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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES POR CONCEPTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF), POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE LA DEMANDA FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, AL HABERSE RECLAMADO UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA MISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE ENTERO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPEC

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 173/2019. · Registro digital (IUS): 29411
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, Pág. 4200.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 173/2019. MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gisela Ramón Contreras y Macario Cruz Demetrio, en su carácter de presidenta la primera de ellos; síndico único y representante legal el último de ellos, del Municipio de Villa Aldama, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron controversia constitucional en la que solicitaron la invalidez de los actos emitidos por las autoridades siguientes:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Municipio actor manifestó bajo protesta de decir verdad, el desconocimiento de la existencia de algún tercero interesado.

Actos cuya invalidez se demanda:

1) De la autoridad señalada se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las aportaciones y/o participaciones federales que le corresponden al Municipio de Villa Aldama, por el concepto de Ramo General 33, y en lo particular:

a. Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por la cantidad de $2'563,452.00 (dos millones quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

b. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por la cantidad de $1'483,008.00 (un millón cuatrocientos ochenta y tres mil ocho pesos 00/100 M.N.) correspondientes a los meses agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

c. El pago de los intereses por retraso injustificado del Fondo de Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Cantidades que manifiesta la parte actora, fueron entregadas al Estado de Veracruz por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2) La invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retenciones indebidas de las aportaciones y/o participaciones federales, que le corresponden al Municipio de Villa Aldama, por concepto de Ramo General 33.

3) La omisión de la autoridad demandada, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como lo dispuesto en el artículo sexto, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que ha sido omisa en entregar las participaciones federales por el concepto de Ramo General 33, y en lo que se refiere a los fondos descritos en el numeral 1.

4) Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional, la obligación de la autoridad demandada de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las aportaciones y/o participaciones federales que corresponden al Municipio actor, provenientes del fondo por el concepto de Ramo General 33 a que se han hecho referencia.

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes antecedentes:

El Municipio actor indica que en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, aparece detallado el monto a recibir por el Municipio de Villa Aldama, así como los días que tendrían que haber depositado, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FISMDF); siendo que, pese a llamados, requerimientos y solicitudes a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado de Veracruz, han sido omisos en entregar los recursos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, máxime que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó dichos recursos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Del mismo modo, la parte actora alega que de acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se determinó el monto a favor del Municipio de Villa Aldama, así como los días en que se realizaría dicho pago, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUNDF; por lo que a pesar de los diversos requerimientos y solicitudes realizados ante la Secretaria de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado de Veracruz, la autoridad demandada se ha abstenido de realizar los pagos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, aun cuando se haya realizado la entrega de dichos recursos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. Afirma el Municipio actor que la autoridad demandada transgrede el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus aportaciones federales, por lo que no existe alguna justificación para no ser entregadas las cantidades destinadas de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), pues vulnera la libertad de administración hacendaria contenida en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

Indica el promovente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el artículo 115 constitucional, ha establecido un cúmulo de garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, tendentes al fortalecimiento de su autonomía, a saber:

a) Principio de libre administración de la hacienda municipal, cuyo fin es fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus exigencias sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos a sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.

b) Principio de ejercicio directo del Ayuntamiento de los recursos que integran su hacienda pública municipal, implica que todos los recursos de la hacienda municipal deben ejercerse de forma directa por su órgano de gobierno o por quienes ellos autoricen conforme a la ley.

c) Principio de integridad de los recursos municipales, consigue que los Municipios deben recibir en forma puntual, efectiva y completa tanto las participaciones como las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente se genera el pago de los intereses correspondientes.

d) Derecho de los Municipios a percibir las contribuciones, (incluyendo las tasas adicionales) establecidas por los Estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

e) Principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, asegura a los Municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender a sus necesidades y responsabilidades públicas.

f) Facultad de los Ayuntamientos para que, en su ámbito territorial, propongan a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aceptables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

g) Facultad de los Municipios para proponer sus leyes de ingresos, las cuales vincula a las Legislaturas Estatales con una motivación adecuada en caso de apartarse de la propuesta municipal.

Señala el promovente que el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, prohíbe que los recursos anteriores estén afectados a intereses ajenos o sujetos a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas o por compensaciones establecidas en esa misma ley.

Argumenta el Municipio actor que no existe alguna manifestación de voluntad o consentimiento para que la autoridad estatal haya omitido la entrega de los fondos, pues no consta acuerdo o convenio que se comprometan los recursos que le corresponde al Municipio para el pago de las obligaciones. Por tanto, la omisión de pago por parte de la autoridad demandada es contra la propia voluntad de la hoy parte actora.

Indica que, la Federación al transferir a los Municipios los recursos denominados "participaciones federales", incluyendo el fondo que es retenido por la parte demandada, debe garantizar a cada uno de los Municipios su recepción puntual y efectiva, porque la facultad de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan, presupone que debe tener plena certeza acerca de los recursos que se disponen; de lo contrario, se estaría privando a los Municipios los apoyos necesarios para cumplir con sus obligaciones constitucionales y, por tanto, se transgrede el principio de autonomía financiera.

Indica el Municipio actor que, en virtud del artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, el recurso en mención debe entregarse por los Estados íntegramente a sus Municipios, en términos de lo que establezcan las Legislaturas Locales, lo que, tratándose del Estado de Veracruz, será el cien por ciento.

De esa forma –sostiene el actor– al no existir autorización en norma general alguna para que la autoridad demandada lleve a cabo la retención ilegal de los fondos federales que le corresponden al Municipio, se violan los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de recursos.

Aduce que, al ya haber transferido el Gobierno Federal los recursos a las ahora autoridades demandadas y éstas estar impidiendo su disposición, se vulnera su autonomía financiera y se pone en riesgo el derecho humano al desarrollo social de sus habitantes.

Lo anterior, detalla, en virtud de que el artículo 115, fracción IV, constitucional, establece la libre hacienda municipal a fin de que los Municipios puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.

Apunta el actor que la Federación, al transferir las participaciones federales a los Municipios, incluyendo el fondo objeto del presente asunto, debe garantizar a los Municipios su recepción puntual y efectiva pues en caso contrario se privaría a los Municipios de ejercer sus obligaciones constitucionales.

Destaca el promovente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que las participaciones federales quedan comprendidas en el régimen de libre administración hacendaria de los Municipios, por lo que la Federación y los Estados no pueden imponer restricción alguna a su libre administración, además, existe una violación al principio de integridad de los recursos en virtud de que el Municipio no ha recibido de forma puntual, efectiva y completa sus recursos federales de fomento municipal, lo que evitó que dispusiera oportunamente de los mismos, vulnerando con ello su autonomía financiera.

Arguye la parte actora que de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Federal, la intervención de la autoridad demandada respecto a los fondos de participaciones y/o aportaciones federales que corresponden a los Municipios, es de simple mediación administrativa; es decir, su papel es de control y supervisión en el manejo de dichas aportaciones mas no de disposición, suspensión o retención.

Esgrime el demandante que, por ley, la intervención del Estado de Veracruz y de todas las autoridades demandadas, respecto de los fondos que legalmente corresponden a los Municipios, es de simple mediación administrativa, y que en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión de su manejo, pero nunca de disposición o retención, por lo que el Gobierno del Estado de Veracruz no tiene facultades para retener el entero de los fondos correspondientes al Ramo 33, y que al no ser entregada de forma puntual, se violenta el Sistema de Coordinación Fiscal.

Menciona el promovente que el artículo 115, fracción IV, constitucional, contempla diversas garantías a favor de los Municipios, entre ellas, el principio de reserva de fuentes de ingreso a los Municipios, la cual asegura a estos últimos, a nivel constitucional, que tendrán asegurados los recursos necesarios para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.

Por lo anterior, considera que subsiste el derecho y la obligación legal del Municipio para reclamar el pago de las participaciones y/o aportaciones federales no entregadas en el año dos mil dieciséis por el Gobierno del Estado de Veracruz, de ahí que, resulta la obligación de la demandada de realizar el pago de los montos omitidos, con los intereses respectivos al Municipio actor.

CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16, 17, 20, 40, 41, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. En proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 173/2019, y ordenó se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.

Mediante diverso proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor tuvo por presentado únicamente al síndico del Municipio de Villa Aldama, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la personalidad que ostenta, por recaer en éste la representación legal del Ayuntamiento, admitió a trámite la demanda con reserva de los motivos de improcedencia que se pudieran advertir al momento de dictar sentencia, tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y ordenó se le emplazara con copia simple del escrito de cuenta y sus anexos, para que formulara su contestación y lo requirió, a fin de integrar debidamente el expediente, para que al dar contestación a la demanda, remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con la omisión impugnada, además, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su derecho correspondiese.

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Por escrito recibido el dos de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al contestar la demanda señaló en síntesis, lo siguiente:

I. En el apartado que denominó oportunidad, refirió que la contestación a la demanda fue presentada oportunamente.

II. Por cuanto hace a los antecedentes que refiere el Municipio actor respecto del retraso y omisión en la entrega de las cantidades correspondientes a las participaciones federales a que nos ocupa, indicó que no lo afirma ni lo niega, toda vez que se tratan de hechos que no resultan propios de la administración pública estatal, que inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho.

Afirmó que el Municipio actor pretende ejercitar un derecho que no hizo valer dentro de los plazos legales que prevén los recursos ordinarios, previo a la controversia constitucional, al tratarse de actos que emanan del Sistema de Coordinación Fiscal y de las leyes que lo regulan.

Indicó que la autoridad municipal fue omisa en manifestar el supuesto agravio respecto de la retención u omisión de pago del recurso y/o fondo federal que presuntamente le corresponde en relación con el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por lo que el plazo legal de actuar por medio de la vía legal correspondiente, previsto ya sea en la legislación local o federal ha fenecido, por haber transcurrido más de dos años a la fecha de la presentación de la demanda, lo que se traduce en actos que devienen consentidos.

Señaló que los Fondos de Aportaciones Federales son recursos de índole federal, es decir, ministrados por la Federación para apoyar a las entidades federativas y a los Municipios, sujetos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y demás leyes federales y locales aplicables, por lo que no están sometidos al régimen de libre administración hacendaria, a diferencia de las participaciones federales.

Argumentó que, al advertirse la diferencia entre participaciones federales y Fondos de Aportaciones Federales, pues estas últimas son recursos netamente federales, que al no estar sujetos al régimen de libre administración hacendaria, regulado por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política Federal no se actualiza el supuesto en el que se haya transgredido de manera directa el texto constitucional o la invasión a la esfera de competencias del ente municipal, por lo que si la parte actora pretende ejercer un derecho impugnando la presunta omisión de pago respecto de un fondo federal, debió agotar la vía legal prevista para la solución del conflicto, o el principio de definitividad para impugnar tales actos en este medio de control constitucional y sujetarse además al plazo legal establecido en la ley reglamentaria tratándose de impugnaciones.

Estimó que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, que establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues no se advierten violaciones directas a la Constitución.

Asentó que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los Fondos Federales de Aportaciones están regulados por las Leyes de Coordinación Fiscal Federal y/o disposiciones federales, y que las entidades y Municipios pueden ejercitar los medios de defensa con la finalidad de que los actos que consideren violatorios puedan ser revocados, modificados o nulificados, en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz.

Sostuvo que el Municipio actor no aportó prueba fehaciente de que los recursos federales que reclama estuvieron, o estén efectivamente comprometidos para los fines a los que se destinan en términos del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con el 19 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, puesto que al estar comprendidos en el presupuesto de egresos, resulta un hecho notorio que el ente municipal carece de todo derecho para allegarse de recursos que evidentemente no serán ejercidos, por estar sujetos al principio de anualidad, por haber concluido el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y haberse aprobado recursos federales para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.

Indicó que esta circunstancia actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria, en relación con el 45 del mismo ordenamiento, en virtud de que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que dejen de surtir efectos jurídicos, en tanto que las sentencias dictadas que se pronuncian en este medio de control constitucional no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal.

Estableció que respecto de los recursos que derivan de los Fondos Federales y/o Participaciones Federales se prevé que ya cesaron sus efectos al estar condicionados al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, mismo que ha concluido, en virtud de que el mismo se prevé en el presupuesto de egresos y el cual además está sujeto a una condición de anualidad en términos de los artículos 26, fracción I, inciso a), y 33, fracciones XXVII y XXVIII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz y demás disposiciones legales y aplicables, en virtud de que del escrito de demanda no se advierte que tuvieron y/o tengan ultra-actividad para futuros ejercicios fiscales.

Esgrimió que de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, rige el principio de anualidad, y que, en consecuencia, si la vigencia de éstos es anual y ésta concluyó, no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación y concluir aquella, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez no tiene efectos retroactivos, por lo que procede sobreseer.

Indicó que los actos que el Municipio actor pretende impugnar, se encuentran previstos en el presupuesto de egresos y condicionados al ejercicio fiscal dos mil dieciséis y ante la conclusión del mismo, es inconcuso que el Municipio promovente pretenda, ante la extemporaneidad de su demanda, allegarse de algo que está condicionado a un ejercicio fiscal y que forma parte de la integración de una administración municipal que ya concluyó.

Solicitó también que, en caso de condenar al pago al Poder Ejecutivo del Estado respecto de los recursos a que presuntamente tiene derecho el Municipio actor, al afectar con ello el presupuesto de un ejercicio fiscal vigente que ya no se puede modificar y/o adecuar, este Alto Tribunal fije al menos un plazo razonable a efecto de que el Gobierno de Veracruz pueda presupuestar recursos para el ejercicio fiscal subsecuente y cubrir los pagos.

Precisó que de la lectura del escrito de demanda del promovente, se desprende que el Municipio actor sabía y tenía conocimiento de las fechas y/o calendario de entrega de los recursos a que presuntamente tuvo derecho respecto de lo que prevén las leyes y acuerdos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, ello en virtud de que los mismos fueron dados a conocer por el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de los acuerdos por los cuales se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para los ejercicios fiscales dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, contenidos en los números extraordinarios 064 de fecha trece de febrero de dos mil catorce, 064 de fecha trece de febrero de dos mil quince y 062 de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis.

Afirmó que el Municipio promovente pretendió ajustar la oportunidad de la presentación de su demanda aduciendo que se encuentra reclamando una omisión siendo que de la demanda se desprende que el Municipio actor realmente se encuentra señalando como acto reclamado una omisión derivada de un acto positivo.

Adujo que no es válido pretender sujetar el plazo para presentar la demanda de controversia constitucional a la regla general que rige la impugnación de omisiones, toda vez que la misma no es aplicable cuando las omisiones que se impugnan derivan de un acto positivo que se hizo del conocimiento del actor y no se controvirtió oportunamente.

Argumenta que en la especie, la aludida omisión referida por la parte actora resulta ser en realidad una consecuencia directa de la supuesta retención que el actor refiere de los recursos por parte del Gobierno de Veracruz.

Así, el acto positivo –a juicio del Poder Ejecutivo–, resulta ser la supuesta retención de los recursos según el dicho del actor, mientras que la consecuencia directa la constituye la omisión de hacer entrega de los recursos provenientes de los Fondos Federales y/o Participaciones Federales reclamadas y en ese tenor, la excepción a la regla que establece que cuando se trate de omisiones la oportunidad para su impugnación se actualiza día a día mientras aquéllas subsistan ha quedado actualizada en el presente asunto en la medida que la omisión reclamada deriva de un acto positivo.

De esa forma –indica el Ejecutivo Estatal–, el Municipio actor tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente en que se percató de la supuesta retención de los recursos de origen federal a los que tiene derecho y el no haberlo hecho así, constituye la prescripción del derecho.

Aclaró que aun cuando la administración del Gobierno del Estado de Veracruz niegue, por no ser hechos propios, los actos que reclama el Municipio actor, ello no es obstáculo para que al tratarse de actos, al Municipio promovente le corresponda probarlos y ceñir su impugnación al plazo de treinta días establecido para ello.

Finalmente, solicitó el Ejecutivo a este Tribunal Constitucional, el estudio oficioso de las causales de improcedencia previstas por el artículo 19, último párrafo, de la ley de la materia.

III. En el apartado que denominó, razones o fundamentos jurídicos en relación con el acto reclamado, señaló lo siguiente:

Que el único concepto de invalidez formulado por el Municipio actor resulta inatendible, y que por tanto, el presente medio de control constitucional es improcedente porque el estudio de las causales de improcedencia resulta ser una cuestión de orden público, y en el caso particular, han quedado actualizadas las causales de improcedencia previstas en la ley reglamentaria que fueron expuestas en el apartado anterior.

SÉPTIMO.—Acuerdo de recepción de la contestación de demanda. En proveído de tres de julio de dos mil diecinueve, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda por parte del Poder Ejecutivo de la entidad, (sic) tuvo designando autorizados y delegados y ofreciendo pruebas; de igual forma, instruyó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley hiciera la manifestación que a su representación corresponde, e igualmente a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, señalando las diez horas del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve para tener verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, dejando a disposición del Municipio actor las copias de traslado correspondientes de los anexos presentados por la autoridad demandada.

Asimismo, por escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve, Verónica Hernández Giadáns, en su carácter de directora general Jurídica de la Secretaría de Gobierno, delegada del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, exhibió la documental pública relativo a los pagos realizados al Municipio actor de los fondos de aportaciones que le corresponde respecto del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, reservándose acerca de su desahogo en la audiencia correspondiente en proveído de trece de agosto del mismo año.

OCTAVO.—Audiencia. Agotadas las etapas procesales, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se hizo constar que por escrito presentado el doce de abril de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Verónica Hernández Giadáns, en su carácter de directora general Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, formuló alegatos; asimismo, con escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por el delegado del Ayuntamiento de Villa Aldama, Estado de Veracruz, donde expresó sus alegatos; poniéndose el expediente en estado de resolución.

NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó el envío del expediente a la Primera Sala el tres de octubre de dos mil diecinueve. La Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto mediante auto de ocho de octubre del mismo año dictado por el presidente de la Sala, quien ordenó registrar el ingreso del asunto y determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controve

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29411-97a51bab/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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