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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ACAJATE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ACAJATE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ACAJATE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE LA DEMANDA FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, AL HABERSE RECLAMADO UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO GENERAL 23, POR EL CONCEPTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN) Y DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS REMANENTES BURSÁTILES CORRESPONDIENTES AL DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE ACAJETE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO GENERAL 23, POR EL CONCEPTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN) Y DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS REMANENTES BURSÁTILES CORRESPONDIENTES AL DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE ACAJETE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO GENERAL 23, POR EL CONCEPTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN) Y DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS REMANENTES BURSÁTILES CORRESPONDIENTES AL DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE ACAJETE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO GENERAL 23, POR EL CONCEPTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN) Y DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS REMANENTES BURSÁTILES CORRESPONDIENTES AL DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE ACAJETE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO GENERAL 23, POR EL CONCEPTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN) Y DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS REMANENTES BURSÁTILES CORRESPONDIENTES AL DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE ACAJETE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ACAJETE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAC

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 235/2019. · Registro digital (IUS): 29383
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: MUNICIPIO DE ACAJETE, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, Pág. 3254.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 235/2019. MUNICIPIO DE ACAJETE, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Magdalena Martínez Rivera, en su carácter de síndica y representante del Municipio de Acajete, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de los actos emitidos por las autoridades siguientes:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Director General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.

• Director de cuenta pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz.

• Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.

Tercero interesado:

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Actos cuya invalidez se demanda:

1) De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Acajete, Veracruz, por el concepto de Ramo General 23, y en lo particular:

a. Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN) dos mil dieciséis por la cantidad de $3´500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

b. Recursos correspondientes a los remanentes bursátiles 2016 por un monto de $210,048.74 (doscientos diez mil cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.).

Cantidades que manifiesta la parte actora, fueron entregadas al Estado de Veracruz por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2) La invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retenciones indebidas de las participaciones federales, que le corresponden al Municipio, por concepto de Ramo General 23.

3) La omisión de las autoridades demandadas, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como lo dispuesto en el artículo sexto, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que ha sido omisa en entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido los recursos que corresponden al Municipio actor.

4) Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido los recursos que corresponden al Municipio actor.

Así como se les condene al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión.

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes antecedentes:

Desde el año dos mil dieciséis ha sido constante la retención de recursos de diversos Fondos que por ley le corresponde al Municipio de Acajete por parte del Gobierno del Estado de Veracruz; derivado de lo anterior, el Municipio actor ha realizado requerimientos y solicitudes a la Secretaría de Finanzas con el propósito de poder ser cubiertos los pagos correspondientes a:

a. Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN) dos mil dieciséis por la cantidad de $3´500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

b. Recursos correspondientes a los remanentes bursátiles 2016 por un monto de $210,048.74 (doscientos diez mil cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.).

Sin embargo, desde hace meses ha omitido la entrega de los recursos federales que le corresponde al Municipio actor, aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó el pago al Gobierno del Estado de Veracruz.

Dicha omisión de pago, pone en riesgo el desarrollo social y económico del Municipio, pues impide el normal funcionamiento de la hacienda municipal, de tal suerte que se ha dejado de pagar la obra pública en diferentes zonas del Municipio, viéndose en la necesidad de promover el presente medio de defensa.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. Afirma el Municipio actor que la autoridad demandada transgrede el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus participaciones federales, por lo que la omisión en la entrega de los recursos es ilegal, pues no existe disposición que permita o justifique la entrega incompleta al Municipio actor, lo que ocasiona un perjuicio económico e impacta en su autonomía, específicamente en la libertad de administración hacendaria de la que goza por norma constitucional, al afectarse su autosuficiencia económica y libre disposición de sus recursos.

Indica el promovente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el artículo 115 constitucional, ha establecido un cúmulo de garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, tendentes al fortalecimiento de su autonomía, las cuales son aplicables a las participaciones federales y el fondo que reclama.

Señala el promovente que el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, prohíbe que los recursos anteriores estén afectados a intereses ajenos o sujetos a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas o por compensaciones establecidas en esa misma ley.

Argumenta que puede haber casos de excepción en los que resulte válida la retención de las participaciones federales siendo: i) el pago de obligaciones contraídas por el Municipio, previa autorización de las Legislaturas Locales e inscripción en el registro correspondiente; y ii) por voluntad expresa del Municipio de destinarlos a un determinado fin.

En ese sentido, el Municipio actor manifiesta que no se encuentra en ninguna de las hipótesis antes señaladas, por lo que considera ilegal la retención de las participaciones federales por concepto de Ramo General 23.

Argumenta el Municipio demandante que no existe alguna manifestación de voluntad o consentimiento para que la autoridad estatal haya omitido la entrega de los fondos, pues no consta acuerdo o convenio que se comprometan los recursos que le corresponde al Municipio para el pago de las obligaciones. Por tanto, la omisión de pago por parte de la autoridad demandada es contra la propia voluntad de la hoy parte actora.

Indica el Municipio actor que, en virtud del artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, el recurso en mención debe entregarse por los Estados íntegramente a sus Municipios, en términos de lo que establezcan las Legislaturas Locales, lo que, tratándose del Estado de Veracruz, será el cien por ciento.

De esa forma –sostiene el actor– al no existir autorización en norma general alguna para que la autoridad demandada lleve a cabo la retención ilegal de los fondos federales que le corresponden al Municipio, se violan los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de recursos.

Aduce que, al ya haber transferido el Gobierno Federal los recursos a las ahora autoridades demandadas y éstas al estar impidiendo su disposición, se vulnera su autonomía financiera y se pone en riesgo el derecho humano al desarrollo social de sus habitantes.

Lo anterior detalla, en virtud de que el artículo 115, fracción IV, constitucional, establece la libre hacienda municipal a fin de que los Municipios puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.

Apunta el actor que la Federación, al transferir las participaciones federales a los Municipios, incluyendo el fondo objeto del presente asunto, debe garantizar a los Municipios su recepción puntual y efectiva pues, en caso contrario se privaría a los Municipios de ejercer sus obligaciones constitucionales.

Destaca el promovente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que las participaciones federales quedan comprendidas en el régimen de libre administración hacendaria de los Municipios, por lo que la Federación y los Estados no pueden imponer restricción alguna a su libre administración, además, existe una violación al principio de integridad de los recursos en virtud de que el Municipio no ha recibido de forma puntual, efectiva y completa sus recursos federales de fomento municipal, lo que evitó que dispusiera oportunamente de los mismos, vulnerando con ello su autonomía financiera.

Arguye la parte actora que de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Federal, la intervención de la autoridad demandada respecto a los fondos de aportaciones federales que corresponden a los Municipios, es de simple mediación administrativa; es decir, su papel es de control y supervisión en el manejo de dichas aportaciones mas no de disposición, suspensión o retención.

Esgrime el demandante que, por ley, la intervención del Estado de Veracruz y de todas las autoridades demandadas, respecto de los fondos que legalmente corresponden a los Municipios, es de simple mediación administrativa, y que en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión de su manejo, pero nunca de disposición o retención, por lo que el Gobierno del Estado de Veracruz no tiene facultades para retener el entero de los fondos correspondientes al Ramo 23, y que al no ser entregada de forma puntual, se violenta el Sistema Federal de Coordinación Fiscal.

Menciona el promovente que el artículo 115, fracción IV, constitucional, contempla diversas garantías a favor de los Municipios, entre ellas, el principio de reserva de fuentes de ingreso a los Municipios, la cual asegura a estos últimos, a nivel constitucional, que tendrán asegurados los recursos necesarios para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.

Otro principio, es el de la libre administración de la hacienda municipal, que asegura la posibilidad de manejar, aplicar y priorizar los recursos que disponen para satisfacer las necesidades públicas sin que haya injerencia de intereses ajenos.

Por último, el Municipio actor señala que el principio de los recursos económicos municipales asegura la percepción efectiva y puntal de los recursos constitucionalmente reconocidos y que obliga a las entidades federativas pagar los intereses correspondientes cuando retarden la entrega de los recursos federales a los Municipios.

Por lo anterior, considera que subsiste el derecho y la obligación legal del Municipio para reclamar el pago de las aportaciones federales no entregadas por el Gobierno del Estado de Veracruz, de ahí que, resulta la obligación de la demandada de realizar el pago de los montos omitidos, con los intereses respectivos al Municipio actor.

CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. En proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 235/2019, y ordenó se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.

Mediante diverso acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el Ministro instructor tuvo por presentada a la síndica del Municipio de Acajete, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con la personalidad que ostenta, por recaer en ésta la representación legal del Ayuntamiento, admitió a trámite la demanda, tuvo como demandado únicamente al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, no así a las dependencias por considerar que son subordinadas a dicho poder; ordenó la emplazara con copia simple del escrito de cuenta y sus anexos para que formulara su contestación y lo requirió para que al dar contestación a la demanda, remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con la omisión impugnada, además, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su derecho correspondiese. Finalmente no acordó de tener como tercera interesada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al no advertirse perjuicio o afectación que podría producirle la resolución que en el momento procesal llegare a dictarse.

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Por escrito recibido el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de secretario de gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al contestar la demanda señaló en síntesis, lo siguiente:

I. En el apartado que denominó oportunidad, refirió que la contestación a la demanda fue presentada oportunamente.

II. Por cuanto hace a los antecedentes que refiere el Municipio actor respecto del retraso y omisión en la entrega de las cantidades correspondientes a las participaciones federales a que nos ocupa, indicó que no lo afirma ni lo niega, toda vez que se tratan de hechos que no resultan propios de la administración pública estatal, que inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho.

Afirmó que el Municipio actor pretende ejercitar un derecho que no hizo valer dentro de los plazos legales que prevén los recursos ordinarios, previo a la controversia constitucional, al tratarse de actos que emanan del Sistema de Coordinación Fiscal y de las leyes que lo regulan.

Indicó que la autoridad municipal fue omisa en manifestar el supuesto agravio respecto de la retención u omisión de pago del recurso y/o fondo federal que presuntamente le corresponde en relación con el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por lo que el plazo legal de actuar por medio de la vía legal correspondiente, previsto ya sea en la Legislación Local o Federal ha fenecido, por haber transcurrido más de dos años a la fecha de la presentación de la demanda, lo que se traduce en actos que devienen consentidos.

Señaló que los fondos de aportaciones federales son recursos de índole federal, es decir, ministrados por la Federación para apoyar a las entidades federativas y a los Municipios, sujetos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y demás leyes federales y locales aplicables, por lo que no están sometidos al régimen de libre administración hacendaria, a diferencia de las participaciones federales.

Argumentó que, al advertirse la diferencia entre participaciones federales y fondos de aportaciones federales, pues estas últimas son recursos netamente federales, que al no estar sujetos al régimen de libre administración hacendaria, regulado por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política Federal no se actualiza el supuesto en el que se haya transgredido de manera directa el texto constitucional o la invasión a la esfera de competencias del ente municipal, por lo que si la parte actora pretende ejercer un derecho impugnando la presunta omisión de pago respecto de un fondo federal, debió agotar la vía legal prevista para la solución del conflicto, o el principio de definitividad para impugnar tales actos en este medio de control constitucional y sujetarse además al plazo legal establecido en la ley reglamentaria tratándose de impugnaciones.

Estimó que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, que establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues no se advierten violaciones directas a la Constitución.

Asentó que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los Fondos Federales de Aportaciones están regulados por las Leyes de Coordinación Fiscal Federal y/o disposiciones federales, y que las entidades y Municipios pueden ejercitar los medios de defensa con la finalidad de que los actos que consideren violatorios puedan ser revocados, modificados o nulificados, en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz.

Sostuvo que el Municipio actor no aportó prueba fehaciente de que los recursos federales que reclama estuvieron, o estén efectivamente comprometidos para los fines a los que se destinan en términos del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con el 19 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, puesto que al estar comprendidos en el presupuesto de egresos, resulta un hecho notorio que el ente municipal carece de todo derecho para allegarse de recursos que evidentemente no serán ejercidos, por estar sujetos al principio de anualidad, por haber concluido el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y haberse aprobado recursos federales para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.

Indicó que esta circunstancia actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria, en relación con el 45 del mismo ordenamiento, en virtud de que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que dejen de surtir efectos jurídicos, en tanto, que las sentencias dictadas que se pronuncian en este medio de control constitucional no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal.

Estableció que respecto de los recursos que derivan de los fondos federales y/o participaciones federales se prevé que ya cesaron sus efectos al estar condicionados al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, mismo que ha concluido, en virtud de que el mismo se prevé en el presupuesto de egresos y el cual además está sujeto a una condición de anualidad en términos de los artículos 26, fracción I, inciso a), y 33, fracciones XXVII y XXVIII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz y demás disposiciones legales y aplicables, en virtud de que del escrito de demanda no se advierte que tuvieron y/o tengan ultra-actividad para futuros ejercicios fiscales.

Esgrimió que de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la ley de ingresos y el Presupuesto de egresos de la Federación, rige el principio de anualidad, y que, en consecuencia, si la vigencia de éstos es anual y ésta concluyó, no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación y concluir aquella, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez no tiene efectos retroactivos, por lo que procede sobreseer.

Indicó que los actos que el Municipio actor pretende impugnar, se encuentran previstos en el presupuesto de egresos y condicionados al ejercicio fiscal dos mil dieciséis y ante la conclusión del mismo, es inconcuso que el Municipio promovente pretenda, ante la extemporaneidad de su demanda, allegarse de algo que está condicionado a un ejercicio fiscal y que forma parte de la integración de una administración municipal que ya concluyó.

Solicitó también que, en caso de condenar al pago al Poder Ejecutivo del Estado respecto de los recursos a que presuntamente tiene derecho el Municipio actor, al afectar con ello el presupuesto de un ejercicio fiscal vigente que ya no se puede modificar y/o adecuar, este Alto Tribunal fije al menos un plazo razonable a efecto de que el Gobierno de Veracruz pueda presupuestar recursos para el ejercicio fiscal subsecuente y cubrir los pagos.

Precisó que de la lectura del escrito de demanda del promovente, se desprende que al Municipio actor se le autorizaron recursos por concepto de Fondos Federales del Ramo General 23, en particular del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN) y la bursatilización constituye un hecho notorio, pues los recursos autorizados para los Municipios se publican con la debida oportunidad en la Gaceta Oficial del Estado, por lo que la ley exime de su prueba de conformidad a la ley reglamentaria.

Afirmó que el Municipio promovente pretendió ajustar la oportunidad de la presentación de su demanda aduciendo que se encuentra reclamando una omisión siendo que de la demanda se desprende que el Municipio actor realmente se encuentra señalando como acto reclamado una omisión derivada de un acto positivo.

Adujo que no es válido pretender sujetar el plazo para presentar la demanda de controversia constitucional a la regla general que rige la impugnación de omisiones, toda vez que la misma no es aplicable cuando las omisiones que se impugnan derivan de un acto positivo que se hizo del conocimiento del actor y no se controvirtió oportunamente.

Argumenta que en la especie, la aludida omisión referida por la parte actora resulta ser en realidad una consecuencia directa de la supuesta retención que el actor refiere de los recursos por parte del Gobierno de Veracruz.

Así, el acto positivo –a juicio del Poder Ejecutivo–, resulta ser la supuesta retención de los recursos según el dicho del actor, mientras que la consecuencia directa la constituye la omisión de hacer entrega de los recursos provenientes de los fondos federales y/o participaciones federales reclamadas y en ese tenor, la excepción a la regla que establece que cuando se trate de omisiones la oportunidad para su impugnación se actualiza día a día mientras aquéllas subsistan ha quedado actualizada en el presente asunto en la medida que la omisión reclamada deriva de un acto positivo.

De esa forma –indica el Ejecutivo estatal–, el Municipio actor tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente en que se percató de la supuesta retención de los recursos de origen federal a los que tiene derecho y el no haberlo hecho así, constituye la prescripción del derecho.

Aclaró que aun cuando la administración del Gobierno del Estado de Veracruz niegue, por no ser hechos propios, los actos que reclama el Municipio actor, ello no es obstáculo para que al tratarse de actos, al Municipio promovente le corresponda probarlos y ceñir su impugnación al plazo de treinta días establecido para ello.

Finalmente, solicitó el Ejecutivo a este Tribunal Constitucional, el estudio oficioso de las causales de improcedencia previstas por el artículo 19, último párrafo, de la ley de la materia.

III. En el apartado que denominó, razones o fundamentos jurídicos en relación con el acto reclamado, señaló lo siguiente:

Que el único concepto de invalidez formulado por el Municipio actor resulta inatendible, y que por tanto, el presente medio de control constitucional es improcedente porque el estudio de las causales de improcedencia resulta ser una cuestión de orden público, y en el caso particular, han quedado actualizadas las causales de improcedencia previstas en la ley reglamentaria que fueron expuestas en el apartado anterior.

SÉPTIMO.—Acuerdo de recepción de la contestación de demanda. En proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor a través de la Ministra suplente tuvo por contestada la demanda por parte del Poder Ejecutivo de la entidad; designando autorizados y delegados y ofreciendo pruebas; de igual forma, instruyó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley hiciera la manifestación que a su representación corresponde, e igualmente a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, señalando las nueve horas con treinta minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve, para tener verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, dejando a disposición del Municipio actor las copias de traslado correspondientes de los anexos presentados por la autoridad demandada.

OCTAVO.—Audiencia. Agotadas las etapas procesales, el catorce de octubre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se hizo constar que las partes no formularon sus alegatos; poniéndose el expediente en estado de resolución.

NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó el envío del expediente a la Primera Sala el siete de noviembre de dos mil diecinueve. La Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto mediante auto de doce de noviembre siguiente, dictado por el presidente de la Sala, quien ordenó registrar el ingreso del asunto y determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor, y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de los actos reclamados y su certeza. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) esta Primera Sala procede a fijar los actos objeto de la controversia y la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados.

Del estudio integral de la demanda, en relación con sus anexos, se desprenden como actos impugnados, en abstracción de los calificativos que sobre su constitucionalidad realiza la demandante, los siguientes:

• La omisión de entrega de participaciones federales de Ramo General 23, por el concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para la Inversión (FORTAFIN) para el año de dos mil dieciséis.

• La omisión de entrega de los recursos correspondientes a los remanentes bursátiles correspondientes al dos mil dieciséis.

• El pago de intereses derivado de la omisión de pago de los respectivos fondos.

De las constancias que corren agregadas en autos se desprende que los actos impugnados son ciertos, tal y como se expondrá en el apartado correspondiente de la presente ejecutoria.

TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si, los aludidos actos impugnados son positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(2) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. Para ello, a continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.

En la controversia constitucional 5/2004,(3) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(4) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 20/2005,(5) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(6) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 98/2011,(7) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29383-e798cdec/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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