I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA MATERIA DE SU FONDO DEBE VERSAR SOBRE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y FEDERALISMO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MATERIA SE CONSTRIÑE A LA POSIBLE INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL ACTOR. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR LOS ESTADOS A LOS MUNICIPIOS NO CONSTITUYE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR PARA PROMOVER AQUÉLLA [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) PARA EL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS BURSÁTILES CORRESPONDIENTES AL DOS MIL DIECISÉIS Y EL PAGO DE INTERESES DERIVADO DE LA OMISIÓN DE PAGO DE LOS RESPECTIVOS FONDOS AL MUNICIPIO DE HUATUSCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SE TRATA DE UN PLANTEAMIENTO DE TRANSGRESIÓN A ASPECTOS DE LEGALIDAD [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) PARA EL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS BURSÁTILES CORRESPONDIENTES AL DOS MIL DIECISÉIS Y EL PAGO DE INTERESES DERIVADO DE LA OMISIÓN DE PAGO DE LOS RESPECTIVOS FONDOS AL MUNICIPIO DE HUATUSCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTIVO LOCAL DE MINISTRAR RECURSOS CORRESPONDIENTES A UN MUNICIPIO EN LOS PLAZOS LEGALES PREVISTOS PARA ELLO NO IMPLICA LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y CONTENIDO DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) PARA EL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS BURSÁTILES CORRESPONDIENTES AL DOS MIL DIECISÉIS Y EL PAGO DE INTERESES DERIVADO DE LA OMISIÓN DE PAGO DE LOS RESPECTIVOS FONDOS AL MUNICIPIO DE HUATUSCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO CONTIENE UNA ATRIBUCIÓN, FACULTAD O COMPETENCIA EXCLUSIVA EN FAVOR DE LOS MUNICIPIOS, SINO UNA CLÁUSULA SUSTANTIVA QUE ALUDE A LA FORMA EN LA QUE SE INTEGRA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, HACIENDO UNA REMISIÓN A LA LEGISLACIÓN LOCAL [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) PARA EL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS BURSÁTILES CORRESPONDIENTES AL DOS MIL DIECISÉIS Y EL PAGO DE INTERESES DERIVADO DE LA OMISIÓN DE PAGO DE LOS RESPECTIVOS FONDOS AL MUNICIPIO DE HUATUSCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR CUANDO IMPUGNA LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, AL SER UN ACTO QUE NO CONSTITUYE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) PARA EL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS BURSÁTILES CORRESPONDIENTES AL DOS MIL DIECISÉIS Y EL PAGO DE INTERESES DERIVADO DE LA OMISIÓN DE PAGO DE LOS RESPECTIVOS FONDOS AL MUNICIPIO DE HUATUSCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 277/2019. MUNICIPIO DE HUATUSCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 19 DE FEBRERO DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de febrero de dos mil veinte.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Schettino Pitol, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Huatusco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional, en la que solicitó la invalidez de los actos emitidos por las autoridades siguientes:
Entidad, poder u órganos demandados:
• Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.
• Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz.
• Director General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Fianzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.
• Director de Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.
• Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Veracruz.
Tercero interesado:
El municipio actor señaló como tercera interesada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Actos cuya invalidez se demanda:
1. La invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se haya emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones que le corresponden al municipio por el concepto de PRODERE 2016 y Recursos de Bursatilización 2016, y en lo particular a:
i) Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE) 2016 $1´550,751.00
ii) Recursos de Bursatilización 2016 $819,219.89
2. La invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebidos de las participaciones federales que le corresponden al municipio que represento por concepto de PRODERE 2016 y Recursos de Bursatilización 2016.
3. La omisión de las autoridades señaladas como demandadas en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como lo dispuesto en el número Sexto, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las participaciones federales por el concepto de PRODERE 2016 y Recursos de Bursatilización 2016.
4. Se declare en la sentencia, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las participaciones que corresponden al municipio, así como la condena del pago de intereses a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazo de contribuciones por el retraso injustificado.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes antecedentes:
Desde el año dos mil dieciséis fue constante la violación a diversos preceptos por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, ya que indebidamente ha retenido recursos de diversos fondos que por Ley le corresponden al municipio, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) observó el incumplimiento para recuperar dichos recursos.
Desde hace meses, el municipio actor ha realizado llamados, requerimientos y solicitudes a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz, con el propósito de pagar las cantidades correspondientes al concepto de PRODERE y Recursos de Bursatilización, ambos de dos mil dieciséis, sin embargo nunca se le dio respuesta clara y la retención de los recursos ha sido reiterativa, lo que considera ilegal.
El municipio actor señala que desde hace meses se ha repetido la omisión en la entrega de los recursos federales que le corresponde, situación que pone en riesgo el desarrollo social y económico del municipio actor.
Manifiesta que los fondos federales correspondientes al concepto de PRODERE y Recursos de Bursatilización, ambos del dos mil dieciséis fueron asignados para el municipio actor por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no obstante, la parte demandada ha sido omisa en la entrega de dichos recursos; poniendo en riesgo y peligro el derecho humano al desarrollo social a los habitantes del municipio de Huatusco, impidiendo el normal funcionamiento de la hacienda municipal, corriendo el riesgo de dejar de pagar la obra pública que es vital en diferentes zonas del municipio.
TERCERO. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de validez, la parte actora formuló las siguientes consideraciones:
• Las autoridades demandadas al retener indebidamente los fondos federales están trasgrediendo el principio de integridad de los recursos municipales que consiste en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus participaciones.
• La omisión en la entrega de los recursos es ilegal, dado que no existe norma o disposición general que permita o justifique que no se le entreguen en forma completa al municipio actor sus participaciones, lo que redunda en un perjuicio económico; impactando en su autonomía, concretamente en la libertad de administración hacendaria de la que goza por disposición constitucional al afectarse su autosuficiencia económica y la libre disposición de sus recursos.
• Que de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Federal y al criterio de esta Suprema Corte se ha establecido un cúmulo de garantías de carácter económico y tributario financiero a favor de los municipios tendentes a fortalecer su autonomía, de acuerdo a:
a) Principio de libre administración de la hacienda municipal, cuyo fin es fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus exigencias sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos a sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes para el cumplimiento de sus fines públicos.
b) Principio de ejercicio directo por parte del Ayuntamiento de los recursos que integran su hacienda pública municipal. Implicando que todos los recursos de la hacienda municipal deben ejercerse de forma directa por su órgano de gobierno o por quienes ellos autoricen conforme a la Ley.
c) Principio de integridad de los recursos municipales. Las participaciones y aportaciones federales, se deben recibir de forma puntual, efectiva y completa, pues en caso de entregarse de forma extemporánea se genera el pago de intereses.
d) Derecho de los municipios a percibir las contribuciones, sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, incluyendo las tasas adicionales, establecidas por los Estados.
e) Principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios la disponibilidad de ciertas fuentes de ingresos para atender sus necesidades y responsabilidades públicas.
f) Facultad de los Ayuntamientos para que, en su ámbito territorial, propongan a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aceptables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
g) Facultad de los municipios para proponer sus leyes de ingresos, las cuales vinculan a las Legislaturas Estatales con la motivación adecuada en caso de apartarse de la propuesta municipal.
De lo anterior, manifiesta el municipio actor que las participaciones federales están sujetas a un régimen de libre administración, cuya disposición y aplicación debe llevarse a cabo en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de los fines públicos de los propios Ayuntamientos, situación que en la especie no ocurre.
• Arguye el municipio actor que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal prohíbe que los recursos estén afectados a intereses ajenos o sujetos a retención salvo para el pago de las obligaciones contraídas o por compensaciones, en los términos y condiciones establecidos en el propio ordenamiento federal; existiendo dos casos de excepción en los que resulte válida la afectación y retención de dichas participaciones federales lo que en el caso concreto no acontece, considerando ilegal e injusto la retención.
• En ese sentido, señala que existe manifestación de voluntad o consentimiento para que las autoridades estatales llevaran a cabo la retención ilegal de los fondos federales que reclama, es decir, no existe algún acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el municipio actor en el que se comprometan los recursos que corresponden al PRODERE 2016 y Recursos de Bursatilización.
• Asimismo, manifiesta que dado que no existe autorización establecida en norma general alguna, para que la autoridad demandada llevara a cabo la retención de los fondos federales que le corresponde por derecho constitucional a la parte actora, se viola los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos, al no recibir de forma puntual, efectiva y completa sus recursos federales.
• Señala la parte actora que el Estado al haber recibido los recursos por parte del Gobierno Federal y la omisión de ésta de entregar dichos recursos al municipio, trae como consecuencia que se impida disponer oportunamente de tales recursos vulnerándose la autonomía financiera de la parte actora, poniendo en serio riesgo el derecho humano al desarrollo social de sus habitantes.
• Manifiesta el municipio actor que de acuerdo al artículo 115, fracción IV de la Constitución Federal, se estableció el principio de libre administración de la hacienda municipal para fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, de acuerdo a la libre disposición y aplicación de los recursos y satisfacer sus necesidades, obligándolos a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos acorde a las jurisprudencias P./J. 5/2000 y P.J. 9/2000 de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "HACIENDA MUNICIPAL LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO NO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.", existiendo en el caso concreto una violación al principio de integridad de los recursos y autonomía financiera.
• Que de acuerdo con la facultad exclusiva de programar y aprobar el presupuesto de egresos a favor de los municipios, la entrega extemporánea de los recursos a los que está obligado el Estado, genera el pago de intereses acorde a la jurisprudencia P.J. 46/2004 de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS, CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES".
• Señala el municipio que por Ley la intervención del Estado de Veracruz y de las demás autoridades demandadas es de simple mediación administrativa; es decir, su papel es de mediación, control y supervisión en su manejo, pero no de disposición, suspensión o retención; por ende, la omisión de entrega de los recursos trasgrede los principios de integridad y libre administración de los recursos municipales violentando además el Sistema Federal de Coordinación Fiscal y autonomía municipal previsto en los artículos 40, 41, 115 y 124 de la Constitución Federal, así como el federalismo como sistema que articula la división territorial del poder de México.
• Que bajo el principio de reserva de fuentes de ingreso a los municipios, se aseguran los recursos para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas, establece que la hacienda municipal se integra con los rendimientos de los bienes que establezcan en su favor, entre los cuales deben considerarse las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, participaciones en recursos federales y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo del municipio.
• Asimismo, señala el municipio actor que el principio de libre administración de la hacienda municipal asegura a los municipios la posibilidad de manejar, aplicar y priorizar libremente los recursos que disponen para satisfacer sus necesidades públicas, sin que tenga injerencia sobre intereses ajenos, proyectándose únicamente una parte de sus recursos.
• Por último, argumenta la parte actora que el principio de integridad de los recursos económicos municipales asegura la percepción efectiva y puntual de los recursos a que constitucionalmente tienen derecho y obliga a los Estados a pagar los intereses cuando existan retraso en la entrega de los recursos federales a los municipios.
• Como consecuencia de los principios anteriormente señalados, manifiesta el municipio actor que las participaciones o aportaciones federales que se establecen a favor de los municipios, es necesario consultar los artículos conducentes de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual provee un desarrollo legislativo necesario que la fracción IV del artículo 115 constitucional deja libre.
• La Ley de Coordinación Fiscal define las participaciones como recursos que deben ser entregados a los municipios por conducto de los Estados dentro de los cinco días siguientes a aquel en que éstos lo reciban, debiendo ser satisfechos en efectivo y sin condicionamiento alguno. Las participaciones son inembargables y no pueden afectarse a fines específicos o estar sujetas a retención.
• La ley citada prevé dos excepciones a la entrega de los fondos federales: i) cuando hay obligaciones contraídas por las Entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el registro de obligaciones y empréstitos de Entidades o municipios y, ii) cuando se traten de compensaciones que deban efectuarse a las Entidades como consecuencia de ajustes de participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones; lo que en el caso concreto no acontece con el municipio actor.
• Señala la parte actora que las aportaciones y participaciones federales son recursos previstos constitucionalmente y cuyo régimen de entrega y aplicación está regulado; la actuación del Gobierno del Estado de Veracruz y de las demás autoridades demandadas incumbían a un tipo de fuente de ingreso municipal respecto del cual operan como intermediarios y que el municipio actor tiene derecho de recibir de forma íntegra y puntual, lo que no acontece, violando así, los principios de reserva de fuentes de ingreso a los municipios, integridad de los recursos económicos municipales y libre administración de la hacienda municipal, de ahí que la omisión de entrega por parte de las demandadas deben ser declarada inválida.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 277/2019, y ordenó se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.(1)
Mediante diverso proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro Instructor, admitió a trámite la demanda, se tuvo como demandados al Poder Legislativo del Estado de Veracruz y al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, mas no así a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, Director General de Contabilidad Gubernamental, Director de Cuenta Pública y Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local, por ser dependencias subordinadas de dichos poderes, ordenando emplazar para que formularan su contestación; no se acordó tener como tercero interesada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por no advertirse perjuicio o afectación que podría producirle la resolución; se dio vista a la Fiscalía General de la República para que emitiera la opinión que le corresponde; y se mandó formar cuaderno incidental a efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada.
SEXTO. Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. Por escrito recibido el cuatro de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Georgina Maribel Chuy Díaz, en su carácter de Subdirectora de Servicios Jurídicos y representante del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:
I. Se advierte que en la demanda inicial se señaló a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Veracruz, órgano administrativo que es inexistente de la estructura orgánica de esa entidad legislativa de conformidad a los artículos 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; motivo por el cual no puede llamarse a juicio al Poder Legislativo como demandado.
II. Se debe sobreseer en la controversia constitucional en virtud de que el Poder Legislativo no le asiste el carácter de demandado, pues dicho carácter sólo le reviste a aquellos entes que su actuar encuadra dentro de los extremos de la fracción II, del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 105, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina "tiene el carácter de demando, la entidad, poder u órgano que hubiera emitido o promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia". Por tanto, procede decretar el sobreseimiento respecto al Poder Legislativo local conforme a lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia pues se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20 fracciones I y II del cuerpo normativo antes invocado, ya que el Poder Legislativo no intervino en el acto materia de la presente controversia, pues los actos que se combaten no fueron emitidos por el Congreso del Estado, así como tampoco por los órganos administrativos que conforman su estructura orgánica.
SÉPTIMO. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Por escrito recibido el cuatro de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:(2)
I. En el apartado que denominó oportunidad, señaló que la contestación a la demanda fue presentada oportunamente.
II. Por cuanto hace a los antecedentes que refiere el municipio actor respecto del retraso y omisión en la entrega de las cantidades correspondientes a las participaciones federales a que nos ocupa, indicó que no lo afirma ni lo niega, toda vez que se tratan de hechos que no resultan propios de la administración pública estatal, que inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho.
Afirmó que el municipio actor pretende ejercitar un derecho que no hizo valer dentro de los plazos legales que prevén los recursos ordinarios, previo a la controversia constitucional, al tratarse de actos que emanan del Sistema de Coordinación Fiscal y de las leyes que lo regulan.
Indicó que la autoridad municipal fue omisa en manifestar el supuesto agravio respecto de la retención del fondo federal que presuntamente le corresponde en relación con el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por lo que el plazo legal de actuar por medio de la vía legal correspondiente, previsto ya sea en la legislación local o federal ha fenecido, por haber transcurrido más de dos años a la fecha de la presentación de la presente demanda, lo que se traduce en actos que devienen consentidos.
Señaló que los Fondos de Aportaciones Federales son recursos de índole federal, es decir, ministrados por la Federación para apoyar a las entidades federativas y a los municipios, sujetos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y demás leyes federales y locales aplicables, por lo que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria, a diferencia de las Participaciones Federales.
Argumentó que, al advertirse la diferencia entre Participaciones Federales y Fondos de Aportaciones Federales, ya que estas últimas son recursos netamente federales y que su fundamento y regulación se encuentra en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual prevé que las entidades federativas que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebraran un convenio de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tal motivo todas aquellas cuestiones en las que se advierta incumplimiento legal alguno habrá de resolverse en primer término con base en los que prevé la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones legales de orden federal y local aplicables, por lo que no están sometidos al régimen de libre administración hacendaria, a diferencia de las Participaciones Federales.
Señaló que, al advertirse la diferencia entre Participaciones Federales y Fondos de Aportaciones Federales, pues estas últimas son recursos netamente federales, que al no estar sujetos al régimen de libre administración hacendaria, regulado por el artículo 115, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política Federal no se actualiza el supuesto en el que se haya transgredido de manera directa el texto constitucional o la invasión a la esfera de competencias del ente municipal, por lo que si la parte actora pretende ejercer un derecho impugnando la presunta omisión de pago respecto de un fondo federal, debió agotar la vía legal prevista para la solución del conflicto, o el principio de definitividad para impugnar tales actos en este medio de control constitucional y sujetarse además al plazo legal establecido en la Ley Reglamentaria tratándose de impugnaciones.
Estimó que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia, que establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues no se advierten violaciones directas a la Constitución.
Asentó que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los Fondos Federales de Aportaciones están regulados por las Leyes de Coordinación Fiscal Federal y/o disposiciones federales, y que las entidades y municipios pueden ejercitar los medios de defensa con la finalidad de que los actos que consideren violatorios puedan ser revocados, modificados o nulificados, en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios del Estado de Veracruz.
Respecto de la omisión de pago de los recursos derivados del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y pago Número F-998, que reclama el municipio actor, estimó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 105, fracción I, inciso i) y 115 de la norma fundamental.
Lo anterior porque los recursos del Fideicomiso, no están tutelados por el principio de integridad de los recursos municipales, porque no proceden de la Federación sino de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en el Estado, por el que los municipios reciben participaciones estatales, y, con base en el Decreto Número 255, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el once de junio de dos mil ocho, el Congreso de Veracruz autorizó la constitución de dicho Fideicomiso, así como la afectación de los ingresos que corresponden a los municipios fideicomitentes.
Señaló que aun en el caso de considerarse que tales recursos provienen de la Federación, tampoco resultaría procedente la presente controversia constitucional respecto de los mismos, pues el principio de integridad de los recursos municipales garantiza que una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los municipios éstos los reciban de manera puntual y efectiva, lo que en el caso ocurrió, ya que el municipio actor recibió los recursos previo a destinarlos al Fideicomiso en cuestión.
Por ello, consideró que no existió interrupción en el libre ejercicio de recursos federales, ya que fue decisión de cada municipio afectar un porcentaje de esos recursos, equivalente al 1.4297% (uno punto cuatro mil doscientos noventa y siete por ciento) al instrumento de inversión, por lo que no se está ante una indebida retención de las participaciones federales por parte del Estado, sino, en todo caso, de una cuestión que atañe al cumplimiento de un acuerdo de voluntades entre el Estado y los municipios en un instrumento de inversión que, a la postre permite a estos últimos recibir los productos o remanente de dicho contrato de fideicomiso.
Estableció que ello justifica que en el texto del contrato no existan fechas de pago específicas para cada emisión o, incluso, un eventual pago de intereses pactado expresamente, pues la naturaleza de los recursos que obtiene finalmente el municipio ya no es la de una participación federal, enmarcada en dentro de los principios de la hacienda municipal e integridad de los recursos, sino del producto o remanente de una operación bursátil como consecuencia del acuerdo de voluntades entre el Estado, los municipios y la institución financiera respectiva.
Sostuvo que el municipio actor no aportó prueba fehaciente de que los recursos federales que reclama estuvieron, o estén efectivamente comprometidos para los fines a los que se destinan en términos del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con el 19 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, puesto que al estar comprendidos en el presupuesto de egresos, resulta un hecho notorio que el ente municipal carece de todo derecho para allegarse de recursos que evidentemente no serán ejercidos, por estar sujetos al principio de anualidad, por haber concluido el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y haberse aprobado recursos federales para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.
Indicó que esta circunstancia actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 45 del mismo ordenamiento, en virtud de que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que éstos dejen de surtir efectos jurídicos, en tanto que las sentencias dictadas que se pronuncian en este medio de control constitucional no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal.
Estableció que respecto de los recursos que derivan de los Fondos Federales y/o Participaciones Federales se prevé que ya cesaron sus efectos al estar condicionados al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, mismo que ha concluido, en virtud de que el mismo se prevé en el Presupuesto de Egresos y el cual además está sujeto a una condición de anualidad en términos de los artículos 26, fracción I, inciso a), y 33, fracciones XXVII y XXVIII de la Constitución Política del Estado de Veracruz y demás disposiciones legales y aplicables, en virtud de que del escrito de demanda no se advierte que tuvieron y/o tengan ultra-actividad para futuros ejercicios fiscales.
Esgrimió que de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, rige el principio de anualidad, y que, en consecuencia, si la vigencia de éstos es anual y ésta concluyó, no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez no tiene efectos retroactivos, por lo que procede sobreseer.
Indicó que los actos que el municipio actor pretende impugnar, se encuentran previstos en el presupuesto de egresos y condicionados al ejercicio fiscal dos mil dieciséis y ante la conclusión del mismo, es inconcuso que el municipio promovente pretenda, ante la extemporaneidad de su demanda, allegarse de algo que está condicionado a un ejercicio fiscal y que forma parte de la integración de una administración municipal que ya concluyó.
Solicitó también que, en caso de condenar al pago al Poder Ejecutivo del Estado respecto de los recursos a que presuntamente tiene derecho el municipio actor, al afectar con ello el presupuesto de un ejercicio fiscal vigente que ya no se puede modificar y/o adecuar, este Alto Tribunal fije al menos un plazo razonable a efecto de que el Gobierno de Veracruz pueda presupuestar recursos para el ejercicio fiscal subsecuente y cubrir los pagos.
En este punto, el demandado señaló que el municipio actor sabía y tenía conocimiento de las fechas y/o calendarios de entrega de los recursos a que presuntamente tiene derecho, previstas en las leyes y acuerdos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200690-bbd428da/i-controversia-constitucional-la-materia-de-su-fondo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 379, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA (391)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 379, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA (P./J. 122/2005)
- REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA I (2a./J. 128/2012 (10a.))
- PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LOS PRESIDENTES MUNICIPALES RESPECTO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, A (I.1o.A.161 A (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis