I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ESPINAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ESPINAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ESPINAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE DEDUCE QUE LA DEMANDA FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, AL HABERSE RECLAMADO UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS AL MUNICIPIO DE ESPINAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS AL MUNICIPIO DE ESPINAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS AL MUNICIPIO DE ESPINAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS AL MUNICIPIO DE ESPINAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XI. OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE ESPINAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS AL MUNICIPIO DE ESPINAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ESPINAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE L
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 264/2019. MUNICIPIO DE ESPINAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Segura Grayeb y León Humberto Pérez Candanedo, en su carácter de síndica municipal y presidente municipal del Municipio de Espinal, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respectivamente, promovieron controversia constitucional en la que solicitaron la invalidez de los actos emitidos por la autoridad siguiente:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
El Municipio actor señaló, bajo protesta de decir verdad, que desconocía la existencia de terceros interesados.
Actos cuya invalidez se demanda:
"1) Del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que haya emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Espinal, Veracruz, por el concepto de Ramo General 23 y 33, y en lo particular a:
"• Omisión en la entrega de las aportaciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del año 2016, por el total de $10'386,382.00 (diez millones trescientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).
"• Omisión en la entrega de las aportaciones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: Regiones Terrestres, por un monto de $715,833.30 (setecientos quince mil ochocientos treinta y tres pesos 30/100 M.N.), de los cuales $105,503.00 corresponden al mes de diciembre de 2015 y la diferencia al ejercicio fiscal de 2016.
"• La ilegal e indebida retención de los recursos correspondientes a remanentes del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago número F/998, en el que se constituyó un fideicomiso en el que mi representado funge como fideicomitente municipal por un monto de $254,155.38 (doscientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.).
"Se reclama también la omisión de pago de los intereses por el retraso injustificado en el pago del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del año 2016 y del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: Regiones Terrestres 2015 y 2016 y de los remanentes del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago número F/998, pago que deberá hacer a mi representado, hasta que se realice el pago total de dichas aportaciones y participaciones.
"2) Se reclama del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la omisión en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como a lo dispuesto en el numeral sexto, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que ha sido omiso en entregar las aportaciones y participaciones federales que le corresponden al Municipio de Espinal por el concepto de Ramo General 33, y en lo particular a:
"• Omisión en la entrega de las aportaciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del año 2016, por el total de $10'386,382.00 (diez millones trescientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).
"• Omisión en la entrega de las aportaciones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: Regiones Terrestres, por un monto de $715,833.30 (setecientos quince mil ochocientos treinta y tres pesos 30/100 M.N.), de los cuales $105,503.00 (ciento cinco mil quinientos tres pesos 99/100 M.N.) corresponden al mes de diciembre de 2015 y la diferencia al ejercicio fiscal de 2016.
"• La ilegal e indebida retención de los recursos correspondientes a remanentes del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago número F/998, en el que se constituyó un fideicomiso en el que mi representado funge como fideicomitente municipal por un monto de $254,155.38 (dos cientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.).
"3) Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del Fondo por el concepto de Ramo General 23 y 33, y en lo particular a:
"• Omisión en la entrega de las aportaciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del año 2016, por el total de $10'386,382.00 (diez millones trescientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).
"• Omisión en la entrega de las aportaciones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: Regiones Terrestres, por un monto de $715,833.30 (setecientos quince mil ochocientos treinta y tres pesos 30/100 M.N.), de los cuales $105,503.00 (ciento cinco mil quinientos tres pesos 00/100 M. N.) corresponden al mes de diciembre de 2015 y la diferencia al ejercicio fiscal de 2016.
"• La ilegal e indebida retención de los recursos correspondientes a remanentes del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago número F/998, en el que se constituyó un fideicomiso en el que mi representado funge como fideicomitente municipal por un monto de $254,155.38 (doscientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.).
"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y en el caso de los recursos correspondientes al Fideicomiso F/998, le fueron transferidos por la institución bancaria fiduciaria; sin embargo, al día de la presentación de la demanda, hay omisión por parte del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave de entregar tales recursos al Municipio actor.
"Así como también se le condene al pago de intereses a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones vigentes al momento en que se dicte la resolución respectiva, por el retraso injustificado de entregarlas a mi representada."
SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes antecedentes:
• El Municipio de Espinal, conforme a lo previsto en los artículos 3o. y 68 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, es parte integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz, sin más límites que los señalados expresamente en las leyes aplicables, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 115, primer párrafo y fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Que en el Diario Oficial de la Federación del día 27 de diciembre del año 1967, se publicó la Ley de Coordinación Fiscal.
• El 2 de enero de 1979, la Federación y el Estado de Veracruz celebraron Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus Anexos, con lo cual, el Estado adquiría el compromiso de no mantener vigente, ni crear impuestos estatales o municipales que contravinieran los límites señalados en las diversas leyes de carácter federal y la Federación adquirió la obligación de beneficiar al Estado de Veracruz y a sus Municipios con la entrega de las participaciones que les corresponden, por lo que refirió tener derecho a recibir participaciones federales por medio de la entidad, en los términos establecidos por el artículo 115, fracción IV, inciso c).
• Refirió que el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone que las participaciones federales serán cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado.
• Refirió que, contrario a lo dispuesto por los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y Establece las bases, montos y plazos a que se sujetarán las participaciones federales, si bien el Gobierno del Estado de Veracruz recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera oportuna las aportaciones federales de manera puntal y conforme al calendario que ésta publica cada año en el Diario Oficial de la Federación, omitió entregarle las participaciones federales demandadas, con sus respectivos intereses.
• Por cuanto hace a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que aquéllas se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidad con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a los previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
• El "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), para el ejercicio de 2016", publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 29 de enero de 2016, establecía que al Municipio actor le correspondía la cantidad de $34'621,271.00 (treinta y cuatro millones seiscientos veintiún mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), el cual sería entregado en forma mensual los primeros diez meses del año. Sin embargo, el Gobierno del Estado ha sido omiso en entregar las cantidades correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre que hacen un total de $10'386,382.00 (diez millones trescientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), aun cuando se realizaron las gestiones necesarias ante el secretario de Finanzas y Planeación tanto por la administración pasada como por la actual, atentando así contra el patrimonio del Municipio.
• Lo anterior se corrobora con los oficios SSE/1370/2016, SSE/1542/2016 y SSE/1748/2016, signados por Jorge Jaramillo Méndez, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, mediante los cuales se informó el monto que le correspondía al Municipio por cada uno de los meses antes referidos sin que a la fecha hayan sido depositados.
• Por cuanto hace al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y en términos del artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, debe precisarse que dicho fondo se integra con los impuestos que se causan por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos y cuyo destino debe destinarse a la inversión en infraestructura para resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico causados por tal actividad que corresponden según el caso a la entidad y al Municipio.
• El impuesto citado se ubica en el supuesto del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal que excluye dicha contribución de la recaudación federal participable y, por consiguiente, del Fondo General de Participaciones.
• Al respecto, según datos reportados por el gobierno de la entidad en la cuenta pública de dos mil dieciséis, las aportaciones asignadas al Municipio actor por ese concepto fueron por $1'127,513.00 (un millón ciento veintisiete mil quinientos trece pesos 00/100 M.N.), de los cuales sólo se recibieron $306,785.70 (trescientos seis mil setecientos ochenta y cinco pesos 70/100 M.N). Por lo que ha sido omiso en entregar las aportaciones correspondientes a los meses de diciembre de dos mil quince y de enero y febrero de dos mil dieciséis, pese a que le fueron depositados en su momento.
• Respecto del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago número F/998, debe apuntarse que éste se constituyó con relación a los ingresos municipales del impuesto sobre la tenencia de vehículos en favor del actor el cinco de diciembre de dos mil ocho. En ese fideicomiso se estipuló que a más tardar el último día hábil de cada mes el fiduciario transferiría las cantidades remanentes depositadas en la cuenta del fondo de remanentes a la entidad, acompañado del informe en el que se establezca la cantidad que corresponde a cada Municipio.
• Mediante convenio modificatorio de veintitrés de junio de dos mil trece, se acordó que el fiduciario podía entregar las cantidades remanentes de forma semestral en cada fecha de pago y autorizaba la desactivación del evento preventivo, liberando los remanentes restantes a los fideicomitentes municipales.
• En cumplimiento de lo anterior la institución fiduciaria realizó una transferencia electrónica a la cuenta del Gobierno del Estado el uno de septiembre de dos mil dieciséis, de lo cual correspondían $254,155.38 (doscientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.), al Municipio actor y que a la fecha no ha sido entregado causando una afectación a la hacienda municipal, pese a las gestiones al efecto realizadas.
• De esa manera, al Municipio se le adeudan en total $11'356,370.68 (once millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos setenta pesos 68/100 M.N.), que pese a haber sido depositados hace meses al Ejecutivo demandado, no han sido entregados al Municipio actor.
TERCERO.—Conceptos de invalidez.
• La autoridad demandada, al omitir de forma absoluta la entrega de los fondos federales señalados, viola el principio de integridad de los recursos municipales y la libertad de administración hacendaria, provocando, además, el pago de interés a favor del Municipio actor.
• El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal prohíbe que los recursos (en el caso, las participaciones) estén afectos a intereses ajenos o sujetos a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas o por compensaciones, en los términos de las condiciones establecidos en el propio ordenamiento federal; sin embargo, tales hipótesis no se actualizan en el presente caso.
• No existe por parte del Municipio alguna manifestación de voluntad o consentimiento para que las autoridades estatales omitan la entrega de los fondos, tampoco ningún acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio, en el que se comprometan los recursos que le corresponden de los fondos para el pago de las obligaciones.
• La Federación, al transferir a los Municipios este tipo de recursos, debe garantizar a los Municipios su recepción puntual y efectiva, toda vez que para poder programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos éstos deben tener plena certeza acerca de los recursos de que disponen, de lo contrario se privaría de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Además, al no recibir los recursos previamente destinados se transgrede el principio de autonomía financiera.
• En ese sentido, la entrega extemporánea de tales recursos genera intereses, conforme a la tesis «P./J. 46/2004», de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."
• Conforme al artículo 115 constitucional, la intervención de las entidades federativas en estos casos debe limitarse a la simple mediación administrativa; en el caso, de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, de control y de supervisión en su manejo, pero de disposición, suspensión o retención.
• Así, el Gobierno de Veracruz no tiene facultades para retener el entero de los fondos correspondientes al Ramo 33, por ende, esta omisión de entregarlos de manera puntual y seguir reteniéndoles transgrede los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales y, además, violenta el Sistema Federal de Coordinación Fiscal.
• Asimismo, se viola el principio de reserva de fuentes de ingresos a los Municipios, el cual asegura a éstos, a nivel constitucional, que tendrán asegurados los recursos necesarios para atender al cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.
• Adicionalmente, esta omisión ha sido motivo de observación por parte de los distintos entes fiscalizadores, sin embargo, a la fecha, no ha entregado los recursos que motivan la presente controversia, no contando con ningún documento que acredite que ya ha realizado los pagos que se demandan.
• La omisión de entregar los recursos relativos al Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago, actualiza una violación a los principios de integridad y ejercicio directo de los recursos públicos, pues sus remanentes son parte de la hacienda municipal (el fideicomiso afectó participaciones del Municipio sobre lo que fue un impuesto federal) en términos del artículo 115 constitucional.
CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16, 17, 20, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Trámite de la controversia. En proveído de quince de julio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 264/2019, y ordenó que se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.
Mediante diverso proveído de dos de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda únicamente por cuanto hace al síndico municipal, pues es quien tiene la representación legal del Municipio, en términos del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y se ordenó emplazar para que formulara su contestación; asimismo, se ordenó dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República para que manifestaran lo que a su derecho correspondiese.
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Por escrito depositado en el Servicio Postal Mexicano el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve y recibido el veintisiete siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dio contestación a la demanda.
En proveído de uno de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor tuvo por recibida la contestación de mérito, en el que, además, tuvo al Poder Ejecutivo de la entidad designando domicilio y delegados, ofreciendo pruebas y dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de dos de agosto del año en curso, al exhibir copia certificada de las documentales relacionadas con la omisión impugnada en la presente controversia; de igual forma, instruyó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, hiciera la manifestación que a su representación corresponde, e igualmente a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, señalando las diez horas del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve para la audiencia de pruebas y alegatos, dejando a disposición del Municipio actor las copias de traslado correspondientes.
La autoridad demandada, Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, manifestó en su contestación, sucintamente, lo siguiente:
I. En el apartado que denominó oportunidad, refirió que la contestación a la demanda fue presentada oportunamente.
II. Por cuanto hace a los antecedentes que refiere el Municipio actor respecto del retraso y omisión en la entrega de las cantidades correspondientes a las participaciones federales que nos ocupa, indicó que no lo afirma ni lo niega, toda vez que se tratan de hechos que no resultan propios de la administración pública estatal, que inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho.
Afirmó que el Municipio actor pretende ejercitar un derecho que no hizo valer dentro de los plazos legales que prevén los recursos ordinarios, previo a la controversia constitucional, al tratarse de actos que emanan del Sistema de Coordinación Fiscal y de las leyes que lo regulan.
Indicó que la autoridad municipal fue omisa en manifestar el supuesto agravio respecto de la retención u omisión de pago del recurso y/o fondo federal que presuntamente le corresponde en relación con el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por lo que el plazo legal de actuar por medio de la vía legal correspondiente, previsto ya sea en la legislación local o federal, ha fenecido, por haber transcurrido más de dos años a la fecha de la presentación de la demanda, lo que se traduce en actos que devienen consentidos.
Señaló que los fondos de aportaciones federales son recursos de índole federal, es decir, ministrados por la Federación para apoyar a las entidades federativas y a los Municipios, sujetos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y demás leyes federales y locales aplicables, por lo que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria, a diferencia de las participaciones federales.
Argumentó que, al advertirse la diferencia entre participaciones federales y fondos de aportaciones federales, ya que estas últimas son recursos netamente federales, que al no estar sujetos al régimen de libre administración hacendaria, regulado por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política Federal, no se actualiza el supuesto en el que se haya transgredido de manera directa el Texto Constitucional o la invasión a la esfera de competencias del ente municipal, por lo que si pretende ejercer un derecho impugnando la presunta omisión de pago respecto de un fondo federal, debió agotar la vía legal prevista para la solución del conflicto, o el principio de definitividad para impugnar tales actos en este medio de control constitucional y sujetarse, además, al plazo legal establecido en la ley reglamentaria tratándose de impugnaciones.
Estimó que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, que establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues no se advierten violaciones directas a la Constitución.
Asentó que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los Fondos Federales de Aportaciones están regulados por las Leyes de Coordinación Fiscal Federal y/o disposiciones federales, y que las entidades y Municipios pueden ejercitar los medios de defensa con la finalidad de que los actos que consideren violatorios puedan ser revocados, modificados o nulificados, en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz.
Por cuanto hace al reclamo relativo al fideicomiso, señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley de la materia, en relación con los artículos 105, fracción I, inciso i) y 115 constitucionales, toda vez que los recursos que integran tal fideicomiso no están tutelados por el principio de integridad de los recursos municipales dado que su origen no es federal sino estatal, al corresponder al impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos en el Estado.
Señaló también que aun cuando pudiera considerarse que los recursos de mérito tienen un origen federal, lo cierto es que, conforme al principio de integridad de los recursos, el Municipio dispuso de aquéllos a través del fideicomiso multicitado, al acordar, en términos de las cláusulas segunda, quinta y décimo primera del contrato relativo, que éste se integraría con los recursos del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos que correspondía tanto al Estado como a los Municipios, además de que éstos sólo podrían afectar el fideicomiso por un monto equivalente al 1.4297%.
Abundó que, en esas circunstancias, la omisión de entrega de tales recursos no podía reclamarse vía constitucional, puesto que aun cuando pudieran provenir de una fuente federal, el Ayuntamiento había expresado su consentimiento para participar en el esquema de inversión multirreferido, por lo que no existía transgresión al libre ejercicio de los recursos federales pues, se insiste, ése no es su origen, por lo que, en todo caso, su naturaleza atañe a un acuerdo de voluntades, por lo que también se justifica que en el cuerpo del convenio no existan fechas específicas de pago o un eventual pago de intereses, pues se trata de un producto derivado de una operación bursátil.
Por otro lado, sostuvo que el Municipio actor no aportó prueba fehaciente de que los recursos federales que reclama estuvieron o estén efectivamente comprometidos para los fines a los que se destinan en términos del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con el 19 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, puesto que, al estar comprendidos en el presupuesto de egresos, resulta un hecho notorio que el ente municipal carece de todo derecho para allegarse de recursos que evidentemente no serán ejercidos, por estar sujetos al principio de anualidad, por haber concluido el ejercicio fiscal 2016 y haberse aprobado recursos federales para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.
Indicó que esta circunstancia actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria, en relación con el 45 del mismo ordenamiento, en virtud de que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que dejen de surtir efectos jurídicos, en tanto que las sentencias dictadas que se pronuncian en este medio de control constitucional no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal.
Estableció que respecto de los recursos que derivan de los fondos federales y/o participaciones federales se prevé que ya cesaron sus efectos, al estar condicionados al ejercicio fiscal 2016, mismo que ha concluido, en virtud de que el mismo se prevé en el presupuesto de egresos y el cual, además, está sujeto a una condición de anualidad, en términos de los artículos 26, fracción I, inciso a) y 33, fracciones XXVII y XXVIII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz y demás disposiciones legales y aplicables, en virtud de que del escrito de demanda no se advierte que tuvieron y/o tengan ultra-actividad para futuros ejercicios fiscales.
Esgrimió que de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, rige el principio de anualidad, y que, en consecuencia, si la vigencia de éstos es anual y ésta concluyó, no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez no tiene efectos retroactivos, por lo que procede sobreseer.
Indicó que los actos que el Municipio actor pretende impugnar se encuentran previstos en el presupuesto de egresos y condicionados al ejercicio fiscal 2016 y ante la conclusión del mismo, es inconcuso que el Municipio promovente pretenda, ante la extemporaneidad de su demanda, allegarse de algo que está condicionado a un ejercicio fiscal y que forma parte de la integración de una administración municipal que ya concluyó.
Solicitó también que, en caso de condenar al pago al Poder Ejecutivo del Estado respecto de los recursos a que presuntamente tiene derecho el Municipio actor, al afectar con ello el presupuesto de un ejercicio fiscal vigente que ya no se puede modificar y/o adecuar, este Alto Tribunal fije, al menos, un plazo razonable a efecto de que el Gobierno de Veracruz pueda presupuestar recursos para el ejercicio fiscal subsecuente y cubrir con base en ello los pagos.
Precisó que de la lectura del escrito de demanda del promovente se desprende que el Municipio actor sabía y tenía conocimiento de las fechas y/o calendario de entrega de los recursos a que presuntamente tuvo derecho respecto de lo que prevén las leyes y acuerdos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, ello en virtud de que los mismos fueron dados a conocer por el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de los acuerdos por los cuales se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para los ejercicios fiscales dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, contenidos en los números extraordinarios 064 de fecha trec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29384-9ec5c4c7/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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