I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS [OMISIÓN DE PAGO DE LAS APORTACIONES FEDERALES POR CONCEPTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) POR EL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE CALCAHUALCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS [OMISIÓN DE PAGO DE LAS APORTACIONES FEDERALES POR CONCEPTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE CALCAHUALCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CALCAHUALCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CALCAHUALCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CALCAHUALCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE LA DEMANDA FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, AL HABERSE RECLAMADO UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE CALCAHUALCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE CALCAHUALCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE CALCAHUALCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE CALCAHUALCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XIII. OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERAL
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 152/2019. MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTE JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCA. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Rosas García, en su carácter de síndico único del Municipio de Calcahualco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de los actos emitidos por las autoridades siguientes:
Entidad, poder u órganos demandados:
• Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El Municipio actor manifestó el desconocimiento de la existencia de algún tercero interesado.
Actos cuya invalidez se demanda:
1) De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de:
a. La entrega retrasada de las Aportaciones Federales del Fondo de Infraestructura Social Municipal que le corresponden al Municipio actor, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
b. La omisión de la parte demandada de regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor en los términos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y establece las bases, montos y plazos a los que se sujetarán las participaciones federales.
c. La omisión de las demandadas de resarcir económicamente a la parte actora, con motivo del retraso de la entrega de las participaciones federales comprendidas a partir de enero de dos mil cinco a la fecha de presentación de la demanda, conforme a lo previsto en los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal; y 10, de la Ley Número 251, por concepto de pago de intereses correspondientes.
SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes antecedentes:
El Municipio actor explicó que es parte integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz.
Señaló que el veintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto es armonizar el ejercicio de la potestad tributaria entre los órganos legislativos de los distintos órdenes de gobierno a fin de evitar la doble o triple tributación y que, en consecuencia, en algunos casos se otorga a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios, con base en un fondo general y fondos específicos, participación en la recaudación de los gravámenes de carácter federal, ya sea en forma global o condicionada, esto último, en los casos donde la respectiva participación debe destinarse al financiamiento de determinadas actividades estatales o municipales.
Refirió que el dos de enero de mil novecientos setenta y nueve, la Federación y el Estado de Veracruz, celebraron Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus Anexos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, con lo cual el Estado adquirió el compromiso de no mantener vigente, ni crear impuestos estatales o municipales que contravinieran los límites señalados en las diversas leyes de carácter federal, es decir el Congreso Local no aprobaría y derogaría las leyes locales que preveían impuestos contemplados en las diversas leyes federales, adquiriendo la Federación, por su parte, la obligación de beneficiar al Estado de Veracruz y a sus Municipios con la entrega de las participaciones que le corresponden.
Por lo anterior, adujo el Municipio actor que tiene derecho a recibir las participaciones que la Federación le envía por conducto del Estado de Veracruz; sin embargo, relató que desde el año de dos mil cinco, el Gobierno del Estado de Veracruz ha incurrido en un retraso sistemático en la entrega de participaciones, sin que se efectúe el correspondiente pago de intereses devengados con motivo del retraso, en términos de los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y establece las bases, montos y plazos a los que se sujetarán las participaciones federales.
En ese sentido, el Municipio actor señala que en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, fueron publicados en su número extraordinario 042 los acuerdos del Poder Ejecutivo que a continuación se mencionan:
a) Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, con un total de $6'521,702.00 (seis millones quinientos veintiún mil setecientos dos pesos 00/100 M.N.), detallándose los días para el pago correspondiente.
b) Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, con un total de $22'566,074.00 (veintidós millones quinientos sesenta y seis mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), especificándose por otro lado, las fechas de pago.
El Municipio actor indica que pese a llamados, requerimientos y solicitudes al Gobierno del Estado de Veracruz, ha incumplido sistemáticamente con los calendarios y hasta la fecha está pendiente el pago de tres meses del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), FISMDF.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. Afirma el Municipio actor que la autoridad demandada vulnera el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal que consagra el régimen de libre administración hacendaria, así como el principio de integridad de sus recursos económicos, lo anterior, porque la demandada no ha realizado la entrega puntual de las participaciones federales que le corresponden, es decir, sistemáticamente ha pagado de forma retrasada, sin que se haya regularizado el pago dentro de los tiempos determinados en la ley; además, ha omitido pagar los intereses generados por el retardo en el que ha incurrido.
Asegura que las participaciones federales que forman parte de las haciendas municipales, en términos del artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, están previstas en el ramo 28 del presupuesto de egresos federal y reguladas en los capítulos I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establece que dichas participaciones serán administradas libremente por el Municipio, una vez que las Legislaturas Locales hayan determinado las bases, montos y plazos para ello; en el caso concreto, la falta de pago por concepto de las aportaciones antes mencionadas, el Municipio actor se ha encontrado imposibilitado para destinar esos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto, de acuerdo con la normatividad aplicable y en armonía con las necesidades colectivas, causándole así, un perjuicio al Municipio.
En ese sentido, indica el promovente que, la demandada al retrasar el pago de las participaciones por los motivos que fueren, se vulneró lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y el principio de autonomía financiera que el artículo 115 constitucional prevé; de la misma forma que lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV y último párrafo del precepto citado, al establecer las garantías de la Federación y las entidades federativas, subrayando que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos de forma directa por los Ayuntamientos.
De lo anterior, señala el Municipio actor, que de acuerdo con el artículo 115 constitucional garantiza a los Municipios la recepción puntual y efectiva de los recursos que la Federación transfiere a aquéllos con la mediación administrativa por parte de los Estados, pues es facultad exclusiva de los Municipios el programar y aprobar el presupuesto de egresos, debiendo tener plena certeza acerca de los recursos que disponen.
Afirma el promovente que, no existe justificación para que la autoridad demandada haya incurrido en atrasos de las participaciones federales que le corresponde al Municipio, ya que como se mencionó anteriormente, constitucionalmente se garantiza el cumplimiento efectivo por el principio de integridad de los recursos económicos municipales, habiendo cumplido la entidad federativa con la obligación de transferir dichos recursos hasta en tanto el Municipio haya recibido a valor real las participaciones federales correspondientes, incluyendo el pago de los intereses por falta de pago oportuno.
Indica el Municipio actor, que el presente asunto no se relaciona con alguno de los casos en lo que excepcionalmente la ley permita la retención de las participaciones, de modo que resulta incuestionable que la suspensión de la entrega de recursos federales vulnera los principios de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Federal.
Arguye el promovente que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, sólo cumplen una labor de mediación administrativa con las participaciones, esto es, recibir de la Federación y entregarlo en forma íntegra a los Municipios; lo que en el caso concreto no ha acontecido, ya sea porque se ha realizado la entrega de forma extemporánea o se ha omitido realizarla, lo que constituye una retención que corresponde una sanción de pago de intereses, al haber sido privado el Municipio actor de la base material y económica necesaria para cumplir con sus obligaciones.
CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Trámite de la controversia. En proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 152/2019, y ordenó se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.
Mediante diverso proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor, previno al Municipio actor a fin de determinar los fondos, meses y los montos específicos que reclama, ordenando remitir copia certificada de las documentales de las que se adviertan los pagos realizados por el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por escrito presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve, Juan Rosas García, en su carácter de síndico único del Municipio actor, desahogó en tiempo y forma la prevención realizada por este Alto Tribunal, por lo que en proveído de diez de abril de dos mil diecinueve, se le tuvo por precisados como actos la omisión de los meses de mayo, noviembre y diciembre de dos mil dieciséis por concepto de pago del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).
Derivado de lo anterior, se admitió a trámite la demanda; se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no así a la Secretaría de Finanzas y Planeación de la misma entidad federativa por ser un ente subordinado al referido poder; se ordenó emplazar al poder demandado para que formulara su contestación en el término correspondiente, requiriéndole que en dicha contestación remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con la omisión impugnada; y ordenó dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República para que manifestaran lo que a su derecho correspondiese.
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Por escrito recibido el dieciocho de junio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al contestar la demanda señaló en síntesis, lo siguiente:
I. En el apartado que denominó oportunidad, refirió que la contestación a la demanda fue presentada oportunamente.
II. Por cuanto hace a los hechos que refiere el Municipio actor respecto del retraso y omisión en la entrega de las cantidades correspondientes a las participaciones federales a que nos ocupa, indicó que no lo afirma ni lo niega, toda vez que se tratan de hechos que no resultan propios de la administración pública estatal, que inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho.
Afirmó que el Municipio actor pretende ejercitar un derecho que no hizo valer dentro de los plazos legales que prevén los recursos ordinarios, previo a la controversia constitucional, al tratarse de actos que emanan del Sistema de Coordinación Fiscal y de las leyes que lo regulan.
Indicó que la autoridad municipal fue omisa en manifestar el supuesto agravio respecto de la retención u omisión de pago del recurso y/o fondo federal que presuntamente le corresponde en relación con el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por lo que el plazo legal de actuar por medio de la vía legal correspondiente, previsto ya sea en la legislación local o federal ha fenecido, por haber transcurrido más de dos años a la fecha de la presentación de la demanda, lo que se traduce en actos que devienen consentidos.
Señaló que los Fondos de Aportaciones Federales son recursos de índole federal, es decir, ministrados por la Federación para apoyar a las entidades federativas y a los Municipios, sujetos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y demás leyes federales y locales aplicables, por lo que no están sometidos al régimen de libre administración hacendaria, a diferencia de las participaciones federales.
Argumentó que, al advertirse la diferencia entre participaciones federales y Fondos de Aportaciones Federales, pues estas últimas son recursos netamente federales, que al no estar sujetos al régimen de libre administración hacendaria, regulado por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política Federal no se actualiza el supuesto en el que se haya transgredido de manera directa el texto constitucional o la invasión a la esfera de competencias del ente municipal, por lo que si la parte actora pretende ejercer un derecho impugnando la presunta omisión de pago respecto de un fondo federal, debió agotar la vía legal prevista para la solución del conflicto, o el principio de definitividad para impugnar tales actos en este medio de control constitucional y sujetarse además al plazo legal establecido en la ley reglamentaria tratándose de impugnaciones.
Estimó que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, que establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues no se advierten violaciones directas a la Constitución.
Asentó que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los Fondos Federales de Aportaciones están regulados por las Leyes de Coordinación Fiscal Federal y/o disposiciones federales, y que las entidades y Municipios pueden ejercitar los medios de defensa con la finalidad de que los actos que consideren violatorios puedan ser revocados, modificados o nulificados, en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz.
Sostuvo que el Municipio actor no aportó prueba fehaciente de que los recursos federales que reclama estuvieron, o estén efectivamente comprometidos para los fines a los que se destinan en términos del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con el 19 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, puesto que al estar comprendidos en el presupuesto de egresos, resulta un hecho notorio que el ente municipal carece de todo derecho para allegarse de recursos que evidentemente no serán ejercidos, por estar sujetos al principio de anualidad, por haber concluido el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y haberse aprobado recursos federales para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.
Indicó que esta circunstancia actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria, en relación con el 45 del mismo ordenamiento, en virtud de que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que dejen de surtir efectos jurídicos, en tanto que las sentencias dictadas que se pronuncian en este medio de control constitucional no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal.
Estableció que respecto de los recursos que derivan de los Fondos Federales y/o Participaciones Federales se prevé que ya cesaron sus efectos al estar condicionados al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, mismo que ha concluido, en virtud de que el mismo se prevé en el presupuesto de egresos y el cual además está sujeto a una condición de anualidad en términos de los artículos 26, fracción I, inciso a), y 33, fracciones XXVII y XXVIII de la Constitución Política del Estado de Veracruz y demás disposiciones legales y aplicables, en virtud de que del escrito de demanda no se advierte que tuvieron y/o tengan ultra-actividad para futuros ejercicios fiscales.
Esgrimió que de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, rige el principio de anualidad, y que, en consecuencia, si la vigencia de éstos es anual y ésta concluyó, no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación y concluir aquella, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez no tiene efectos retroactivos, por lo que procede sobreseer.
Indicó que los actos que el Municipio actor pretende impugnar, se encuentran previstos en el presupuesto de egresos y condicionados al ejercicio fiscal dos mil dieciséis y ante la conclusión del mismo, es inconcuso que el Municipio promovente pretenda, ante la extemporaneidad de su demanda, allegarse de algo que está condicionado a un ejercicio fiscal y que forma parte de la integración de una administración municipal que ya concluyó. Solicitó también que, en caso de condenar al pago al Poder Ejecutivo del Estado respecto de los recursos a que presuntamente tiene derecho el Municipio actor, al afectar con ello el presupuesto de un ejercicio fiscal vigente que ya no se puede modificar y/o adecuar, este Alto Tribunal fije al menos un plazo razonable a efecto de que el Gobierno de Veracruz pueda presupuestar recursos para el ejercicio fiscal subsecuente y cubrir los pagos.
Precisó que de la lectura del escrito de demanda del promovente, se desprende que el Municipio actor sabía y tenía conocimiento de las fechas y/o calendario de entrega de los recursos a que presuntamente tuvo derecho respecto de lo que prevén las leyes y acuerdos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, ello en virtud de que los mismos fueron dados a conocer por el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de los acuerdos por los cuales se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para los ejercicios fiscales dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, contenidos en los números extraordinarios 064 de fecha trece de febrero de dos mil catorce, 064 de fecha trece de febrero de dos mil quince y 062 de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis.
Afirmó que el Municipio promovente pretendió ajustar la oportunidad de la presentación de su demanda aduciendo que se encuentra reclamando una omisión siendo que de la demanda se desprende que el Municipio actor realmente se encuentra señalando como acto reclamado una omisión derivada de un acto positivo.
Adujo que no es válido pretender sujetar el plazo para presentar la demanda de controversia constitucional a la regla general que rige la impugnación de omisiones, toda vez que la misma no es aplicable cuando las omisiones que se impugnan derivan de un acto positivo que se hizo del conocimiento del actor y no se controvirtió oportunamente.
Argumenta que en la especie, la aludida omisión referida por la parte actora resulta ser en realidad una consecuencia directa de la supuesta retención que el actor refiere de los recursos por parte del Gobierno de Veracruz.
Así, el acto positivo –a juicio del Poder Ejecutivo–, resulta ser la supuesta retención de los recursos según el dicho del actor, mientras que la consecuencia directa la constituye la omisión de hacer entrega de los recursos provenientes de los Fondos Federales y/o Participaciones Federales reclamadas y en ese tenor, la excepción a la regla que establece que cuando se trate de omisiones la oportunidad para su impugnación se actualiza día a día mientras aquéllas subsistan ha quedado actualizada en el presente asunto en la medida que la omisión reclamada deriva de un acto positivo.
De esa forma –indica el Ejecutivo Estatal–, el Municipio actor tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente en que se percató de la supuesta retención de los recursos de origen federal a los que tiene derecho y el no haberlo hecho así, constituye la prescripción del derecho.
Aclaró que aun cuando la administración del Gobierno del Estado de Veracruz niegue, por no ser hechos propios, los actos que reclama el Municipio actor, ello no es obstáculo para que al tratarse de actos, al Municipio promovente le corresponda probarlos y ceñir su impugnación al plazo de treinta días establecido para ello.
Finalmente, solicitó el Ejecutivo a este Tribunal Constitucional, el estudio oficioso de las causales de improcedencia previstas por el artículo 19, último párrafo, de la ley de la materia.
III. En el apartado que denominó, razones o fundamentos jurídicos en relación con el acto reclamado, señaló lo siguiente:
Que el único concepto de invalidez formulado por el Municipio actor resulta inatendible, y que, por tanto, el presente medio de control constitucional es improcedente porque el estudio de las causales de improcedencia resulta ser una cuestión de orden público, y en el caso particular, han quedado actualizadas las causales de improcedencia previstas en la ley reglamentaria que fueron expuestas en el apartado anterior; y en caso de existir derecho a favor del Municipio actor, será únicamente respecto de las cantidades que efectivamente le correspondan, es decir, que no hayan sido entregadas o transferidas, lo cual se acredita con las pruebas que en la contestación ofreció el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SÉPTIMO.—Acuerdo de recepción de la contestación de demanda. En proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el Ministro Instructor tuvo por contestada la demanda por parte del Poder Ejecutivo de la entidad, designando autorizados y delegados y ofreciendo pruebas, señaló que la parte demandada dio cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de diez de abril del año en curso, al exhibir copia certificada de las documentales relacionadas con la omisión impugnada en la presente controversia; de igual forma, instruyó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley hiciera la manifestación que a su representación corresponde, e igualmente a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, señalando las diez horas del dos de septiembre de dos mil diecinueve para tener verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, dejando a disposición del Municipio actor las copias de traslado correspondientes de los anexos presentados por la autoridad demandada.
Asimismo, por escrito presentado el once de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Verónica Hernández Giadáns, en su carácter de directora general jurídica de la Secretaría de Gobierno, delegada del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y en seguimiento a la contestación de la demanda, exhibió la prueba documental consistente en el oficio TES-VER/2956/2019 de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, signado por la tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de la entidad federativa mencionada, y el cual fue acordado en proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, en la que se tuvo por ofrecida y relacionada en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
OCTAVO.—Audiencia. Agotadas las etapas procesales, el dos de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se hizo constar que a esta audiencia no se presentaron las partes ni formularon alegatos; poniéndose el expediente en estado de resolución.
NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó el envío del expediente a la Primera Sala el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. La Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto mediante auto de treinta de octubre del mismo año dictado por el presidente de la Sala, quien ordenó registrar el ingreso del asunto y determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Precisión de los actos reclamados y su certeza. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) esta Primera Sala procede a fijar los actos objeto de la controversia y la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados.
Del estudio integral de la demanda, en relación con sus anexos, se desprenden como actos impugnados, en abstracción de los calificativos que sobre su constitucionalidad realiza la demandante, los siguientes:
• La omisión de entrega de las aportaciones federales Ramo 33, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por el concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (ahora Ciudad de México).
• El pago de intereses derivado de la omisión de pago del respectivo Fondo.
De las constancias que corren agregadas en autos se desprende que los actos impugnados son parcialmente ciertos, tal y como se expondrá en el apartado correspondiente de la presente ejecutoria.
No pasa inadvertido que el Municipio actor se refiriera al monto por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); sin embargo, no señaló que existiera una omisión de su pago, ni tampoco al desahogar la prevención, hizo referencia que existiera sobre éste un adeudo.
En relación con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29412-6b64fab9/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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