I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, AL SER AJENO A LAS OMISIONES IMPUGNADAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA SI EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO LA REALIZÓ AL AYUNTAMIENTO DENTRO DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO PREVISTA EN EL CALENDARIO RESPECTIVO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) AL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. OMISIÓN DE PAGO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO F-988. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO Y DEL ENTERO EXTEMPORÁNEO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 148/2016. MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 10 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN SE RESERVÓ EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de octubre de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de noviembre de dos mil dieciséis, Martha Mirón Sartorius, síndica única del Municipio de Puente Nacional, Veracruz, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en contra de las autoridades y actos que a continuación se indican:
a) Autoridades demandadas:
1. Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
2. Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
3. Director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
4. Director de Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
5. La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.
b) Actos cuya invalidez se demanda:
1. Las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor, por los conceptos siguientes:
• Del Ramo General 033, particularmente: (i) los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), por la cantidad de $1'887,724.00, correspondientes a los meses de septiembre y octubre del ejercicio dos mil dieciséis, y (ii) los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por la cantidad de $3'429,030.00, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
• Del remanente de bursatilización, por la cantidad de $347,363.59, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.
2. La invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebidos de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor, por los conceptos siguientes:
• Del Ramo General 033, particularmente: (i) los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), por la cantidad de $1'887,724.00, correspondientes a los meses de septiembre y octubre del ejercicio dos mil dieciséis, y (ii) los recursos del Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por la cantidad de $3'429,030.00, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
• Del Remanente de Bursatilización, por la cantidad de $347,363.59, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.
3. La omisión de las autoridades demandadas de entregar las participaciones federales que corresponden al Municipio actor, por los siguientes conceptos:
• Del Ramo General 033, particularmente: (i) los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), por la cantidad de $1'887,724.00, correspondientes a los meses de septiembre y octubre del ejercicio dos mil dieciséis, y (ii) los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por la cantidad de $3'429,030.00, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
• Del Remanente de Bursatilización, por la cantidad de $347,363.59, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.
4. Se solicita que se declare en la respectiva sentencia la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido de las participaciones que corresponden al Municipio actor, por los conceptos siguientes:
• Del Ramo General 033, particularmente: (i) los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), por la cantidad de $1'887,724.00, correspondientes a los meses de septiembre y octubre del ejercicio dos mil dieciséis, y (ii) los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por la cantidad de $3'429,030.00, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
• Del Remanente de Bursatilización, por la cantidad de $347,363.59, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.
5. Los intereses que se hayan generado por el retraso injustificado en la entrega de los recursos mencionados.
SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se narran, en síntesis, los siguientes:
El Municipio actor ha hecho llamados y requerimientos, y también ha acudido personalmente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Veracruz, a efecto de obtener el pago de las cantidades correspondientes al rubro de participaciones federales. No obstante, no se ha recibido una respuesta clara. Incluso, de manera verbal el día tres de noviembre del año en curso, se señaló que se retendría el pago de dichos montos, debido a que existían indicaciones para suspender la entrega hasta nueva orden.
Así, se adeuda por concepto de fondos federales, la cantidad de $5'664,117.59, la cual ha sido entregada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, a través de su Secretaría de Finanzas.
La omisión de entregar los fondos federales pone en serio riesgo el desarrollo social al que tienen derecho los habitantes de Puente Nacional, Veracruz. Además, impide el normal funcionamiento de la hacienda municipal, corriéndose el riesgo de tener que dejar de pagar servicios como el alumbrado público o la energía eléctrica, y tendrán que paralizarse las obras públicas municipales.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Municipio actor estima, en síntesis, que las autoridades demandadas transgreden el principio de integridad de los recursos municipales, el cual consiste en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus participaciones.
En efecto, la omisión en la entrega de recursos es ilegal, pues no existe norma general que justifique que no se entreguen los recursos en forma completa. Ello redunda, en un perjuicio económico al Municipio actor e impacta en su libertad de administración hacendaria.
En diversas ejecutorias esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, entre los cuales se encuentran los siguientes principios: (i) libre administración de la hacienda municipal; (ii) ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda pública municipal; (iii) integridad de los recursos municipales; (iv) derecho a percibir contribuciones; (v) reserva de fuentes de ingresos municipales; (vi) facultad para proponer a las Legislaturas las tarifas sobre valores unitarios de suelo y construcciones, y (vii) facultad para proponer leyes de ingresos municipales.
De estos principios se desprende que los fondos pertenecientes al FORTAMUNDF, FISMDF y remanente de bursatilización están sujetos a un régimen de libre administración, cuya disposición debe llevarse a cabo en los términos que fijen las leyes, para el cumplimiento de los fines de los Ayuntamientos.
Ahora bien, puede haber casos en que resulte válida la afectación y retención a las participaciones federales, ya sea para el pago de obligaciones contraídas por los Municipios, o por voluntad manifiesta del Municipio de destinarlos a un fin en particular. No obstante el Municipio actor no se encuentra en ninguna de esas hipótesis, por lo que resulta ilegal que se retengan sin justificación los fondos y participaciones que le corresponden.
En este sentido, la Ley de Coordinación Fiscal no permite a las autoridades estatales afectar libremente las participaciones de los Municipios; especialmente, porque se retiene el fondo que en términos del artículo 2o.-A de dicho ordenamiento, debe entregarse al cien por ciento a los Municipios. Más aún, el actor no ha manifestado su voluntad, en el sentido de que las autoridades estatales puedan llevar a cabo una retención de los fondos demandados. Por tanto, es claro que se violan los principios de libre administración hacendaria e integridad de los recursos.
El artículo 115, fracción IV, de la Constitución General, establece el principio de libre administración de la hacienda municipal, a efecto de que los Municipios puedan priorizar la aplicación de los recursos sin que éstos se vean afectados por intereses ajenos. Así, la Federación debe garantizar a los Municipios la recepción puntual y efectiva de los recursos, porque la facultad de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos presupone que deben tener plena certeza sobre los recursos que disponen, pues de lo contrario se estaría privando a los Municipios de los apoyos necesarios para ejercer sus obligaciones constitucionales.
En el caso también existe una violación al principio de integridad de los recursos, pues el Municipio actor no recibió de forma puntual, efectiva y completa los recursos federales provenientes del fondo al fomento municipal, lo que le impidió disponer oportunamente de tales recursos y vulneró su autonomía financiera.
En efecto, una vez que la Federación decide transferir recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, el artículo 115 constitucional, garantiza que los Municipios reciban de forma puntual, efectiva y completa tales recursos, ya que cuentan con la facultad exclusiva de programar y aprobar su presupuesto de egresos, lo que supone que deben tener plena certeza sobre los recursos que tienen a su disposición. Por tanto, si la Federación y los Estados incumplen o retardan este compromiso, estarían privando a los Municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales.
Además, la intervención del Estado de Veracruz respecto de los fondos de participaciones que corresponden al Municipio, es de simple mediación administrativa. En el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y de supervisión en su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención. De este modo, la omisión de hacer entrega puntual de los fondos federales que le corresponden, vulnera en perjuicio del Municipio los artículos 40, 41, 115 y 124 de la Constitución General, pues transgrede los principios de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos económicos municipales.
Los actos y omisiones cuya invalidez se demanda también son violatorios de los artículos 14 y 16, en relación con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General, pues la retención de recursos económicos municipales, además de violar los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales, afecta la autonomía municipal, el federalismo y el sistema de coordinación fiscal.
El principio de integridad de los recursos económicos municipales asegura a los Municipios la percepción efectiva y puntual de los recursos a los cuales tienen derecho, y obliga a los Estados a pagar los intereses correspondientes cuando retarden la entrega de recursos federales a los Municipios.
Por todo lo anterior, el Municipio actor considera que los actos y omisiones reclamados son inconstitucionales, por vulnerar los principios de reserva de fuentes de ingreso a los Municipios, integridad de los recursos económicos municipales, por lo que se refiere a las participaciones no entregadas y libre administración en la hacienda municipal, de ahí que deban ser declarados inválidos.
Finalmente, el actor estima que las autoridades demandadas deben entregar al Municipio actor los fondos y participaciones federales que le corresponde, más el pago de intereses por las cantidades retenidas ilegalmente.
CUARTO.—Artículos constitucionales que se aducen violados. Se señalan como infringidos los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Trámite. Por auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente, y ordenó que el asunto se turnara conforme a la certificación respectiva, correspondiendo el turno al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, pero no así al secretario de Finanzas y Planeación, al director general de Contabilidad Gubernamental, al director de Cuenta Pública ni a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, al tratarse de dependencias subordinadas de dichos Poderes. Asimismo, tuvo como tercero interesado al Poder Ejecutivo Federal.
Por otro lado, solicitó a los Poderes Locales demandados y al Poder Ejecutivo Federal para que enviaran copias certificadas de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados y, finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
SEXTO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. La presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Veracruz, presentó contestación a la demanda promovida por el Municipio de Puente Nacional, en la que señaló:
1. Aunque el Municipio actor señala como órgano responsable a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de Veracruz, dicho órgano es inexistente en la estructura del Congreso, por lo que no puede ser llamado a juicio el Congreso de Veracruz. En este sentido, no le asiste carácter de demandado al Congreso de Veracruz, pues éste no participó ni tuvo intervención alguna en los actos que el actor señala como impugnados.
2. Se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, pues no existe ningún acto reclamado en contra del Poder Legislativo de Veracruz, pues los actos impugnados no fueron emitidos por éste y los órganos que lo conforman no tuvieron ninguna intervención en los mismos.
3. Ad cautélam, debe señalarse que los actos precisados en los antecedentes del escrito de demanda no son propios del Congreso Local, por lo que no se pueden negar o afirmar.
4. Por otro lado, el Congreso de Veracruz reconoce la autonomía de los Ayuntamientos que integran la entidad y respeta su personalidad jurídica, así como la forma en que manejan su propio patrimonio. En términos de la fracción IV del artículo 115 constitucional, la Legislatura únicamente puede aprobar la forma en la que se designarán las participaciones federales, pero nunca retenerlas. Esto es así, ya que el Congreso no es un órgano que reciba recursos y se encargue de la distribución de los mismos.
5. El Congreso de Veracruz siempre ha respetado las facultades que corresponden a cada órgano del Estado, actuando siempre bajo las facultades que le atribuye el artículo 33 de la Constitución Local, así como el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tal como se advierte en los referidos preceptos, el Congreso no tiene facultades para intervenir, retener o distribuir las participaciones federales, por lo que los conceptos de invalidez que hace valer el actor no son competencia de la Legislatura.
Por las razones expresadas, procede que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobresea en la presente controversia con respecto al Congreso del Estado de Veracruz.
SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. El gobernador del Estado de Veracruz presentó contestación a la demanda promovida por el Municipio de Puente Nacional en los términos siguientes:
1. Los hechos relacionados con la emisión y publicación del decreto de presupuesto de egresos en el Diario Oficial de la Federación, son parcialmente ciertos. Por cuanto hace a la afirmación de que existe una omisión de transferir los recursos, así como los supuestos requerimientos y denuncias, éstos no se afirman ni se niegan, pues no resultan propios de la administración actual. En cambio, se niega que el día tres de noviembre de dos mil dieciséis le haya sido comunicado al actor que se le retendría el pago de los montos reclamados, en tanto existían indicaciones para que se suspendiera su entrega hasta nueva orden.
Por otro lado, debe otorgarse valor probatorio a la confesión espontanea del Municipio actor, en el sentido de que (i) conoce la calendarización de pagos de participaciones y el acuerdo por el que se dio a conocer la distribución de aportaciones que fueron publicados en el periódico oficial del Estado de Veracruz, y (ii) sabía con meses de anterioridad a la presentación de su demanda, que la Federación había remitido los recursos que reclama al Estado de Veracruz.
2. Se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, pues la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días señalado en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales deben computarse a partir de que el actor tenga conocimiento del acto.
El Municipio actor realmente se encuentra señalando como acto reclamado una omisión derivada de un acto positivo que fue conocido por éste de manera automática al concluir el plazo que tenía el Estado para remitir los recursos de manera íntegra. En otras palabras, el Municipio actor tuvo expedito su derecho a ejercitar la acción respectiva a partir del día siguiente en que concluyó el plazo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal para que el Estado realice la entrega al Municipio.
Así, el Municipio actor conocía de antemano las fechas en las que debió recibir los recursos federales que ahora reclama. Por tanto, al no haberlas recibido de conformidad con los plazos establecidos para ello, el cómputo del plazo para inconformarse inició y concluyó sin que el interesado haya hecho valer su reclamo.
3. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción III del artículo 20 de dicho ordenamiento, pues el acto materia de controversia es inexistente.
Esto es así, ya que el Municipio actor señala como actos reclamados, la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y aprobaciones que se hayan emitido para la retención de recursos, la cual supuestamente le fue comunicada el día tres de noviembre de dos mil dieciséis. Tal manifestación es falsa, y le corresponde al Municipio actor probar su afirmación.
4. Se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, pues el actor tenía la obligación de agotar la vía prevista en la ley para la solución del conflicto.
Esto es así, ya que el pago de intereses al que alude el Municipio actor se encuentra previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, no en la Constitución General. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5o. de la Ley de Coordinación Fiscal para los Estados y Municipios de Veracruz, que señala que los Municipios podrán dirigir sus inconformidades a la Legislatura del Estado.
De este modo, no existe afectación alguna a la esfera de competencias del Municipio actor y, de existir violación en relación con su derecho a recibir el pago de intereses, ello en modo alguno implicaría una violación directa a la Constitución General, por lo que la excepción al principio de definitividad no se actualiza.
5. Por lo que hace al concepto de invalidez formulado por el Municipio actor, el Poder Ejecutivo Local estima que los planteamientos son inatendibles, ya que la controversia constitucional es improcedente, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia es cuestión de orden público y en el presente caso se actualizan las causales contenidas en el artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.
Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo Local señala que en caso de que exista algún derecho en favor del Municipio actor éste únicamente será respecto de las cantidades que no le hayan sido entregadas, lo cual se demostrará en el momento procesal oportuno con los documentos que han sido requeridos a la dependencia que cuenta con dicha información.
OCTAVO.—Manifestaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, formuló las siguientes manifestaciones:
1. Aunque el Municipio actor señala en su escrito de demanda como acto reclamado la retención de participaciones federales, lo cierto es que su demanda se enfoca en demostrar que sufrió una afectación por la falta de entrega de aportaciones federales, como lo son el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Las participaciones federales son recursos que los Estados y Municipios ejercen libremente pertenecientes al Ramo General 28; mientras que las aportaciones son recursos etiquetados y constituyen fondos destinados al Ramo General 33, siendo estos últimos los que reclama el Municipio actor. Así, la litis a resolver se constriñe, únicamente en determinar si el Ejecutivo Estatal omitió transferir las aportaciones federales al Municipio de Puente Nacional, lo cual resulta ajeno al Poder Ejecutivo Federal, que ministró los recursos de dichos conceptos al Estado de Veracruz.
2. En términos de la Ley de Coordinación Fiscal, al Ejecutivo Federal le corresponde distribuir los recursos del FISMDF y del FORTAMUNDF a las entidades federativas, quienes deberán, a su vez, repartirlas entre los Municipios. Así, el Ejecutivo Federal no es el responsable de transferir directamente las aportaciones federales a los Municipios, toda vez que serán las entidades federativas las responsables de asignar y realizar la transferencia correspondiente a los Municipios, con fundamento en sus propias normas locales.
En el caso, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Poder Ejecutivo Federal, hizo entrega al Gobierno de Veracruz de los recursos relacionados con las aportaciones federales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
NOVENO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
DÉCIMO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO PRIMERO.—Avocamiento. Previo dictamen, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ésta se avocará al conocimiento del asunto, y devolver los autos a la ponencia, para formular el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el punto segundo, fracción I, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Puente Nacional, Estado de Veracruz y el Poder Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad federativa, sin que sea necesaria la intervención del Pleno de la Suprema Corte de Justicia Nación.
SEGUNDO.—Fijación de los actos impugnados. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Plítica de los Estados Unidos Mexicanos,(1) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
En su escrito de demanda el Municipio actor impugnó los actos que a continuación se transcriben:
"1) De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que corresponden al Municipio de Puente Nacional, Veracruz.
"Por el concepto de Ramo General 033, y en lo particular a:
"a. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), $1'887,724.00 (un millón ochocientos ochenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), de los meses de septiembre y octubre del ejercicio presupuestal 2016.
"b. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $3'429,030.00 (tres millones cuatrocientos veintinueve mil treinta pesos 00/100 M.N.) de los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio presupuestal 2016.
"Por el concepto de remanente de bursatilización:
"c. Remanente de bursatilización 2016 $347,363.59 (trescientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos 59/100 M.N.).
"2. Se reclama de todas las autoridades antes señaladas la invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebidos de las participaciones federales que corresponden al Municipio que represento siendo los siguientes:
"Por el concepto de Ramo General 033, y en lo particular a:
"a. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), $1'887,724.00 (un millón ochocientos ochenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), de los meses de septiembre y octubre del ejercicio presupuestal 2016.
"b. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $3'429,030.00 (tres millones cuatrocientos veintinueve mil treinta pesos 00/100 M.N.) de los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio presupuestal 2016.
"Por el concepto de remanente de bursatilización:
"c. Remanente de bursatilización 2016, $347,363.59 (trescientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos 59/100 M.N.).
"3. Se reclama la omisión de las autoridades aquí señaladas como demandadas, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como a lo dispuesto en el numeral sexto párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las participaciones federales por el concepto:
"1) De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que corresponden al Municipio de Puente Nacional, Veracruz.
"Por el concepto de Ramo General 033, y en lo particular a:
"a. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), $1'887,724.00 (un millón ochocientos ochenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), de los meses de septiembre y octubre del ejercicio presupuestal 2016.
"b. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $3'429,030.00 (tres millones cuatrocientos veintinueve mil treinta pesos 00/100 M.N.) de los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio presupuestal 2016.
"Por el concepto de remanente de bursatilización:
"c. Remanente de bursatilización 2016, $347,363.59 (trescientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos 59/100 M.N.).
"Haciendo un total de los rubros mencionados de $5'664,117.59 (cinco millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento diecisiete pesos 59/100 M.N.)
"Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"Que le corresponden al Municipio que represento, no obstante que hace meses que estas le fueron transferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido de las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del fondo por el concepto de:
"1) De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que corresponden al Municipio de Puente Nacional, Veracruz.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28832-d2a58244/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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