I. RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES O ACTOS QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN OTRA CONTROVERSIA, O CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE SU EJECUCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA IDENTIDAD DE PARTES, NORMAS GENERALES O ACTOS Y CONCEPTOS DE INVALIDEZ, EN LOS CASOS EN QUE LAS RESOLUCIONES TENGAN EFECTOS ÚNICAMENTE RESPECTO DE LAS PARTES EN LA CONTROVERSIA. V. HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA POR COSA JUZGADA, AL EXISTIR IDENTIDAD DE PARTES, ACTOS, CONCEPTOS DE INVALIDEZ Y HABER SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL (RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE LOS REMANENTES DE BURSATILIZACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F-998 Y DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE COTAXTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERVENIR EN ÉSTA, RECONOCIDA A LAS ENTIDADES, PODERES Y ÓRGANOS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES INSUFICIENTE PARA QUE SE ADMITA Y SE ANALICEN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, SIENDO NECESARIO, ADEMÁS, QUE ACREDITEN LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS LEGÍTIMO (OFICIO NÚMERO NO.351-A-EOS-2091-2019, DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO EMITIDO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL MUNICIPIO ACTOR SOBRE LA AFECTACIÓN DE ALGUNOS RECURSOS Y EL PAGO DIRECTO POR LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ EL GOBIERNO DEL ESTADO, CONSTITUYE UNA POTENCIAL AFECTACIÓN AL MUNICIPIO ACTOR, QUE IMPLICA UN TEMA GENUINO DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (OFICIO NÚMERO NO.351-A-EOS-2091-2019, DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EMITIDO POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA PARA SU IMPROCEDENCIA, SI EL MUNICIPIO ACTOR, PREVIO A SU PRESENTACIÓN, ACUDIÓ ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE A RECLAMAR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA ENTREGA DE RECURSOS DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, Y DICHA AUTORIDAD NEGÓ LA PETICIÓN RESPECTIVA (OFICIO NÚMERO NO.351-A-EOS-2091-2019, DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EMITIDO POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO SI EL PLANTEAMIENTO DEL MUNICIPIO ACTOR IMPLICA DETERMINAR SI LOS RECURSOS DERIVADOS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH) SON PARTICIPACIONES FEDERALES SUSCEPTIBLES DE INTEGRAR LA HACIENDA MUNICIPAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OFICIO NÚMERO NO.351-A-EOS-2091-2019, DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EMITIDO POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 33/2020-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2020. MUNICIPIO DE COTAXTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 6 DE ABRIL DE 2021. PONENTE: JUAN LUIS GONZALEZ ALCANTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día seis de abril de dos mil veintiuno emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve el presente recurso de reclamación 33/2020-CA interpuesto por el Municipio de Cotaxtla, Veracruz, en contra del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, por el que el Ministro instructor(1) desechó de plano por notoria y manifiesta improcedencia la demanda de controversia constitucional 29/2020.
I. Antecedentes
1. Escrito de demanda. Por escrito recibido el dieciocho de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Municipio de Cotaxtla por conducto de su síndica, presentó demanda de controversia constitucional en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, demandando la invalidez de lo siguiente:
En cuanto a los actos impugnados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esencialmente, impugnó:
"El oficio No. 351-A-EOS-2091-2019, de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual se niega afectar las participaciones federales para efectos de que sea la Federación quien pague directamente las aportaciones y participaciones federales omitidas, de diversos meses pertenecientes a los Fondos del Remanente de Bursatilización del Fideicomiso No F-998, Deutsche Bank México y el Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos de dos mil quince y dos mil dieciséis, debido a que el Estado de Veracruz incumplió con la obligación de ministrarlas de forma puntual, efectiva y completas. ..."
Por otra parte, del Poder Ejecutivo local impugnó lo siguiente:
"...las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se haya emitido para la realización de la indebida omisión de pago de las aportaciones y/o participaciones federales que le corresponden al Municipio de Cotaxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, por el concepto de Ramo General 28, en lo particular del:
"I. Remanente de bursatilización por la cantidad de $978,761.48 (novecientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y un pesos, 48/100 M.N.), periodo febrero-julio, bursatilización 2016.
"II. Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2015, por la cantidad de $144,413.00 (ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipio productor de hidrocarburos noviembre 2015.
"III. Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $145,960.00 (ciento cuarenta y cinco mil novecientos sesenta pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipios productores de hidrocarburos diciembre 2015.
"IV. Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $146,041.00 (ciento cuarenta y seis mil cuarenta y un pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipio productor de hidrocarburos enero 2016.
"V. Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $148,365.00 (ciento cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco pesos, 00/100 M.N.), que corresponde por concepto de Municipio productor de hidrocarburos febrero 2016.
"VI. Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $136,798.00 [ciento treinta y seis mil setenta y un mil ochocientos setenta y seis pesos (sic), 00/100 M.N.], por concepto de Municipios productores de hidrocarburos y terrestres pago No. 4 mes de abril de 2016.
"VII. Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $122,341.00 (ciento veintidós mil trescientos cuarenta y un pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipios productores de hidrocarburos terrestres pago No. 5 mes de mayo de 2016.
"VIII. Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $135,835.00 (ciento treinta y cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipios productores de hidrocarburos terrestres pago No. 6 mes de junio de 2016.
"IX. Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $141,517.00 (ciento cuarenta y un mil quinientos diecisiete pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipios productores de hidrocarburos terrestres Pago No. 8 mes de agosto de 2016.
"X. Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $79,148.00 (setenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipios productores de hidrocarburos terrestres pago No. 9 mes de septiembre de 2016.
"XI. En este caso, se reclaman el pago de los intereses generados por la omisión de pago de los recursos del remanente de Bursatilización y de los recursos del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2015 y 2016, señalados en los incisos anteriores. Pago de interés que deberá hacer a mi representada, hasta que se haga pago total de los recursos de los fondos omitidos de pago.
"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público..."
2. Radicación y turno. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 29/2020 y turnarlo al Ministro Luis María Aguilar Morales.
3. El Ministro instructor en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte desechó la demanda de controversia constitucional por falta de interés legítimo del Municipio actor, en aplicación del último criterio del Tribunal Pleno en este tipo de asuntos, al resolver el recurso de reclamación 150/2019-CA, derivado de la controversia constitucional 279/2019, en sesión de tres de diciembre de dos mil diecinueve.
4. En contra de tal determinación el Municipio recurrente interpone el presente recurso de reclamación.
II. Trámite del recurso
5. Fecha de presentación del recurso. El presente recurso de reclamación fue presentado el once de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6. Acuerdo de radicación, turno y admisión del recurso. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó admitir a trámite dicho recurso, al que le correspondió el número 33/2020-CA, ordenó correr traslado a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera y turnar el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá una vez concluido el trámite del recurso.
7. Radicado el expediente en la Primera Sala se turnó al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
8. Auto recurrido. El auto recurrido por el que se desechó la demanda de controversia constitucional, en la parte que interesa, es el siguiente:
"Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veinte.
"Visto el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como síndica única del Municipio de Cotaxtla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se acuerda lo siguiente.
"La accionante promueve controversia constitucional en contra (sic) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Poder Ejecutivo de la referida entidad, en la que impugna lo siguiente:
"...
"Ahora bien, de la revisión integral de la demanda y sus anexos, y tomando en consideración los argumentos esgrimidos por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, al resolver el recurso de reclamación 150/2019-CA, derivado de la controversia constitucional 279/2019, en sesión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se arriba a la conclusión de que procede desechar la controversia constitucional promovida, atento a las consideraciones que se desarrollan a continuación.
"En relación con lo anterior, es posible advertir que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, debido a que el Municipio actor carece de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional.
"Al respecto, resulta pertinente precisar, por principio de cuentas, que la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la ley reglamentaria de la materia, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen, siendo aplicable a este respecto la tesis de rubro siguiente: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’
"Por su parte, conviene tener presente que el criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés legítimo en controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados se origine, cuando menos, un principio de agravio.
"En ese sentido se pronunció la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de reclamación 28/2011-CA, 30/2011-CA, 31/2011-CA y 108/2017-CA, fallados los días ocho y quince de junio de dos mil once, así como veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, respectivamente; en tanto que la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió en el mismo sentido el recurso de reclamación 51/2012-CA, en sesión de siete de noviembre de dos mil doce, y el Tribunal Pleno lo hizo, al resolver el dieciséis de agosto de dos mil once el recurso de reclamación 36/2011-CA.
"De este modo, el hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconozca en su artículo 105, fracción I, la posibilidad de iniciar una controversia constitucional cuando alguna de las entidades, poderes u órganos originarios del Estado estime que se ha vulnerado su esfera de atribuciones, es insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial constitucional del actor.
"Pues resulta necesario en este medio de control constitucional que los entes legitimados aduzcan en el escrito de demanda la facultad reconocida en la Norma Fundamental que estimen vulnerada; ya que de lo contrario, se carecerá de interés legítimo para intentarlo, al no existir principio de agravio que pueda ser estudiado por este Alto Tribunal.
"Lo anterior, porque si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar la constitucionalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado a través de la controversia constitucional, para hacerlo está siempre supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial salvaguardada en la Constitución Federal a favor del actor, pues de no ser así, se desnaturalizaría la función de este medio impugnativo permitiéndose la revisión de un acto que de ningún modo afectaría al promovente en la esfera de atribuciones tutelada en la Norma Fundamental.
"Ahora, si bien el criterio o principio de afectación se ha interpretado en sentido amplio, es decir, que debe existir un principio de agravio, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las garantías institucionales previstas en su favor o incluso prerrogativas relativas a cuestiones presupuestales; lo cierto es que también se ha precisado que tal amplitud siempre debe entenderse en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales.
"Además, la precisión de mérito dio lugar a que el Tribunal Pleno identificara como hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional, las relativas a cuando las partes aleguen exclusivamente las siguientes violaciones:
"1. A cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales.
"2. De estricta legalidad.
"Lo anterior se corrobora con el criterio jurisprudencial de rubro y texto siguientes:
"...
"Precisado esto, debe destacarse que el Municipio actor señala en el escrito de demanda como actos reclamados la retención de los recursos federales del Ramo General 28, en específico del remanente de bursatilización del periodo de febrero-julio de 2016, del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2015 y 2016, por concepto de Municipio productor de hidrocarburos, y del pago de intereses generados por la omisión de pago de los anteriores recursos. Así como la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de vigilar la ministración de los citados recursos federales al Municipio y afectar las participaciones del Ejecutivo para realizar la entrega directa de ellas al actor.
"De igual forma, es dable destacar que las violaciones alegadas por el Municipio actor, consistentes en que los recursos de origen federal que le corresponden no han sido integrados a la hacienda municipal, las hace depender de la transgresión directa de ordenamientos distintos a la Constitución General, como son la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 44 de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.
"En ese tenor, si bien el actor pretende que vía controversia constitucional se estudie la posible vulneración a las obligaciones del Ejecutivo Local de entregar a los Municipios las aportaciones que la Federación le proporciona, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de vigilar la ministración de los citados recursos federales al Municipio y afectar las participaciones del Ejecutivo para realizar la entrega directa de ellas al actor, lo cierto es que dichas violaciones las hace descansar de manera preponderante en la interpretación y aplicación de disposiciones ordinarias federales y locales; lo cual es insuficiente para considerar procedente la presente controversia constitucional, porque dicho planteamiento no se refiere al análisis de las esferas competenciales del Municipio o de la entidad federativa indicada en la Norma Fundamental, o a la probable invasión de éstas.
"En ese sentido, no pasa inadvertido que el actor considera transgredido el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: ‘Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.’; sin embargo, ello también es insuficiente para la procedencia de la controversia constitucional, en tanto la citada porción no contiene una atribución, facultad o competencia exclusiva a favor de los Municipios, sino una cláusula sustantiva que alude a la forma en la que se integra la hacienda pública municipal, prevista en normas secundarias que regulan el funcionamiento del sistema de coordinación fiscal.
"Por tanto, el acto controvertido en el presente medio de control constitucional no se relaciona a una impugnación abstracta respecto de una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino de un conflicto derivado de aspectos de mera legalidad, que no es susceptible de abordarse en una controversia constitucional.
"Lo anterior, pues se reitera, la litis propuesta se relaciona al incumplimiento de las autoridades demandadas de ministrar recursos federales correspondientes al Municipio actor, constituyendo dichos aspectos presupuestos de legalidad, sin que se ponga en duda que la facultad de ministrar los referidos recursos corresponda al Poder Ejecutivo del Estado, o en su caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o que éstos se encuentren ejerciendo facultades exclusivas de las autoridades municipales.
"Cabe destacar, que si bien el Pleno de este Alto Tribunal ha conocido en controversia constitucional de la omisión de pago de participaciones y aportaciones reclamadas por los Municipios, lo cierto es que, a partir de un nuevo análisis de los actos impugnados, se advierte que dichas omisiones no vulneran la Constitución Federal, sino que se trata de un planteamiento de transgresión a aspectos de legalidad.
"Lo anterior es así, ya que la naturaleza de las participaciones y aportaciones, es la de recursos económicos públicos cuya regulación, plazos de entrega y vigilancia no descansa en la Constitución Federal, sino en las referidas Leyes de Coordinación Fiscal, de Ingresos sobre Hidrocarburos y la de Coordinación Fiscal del Estado.
"En consecuencia, el examen de legalidad de los actos que derivan de dichas normas, no corresponde a la competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de las controversias constitucionales, ya que como se indicó, el objeto de éstas es la de estudiar conflictos que se generen entre dos o más órganos originarios del Estado, respecto del ámbito de competencia constitucional que les corresponde, pues en caso contrario, es decir, dilucidar cuestiones de mera legalidad, como el cumplimiento de los plazos previstos en normas secundarias, traducida en una violación indirecta a la Constitución Federal, desnaturalizaría la función de este Alto Tribunal, convirtiéndolo en un órgano jurisdiccional de carácter ordinario, en lugar de tutelar ámbitos competenciales de carácter constitucional.
"Siendo que en la demanda sólo se plantean aspectos sobre los plazos para la entrega de los recursos establecidos en la normatividad de referencia; aduciendo, en relación con éstos, la retención de ministraciones, con la consecuente generación de intereses, así como la vigilancia de su ministración por parte de un órgano estatal. Aspectos de legalidad, en tanto atañen a particularidades establecidas por el legislador en una normativa distinta a la constitucional.
"En ese tenor, el suscrito Ministro instructor estima que la controversia constitucional, como medio de control constitucional, cuya finalidad es, en esencia, la defensa del sistema federal, no se debe desvirtuar estudiando impugnaciones de mera legalidad; por lo que en el caso, al advertirse que los actos impugnados derivan de diversas violaciones a plazos y aspectos regulados en normatividad distinta a la Norma Fundamental, se concluye desechar la demanda presentada por el Municipio actor.
"Por todo lo expuesto, la presente demanda debe desecharse de plano, por actualizarse el supuesto de improcedencia contenido en el artículo 19, fracción VIII, en relación con la fracción I, inciso i), del artículo 105 de la Constitución Federal.
"Por las razones expuestas, se
"ACUERDA
"PRIMERO.—Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Municipio de Cotaxtla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
"SEGUNDO.—Sin perjuicio de lo anterior, se tiene a la promovente designando delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
"TERCERO.—Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido
"Notifíquese; por lista y oficio."
9. Agravios. El Municipio recurrente en sus agravios señaló, en síntesis, que:
a) A diferencia de los precedentes resueltos por el Pleno de la Suprema Corte, en el caso concreto promueve la controversia contra nuevos actos que ahora se le reclaman a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por una afectación grave a su hacienda municipal, ya que le solicitó que afectara las participaciones federales que corresponden al Gobierno del Estado de Veracruz para que la Federación pagara directamente al Municipio actor los recursos omitidos; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se declaró incompetente para realizar la afectación, argumentando que se trata de recursos con tratamiento diverso a las participaciones federales.
b) Le causa agravio que se haya desechado su demanda, porque no se valoraron los datos y elementos de ésta, como la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ejercer su facultad de vigilante. Además de que existe una afectación a la esfera de atribuciones del Municipio con la omisión indebida y unilateral del Poder Ejecutivo Estatal de entregar los recursos que le pertenecen. El interés legítimo se lo otorga el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal que consagra el régimen de libre administración hacendaria, así como el principio de integridad de los recursos económicos, porque no le han entregado puntualmente los recursos federales que le corresponden además de los intereses generados.
Por tanto, el interés legítimo del Municipio recurrente para reclamar en vía de controversia constitucional es la omisión de pago de los recursos federales a que tiene derecho. Actos negativos que afectan las atribuciones del Municipio previstas en la Constitución Federal, pues no se trata de cuestiones de mera legalidad. Esto se corrobora en diversos precedentes en los cuales la Suprema Corte ha determinado condenar al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz al pago de los fondos que impugna, por ello, debe ser procedente la controversia.
c) Agrega que la violación al artículo 115 de la Constitución Federal es evidente cuando los recursos reclamados (Fondos del Remanente de Bursatilización y el Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos) forman parte de la hacienda municipal y, por ello, cuenta con interés legítimo para promover la controversia constitucional. Siendo que en el pliego de observaciones derivados de la fiscalización de la cuenta pública de dos mil dieciocho se identificaron dichas omisiones de pago. En ese sentido, lo procedente era determinar si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba facultada para afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz, aplicando de manera supletoria el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal para afectar dichos recursos.
d) Insiste, en que se omitió la entrega de sus recursos que le pertenecen y no existe la forma de que se los entreguen. Acudió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que retuviera las participaciones federales al Estado de Veracruz y que pagara directamente al Municipio actor las mismas; sin embargo, dicha dependencia se negó a realizarlo bajo el argumento de que carece de competencia constitucional y legal para ello.
10. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no formuló opinión en este recurso de reclamación.
11. Discusión en la Primera Sala. En sesión remota de diecinueve de agosto de dos mil veinte, las Ministras y Ministros que integran la Primera Sala acordaron enviar este asunto al Tribunal Pleno.
12. Radicación en el Tribunal Pleno. Por acuerdo de veinte de agosto siguiente, el presidente de la Primera Sala envió el presente recurso de reclamación al Tribunal Pleno, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos.
III. Competencia
13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 33/2020-CA derivado de la controversia constitucional 29/2020, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el punto segundo, fracción, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, por tratarse de un recurso de reclamación en el que resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
IV. Procedencia del recurso
14. El recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución,(2) ya que se interpuso en contra del auto del Ministro instructor de veinticuatro de febrero de dos mil veinte por el que se desechó la demanda de controversia constitucional 29/2020.
V. Oportunidad
15. El recurso de reclamación se interpuso dentro del plazo de cinco días que para tal efecto prevé el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) toda vez que el acuerdo recurrido se notificó al Municipio recurrente el lunes dos de marzo de dos mil veinte, por lo que el plazo aludido transcurrió del miércoles cuatro al miércoles once del mismo mes y año.(4)
16. Luego, si el presente recurso de reclamación se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de marzo de dos mil veinte, es claro que su interposición fue oportuna.
VI. Legitimación
17. El recurso de reclamación lo presentó Ángel Ariel Peralta Herrera, en su carácter de delegado del Municipio actor, dicho carácter le fue reconocido por el Ministro instructor en el propio auto recurrido de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en consecuencia, se estima que la persona firmante se encuentra facultada para promover el medio de impugnación en representación de la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia.(5)
VII. Estudio de fondo
18. La materia del presente medio impugnativo consiste en examinar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de trámite recurrido, razón por la cual los agravios ajenos a dicho acuerdo deben desestimarse.
19. Lo anterior, de conformidad con el criterio número P./J. 10/2007(6) sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO."
20. Para dar respuesta a los agravios antes sintetizados, es pertinente tener presente la facultad con que cuenta el Ministro instructor para acordar lo relativo a la admisión o, en su caso, desechamiento de la demanda de controversia constitucional, cuando a su juicio, se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de conformidad con el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia.(7)
21. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la sustanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.
22. Sustenta lo anterior el criterio número P./J. 128/2001,(8) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA."
23. Así entonces, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la demanda, debe apreciarse de la simple lectura de ésta y las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido claramente manifestados por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación a la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.
24. Sirve de apoyo al efecto el criterio número P./J. 9/98,(9) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE."
25. Además, es importante señalar que como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable.
26. Ello, en atención a que, por sus propias características, el auto inicial tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, ya que en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, puesto que el emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia.(10)
27. Una vez precisada la facultad del Ministro instructor para des
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29878-762b8d18/i-reclamacion-en-controversias-constitucionales-y-acciones-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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