Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN) AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). X. OMISIÓN DE PAGO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO F-988. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 156/2017. · Registro digital (IUS): 28952
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-16
Promovente: MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Pág. 2147.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 156/2017. MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 20 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTANÓN RAMÍREZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Galdino Diego Pérez, en su carácter de síndico único y representante legal del Ayuntamiento de Papantla de Olarte, Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en contra de la autoridad y actos siguientes:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Norma general o acto cuya invalidez se demanda:

a) La retención de los recursos federales correspondientes a las ministraciones de los meses de agosto, septiembre y octubre del dos mil dieciséis, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por un monto de $46,695,144.00 (cuarenta y seis millones seiscientos noventa y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). El monto de los accesorios se señala posteriormente.

b) La retención de los recursos federales correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), por los periodos y montos que adelante se detallan.

c) La retención de los recursos federales correspondientes al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, correspondientes a la actividad llevada a cabo en regiones terrestres, por los periodos y montos que adelante se detallan.

d) La retención de los recursos federales correspondientes al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, correspondientes a la actividad llevada a cabo en regiones marítimas, por los periodos y montos que adelante se detallan.

e) La retención de los recursos derivados de bursatilización del Impuesto sobre Tenencia o Uso de vehículos, en términos del "Decreto que autoriza la constitución de un fideicomiso bursátil y la afectación al mismo de los ingresos municipales del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos", publicado el 11 de junio del año 2008, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

f) La retención de los recursos y/o fondos derivados del programa de apoyo a la vivienda para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, cuyas reglas de operación se publicaron el 30 de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación.

Los periodos y montos en los incisos, son los siguientes:

Ver periodos y montos de la norma general o acto cuya invalidez se demanda

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señala que:

1. El doce de noviembre de dos mil quince, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de noviembre de dos mil quince y en el cual consta la autorización de diversos recursos para el Municipio actor.

2. En el anexo 20, correspondiente al Ramo 23, se estableció un monto para la ejecución de diversas obras públicas. Así, en el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional se le asigna al Municipio actor un monto destinado a la pavimentación con concreto hidráulico, el cuál no se ha recibido, no obstante que ya le fueron depositados al Gobierno del Estado.

3. En atención a dicho presupuesto, el Municipio actor desarrolló un programa general de inversión de obras a financiar con recursos provenientes tanto del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, como del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión A-2016, a ejecutarse en el ejercicio dos mil dieciséis.

4. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz, el "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal 2016", emitido por el Poder Ejecutivo del Estado, en cuyo resolutivo octavo se establece la cantidad que corresponde a cada Municipio en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Al Municipio actor se le asignaron $155'650,476.00 (ciento cincuenta y cinco millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), los cuales debían cubrirse en diez pagos mensuales –de enero a octubre– de quince millones quinientos sesenta y cinco mil cuarenta y siete pesos.

5. El Municipio actor no recibió las cantidades correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, no obstante que fueron ministrados y radicados por parte de la Federación, y suman la cantidad de cuarenta y seis millones seiscientos noventa y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos.

6. El diez de agosto de dos mil dieciséis, en virtud del fideicomiso bursátil constituido en el dos mil ocho, en el que se afectan los ingresos municipales derivados del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, la institución fiduciaria Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, realizó una transferencia electrónica a la cuenta del Gobierno del Estado, de la cual corresponden dos millones doscientos noventa y seis mil quinientos diez pesos y ochenta y siete centavos al Municipio actor; sin embargo, dicha cantidad no ha sido entregada.

7. Asimismo, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado ha retenido los recursos federales correspondientes al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, en Regiones Terrestres y Marítimas, y los fondos derivados del programa de apoyo a la vivienda para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la parte actora expuso las siguientes consideraciones:

Primero.

• La Suprema Corte ha establecido que la fracción IV del artículo 115 constitucional establece diversos principios a favor de los Municipios, tendientes a garantizar el respeto a la autonomía municipal.

• Entre tales principios, se encuentra el de integridad de los recursos municipales que consiste en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales y, en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes.

• Por ende, una vez que la Federación determina la transferencia de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, la Constitución garantiza su recepción puntual y efectiva, para que puedan tener plena certeza acerca de sus recursos y cumplan sus responsabilidades constitucionales.

• Así, las retenciones impugnadas son contrarias al artículo 115 constitucional y afectan al Municipio actor, pues provoca la pérdida del poder adquisitivo de las cantidades retenidas e impide que cumplan su destino.

• Por tanto, en términos del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, debe ordenarse el pago de las cantidades adeudadas y los intereses generados.

Segundo.

• El artículo 115 de la Constitución consagra el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales que garantiza que los Municipios tengan disponibles ciertas fuentes de ingresos para atender al cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas. Dicho principio se transgrede cuando otro órgano de gobierno limite o prive indebidamente de recursos a un Ayuntamiento.

• De conformidad con el contrato de fideicomiso por el que se afectan los ingresos municipales derivados del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, la institución fiduciaria transmitirá al Estado de Veracruz las cantidades remanentes que se encuentren depositadas en la cuenta del fondo de remanentes, a más tardar el último día hábil de febrero. El Estado debe transferir las cantidades correspondientes a los Municipios.

• No obstante que la institución fiduciaria Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, realizó una transferencia electrónica a la cuenta del Gobierno del Estado, éste no ha hecho la transferencia respectiva al Municipio actor.

• El Gobierno del Estado de Veracruz, viola la autonomía municipal al dilatar e impedir la entrega de recursos de origen federal, así como otros recursos derivados de diversos acuerdos de voluntades celebrados entre el Poder Ejecutivo local y el Municipio actor, puesto que el artículo 115, fracción IV, de la Constitución, establece que los Municipios cuentan con plena autonomía para administrar su hacienda pública, misma que se conforma por las contribuciones, participaciones, aportaciones y todo ingreso que conforme a la legislación tengan derecho a ejercer.

CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de once de mayo de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 156/2017; asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de la misma fecha, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo previno al promovente para que en el plazo de cinco días hábiles exhibiera la documentación que permitiera acreditar el carácter con el que se ostentaba, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se decidiría sobre la presentación de la demanda con los elementos que se contaba.

Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Máximo Tribunal, el promovente exhibió copia certificada de la constancia de mayoría emitida por el Concejo Municipal de Papantla y la Gaceta Oficial del Estado número 006, del tres de enero de dos mil catorce, sobre la "relación de Ediles que integrarán los Ayuntamientos del Estado de Veracruz."

En auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por cumplida la prevención formulada, por lo que admitió a trámite la demanda.

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Rogelio Franco Castán, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, en ausencia del gobernador, al contestar la demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:(1)

I. En el apartado que denominó oportunidad, señaló que la contestación a la demanda fue presentada oportunamente.

II. Con relación a los hechos indicó que son parcialmente ciertos, por cuanto hace a la emisión y publicación de los Acuerdos a los que hizo referencia el promovente.

Sin embargo, en cuanto a los requerimientos formulados al gobernador del Estado, con el propósito de que se pagaran las cantidades correspondientes de las participaciones federales reclamadas, no los afirmó ni negó, al considerar que no eran propios de la administración que tuvo inicio a partir del uno de diciembre de dos mil dieciséis.

Por otra parte, negó el hecho relativo a que no se había cumplido con las ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a agosto, septiembre y octubre "de la presente anualidad", toda vez que la ministración de tales recursos aún no es exigible dado que dichos meses no han transcurrido todavía.

No hizo referencia a las demás manifestaciones del actor, por no constituir propiamente hechos, sino consideraciones jurídicas que este tribunal debe resolver.

III. En el apartado de causas de improcedencia adujo lo siguiente:

A) Inexistencia de la controversia constitucional.

Que con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 1o., ambos de la ley reglamentaria de la materia, hace valer la causal de improcedencia consistente en la inexistencia de la controversia constitucional, en virtud de que, la litis radica en el cumplimiento o incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y, en su caso, de los convenios celebrados en ese marco; pero de ningún modo se advierte una invasión de la esfera competencial del Municipio actor.

B) Prescripción.

Que en relación a los actos que se impugnan estima que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, pues considera que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la referida ley, los cuales deben computarse a partir de que el actor tenga conocimiento del acto.

Al respecto, señala que el actor tenía conocimiento de los plazos en los que debía recibir los recursos que reclama y por tanto, del momento en que se estaba incurriendo en la retención alegada.

Considera que no es obstáculo el hecho de que el actor pretenda ajustar la oportunidad aduciendo que se reclama una omisión, puesto que en realidad dicha omisión deriva de un acto positivo; es decir, el acto positivo es la retención de los recursos y la consecuencia directa es la omisión de pago. Por tanto, de conformidad con la jurisprudencia «P./J. 113/2010», de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE.", el Municipio actor tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes, a partir del día siguiente al que tuvo conocimiento que la Federación hizo entrega de los recursos al Estado.

Además aclara que la administración de su Gobierno, inició sus funciones el uno de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que niega los actos que reclama el Municipio actor, por no ser propios; ello sin que sea obstáculo, que al tratarse de actos al Municipio actor le corresponda no sólo probarlos, sino además, ceñir su impugnación al plazo de treinta días establecido para ello.

Finalmente aduce que si bien el artículo 31 de la ley de la materia, declara admisible la prueba de posiciones, ello no es impedimento legal para valorar las confesiones espontáneas que produzcan las partes en la demanda, contestación u otros escritos del procedimiento, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Citó en apoyo la jurisprudencia tesis P./J. 27/96, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO."

C) Omisión de agotar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.

Lo anterior, en cuanto a que el pago de intereses a que alude el Municipio actor se encuentra previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, y no en la Constitución. De manera que resulta aplicable al caso concreto el artículo 5o. de esta última, que establece que los Municipios podrán dirigir sus inconformidades a la Legislatura del Estado respecto de la aplicación de dicha ley.

Además, respecto de los recursos reclamados derivados del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, éstos se rigen de acuerdo con las reglas de operación y lineamientos emitidos por la Federación para su ejercicio, en los cuales se prevén requisitos que debe reunir el Municipio para acceder a tales recursos. Por ende, no puede hablarse de incumplimiento o violación alguna en perjuicio del Mnicipio actor si éste, en primer término, no acredita haber reunido los requisitos que generen el deber de proporcionarle las cantidades que reclama.

En este sentido, se afirma que no existe afectación alguna a la espera de competencias del Municipio actor y, en su caso, de existir violación en relación con su derecho de recibir el pago de intereses, en modo alguno implicaría una violación directa e inmediata a la Constitución Federal. De modo que, la excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 19, fracción, VI, de la ley reglamentaria no se actualiza, quedando obligado el promovente a agotar la vía correspondiente.(2)

Por último, solicita que este Alto Tribunal analice de oficio las causales de improcedencia que pudieren actualizarse en el presente asunto, con fundamento en el artículo 19, último párrafo, de la ley reglamentaria.(3)

SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.

OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, y en relación con los alegatos se indicó que las partes no habían formulado; y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concreta y específicamente reclamados por el Ayuntamiento actor.

A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.

En el apartado denominado actos reclamados, señaló como tales los siguientes:

a) La retención de los recursos federales correspondientes a las ministraciones de los meses de agosto, septiembre y octubre del dos mil dieciséis, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por un monto de $46'695,144.00 (cuarenta y seis millones seiscientos noventa y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). El monto de los accesorios se señala posteriormente.

b) La retención de los recursos federales correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), por los periodos y montos que adelante se detallan.

c) La retención de los recursos federales correspondientes al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, correspondientes a la actividad llevada a cabo en regiones terrestres, por los periodos y montos que adelante se detallan.

d) La retención de los recursos federales correspondientes al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, correspondientes a la actividad llevada a cabo en regiones marítimas, por los periodos y montos que adelante se detallan.

e) La retención de los recursos derivados de bursatilización del Impuesto sobre Tenencia o Uso de vehículos, en términos del "Decreto que Autoriza la Constitución de un Fideicomiso Bursátil y la Afectación al Mismo de los Ingresos Municipales del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos", publicado el 11 de junio del año 2008, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

f) La retención de los recursos y/o fondos derivados del programa de apoyo a la vivienda para el ejercicio fiscal 2016 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, cuyas reglas de operación se publicaron el 30 de diciembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Los periodos y montos en los incisos, son los siguientes:

Ver periodos y montos de los actos reclamados

"La tasa de interés mensual, de conformidad con la modificación al artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal publicado en la Gaceta extraordinaria No. 22 del 16 de enero 2017 y del artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación al 15 de noviembre de 2016.

"Las fechas marcadas con ********** constituyen fechas estimadas.

"Algunos montos superiores a 50 centavos, como es el caso de las ministraciones mensuales pendientes del FISMDF, se redondean al peso inmediato siguiente. ...".

Se advierte que en el inciso a), el Municipio actor reclama la "indebida retención" de las participaciones federales, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y que, sumadas, ascienden a $46'695,144.00 (cuarenta y seis millones seiscientos noventa y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Ahora bien, por lo que hace al inciso b), de la misma forma reclama la "indebida retención" de los recursos federales correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), por la cantidad de $22'257,774.70 (veintidós millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 70/100 M.N.).

Por lo que hace al inciso c), reclama la "indebida retención" de los recursos federales correspondientes al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en regiones terrestres, por las cantidades de $1'200,805.00 (un millón doscientos mil ochocientos cinco pesos 00/100 M.N.) y $8'273,518.40 (ocho millones doscientos setenta y tres mil quinientos dieciocho pesos 40/100 M.N.).

En el inciso d), también reclama la "indebida retención" de los recursos federales correspondientes al Fondo para entidades federativas y Municipios productores de hidrocarburos en regiones marítimas, por las cantidades de $6'244,099.00 (seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y $3'987,336.00 (tres millones novecientos ochenta y siete mil trescientos treinta y seis 00/100 M.N.).

En cuanto al inciso e) también se reclama la "indebida retención" de los remanentes derivados del fideicomiso bursátil en el que se afectan los ingresos municipales del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, equivalente a un monto de $2'296,510.87 (dos millones doscientos noventa y seis mil quinientos diez pesos 87/100 M.N.).

En el capítulo de hechos, el Municipio actor señala que dichos recursos fueron transferidos al demandado el diez de agosto de dos mil dieciséis.

Aunado a lo anterior, en el inciso f) se reclama la "indebida retención" de los recursos correspondientes al Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, por las cantidades de $9'124,214.40 (nueve millones ciento veinticuatro mil doscientos catorce pesos 40/100 M.N.) y $1'874,870.50 (un millón ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta pesos 50/100 M.N.).

Por otra parte, en el capítulo de hechos indica que conforme al anexo 20.3, en virtud del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (Prodere), se le autoriza un monto destinado a la pavimentación con concreto hidráulico en la ciudad de Papantla, el cual ya había sido depositado al demandado sin que éste, a su vez, se lo hubiera entregado al actor, en la fecha de presentación de la demanda.

Sin embargo, no pueden tenerse como acto reclamado, pues aun cuando el Municipio actor hace referencia a un retraso y falta de regularidad en las entregas del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (Prodere), su afirmación es genérica, esto es, sólo indica que existen adeudos en relación con participaciones federales entregadas extemporáneamente.

Máxime que aun cuando anexó copia del Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre de dos mil quince, que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de su lectura no se advierte que se hubiera autorizado dicha erogación.

Así, no basta con limitarse a afirmar lo anterior, pues al ser el actor a quien corresponde precisar su pretensión, debió señalar por lo menos, los periodos a los cuales corresponden y la fecha en que debieron ser entregados, los montos que se adeudan, el momento en que efectivamente se enteraron.

Finalmente, no pasa desapercibido que en el propio capítulo relativo a los actos cuya invalidez se demanda y en de los conceptos de invalidez, el Municipio actor señala que en términos del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, los Estados deben pagar intereses por el retraso en la entrega de las participaciones; de ahí que, indica que deben pagarse todas las prestaciones omitidas, así como sus correspondientes intereses moratorios.

En atención a lo anterior, se puede afirmar que el Municipio actor efectivamente impugna:

1. La omisión de entregar las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, cuyo monto asciende a $46'695,144.00 (cuarenta y seis millones seiscientos noventa y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

2. La omisión de entregar las aportaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), por la cantidad de $22'257,774.70 (veintidós millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 70/100 M.N.).

3. La omisión de entregar las aportaciones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, correspondientes a la actividad llevada a cabo en regiones terrestres, por la cantidad de $9'474,323.40 (nueve millones cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos veintitrés pesos 40/100 M.N.).

4. La omisión de entregar las aportaciones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, correspondientes a la actividad llevada a cabo en regiones marítimas, por la cantidad de $10'231,435.00 (diez millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).

5. La omisión de entregar los recursos del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración de Pago Número F-998; que ascienden a un monto de $2'296,510.87 (dos millones doscientos noventa y seis mil quinientos diez pesos 87/100 M.N.) transferidos al demandado el diez de agosto de dos mil dieciséis.

6. La omisión de entregar los recursos correspondientes a las participaciones del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, por las cantidades de $9'124,214.40 (nueve millones ciento veinticuatro mil doscientos catorce pesos 40/100 M.N.) y $1'874,870.50 (un millón ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta pesos 50/100 M.N.), respectivamente.

En relación con las omisiones en la entrega de participaciones y aportaciones federales, el Municipio actor solicita el pago de intereses.

Los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(4) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.—El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28952-4fff747a/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.