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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHOS DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FONDO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. OMISIÓN DE PAGO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO F-988. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 159/2016. · Registro digital (IUS): 28945
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-16
Promovente: MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Pág. 1654.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 159/2016. MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, ESTADO DE VERACRUZ. 20 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Barrios Mellado, en su carácter de síndico único y representante legal del Ayuntamiento de Tampico Alto, Estado de Veracruz, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en contra de la autoridad y actos siguientes:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Norma general o acto cuya invalidez se demanda:

"a) Las entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Tampico Alto, de Veracruz de Ignacio de la Llave, como lo son el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, Regiones Marítimas del año 2015, Regiones Terrestres correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio del año dos mil dieciséis y hasta la fecha de presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta que se puntual entrega (sic). Así como, el incumplimiento con base a la programación de la Ley de Coordinación Fiscal artículo 32, párrafo segundo, está incumpliendo con los Fondos de Aportaciones del Municipio para la Infraestructura Social Municipal (FISM) los meses de agosto, septiembre y octubre del año dos mil dieciséis. Así como el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) adeudando los meses de agosto, septiembre y octubre de este año en curso. Y del Convenio de Fondo de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFETAM) nos adeudan los ejercicios 2012, 2013, 2015, y 2016. Así como la omisión en la entrega de los apoyos que se derivan del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago número F-998, celebrado por una parte, como fideicomitentes, el Estado Libre y Soberano de Veracruz Ignacio de la Llave a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y diversos Municipios de la entidad, entre los cuales se encuentra el de Veracruz (sic) y por otra parte, como fiduciario, Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.

"b) La omisión del demandado de regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y Establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetarán las participaciones federales.

"c) La omisión del demandado de resarcirle económicamente al Municipio actor, con motivo del retraso de la entrega de las participaciones federales comprendidas a partir de enero de dos mil cinco a la fecha de presentación de demanda, conforme a lo previsto por los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251, el pago de intereses correspondiente."

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señala que:

1. El Municipio de Tampico Alto, Veracruz, es una parte integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz.

2. El principio de legalidad tributaria, establecido en los artículos 31, fracción IV y 115, primer párrafo, de la Constitución Federal, se traduce en que las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público de los Municipios deben estar definidas en una ley en sentido formal y material.

3. El veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto consiste en armonizar el ejercicio de la potestad tributaria y evitar una múltiple tributación, así como participar de la recaudación de los gravámenes de carácter federal, a los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, con base en un fondo general y fondos específicos.

4. El dos de enero de mil novecientos setenta y nueve, la Federación se obligó mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a beneficiar al Estado de Veracruz y a sus Municipios con la entrega de cuatro participaciones en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y del presupuesto de egresos de la Federación; a cambio, el Congreso de Veracruz se comprometió a no establecer contribución, estatal o municipal, en favor de los Municipios sobre actos o hechos jurídicos que ya sean objeto de un impuesto federal.

5. El Municipio debe recibir las participaciones que le correspondan por conducto del Estado de Veracruz dentro de los cinco días a que dicha entidad las reciba de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su retraso da lugar al pago de intereses, de conformidad con lo previsto en los artículos 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.

6. El Gobierno del Estado de Veracruz ha incumplido con la entrega puntual de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor desde el año dos mil cinco –con retrasos de alrededor de los veintiocho días siguientes contados después de la fecha límite de cinco días–, no obstante que éste las recibe puntualmente, conforme al calendario publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; pese al retraso, refiere que el Gobierno de Veracruz no ha realizado el pago correspondiente de los intereses devengados. Señala que dicha situación se desprende de la simple lectura de los oficios relativos a la entrega de las participaciones federales, correspondientes a los meses de enero de dos mil cinco a octubre de dos mil siete, expedidos por el demandado, por conducto del secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Veracruz.

7. El Gobierno del Estado de Veracruz, toda vez que, pese a haber incurrido en los retrasos señalados, no ha efectuado el pago de los intereses devengados, tal como lo establecen los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetarán las participaciones federales que le corresponden al Municipio.

8. En el apartado "FORTAMUN y FISM", se señala que:

I. El Ramo 33 ha representado una de las expresiones más claras del federalismo, al descentralizar hacia las entidades federativas y los Municipios, ciertas responsabilidades para el ejercicio y vigilancia de los recursos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros. En ese sentido, refiere que las aportaciones federales son definidas como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios del país, condicionado a que el gasto se ejerza en la consecución y el cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación se establece en la Ley de Coordinación Fiscal, recursos que se aplican, en términos del artículo 25 de la misma ley, en los fondos siguientes:

i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;

ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

iv. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

v. Fondo de Aportaciones Múltiples;

vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica de Adultos;

vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal; y

viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

II. Al respecto, el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con un porcentaje de la recaudación federal participable a la que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, se transcribe el subsecuente artículo 33, en la parte que refiere a los rubros a los que deben destinarse en exclusiva los fondos que integran el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a saber, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.

III. Por otro lado, se hace referencia al artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) debe distribuirse por las entidades federativas a los Municipios, conforme a una fórmula que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para lo cual deben utilizar la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal de las demarcaciones territoriales, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De igual manera, se refiere que la Secretaría de Desarrollo Social debe publicar en el Diario Oficial de la Federación las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales para cada entidad, como apoyo a las entidades para la aplicación de las fórmulas.

IV. Atendiendo a lo previsto, las entidades federativas y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social deben calcular las distribuciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) que corresponderán a sus Municipios y demarcaciones territoriales; mismas que deberán publicarse junto con la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento, en los respectivos órganos oficiales de difusión, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal aplicable.

V. En tal contexto, refiere que el veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicaron dos acuerdos en el número extraordinario cuarenta y dos de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por medio de los cuales, el Poder Ejecutivo del Estado dio a conocer las distribuciones de recursos para el ejercicio de dos mil dieciséis relativos: i) al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y ii) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, respectivamente (FISMDF).

9. Se destaca que se adeudan diversas cantidades por los conceptos siguientes:

Ver conceptos 1

10. Asimismo, en un diverso apartado en relación al Fideicomiso F-998 aduce que:

I. El Gobierno del Estado y diversos Municipios, entre ellos el Municipio actor, constituyeron el Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago número F-998, el cual celebraron en su calidad de fideicomitentes con el fiduciario Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria. El objetivo de la constitución del fidecomiso bursátil, fue la de obtener recursos adicionales que aseguraran el cumplimiento de las metas de crecimiento y desarrollo planteadas en los distintos planes municipales de desarrollo de dos mil catorce a dos mil dieciséis.

II. De esta forma, atendiendo a la enorme necesidad de los Municipios participantes de obtener recursos adicionales para menguar las necesidades de infraestructura de alto impacto social, el gobernador del Estado resolvió otorgar un peso por cada peso, proveniente del proceso de bursatilización que los Municipios participantes destinen a la realización de obra pública de impacto social.

III. En sesión extraordinaria del fideicomiso celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil ocho, el comité técnico autorizó la incorporación al catálogo de obras e inversiones del fideicomiso de la cantidad que será destinada al programa "peso por peso". El veintidós de octubre posterior se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el acuerdo por el cual se autorizó la incorporación de las obras e inversiones del fideicomiso al catálogo y la liberación de los recursos solicitados para el programa "peso por peso".

IV. Por último, se refiere que, no obstante la existencia de un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio con el objeto de que el Gobierno Estatal otorgara el apoyo financiero por una suma equivalente a los recursos netos que se recibieran, el Ayuntamiento no ha recibido ninguno de los apoyos pactados, siendo éstos retenidos, pese a que el fiduciario ha cumplido a cabalidad con su función en el esquema del fideicomiso.

V. Lo anterior, se dice, se corrobora del ocurso del delegado fiduciario que se le envió al Municipio en el que se indica que los remanentes del fideicomiso le fueron depositados al fideicomitente estatal el nueve de agosto de dos mil dieciséis; oficio en el que la parte actora refiere que se encuentra contenida la información relativa al porcentaje de distribución de remanentes que le corresponde al Municipio, mismo que no ha sido recibido por éste.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la parte actora expuso las siguientes consideraciones:

a) Se vulnera en su perjuicio el régimen de libre administración hacendaria y el principio de integridad de sus recursos económicos, contenidos en el artículo 115 de la Constitución, toda vez que el Gobierno del Estado de Veracruz no ha entregado puntualmente las participaciones federales que le corresponden al Municipio, es decir, de forma sistemática se han entregado tardíamente los recursos y no se ha regularizado su entrega a los tiempos marcados en la ley. De igual manera, se vulneran dichos principios debido a que se ha omitido el subsecuente pago de los intereses.

b) Las participaciones federales que forman parte de las haciendas municipales, en términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstas en el ramo 28 del presupuesto de egresos federal y reguladas en los capítulos I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal. Al respecto, se entiende que las participaciones federales deben ser libremente administradas por el Municipio una vez que las Legislaturas Locales, mediante disposiciones generales, determinen las bases, montos y plazos para ello.

c) En el caso concreto, se infringió un perjuicio al Municipio al retrasarse las autoridades demandas con la entrega de las participaciones y el pago de los intereses devengados, quedando éste en la imposibilidad de destinar dichos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto, de acuerdo a la normativa aplicable y en armonía con sus necesidades colectivas. Entregas que debían realizarse de forma ágil y directa conforme a la calendarización preestablecida, con lo que se vulneró la autonomía financiera contemplada en el artículo 115 de la Constitución Federal.

d) Este artículo constitucional citado presenta, de forma no exhaustiva, los recursos que habrán de integrar la hacienda municipal; así como, las garantías para que la Federación y las entidades federativas no limiten el flujo de recursos y que, de esta manera, los recursos se reciban de manera puntual y efectiva.

e) De manera que, la transferencia que realiza la Federación a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, debe ser recibida de forma puntual y efectiva, en cuanto que la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos con la que cuentan los Municipios, presupone que éstos tengan plena certeza de los recursos de que disponen.

f) En el caso concreto, no existe alguna justificación para que la autoridad demandada retrase la entrega de recursos; por lo que al estar constitucionalmente garantizada su efectiva percepción, no existe un verdadero cumplimiento de la obligación de transferir los recursos, hasta que el Municipio reciba las cantidades que le correspondían en su valor real, es decir, junto con los intereses correspondientes cuando en su entrega se ha producido un retraso indebido.(1)

g) Debe declararse la invalidez de los actos impugnados, en términos del artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, a efecto de que: i) se paguen los intereses devengados al Municipio actor con motivo del retardo en la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecisiete, así como los intereses que se sigan devengado hasta que se haga la entrega puntual de las participaciones; y que ii) se condene a la autoridad demandada a entregar las futuras participaciones dentro del plazo establecido en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251.(2)

h) Se estima procedente la controversia constitucional interpuesta en función de que las retenciones hechas por el Gobierno del Estado de Veracruz afectan ampliamente la autonomía establecida en la Constitución, el federalismo que articula la división territorial del poder en México y el sistema de coordinación fiscal vigente. En este sentido, la participación de las entidades federativas en el flujo de los recursos hacia los Municipios se reduce a una mediación administrativa y nunca a la disposición, suspensión o retención de éstas.

i) El caso en cuestión no se relaciona con ninguno de los supuestos en los que excepcionalmente la ley permite la retención de las participaciones, de modo que resulta incuestionable que la suspensión en la entrega de los recursos federales vulnera los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales, establecidos en el artículo 115 constitucional, además del sistema federal de coordinación fiscal. Por lo que, la retención ejercida por el Gobierno del Estado de Veracruz sobre los recursos del Municipio importa una sanción del pago de intereses que privan a éste de ejercer sus obligaciones constitucionales.(3)

CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 159/2016, designándose instructor del procedimiento al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.(4)

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de gobernador del Estado de Veracruz, al contestar la demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:(5)

I. En el apartado que denominó oportunidad, señaló que la contestación a la demanda fue presentada oportunamente.

II. No hizo referencia a las manifestaciones de la actora identificadas en el escrito de demanda con los números 1, 2, 5 y 8, ya que considera que no constituyen propiamente hechos, sino consideraciones jurídicas sobre las que el Alto Tribunal deberá pronunciarse.

III. Con relación a los hechos, indicó que son parcialmente ciertos, por cuanto hace a la expedición y publicación de la Ley de Coordinación Fiscal, así como al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (antecedentes 3 y 4).

IV. En relación a los hechos 6 y 7, refiere que ni se niegan, ni afirman por no ser hechos propios, toda vez que su administración inició el primero de diciembre de dos mil dieciséis.

V. En el apartado de causas de improcedencia adujo lo siguiente:

A. Prescripción.

Que en relación a los actos que se impugnan, estima que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, pues considera que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la referida ley, los cuales deben computarse a partir de que el actor tenga conocimiento del acto y de su ejecución.

Al respecto, señala que el actor reclama el retraso en la entrega de las participaciones correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis; por lo que, se tiene que el plazo establecido trascurrió en exceso.

Lo anterior, tomando en consideración que el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que la federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, y estos a su vez, se encuentran obligados por dicho ordenamiento a realizar la entrega a los Municipios dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el Estado las reciba.

De manera que, el Municipio actor tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes, una vez que el Estado recibiera los recursos de marras, es decir, a partir del día siguiente al en que feneció el plazo establecido al Estado por la Ley de Coordinación Fiscal, para realizar la entrega al Municipio, y si no lo hizo, ello no le causa agravio en su perjuicio, por una invasión de esferas competenciales, sino que, por el contrario, constituye la prescripción de un derecho. Aunado a que, del contenido del escrito de demanda, se desprende que el representante del Municipio, revela que es de su pleno conocimiento la calendarización preestablecida para la entrega de los recursos federales que reclama. Citó en apoyo la tesis I.3o.C.26 K (10a.), de rubro: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA."

Además aclara que la administración de su gobierno, inició sus funciones el uno de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que niega los actos que reclama el Municipio actor, por no ser propios; ello sin que sea obstáculo, que al tratarse de actos, al Municipio actor le corresponda no solo probarlos, sino además, ceñir su impugnación al plazo de treinta días establecido para ello.

Finalmente, aduce que si bien el artículo 31 de la ley de la materia, declara inadmisible la prueba de posiciones, ello no es impedimento legal para valorar las confesiones espontáneas que produzcan las partes en la demanda, contestación u otros escritos del procedimiento, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Citó en apoyo la jurisprudencia tesis P./J. 27/96, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO."

B) Inexistencia del acto reclamado.

Que con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción III, ambos de la ley reglamentaria de la materia, hace valer la causal de improcedencia, consistente en la inexistencia del acto, que el actor, señalado con el inciso c) en la demanda; en virtud de que, en modo alguno la parte actora ha acreditado que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que inició su administración el uno de diciembre de dos mil dieciséis, no se encuentra regularizando las entregas de las participaciones que le corresponden a la parte demandante, sino por el contrario, la administración que encabeza, ha llevado a cabo acciones tendentes a dar cumplimiento en tiempo y forma las obligaciones derivadas de la ley de Coordinación Fiscal.

C) Omisión de agotar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.

Lo anterior, en cuanto a que el pago de intereses a que alude el Municipio actor, se encuentra previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, y no en la Constitución. De manera que resulta aplicable al caso concreto el artículo 5o. de esta última, que establece que los Municipios podrán dirigir sus inconformidades a la Legislatura del Estado respecto de la aplicación de dicha ley.

En este sentido, se afirma que no existe afectación alguna a la espera de competencias del Municipio actor y, en su caso, de existir violación en relación con su derecho de recibir el pago de intereses, en modo alguno implicaría una violación directa e inmediata a la Constitución Federal. De modo que, la excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 19, fracción, VI, de la ley reglamentaria no se actualiza, quedando obligado el promovente a agotar la vía correspondiente.(6)

Por último, solicita que este Alto Tribunal analice de oficio las causales de improcedencia que pudieren actualizarse en el presente asunto, con fundamento en el artículo 19, último párrafo, de la ley reglamentaria.(7)

SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.

OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, y con relación a los alegatos se indicó que las partes no las habían formulado; y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concreta y específicamente reclamados por el Ayuntamiento actor.

A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.

En el apartado denominado actos cuya invalidez se demandan, señaló como tales lo siguiente:

"a) Las entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Tampico Alto, de Veracruz de Ignacio de la Llave, como lo son el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, Regiones Marítimas del año 2015, regiones terrestres correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio del año dos mil dieciséis y hasta la fecha de presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta que se puntual entrega (sic). Así como, el incumplimiento con base a la programación de la Ley de Coordinación Fiscal artículo 32, párrafo segundo, está incumpliendo con los Fondos de Aportaciones del Municipio para la Infraestructura Social Municipal [FISMDF] los meses de agosto, septiembre y octubre del año dos mil dieciséis. Así como el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios [FORTAMUN] adeudando los meses de agosto, septiembre y octubre de este año en curso. Y del Convenio de Fondo de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFETAM) nos adeudan los ejercicios 2012, 2013, 2015 y 2016. Así como la omisión en la entrega de los apoyos que se derivan del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago número F-998, celebrado por una parte, como fideicomitentes, el Estado Libre y Soberano de Veracruz Ignacio de la Llave a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y diversos Municipios de la entidad, entre los cuales se encuentra el de Veracruz (sic) y por otra parte, como fiduciario, Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.

"b) La omisión del demandado de regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 251 que crea

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28945-801e5dce/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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