I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, AL SER AJENO A LAS OMISIONES IMPUGNADAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2017. MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 13 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ SE RESERVARON SU DERECHO A FORMULAR SENDOS VOTOS CONCURRENTES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el dos de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gregorio San Juan Velazco, en su carácter de síndico único y representante legal del Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en contra de las autoridades y actos siguientes:
Entidad, poder u órgano demandado:
• El gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El secretario de Finanzas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
•El director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El director de cuenta pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
"1). De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, por concepto de ramo 033, y en lo particular al: Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2016, FISM-DF:
"– $8'590,178.20 (Ocho Millones quinientos noventa mil ciento setenta y ocho pesos 20/100 M.N.) correspondiente al mes de agosto de la presente anualidad.
"– $8'590,178.20 (Ocho Millones quinientos noventa mil ciento setenta y ocho pesos 20/100 M.N.) correspondiente al mes de agosto de la presente anualidad.
"– $8'590,178.20 (Ocho Millones quinientos noventa mil ciento setenta y ocho pesos 20/100 M.N.) correspondiente al mes de octubre de la presente anualidad.
"Sumando un importe total de este fondo por la cantidad de $25'770.534.00 (Veinticinco millones setecientos setenta mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) retenidos mismos que ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que las autoridades responsables no dieron cumplimiento al calendario de pagos de los fondos federales del ramo 033 que le fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, en fecha veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil dieciséis.
"2. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente se han retenido a las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del fondo por el concepto de ramo 33, las cuales quedaron precisadas en el punto inmediato anterior."
SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señala que:
1. El decreto del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, en su artículo 3, en relación con los anexos correspondientes, autoriza los recursos para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
2. Al Municipio de Ixhuatlán de Madero, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se le asignó por concepto de dicho fondo, la cantidad de ocho millones quinientos noventa mil ciento setenta y ocho pesos mensuales.
3. Las cantidades correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, ya fueron entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Estado de Veracruz.
4. Conforme al artículo 6o., párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación entregará las participaciones federales a los Municipios, por conducto de los Estados, quienes dentro de los cinco días siguientes a aquel en que las reciban, deberán entregarlas a los Municipios, so pena de pagar interés por la mora.
5. Hasta enero de dos mil diecisiete –cuando se presentó la demanda–, el Gobierno del Estado de Veracruz no había entregado las cantidades correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dicha anualidad, las cuales suman veinticinco millones setecientos setenta mil quinientos treinta y cuatro pesos.
6. Desde finales de noviembre de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, a través del presidente municipal, hizo requerimientos vía telefónica a la Secretaría de Finanzas, específicamente, al Departamento de Caja, a efecto de que pagaran dichas cantidades.
7. El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el Departamento de Caja de la Secretaría de Finanzas del Estado informó, al Ayuntamiento que dichos pagos serían retenidos por órdenes del titular de dicha dependencia.
8. Estas retenciones afectan el derecho humano de los habitantes del Municipio al desarrollo social e impide el normal funcionamiento de la hacienda municipal.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de validez, la parte actora expuso las siguientes consideraciones:
a) Se vulnera en su perjuicio el régimen de libre administración hacendaria y el principio de integridad de sus recursos económicos, contenidos en el artículo 115 de la Constitución, toda vez que el Gobierno del Estado de Veracruz no ha entregado las participaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, sin que exista fundamento legal que lo justifique.
b) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido diversas garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, tendientes al fortalecimiento de su autonomía, como los principios de libre administración hacendaria, ejercicio directo de los recursos, integridad de los recursos y reserva de ingresos; y las facultades de percibir las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, proponer a las Legislaturas Locales las cuotas y tarifas aplicables a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y de proponer sus leyes de ingresos.
c) Conforme al marco señalado, la participación federal –como lo es el Fondo retenido–, está sujeta a un régimen de libre administración, cuya disposición y aplicación debe llevarse a cabo, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de los fines públicos de los propios Ayuntamientos, situación que en la especie no ocurre y, por ende, causa agravio.
d) Así, en los fondos de aportaciones, el papel de los Estados es de mediación, de control y de supervisión en su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención.
e) En ese sentido, el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, determina que las participaciones federales no pueden estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas o por compensaciones, en los términos y condiciones establecidos en el propio ordenamiento federal.
f) De ese modo, existen casos de excepción en los que resulta válida la retención de las participaciones federales que le corresponden a los Municipios; y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que puede darse cuando:
a. Se destinen al pago de obligaciones contraídas por los Municipios, previa autorización de las Legislaturas locales e inscripción en el registro correspondiente.
b. Exista la voluntad manifiesta del Municipio para destinarlos a un fin determinado.
g) Sin embargo, en el caso no se da ninguna de las hipótesis señaladas, por lo que resulta ilegal la retención que se impugna del Estado de Veracruz, ya que viola el sistema federal de coordinación fiscal y los principios de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos.
h) El principio de libre administración de la hacienda municipal, busca fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, permitiéndoles tener la libre disposición y aplicación de los recursos que integran la hacienda municipal, para satisfacer sus necesidades, en el entendido de que son ellos quienes las conocen de mejor manera; así lo establece en la tesis de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).". Dentro de la hacienda municipal se encuentran las participaciones federales, por lo que los Estados violan el principio de mérito cuando imponen alguna restricción a las mismas; sirve de apoyo la tesis de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.".
i) En cuanto al principio de integridad de los recursos, se garantiza que los Municipios reciban en forma puntual, efectiva y completa los recursos que les deben ser transferidos por la Federación, a efecto de que estén en condiciones de cumplir sus obligaciones constitucionales. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."
j) Por tanto, el Estado de Veracruz al retener los fondos de aportaciones respecto de los que sólo tiene facultades de mediación administrativa, viola los principios antes referidos y el sistema federal de coordinación fiscal.
k) De conformidad con las fracciones IV, V y VI del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, debe determinarse la invalidez de la retención impugnada, al no existir facultades que autoricen a la autoridad estatal para llevarla a cabo, y ordenarse la entrega inmediata de las cantidades retenidas más el pago de los intereses generados.
l) Debe declararse la invalidez de los actos impugnados, en términos del artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria, a efecto de que: i) se paguen los intereses devengados al Municipio actor con motivo del retardo en la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecisiete, así como los intereses que se sigan devengado hasta que se haga la entrega puntual de las participaciones; y que ii) se condene a la autoridad demandada a entregar las futuras participaciones dentro del plazo establecido en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251.
CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 1o., 4o., 8o., 14, 16, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil diecisiete, el Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional, bajo el expediente 1/2017; asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de la misma fecha, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, ordenó emplazarlos, requiriéndolos para que, al momento de formular su contestación, enviaran a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; no tuvo como demandados al Secretario, director general de Contabilidad Gubernamental y director de Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del Estado, así como a la Contaduría Mayor de Hacienda, al tratarse de dependencias subordinadas, respectivamente, a dichos poderes; asimismo se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que emitiera la opinión que le corresponde, y mandó formar cuaderno incidental, a efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada.(1)
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de gobernador del Estado de Veracruz, al contestar la demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:(2)
I. En el apartado que denominó oportunidad, señaló que la contestación a la demanda fue presentada oportunamente.
II. Con relación a los hechos indicó que son parcialmente ciertos, por cuanto hace a la expedición y publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, en el cual se contempla la asignación de recursos para diferentes fondos y rubros destinados a los Municipios del país, entre ellos, los del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Sin embargo, en cuanto a los requerimientos formulados a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con el propósito de que se pagaran las cantidades correspondientes de las participaciones federales reclamadas, no los afirmó ni negó, al considerar que no eran propios de la administración que tuvo inicio a partir del uno de diciembre de dos mil dieciséis.
No hizo referencia a las demás manifestaciones del actor, por no constituir propiamente hechos, sino consideraciones jurídicas que este Tribunal debe resolver.
III. En el apartado de causas de improcedencia adujo lo siguiente:
A) Prescripción.
Que en relación a los actos que se impugnan estima que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria, pues considera que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la referida ley, los cuales deben computarse a partir de que el actor tenga conocimiento del acto y de su ejecución.
Al respecto, señala que el actor reclama, el retraso en la entrega de las participaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis; por lo que, se tiene que el plazo establecido transcurrió en exceso.
Lo anterior, tomando en consideración que el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, y éstos a su vez, se encuentran obligados por dicho ordenamiento a realizar la entrega a los Municipios dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba.
De manera que, el Municipio actor tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes, una vez que el Estado recibiera los recursos de marras, es decir, a partir del día siguiente al en que feneció el plazo establecido al Estado por la Ley de Coordinación Fiscal, para realizar la entrega al Municipio, y si no lo hizo, ello no le causa agravio en su perjuicio, por una invasión de esferas competenciales, sino que, por el contrario, constituye la prescripción de un derecho. Aunado a que, del contenido del escrito de demanda se desprende que el representante del Municipio, revela que es de su pleno conocimiento la calendarización preestablecida, para la entrega de los recursos federales que reclama.
Además aclara que la administración de su gobierno, inició sus funciones el uno de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que niega los actos que reclama el Municipio actor, por no ser propios; ello sin que sea obstáculo, que al tratarse de actos al Municipio actor le corresponda no sólo probarlos, sino además, ceñir su impugnación al plazo de treinta días establecido para ello.
Finalmente, aduce que si bien el artículo 31 de la ley de la materia, declara admisible la prueba de posiciones, ello no es impedimento legal para valorar las confesiones espontáneas que produzcan las partes en la demanda, contestación u otros escritos del procedimiento, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
B) Inexistencia del acto reclamado.
Que con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción III, ambos de la ley reglamentaria, hace valer la causa de improcedencia consistente en la inexistencia del acto, en virtud de que, en modo alguno la parte actora ha acreditado que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que inició su administración el uno de diciembre de dos mil dieciséis, no se encuentra regularizando las entregas de las participaciones que le corresponden a la parte demandante, sino por el contrario, la administración que encabeza ha llevado a cabo acciones tendentes a dar cumplimiento en tiempo y forma las obligaciones derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal.
C) Omisión de agotar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.
Lo anterior, en cuanto a que el pago de intereses a que alude el Municipio actor se encuentra previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, y no en la Constitución. De manera que resulta aplicable al caso concreto el artículo 5o. de esta última, que establece que los Municipios podrán dirigir sus inconformidades a la legislatura del Estado respecto de la aplicación de dicha ley.
En este sentido, se afirma que no existe afectación alguna a la espera de competencias del Municipio actor y, en su caso, de existir violación en relación con su derecho de recibir el pago de intereses, en modo alguno implicaría una violación directa e inmediata a la Constitución Federal. De modo que, la excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 19 fracción VI, de la ley reglamentaria no se actualiza, quedando obligado el promovente a agotar la vía correspondiente.(3)
Por último, solicita que este Alto Tribunal analice de oficio las causales de improcedencia que pudieren actualizarse en el presente asunto, con fundamento en el artículo 19, último párrafo, de la ley reglamentaria.(4)
SÉPTIMO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. María Eliza Manterola Saínz, en su carácter de diputada presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, al contestar la demanda refirió que:(5)
I. Con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, debe sobreseerse, respecto de dicho Congreso, en virtud de que no existe dentro de su estructura orgánica, el órgano señalado como responsable denominado Contaduría Mayor de Hacienda; asimismo, no tiene el carácter de demandado de conformidad con la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria, dado que no participó ni intervino en los actos reclamados.
II. En cuanto a los antecedentes señalados en la demanda, no los negaba ni afirmaba por no serle propios.
III. Respecto de los conceptos de invalidez, reconoce la autonomía de los Ayuntamientos, su personalidad jurídica y la forma en que manejan su patrimonio, por lo que dicho Congreso sólo puede aprobar la forma en que se designarán las participaciones federales, pero nunca retenerlas.
OCTAVO.—Opinión del Procurador General de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.
NOVENO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo, la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, y con relación a los alegatos se indicó que las partes no habían formulado; y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor, y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concreta y específicamente reclamados por el Ayuntamiento actor.
A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.
En el apartado denominado actos reclamados, señaló como tales lo siguiente:
"1). De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, por concepto de ramo 033, y en lo particular al: Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2016, FISM-DF:
"– $8.590,178.20 (Ocho Millones quinientos noventa mil ciento setenta y ocho pesos 20/100 M.N.) correspondiente al mes de agosto de la presente anualidad.
"–·$8.590,178.20 (Ocho Millones quinientos noventa mil ciento setenta y ocho pesos 20/100 M.N.) correspondiente al mes de agosto de la presente anualidad.
"– $8.590,178.20 (Ocho Millones quinientos noventa mil ciento setenta y ocho pesos 20/100 M.N.) correspondiente al mes de octubre de la presente anualidad.
"Sumando un importe total de este fondo por la cantidad de $25'770.534.00 (Veinticinco millones setecientos setenta mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) retenidos mismos que ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que las autoridades responsables no dieron cumplimiento al calendario de pagos de los fondos federales del ramo 033 que le fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, en fecha veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil dieciséis.
"2. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente se han retenido a las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del fondo por el concepto de ramo 33, las cuales quedaron precisadas en el punto inmediato anterior."
Valorando este texto, transcrito con el resto de la demanda, se estima que si bien el Municipio actor refirió que estaba en contra de las instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones llevadas a cabo para la indebida retención de ciertos recursos públicos, advirtiendo la causa de pedir, se llega a la conclusión que lo que realmente reclamó no fueron actos específicos de descuento o retención, sino la omisión en la entrega de los recursos mencionados.
Primero, porque el Municipio actor, recurrentemente, pone de manifiesto no tener conocimiento de que se hubiera realizado, hasta la fecha de la presentación de su demanda, la entrega de los mismos y, segundo, debido a que el motivo principal para la presentación de la demanda es precisamente la ausencia de pago de esos recursos.
Así las cosas, con la finalidad de resolver lo efectivamente planteado, se considera que los actos impugnados en la presente controversia son:
• La omisión en la entrega del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), respecto de los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por un total de $25'770.534.00 (Veinticinco millones setecientos setenta mil quinientos treinta y cuatro 00/100 M.N).
En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(6) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.—El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."
Finalmente, debe señalarse que el hecho que el actual gobernador hubiera alegado que inició su encargo con posterioridad a las omisiones demandadas y que, en consecuencia, no existen los hechos que se le imputan, tal aseveración no lo libera –en principio– de una posible responsabilidad, pues la obligación corresponde al poder que encabeza de forma abstracta y no a él, como persona física.
Por ende, con independencia de quién represente en determinado momento al ejecutivo estatal, existe un reclamo legítimo en su contra y, por ende, deberá atender las obligaciones que sean atribuidas al Poder Ejecutivo, al ser quien ejerce el cargo al momento de demandarse la supuesta omisión, de ser el caso.
TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si, los aludidos actos impugnados son positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(7) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. Para ello, a continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido, entre actos positivos y omisiones.
En la controversia constitucional 5/2004,(8) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(9) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 20/2005(10) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04, de veintisi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28941-d343b865/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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