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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO CON ANTERIORIDAD [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO CON ANTERIORIDAD [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, AL SER AJENO A LAS OMISIONES IMPUGNADAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. APORTACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN A (FORTAFIN A 2016) AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE ENTERO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACUALPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 120/2016. · Registro digital (IUS): 28793
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-28
Promovente: MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, Pág. 1760.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 120/2016. MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 10 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTÍZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de octubre de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 120/2016, promovida por el síndico municipal de Zacualpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de esa entidad federativa, el director general de Contabilidad y el director de Cuenta Pública, ambos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.

I. Antecedentes y trámite del asunto

1. Promoción de la demanda. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.(1)

2. En el escrito, el Municipio actor argumenta, en esencia, que resulta contrario a derecho la omisión de las autoridades demandadas de cumplir con sus obligaciones constitucionales de entregar el importe económico de los siguientes recursos: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de julio y septiembre del año dos mil dieciséis; Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciséis, y Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN A 2016) por un monto de $4'500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

3. Por lo anterior, el Municipio considera que las conductas omisas en que incurrieron las autoridades demandadas transgreden el orden constitucional en su agravio, frente a lo dispuesto en el artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Federal, en la que se establecen los principios constitucionales de la libre administración de la hacienda municipal, en razón que se dejó de percibir en forma puntual, efectiva y completa el importe económico de las aportaciones derivadas de los fondos citados, lo que le impidió disponer de los recursos.

4. Trámite de la demanda. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el expediente 120/2016, así como turnarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento, según el turno correspondiente.(2)

5. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de veintiocho de octubre siguiente,(3) admitió la demanda, tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificación y la designación de delegados y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.

6. Asimismo, consideró como demandadoS al Poder Ejecutivo y al Legislativo de Veracruz de Ignacio de la Llave; sin embargo, no se reconoció tal carácter al secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno, al director de Contabilidad Gubernamental y al director de Cuenta Pública, todos de la Secretaría de Finanzas, ni a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de esa entidad, en virtud de que se trataba de una dependencia subordinada a dicho poder, por lo que debía comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emitiera en el asunto.

7. Consecuentemente, emplazó al Poder Ejecutivo y Legislativo Local con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de la persona que lo representara, manifestara lo que a su interés legal conviniera. Asimismo, requirió a la Procuraduría General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación conviniera.

8. Respecto a la suspensión solicitada, se ordenó formar el cuaderno incidental respectivo con copia certificada de las constancias que integran el expediente.

9. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el síndico municipal sostuvo los siguientes razonamientos de invasión de competencia:

a) Las autoridades, al retener indebidamente los fondos federales (FISMDF, FORTAMUNDF y FORTAFIN A 2016) transgreden el principio de integridad de los recursos municipales.

b) La omisión de entrega de los recursos es ilegal dado que no existe norma o disposición general que permita o justifique que no se le entreguen en forma completa las participaciones, lo que redunda en perjuicio económico e impacta la autonomía, concretamente, la libertad de administración hacendaria de la que goza por disposición constitucional. Cita, al respecto, el artículo 115, fracción IV, constitucional.

c) Señala que el artículo 115 constitucional garantiza, entre otras cosas, que los Municipios reciban de forma puntual, efectiva y completa los recursos federales. Así, dado que la Federación y los Estados acuerdan la transferencia de ciertos recursos a los Municipios, cuando se retarda o incumple la entrega de estos tiene como resultado la privación de los Municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales.

d) Agrega que en las hipótesis del artículo 115 constitucional se prevén un cúmulo de garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, tendientes al fortalecimiento de su autonomía, a saber: i) el principio de libre administración de la hacienda municipal; ii) principio de ejercicio directo por parte del Ayuntamiento de los recursos que integran su hacienda pública municipal; iii) principio de integridad de los recursos municipales; iv) derecho de los Municipios a percibir las contribuciones; v) principio de reserva de fuentes de ingresos municipales; vi) facultad de los Ayuntamientos, para que, en su ámbito territorial, propongan a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas; y, vi) facultad de los Municipios para proponer sus leyes de ingresos.

e) Por otro lado, señala que Ley de Coordinación Fiscal define las participaciones como recursos que, provenientes de la recaudación efectuada por la Federación, deben ser entregados a los Municipios por conducto de los Estados a los cinco días siguientes a aquel en el que estos últimos los reciban. Estos recursos deben ser satisfechos en efectivo y sin condicionamiento alguno. Las participaciones son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención.

f) Añade que la ley prevé dos excepciones a la entrega de fondos federales, la primera tratándose del pago de obligaciones contraídas por aquellos, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, bien sea a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional o de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. La segunda, en relación con las compensaciones que se requieran efectuar, cuando sean a consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones o cuando exista entre las partes interesadas o la Ley de Coordinación Fiscal así lo autorice.

g) No obstante, enfatiza que el caso en específico no se encuentra en ninguna de las hipótesis detallas y, por ende, se debe considerar ilegal e injusto que las autoridades demandadas retengan sin justificación los fondos y participaciones federales que se reclamaron. Máxime que éstas fueron entregadas al Gobierno del Estado de Veracruz por parte del Gobierno Federal.

h) Señala que la intervención del Estado de Veracruz, respecto de los fondos de participaciones que, por ley corresponden a los Municipios, es de simple mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión pero no de disposición, suspensión o retención. Por ende, reitera que la omisión en la entrega de recursos federales vulnera los principios constitucionales de libre administración hacendaria e integridad en los recursos municipales. Enfatiza que las omisiones reclamadas violentan de forma notoria el Sistema Federal de Coordinación Fiscal y autonomía municipal.

i) Añade que los actos y omisiones cuya invalidez se reclama son violatorios de los artículos 14 y16 en relación con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal. Ello pues la retención de recursos viola los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales; con ello, queda afectada la autonomía que garantiza la Constitución, el federalismo como sistema que articula la división territorial del poder y el sistema de coordinación fiscal.

j) Señala que el principio de reserva de fuentes de ingresos a los Municipios asegura, a nivel constitucional, los recursos necesarios para atender al cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.

k) Añade que otro principio, cuyo contenido y alcance ha sido precisado por esta Suprema Corte es el de libre administración de la hacienda municipal. Sostiene que este principio asegura a los Municipios la posibilidad de manejar, aplicar y priorizar libremente los recursos de los que disponen para satisfacer sus necesidades públicas, sin que tengan que sufrir una injerencia de intereses ajenos en ese respecto. El principio de libre administración de la hacienda municipal se proyecta sobre parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.

l) Precisa que esta Suprema Corte ha sostenido que a pesar de que las participaciones y aportaciones federales son ambas fuentes de recursos que ingresan a la hacienda municipal, únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios conforme lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.

m) Así, este cúmulo de garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, tendientes al fortalecimiento de su autonomía, fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos ochenta y nueve.

n) Solicita a esta Suprema Corte que, al dictar sentencia señale los alcances y efectos de la misma, fijando con precisión los órganos encargados de cumplirlas, las normas generales o actos a los que se refiera y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia, fijando también la condena respectiva, estableciendo el término para el cumplimiento de las acciones que se señalen o aquel en que la parte condenada deba realizar la actuación correspondiente.

o) En ese sentido, se solicita que se ordene a las autoridades demandadas, de resultar procedente la controversia constitucional, entregar al Municipio actor los fondos y participaciones federales que le corresponde en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente en que sea notificada la resolución de esta Suprema Corte.

p) Concluye su escrito señalando que el Municipio cumple con los requisitos exigidos por la ley para conceder la suspensión de los actos que se reclaman ilegales y, por ende, la solicitó para el efecto de que: i) las autoridades demandadas entreguen de forma inmediata los fondos federales retenidos pues, de no concederse en ese sentido, se pondría en riesgo la operación de todas las funciones municipales por falta de recursos, lo que pone en riesgo el derecho humano al desarrollo social de los ciudadanos que habitan en el Municipio.

10. Contestaciones de la demanda. El Poder Ejecutivo de Veracruz, a través del gobernador del Estado, presentó el escrito de mérito el tres de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(4) En dicho documento se señaló:

a) En relación con los supuestos requerimientos de pagos, estableció que no los afirma o los niega, pues estima que no son hechos propios de la administración pública estatal que dirige a partir del primero de diciembre de dos mil dieciséis.

b) En relación con los conceptos de invalidez formulados por el Municipio actor, señaló que el Poder Ejecutivo reprueba enfáticamente cualquier retención en las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, ya que se lesiona a la población a los que finalmente van dirigidos los recursos federales, afectando así sus derechos humanos, así como desarrollo humano.

c) Precisó que el Poder Ejecutivo se encuentra atendiendo el reclamo tanto del Municipio actor como de muchos otros en relación con las retenciones de los recursos federales a que tienen derecho, por lo que se ha estado regularizando el depósito de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor. Lo que, a decir del poder, al momento de resolución del presente asunto no exista materia y de lugar a su sobreseimiento.

d) Por otro lado, se solicita el estudio oficioso de las causales de improcedencia que pudieran actualizarse como lo dispone el criterio P./J. 32/96 "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. CORRESPONDE ANALIZARLAS AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES."

11. Por otro lado, el Poder Legislativo de Veracruz dio contestación a la demanda por medio de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz. En su escrito argumentó lo siguiente:

a) Señala que de la lectura integral de la demanda que da origen al juicio de controversia constitucional se advierte que la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Veracruz, órgano administrativo que es inexistente dentro de la estructura orgánica de esta Soberanía, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Por ello, el Congreso del Estado no puede ser llamado a juicio.

b) Sostiene que el Congreso del Estado de Veracruz no participó ni tuvo intervención alguna en los actos reclamados, por lo cual no existe acto reclamado que le dé el carácter de demandado. Por ello, estima que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la ley que rige la materia pues los actos reclamados no fueron emitidos por el Congreso ni tuvo intervención alguna de los órganos administrativos que conforman la estructura orgánica del Poder Legislativo.

c) Por cuanto hace a los hechos, ad cautelam, señala que no se pueden negar o afirmar pues, insiste, no existe intervención alguna del Congreso del Estado en los actos materia del juicio.

d) Respecto a los conceptos de invalidez, sostiene que el Congreso reconoce la autonomía de los Ayuntamientos que integran el Estado de Veracruz y respeta su personalidad jurídica, la forma en que manejan su patrimonio. Añade que el Congreso ha actuado bajo las facultades que le concede el artículo 33 de la Constitución Política Local y el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Así, enfatiza que los actos reclamados no son de su competencia y, por ello, no ha ejecutado actos tendientes a retener, malversar o distribuir recursos.

12. Referencia a la opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

13. Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el catorce de febrero de dos mil diecisiete(5) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y se puso el expediente en estado de resolución.

14. Radicación. Mediante escrito de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete,(6) el Ministro instructor solicitó la radicación de la controversia constitucional en el índice de la Primera Sala, lo cual acordó de conformidad el presidente de este Alto Tribunal en acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete.(7) Finalmente, en proveído de diez de noviembre siguiente, la presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento para resolver el asunto en dicha sede.(8)

15. Solicitud de medidas para mejor proveer y cumplimiento de la misma. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, ante la insuficiencia de información para resolver el asunto, el Ministro instructor requirió al Poder Ejecutivo presentar un informe sobre el pago y/o retenciones de los recursos asignados al Municipio actor que fueron específicamente reclamados en la demanda de controversia constitucional. Dicho requerimiento fue cumplimentado por el representante del Poder Ejecutivo mediante escrito de primero de junio de dos mil ocho. En lo que interesa, se adjuntó un informe del tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, en el que se refirió a cada uno de los actos reclamados en la demanda.

16. El Ministro instructor consideró que el requerimiento fue parcialmente cumplimentado, solicitándole al Poder Ejecutivo que remitiera ciertas constancias que se aludía en su informe y que no existía claridad sobre las pruebas presentadas. Dicha exigencia fue desahogada por escrito presentado ante esta Suprema Corte el veintidós de junio de dos mil dieciocho. El Poder Ejecutivo precisó, respecto al pago relativo al mes de septiembre correspondiente al FORTAMUN, que si bien la transferencia electrónica se realizó en fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dicho pago se cargó en el Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV) el diez de noviembre de ese año, cuestión que se probó por medio de copia certificada de la transferencia. Tras su análisis, el Ministro instructor tuvo por cumplido de manera total el requerimiento.

17. Consiguientemente, por medio de oficio de dos de julio de dos mil dieciocho, el Ministro instructor determinó dar vista al Municipio actor para que dentro de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera. En específico, se solicitó que se pronunciara en relación con las afirmaciones y medios de prueba aportados por el Poder Ejecutivo respecto a la entrega de parte de los recursos reclamados del FORTAFIN, al pago del mes de julio reclamado del FISMDF, así como a la entrega del monto correspondiente al mes de septiembre del FORTAMUN.

18. Por medio de escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, Armando Flores Amaro, en su calidad de representante legal del Ayuntamiento de Zacualpan, dio contestación a la vista otorgada en el oficio antes mencionado. Por un lado, en relación con los recursos correspondientes del mes de julio del FISM, se señaló que la parte demandada había entregado el monto de $1'248,326.21 (un millón doscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiséis pesos 21/100 moneda nacional). Por otro lado, reiteró que persistía la omisión de entrega del mes de septiembre del fondo correspondiente al FISM. De igual forma, adujo como aún pendientes de pago los montos relacionados con el FORTAFIN A y que, tal y como lo mencionaba la parte demandada, se recibieron los recursos correspondientes al mes de septiembre del FORTAMUN el diez de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, afirmó que esta Primera Sala debía liberar a la parte demandada única y exclusivamente respecto a ese acto reclamado.

II. Competencia

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Zacualpan y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Precisión de la litis

20. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

21. Al respecto, en su inscrito inicial, el Municipio actor señaló lo que sigue:

"d) Actos reclamados:

"Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión A 2016

"1) De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se haya emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales, que le corresponden al Municipio de Zacualpan, Veracruz, por el concepto del Ramo General 23, y en lo particular a:

"1. Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM (julio 2016) $1'248,326.21

"2. Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM (septiembre 2016) $1'248,326.21

"3. Fondo de Fortalecimiento Municipal, FORTAMUNDF (septiembre 2016) $302,402.00

"4. Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, A 2016 $4'500,000.00

"Haciendo un total de los rubros mencionados de $7'299,054.42

"Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"2. Se reclama de todas las autoridades antes señaladas la invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebidos de las participaciones federales que le corresponden al Municipio que represento por concepto de Ramo General 23, y en lo particular a:

"1. Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM (julio 2016) $1'248,326.21

"2. Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM (septiembre 2016) $1'248,326.21

"3. Fondo de Fortalecimiento Municipal, FORTAMUNDF (septiembre 2016) $302,402.00

"4. Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, A 2016 $4'500,000.00

"Haciendo un total de los rubros mencionados de $7'299,054.42

"Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"3. Se reclama la omisión de las autoridades aquí señaladas como demandadas, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su caro (sic), así como lo dispuesto en el numeral sexto, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las participaciones federales por el concepto de Ramo General 23, y en lo particular a:

"1. Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM (julio 2016) $1'248,326.21

"2. Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM (septiembre 2016) $1'248,326.21

"3. Fondo de Fortalecimiento Municipal, FORTAMUNDF (septiembre 2016) $302,402.00

"4. Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, A 2016 $4'500,000.00

"Haciendo un total de los rubros mencionados de $7'299,054.42

"Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del fondo por concepto de Ramo General 23, y en lo particular a:

"1. Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM (julio 2016) $1'248,326.21

"2. Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM (septiembre 2016) $1'248,326.21

"3. Fondo de Fortalecimiento Municipal, FORTAMUNDF (septiembre 2016) $302,402.00

"4. Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, A 2016 $4'500,000.00

"Haciendo un total de los rubros mencionados de $7'299,054.42

"Así como también se les condene al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones, por el retraso injustificado en entregarlas a mi representada."

22. Valorando este texto transcrito con el resto de la demanda, se estima que si bien el Municipio actor refirió que estaba en contra de las instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones llevadas a cabo para la indebida retención de ciertos recursos públicos, advirtiendo la causa de pedir, se llega a la conclusión que lo que realmente reclamó no fueron actos específicos de descuento o retención, sino la omisión en la entrega de dichos recursos.

23. Así las cosas, con la finalidad de resolver lo efectivamente planteado, se considera que los actos impugnados en la presente controversia son:

a) La omisión en cumplir con la obligación constitucional de entregar el importe económico de las aportaciones federales correspondientes al mes de septiembre de dos mil dieciséis del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUNDF) por la cantidad de $302,402.00 (trescientos dos mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.); solicitándose a su vez el pago de los respectivos intereses por la falta de entrega.

b) La omisión en cumplir con la obligación constitucional de entregar el importe económico de los recursos correspondiente a los meses de julio y septiembre dos mil dieciséis del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF (FISMDF) por la cantidad de $2'496,652.42 (dos millones cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y dos pesos 42/100 M.N.); solicitándose el pago de los respectivos intereses por la falta de entrega.

c) La omisión en cumplir con la obligación constitucional de entregar el importe económico de los recursos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN A 2016) por la cantidad de $4'500,000.000 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.); solicitándose a su vez el pago de los respectivos intereses por la falta de entrega.

24. Cabe destacar que respecto a lo anterior, en varios apartados de la contestación de la demanda, el Poder Ejecutivo implica que la retención o la consecuente falta de entrega de los fondos respectivos son inexistentes o no resultan actos propios, sino de la antigua administración, en tanto que el Municipio actor no ha probado que la actual administración del Ejecutivo Local no se encuentre regularizada en la entrega de las participaciones.

25. Sobre esta cuestión, esta Sala estima que el análisis de la existencia de las omisiones reclamadas debe estudiarse en el fondo, pues para determinar si se actualizan o no los aludidos actos omisivos y, consecuentemente, si los recursos fueron o no entregados, debe atenderse al marco legal aplicable, además de que, de ser cierta la ausencia de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.

26. Finalmente, debe señalarse que el hecho que el actual gobernador hubiere alegado que inició su encargo con posterioridad a las omisiones demandadas y que, en consecuencia, no afirma ni niega los hechos que se le imputan, tal aseveración no lo libera –en principio– de una posible responsabilidad, pues la obligación corresponde al poder que encabeza de forma abstracta y no a él como persona física.

27. Por ende, con independencia de quién represente en determinado momento al Ejecutivo Estatal, existe un reclamo legítimo en su contra y, por ende, deberá atender las obligaciones que sean atribuidas al Poder Ejecutivo, al ser quien ejerce el cargo al momento de demandarse la supuesta omisión, de ser el caso.

IV. Oportunidad

28. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si, los aludidos actos impugnados son positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(10) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. Para ello, a continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones, para enseguida aplicar dichos criterios al caso concreto.

Precedentes de esta Suprema Corte

29. En la controversia constitucional 5/2004,(11) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(12) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

30. En la controversia constitucional 20/2005(13) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(14) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28793-ff9b1438/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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