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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (DEDUCCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). II. PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS DEDUCCIONES APLICADAS AL MUNICIPIO ACTOR POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL POR CONCEPTO DE CUOTAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL A FAVOR DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO SIN EXISTIR CONVENIO ALGUNO, VULNERAN SU AUTONOMÍA FINANCIERA (DEDUCCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE MINATITLÁN POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). III. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DEDUCCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). IV. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE MINATITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, REINTEGRE LAS CANTIDADES DESCONTADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE MINATITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 138/2016. · Registro digital (IUS): 28967
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-23
Promovente: MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, Pág. 2651.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 138/2016. MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VERACRUZ. 23 DE MAYO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Martín Gracia Vázquez, síndico del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Minatitlán, Veracruz, promovió controversia constitucional en representación de ese Ayuntamiento contra el Poder Ejecutivo de esa entidad federativa.

Señaló como actos cuya invalidez demanda, los que a continuación se sintetizan:

1. La disposición financiera que realiza el Estado de Veracruz de las participaciones federales que corresponden al Municipio de Minatitlán, Veracruz, por la cantidad de $1'764,552.46 (un millón setecientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 46/100 moneda nacional), por concepto de cuotas relativas a la seguridad social a favor del Instituto de Pensiones del Estado, correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciséis.

2. La disposición financiera que realiza el Estado de Veracruz de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor por la cantidad de $1'373,915.98 (un millón trescientos setenta y tres mil novecientos quince pesos 98/100 moneda nacional), por concepto de cuotas relativas a la seguridad social a favor del Instituto de Pensiones del Estado, correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciséis.

SEGUNDO.—Antecedentes. La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan:

1. Las participaciones federales que correspondían al mes de agosto de dos mil dieciséis, fueron deducidas en la cantidad de $ 1'764,552.46 (un millón setecientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 46/100 moneda nacional), por concepto de cuotas al Instituto de Pensiones del Estado, situación que aun a pesar de que no se ha dado, pues así informó la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, a través del oficio SSE/1371/2016, afectación que se va a dar sin que exista convenio que así lo estipule.

2. Las participaciones que correspondían al mes de septiembre al Municipio actor, le fue deducida la cantidad de $1’373,915.98 (un millón trescientos setenta y tres mil novecientos quince pesos 98/100 moneda nacional), por concepto de cuotas al Instituto de Pensiones del Estado sin existir un convenio por parte de éste para que sean afectadas las participaciones que le corresponden a esta entidad pública.

3. Por oficio OF-P-1346-2016, se hizo del conocimiento a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, a través de su titular, la oposición que el Municipio actor sobre la deducción y/o afectación que realizó dicha secretaría sobre las participaciones federales que corresponde al Municipio, porque no existe anuencia de éste.

TERCERO.—Concepto de invalidez. A continuación, se sintetizan los conceptos de invalidez expresados por la parte actora:

1. La conducta desplegada por las demandadas viola en perjuicio del Municipio actor el principio constitucional de libre administración de la hacienda municipal contenida en el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las participaciones federales que corresponden al Municipio actor fueron afectadas por deducciones ilegales, porque no existe convenio alguno en donde así se estipule.

2. Menciona que los artículos 8o., penúltimo párrafo y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y 3 de la Ley de Coordinación para el Estado y los Municipios de Veracruz establecen que las participaciones que le corresponden a los Municipios se darán en efectivo sin condicionamiento alguno, siendo éstas inembargables, ni pudiéndose afectar a fines específicos.

CUARTO.—Preceptos constitucionales violados. El Municipio actor señaló que se transgrede en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115, fracciones II, párrafo primero y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 138/2016 y designó como instructora a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

Por auto de nueve de noviembre siguiente, la Ministra instructora admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes.

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo Local. Mediante oficio depositado el doce de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correos de México, recibido el veinte de enero siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del Estado de Veracruz, contestó la demanda de controversia constitucional en la que alegó causales de improcedencia, las cuales se estudiarán en el apartado correspondiente.

SÉPTIMO.—El procurador general de la República no rindió opinión a pesar de estar debidamente notificado.

OCTAVO.—Audiencia. Una vez agotado el trámite respectivo, el trece de marzo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes.

NOVENO.—Avocamiento. Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto, ordenando devolver los autos a la Ministra ponente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que resulta innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que se trata de una controversia constitucional suscitada entre el Municipio de Minatitlán y el Poder Ejecutivo de Veracruz, sobre la constitucionalidad de diversos actos sin cuestionar una norma de carácter general.

SEGUNDO.—Legitimación activa. Se procede a realizar el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Del escrito de la demanda de controversia constitucional se advierte que quien promueve es el síndico municipal de Minatitlán, Veracruz, representante legal de ese Municipio, carácter que acredita con una copia certificada de la constancia de mayoría y validez que le fue otorgada por el Consejo Municipal Electoral de Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, dependiente del Instituto Estatal Electoral, el nueve de julio de dos mil trece.(1)

El artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes.

Por su parte, el artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz establece lo siguiente:

"Artículo 37. Son atribuciones del síndico:

(Reformada, G.O. 2 de marzo de 2006)

"I. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigio (sic) en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el síndico requiere la autorización previa del Cabildo."

De este modo, si el promovente comparece a nombre y en representación del Municipio de Minatitlán, Veracruz, tiene la legitimación necesaria para promover la presente controversia constitucional.

TERCERO.—Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de la parte demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda:

Miguel Ángel Yunes Linares dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, personalidad que acredita con las copias certificadas de la constancia de mayoría de doce de junio de dos mil dieciséis, expedida a su favor por los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado, mediante la cual se le declara como Gobernador Electo de la entidad referida.(2)

Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los artículos 42 y 49, fracción XVIII, dispone:

"Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado gobernador del Estado."

(Reformado, G.O. 3 de febrero de 2000)

"Artículo 49. Son atribuciones del gobernador del Estado: ...

"XVIII. Representar al Estado, para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal."

En consecuencia, Miguel Ángel Yunes Linares tiene la facultad para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz en la presente controversia.

CUARTO.—Precisión de actos. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concreta y específicamente reclamados por el Ayuntamiento actor.

A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas:

Del análisis integral de la demanda se desprende que el Municipio actor impugnó la disposición financiera que realizó el Estado de Veracruz de las participaciones federales correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis, por concepto de cuotas de seguridad social a favor del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, de los oficios SSE/1371/2016 y SSE/1543/2016, de siete de septiembre y de siete de octubre, ambos de dos mil dieciséis, respectivamente.

En consecuencia, se tienen como actos impugnados:

1. La deducción de $1'764,552.46 (un millón setecientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 46/100 moneda nacional), aplicada en agosto de dos mil dieciséis a las participaciones del Municipio actor, contenida mediante oficio SSE/1371/2016.

2. La deducción de $1'373,915.98 (un millón trescientos setenta y tres mil novecientos quince pesos 98/100 moneda nacional), de tales recursos de septiembre de dos mil dieciséis, contenida en el oficio SSE/1543/2016.

En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(3) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.—El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."

QUINTO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida en forma oportuna.

En el caso, como se precisó, el Municipio actor impugnó las deducciones aplicadas en las participaciones federales que le correspondían en los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis, por lo que debe aplicarse el plazo previsto en el artículo 21, fracción I,(4) de la ley reglamentaria de la materia, esto es, de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Así, en su escrito de demanda, el Municipio actor refiere haber tenido conocimiento de la deducción aplicada en agosto de dos mil dieciséis, el cuatro de octubre de dicho año, lo que coincide con la fecha de recibido que consta en la documental aportada por la autoridad demandada;(5) en consecuencia, el plazo para su impugnación transcurrió del miércoles cinco de octubre al martes veintidós de noviembre del referido año.

En dicho cómputo se descontaron los siguientes días inhábiles:

• Sábados: ocho, quince, veintidós y veintinueve de octubre, así como cinco, doce y diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis.

• Domingos: nueve, dieciséis, veintitrés y treinta de octubre, así como seis, trece y veinte de noviembre de dos mil dieciséis.

• Por acuerdo del Tribunal Pleno: Treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil dieciséis.(6)

Lo anterior, de conformidad con los artículos 2o. de la ley reglamentaria de la materia,(7) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(8) y el punto primero, incisos a), b), c), j) y n), del Acuerdo General Número 18/2013,(9) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.

En cuanto a la deducción de septiembre de dos mil dieciséis, el Municipio actor manifestó tener conocimiento de la deducción a las participaciones federales el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis; en ese sentido, el plazo para controvertirla transcurrió del miércoles diecinueve de octubre al lunes cinco de diciembre de dicho año.

En dicho plazo se descontaron los siguientes días inhábiles:

• Sábados: veintidós y veintinueve de octubre, así como cinco, doce, diecinueve y veintiséis de noviembre y tres de diciembre de dos mil dieciséis.

• Domingos: veintitrés y treinta de octubre, así como seis, trece, veinte y veintisiete de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil dieciséis.

• Por acuerdo del Tribunal Pleno: Treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil dieciséis.(10)

Lo anterior, de conformidad con los artículos 2o. de la ley reglamentaria de la materia,(11) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(12) y el punto primero, incisos a), b), c) y n), del Acuerdo General 18/2013,(13) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.

Luego, si la demanda se presentó el lunes siete de noviembre de dos mil dieciséis, según el sello estampado por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (foja diecisiete vuelta del expediente principal), entonces, debe considerarse que, respecto a las aludidas deducciones, fue promovida oportunamente.

Precisado lo anterior, resulta infundada la causal de improcedencia que invoca el Poder Ejecutivo Local, relativa a que la demanda se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia.

En efecto, el Poder demandado alega que la demanda de controversia constitucional se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la ley de referencia, respecto de las participaciones federales de agosto y las anteriores a ese mes, en virtud de que el actor confesó que tenía conocimiento de los calendarios de pagos y de que han de cubrirse los cinco días posteriores a su recepción por el Estado por parte de la Federación con sujeción a la Ley de Coordinación Fiscal de manera que si las de agosto debían de pagarse en los primeros días de septiembre, entonces la demanda resulta extemporánea por exhibirse hasta el siete de noviembre de dos mil dieciséis.

Es infundada la causal de improcedencia, en virtud de que si bien es cierto que conforme a los calendarios de pagos, las participaciones federales debían pagarse en los primeros días de septiembre, también lo es que en la demanda expresamente se mencionó que la deducción correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciséis aquí controvertida, fue hecha del conocimiento del Municipio actor a través del oficio SSE/1371/1/2016, notificado al Municipio actor el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, según consta en la documental aportada por el propio poder demandado, sin que se advierta que haya probado lo contrario, por tanto, como se consideró en párrafos anteriores, la demanda fue promovida oportunamente.

Dado que no se advierte la actualización de las causales de improcedencia y sobreseimiento distintas a las mencionadas, se procede al estudio del fondo del asunto.

SEXTO.—Consideraciones preliminares. Esta Segunda Sala, al resolver, por unanimidad de cinco votos, la controversia constitucional número 104/2011, promovida por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, determinó lo siguiente:

"Para cumplir con el anunciado cometido, es pertinente atender a lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que establece:

"‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"‘...

"‘IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"‘a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"‘Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

"‘b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"‘c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

"‘Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

"‘Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

"‘Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

"‘Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.’

"Por su parte, los artículos 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal disponen lo siguiente:

"‘Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las Legislaturas Locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.

"‘La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

"‘Los Municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta ley.

"‘Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley. Los Gobiernos de las entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, a que está obligada conforme al artículo 3o. de esta ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición.’

"‘Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

"‘Las obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del Estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

"‘Las entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

"‘No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.

"‘El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

"‘En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y Municipios.’

"De los preceptos legales transcritos se advierten las siguientes notas referenciales en torno a las participaciones federales:

"1. Las que reciban los Municipios forman parte de su hacienda y serán cubiertas en los términos que para su distribución determinen las Legislaturas Locales, mediante disposiciones de carácter general.

"2. La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba y el retraso dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión, para los casos de pago a plazos de contribuciones.

"3. Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios, son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por aquéllos, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas, a petición de dichas entidades, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades y Municipios, bien sea a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, o de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana; asimismo, proceden las compensaciones que se requieran efectuar, cuando sean a consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones, o cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o la Ley de Coordinación Fiscal así lo autorice.

"En ese contexto, las participaciones federales previstas en la fracción IV del artículo 115 constitucional, han sido motivo de estudio por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias,(14) en las cuales se ha establecido un cúmulo de garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, tendentes al fortalecimiento de su autonomía, a saber:

"1. Principio de libre administración de la hacienda municipal,(15) cuyo fin es fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y sat

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28967-28da2d4b/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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