I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, AL SER AJENO A LAS OMISIONES IMPUGNADAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA SI EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO LA REALIZÓ AL AYUNTAMIENTO DENTRO DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO PREVISTA EN EL CALENDARIO RESPECTIVO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO Y DEL ENTERO EXTEMPORÁNEO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 221/2016. MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 20 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIENES SE RESERVAN EL DERECHO DE FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de junio de dos mil dieciocho, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 221/2016, promovida por el síndico Municipal de Benito Juárez, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Poder Ejecutivo del Estado y otras autoridades de esa entidad federativa.
I. Antecedentes y trámite del asunto
1. Interposición de la demanda. El seis de diciembre de dos mil dieciséis, Alejandro Hernández Hernández, en su carácter de síndico del Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo, del secretario de Finanzas, del director general de Contabilidad Gubernamental y del director de Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, y de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de esa entidad federativa.
2. En la demanda, en esencia, se argumenta que la autoridad demandada violó los principios, derechos y facultades constitucionales de la hacienda municipal previstos en la fracción IV del artículo 115 constitucional, pues omitió cubrir lo correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de los meses de septiembre y octubre del dos mil dieciséis, sumando un total de $6'476,114.00 (seis millones cuatrocientos setenta y seis mil ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por los meses de septiembre y octubre sumando un importe total de $1'481,158.00 (un millón cuatrocientos ochenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).
3. Trámite de la demanda. El seis de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente como 221/2016 y, por razón de turno, designó, como instructor del procedimiento, al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
4. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de ocho de ese mismo mes y año, admitió la demanda, tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificación y la designación de delegados y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.
5. Asimismo, consideró como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz; sin embargo, no tuvo con ese carácter al secretario de Finanzas del Estado, al director general de Contabilidad Gubernamental y al director de Cuenta Pública de esa Secretaría, así como a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso Local, en virtud de que se tratan de órganos subordinados de los indicados Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que debían comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en el asunto.
6. Consecuentemente, emplazó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo locales con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de la persona que lo representara, manifestaran lo que a su interés legal conviniera; asimismo, requirió a la Procuraduría General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación conviniera.
7. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
a) La autoridad demandada violó los principios, derechos y facultades constitucionales de la hacienda municipal previstos en la fracción IV del artículo 115 constitucional, pues omitió cubrir lo correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de los meses de septiembre y octubre del dos mil dieciséis, sumando un total de $6'476,114.00 (seis millones cuatrocientos setenta y seis mil ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por los meses de septiembre y octubre sumando un importe total de $1'481,158.00 (un millón cuatrocientos ochenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).
b) Del entramado normativo formado por los artículos 115, fracción IV de la Constitución Federal, así como la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, se advierte que, las participaciones federales forman parte de la hacienda municipal y los Estados tienen la obligación de entregar íntegramente a sus Municipios las cantidades que reciban, del fondo de fomento municipal, de acuerdo con lo que establezcan las entidades federativas. De tal suerte, la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados. Éstos, a su vez, deberán entregar las participaciones a los Municipios dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el Estado las reciba y el retraso dará lugar al pago de intereses. Dichas participaciones municipales, no pueden afectarse, para fines específicos ni ser sujetas a retención, salvo en ciertos casos específicos.
c) La Suprema Corte ha establecido, a partir del artículo 115 constitucional, un cúmulo de garantías de orden tributario y financiero a favor de los Municipios, tendentes al fortalecimiento de su autonomía, a saber: a) el principio de libre administración de la hacienda municipal; b) principio de ejercicio directo de los recursos de la hacienda municipal; c) principio de integridad de los recursos municipales; d) derecho de los Municipios a percibir las contribuciones; e) principio de reserva de fuentes de ingresos municipales; f) facultad de los Ayuntamientos para proponer en su ámbito territorial cuotas y tarifas aplicables a diversas materias y, finalmente; g) facultad de los Municipios para proponer sus leyes de ingresos.
d) Por disposición del artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones deben entregarse de forma íntegra a los Municipios en términos de lo establecido por las legislaturas locales, lo que tratándose de Veracruz es el cien por ciento. Al no existir manifestación de voluntad, por parte del Municipio, para llevar a cabo retención alguna, ni existir un acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno de Veracruz y el Municipio de Benito Juárez, no hay justificación para la omisión de entrega de los recursos descritos, que ya fueron puntualmente, recibidos por el Poder Ejecutivo.
e) Aunado a lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las participaciones federales quedan comprendidas en el régimen de administración hacendaria de los Municipios y no puede imponérsele restricción alguna al tenor de la jurisprudencia P./J. 9/2000, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA."
f) Así las cosas, la intervención del Estado de Veracruz, respecto a los recursos municipales es la de simple mediación administrativa pero no de disposición, suspensión o retención. Por lo anterior, estima que la Suprema Corte debe determinar la ilegalidad de las omisiones impugnadas.(1)
8. Contestación de demanda del Poder Legislativo Local. El Poder Legislativo demandado en su contestación señaló, en síntesis, que:
a) Por lo que hace a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, éste es un órgano inexistente, razón por la cual no puede ser llamado a juicio el Congreso del Estado de Veracruz.
b) El Congreso Local no puede tener carácter de autoridad demandada por lo que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional. Lo anterior obedece a que los actos que impugna el Municipio actor no fueron emitidos por el Congreso Local ni por sus órganos administrativos.
c) Ad cautelam los hechos no le son propios, por lo cual, no puede afirmar o negarlos. Por otro lado, respecto a los conceptos de invalidez, refirió que la legislatura sólo aprueba la forma en la que se designan las participaciones federales, pero no puede nunca retenerlas pues dicha entidad no recibe recursos ni los distribuye.
d) Sostiene que el Congreso del Estado siempre ha respetado las facultades que le corresponden a los demás órganos por lo que no ha ejecutado acto alguno tendente a retener, malversar o distribuir cualquier tipo de recurso.
9. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo Local. El Poder Ejecutivo demandado dio contestación a la demanda de forma extemporánea.(2)
10. Acuerdo y desahogo. Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Poder Ejecutivo local en el diverso acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en el sentido de remitir a este Alto Tribunal copia certificada de las documentales relacionadas con los actos impugnados en la presente controversia constitucional ordenando dar vista de ello al Municipio actor y a la Procuraduría General de la República.
11. Manifestaciones del Municipio actor. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Municipio actor realizó precisiones al escrito inicial de demanda respecto de las cantidades presuntamente adeudadas por el Gobierno del Estado de Veracruz. Al respecto manifestó lo siguiente:
a) Por lo que hace al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) se omitió manifestar en el escrito de demanda que se adeuda también la partida mensual de agosto de dos mil dieciséis consistente en $3'238,057.00 (tres millones doscientos treinta y ocho mil cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Refirió además que, el Municipio actor tiene un crédito con Banobras en el Estado, por el que se le descuenta la cantidad de $748,832.67 (setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 67/100 moneda nacional) mensualmente y de los tres meses adeudados, da un total de $2'246,498.01 (dos millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 01/100 moneda nacional) mensuales. Por ello, la suma total de la cantidad adeudada ya incluyendo el descuento del crédito de Banobras es de $7'467,674.99 (siete millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro pesos 99/100 moneda nacional).
b) El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) cuya omisión de pago se impugnaba, fue cubierto en su totalidad por el Gobierno del Estado a finales del año dos mil dieciséis.
c) En la demanda de controversia constitucional, omitió mencionar que, respecto al Programa de Bursatilización la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se les adeuda aproximadamente la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de ministración del segundo semestre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, según el Fideicomiso F/997.
12. Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete el Ministro instructor previno al Municipio actor para que, en el plazo de cinco días hábiles, aclarara su escrito señalando si su intención era promover una ampliación de demanda y, de ser el caso, presentara el escrito con las formalidades y requisitos legales correspondientes, apercibiéndolo de que, en caso de no desahogar esta prevención en el plazo referido, se decidiría sobre su escrito con los elementos que obraran en autos. Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete el Ministro instructor, ante la falta de desahogo de la prevención tuvo al promovente únicamente realizando diversas manifestaciones.
13. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente, a pesar de estar debidamente notificado.
14. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por interpuestos los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
15. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se abocó a su estudio por auto de dos de marzo de ese mismo año.
II. Competencia
16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Benito Juárez, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. Precisión de la litis
17. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
18. En su escrito inicial de demanda, el Municipio actor señaló como actos impugnados los siguientes:
a) La invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por los meses de septiembre y octubre de dos mil dieciséis y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por los meses de septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
b) La invalidez de las órdenes relacionadas a los descuentos y retenciones indebidas de las participaciones federales por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por los meses de septiembre y octubre de dos mil dieciséis y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por los meses de septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
c) La omisión de pago del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de los meses de septiembre y octubre del año en curso, sumando un total de $6'476,114.00 (seis millones cuatrocientos setenta y seis mil ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por los meses de septiembre y octubre del citado año, sumando un importe total de $1'481,158.00 (un millón cuatrocientos ochenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).
19. No obstante tales señalamientos, esta Primera Sala considera que, del análisis integral tanto de la demanda como de las constancias que obran en el expediente,(4) lo efectivamente impugnado en esta controversia es la omisión de pago respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por los meses de septiembre y octubre de dos mil dieciséis por un pretendido monto de $6'476,114.00 (seis millones cuatrocientos setenta y seis mil ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por los meses de septiembre y octubre de dos mil dieciséis por un pretendido monto de $1'481,158.00 (un millón cuatrocientos ochenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).
20. Ahora bien, no pasa inadvertido, a esta Primera Sala, que el Municipio actor mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil diecisiete, presentó precisiones al escrito inicial de demanda respecto de las cantidades presuntamente adeudadas por el Gobierno del Estado de Veracruz.(5) Sin embargo, el Municipio actor no desahogó la prevención del Ministro instructor de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, para que señalara si su intención era promover ampliación de demanda y, de ser el caso, presentara el escrito con las formalidades y requisitos legales correspondientes, apercibiéndolo de que, en caso de no desahogar esta prevención en el plazo referido, se decidiría sobre su escrito con los elementos que obraran en autos, sin embargo, como ya lo señalamos, el Municipio actor no desahogó el citado requerimiento, por lo que el Ministro instructor, mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete únicamente tuvo al Municipio realizando manifestaciones. De este modo y ante dicha omisión de desahogo, esta Primera Sala no puede tomar en cuenta las pretendidas nuevas impugnaciones y ulteriores adeudos señalados por el Municipio actor en el escrito de manifestaciones señalado.
IV. Oportunidad
21. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis: P./J. 43/2003(6) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. A continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.
22. En la controversia constitucional 5/2004,(7) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(8) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
23. En la controversia constitucional 20/2005(9) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(10) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
24. En la controversia constitucional 98/2011(11) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual, se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó, a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(12) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
25. En la controversia constitucional 37/2012(13) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que, este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(14) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
26. En la controversia constitucional 67/2014(15) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama, de forma absoluta, la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(16)
27. En la controversia constitucional 78/2014(17) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo local: 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(18)
28. Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna, de forma absoluta, la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(19) Finalmente, por lo que hace al acto 5) debe tenerse en tiempo toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.
29. En la controversia constitucional 73/2015(20) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince, 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince, y 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugna la falta absoluta de pago de distintos conceptos.
30. En la controversia constitucional 118/2014,(21) promovida el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto tesorero Municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(22) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2) la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(23)
31. De acuerdo con los anteriores precedentes es posible, advertir que, la Suprema Corte ha tenido por actos positivos: a) los descuentos, b) los pagos parciales, c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales, y d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(24) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.
32. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio actor impugna la omisión de pago respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por los meses de septiembre y octubre de dos mil dieciséis por un pretendido monto de $6'476,114.00 (seis millones cuatrocientos setenta y seis mil ciento catorce 00/100 moneda nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por los meses de septiembre y octubre de dos mil dieciséis por un pretendido monto de $1'481,158.00 (un millón cuatrocientos ochenta y un mil ciento cincuenta y ocho 00/100 moneda nacional). Al valorarse como una omisión de entrega, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento y, por ende, la demanda se interpuso en tiempo.
33. Este criterio ya fue respaldado por esta Primera Sala, al resolver las controversias constitucionales 162/2016 y 184/2018 el once de abril de dos mil dieciocho.
V. Legitimación activa
34. El actor es el Municipio de Benito Juárez, de Veracruz Ignacio de la Llave y en su representación promueve la demanda Alejandro Hernández Hernández, quien se ostenta con el carácter de síndico Municipal. Dicho carácter lo acreditó con la constancia de mayoría de síndico único expedida por el Instituto Electoral Veracruzano, de la que, se advierte que, el citado funcionario fue electo como síndico propietario para la integración del Ayuntamiento del Municipio actor.(25)
35. En relación con la representación, el artículo 37, fracción I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,(26) dispone que, los síndicos tendrán las atribuciones para procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad, y representar legalmente al Ayuntamiento.
36. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el síndico único, cuenta con la representación del Municipio y, por tanto tiene legitimación procesal para promover la controversia constitucional, cuestión que ha sido reconocida por este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia de rubro:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ‘síndico único es el encargado de la procuración, defensa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28794-5a03d87d/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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