada, respecto de las atribuciones y competencias del órgano promovente, las cuales serán justamente la materia esencial del medio de control constitucional.
31. Así, el criterio de interés legítimo en controversia constitucional que actualmente sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte del reconocimiento de que este medio de control constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema Federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental cuenten con interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio.
32. De este modo, el hecho de que la Constitución Federal en su artículo 105, fracción I, reconozca legitimación para intervenir en una controversia constitucional a las entidades, poderes u órganos que el propio numeral menciona, es insuficiente para que, a instancia de alguno de ellos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis de constitucionalidad de las normas y actos impugnados desvinculados del ámbito competencial del poder actor.
33. Por tanto, si un ente legitimado promueve controversia en contra de una norma o acto que es ajeno totalmente a su esfera de facultades o atribuciones, por el mero interés de preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas a otros órganos originarios del Estado, no se da el supuesto de procedencia requerido ya que, al no existir un principio de agravio, carece de interés legítimo. Asimismo, la tesis resultante de ese último criterio, es clara en cuanto a la desvinculación del estudio de fondo cuando es evidente la inviabilidad de la acción.
34. En ese sentido, es verdad que esta Suprema Corte a través de la controversia constitucional puede revisar la legalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado, ya que el alcance de la controversia es sobre cualquier tipo de violación a la Constitución Federal; sin embargo, esa revisión de legalidad está siempre supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial del actor, pues de no ser así se de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200265-e34cf481/i-controversia-constitucional-alcance-del-interes-legitimo-tutelado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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