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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL RECAE EN EL CONSEJERO JURÍDICO (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO ESTATAL (OFICIO 351-A-EOS-2091-2019, EMITIDO POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE DEFINITIVIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, AL NO EXISTIR CONSTANCIA DE QUE HAYA SIDO IMPUGNADO POR EL MUNICIPIO ACTOR A TRAVÉS DE ALGÚN OTRO MEDIO Y TAMPOCO TRATARSE DE UN ACTO EMITIDO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO (OFICIO 351-A-EOS-2091-2019, EMITIDO POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE DEFINITIVIDAD, AL NO EXISTIR UNA VÍA ORDINARIA EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ENTRE EL MUNICIPIO ACTOR Y EL PODER EJECUTIVO FEDERAL (OFICIO 351-A-EOS-2091-2019, EMITIDO POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (OFICIO 351-A-EOS-2091-2019, EMITIDO POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS (OFICIO 351-A-EOS-2091-2019, EMITIDO POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO IMPUGNADO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NEGÓ LA SOLICITUD SOBRE LA AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD FEDERATIVA Y EL PAGO DIRECTO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F-998, ASÍ COMO DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS RETENIDAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LOS INTERESES GENERADOS, CONSTITUYE UNA POTENCIAL AFECTACIÓN AL MUNICIPIO ACTOR QUE IMPLICA UN TEMA GENUINO DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (OFICIO 351-AEOS-2091-2019, EMITIDO POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES POSIBLE ANALIZAR EN ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL LA ENTREGA DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F-998, YA QUE TALES REMANENTES NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES (OFICIO 351-A-EOS-2091-2019, EMITIDO POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). XIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE EJERCICIO DIRECTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL IMPLICA QUE LOS MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE SU ÓRGANO DE GOBIERNO SEAN LOS ÚNICOS QUE VÁLIDAMENTE DISPONGAN DE AQUELLAS QUE EL ESTADO DEBA TRANSFERIRLES. XIV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ES EL ÓRGANO DE CONTROL RESPECTO DE LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, AL SER LA QUE ENTREGA AQUÉLLAS A LOS ESTADOS, PARA QUE POR SU CONDUCTO LAS ENTREGUEN A LOS MUNICIPIOS. XV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2020. · Registro digital (IUS): 30870
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-08-26
Promovente: MUNICIPIO DE COTAXTLA, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo IV, Pág.3596.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2020. MUNICIPIO DE COTAXTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE . 25 DE MAYO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Oficio 351-A-EOS-2091-2019, emitido el trece de diciembre de dos mil diecinueve por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 29/2020, promovida por Municipio de Cotaxtla, Estado de Veracruz, en contra del Poder Ejecutivo Federal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciocho de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luisa Graciela Morales Pulido, en su carácter de síndica única del Municipio de Cotaxtla, Veracruz, promovió controversia constitucional en la que señaló como actos impugnados los siguientes:

1. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

"a). De la autoridad señalada se demanda la invalidez de la orden o instrucción mediante oficio No. 351-A-EOS-2091-2019, de fecha 13 de diciembre del año 2019, el cual me fue notificado por correo certificado el día 17 de enero del año 2020, por la cual se niega afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de que la Federación pague directamente las aportaciones y participaciones federales omitidas de ministrar al Municipio de Cotaxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, durante los años 2015 y 2016, pertenecientes a los fondos del remanente de bursatilización y de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2015 y 2016, debido a que el Estado de Veracruz incumplió con la obligación constitucional de ministrarlas de forma puntual, efectiva y completas a efecto de no ocasionar una afectación a nuestra hacienda municipal;

"b). De la autoridad señalada se demanda la invalidez de la orden o instrucción mediante oficio No. 351-A-EOS-2091-2019, de fecha 13 de diciembre del año 2019, el cual me fue notificado por correo certificado el día 17 de enero del año 2020, por medio del cual niega nuestra petición que ante la omisión de pago de aportaciones federales al Municipio de Cotaxtla, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, de los recursos del remanente de bursatilización y de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2015 y 2016, es que se solicitaba se retengan los recursos al Estado de Veracruz para que se le entreguen directamente al Municipio; y,

"c). De la autoridad señalada se demanda la invalidez de la orden o instrucción mediante oficio No. 351-A-EOS-2091-2019, de fecha 13 de diciembre del año 2019, el cual me fue notificado por correo certificado el día 17 de enero del año 2020, por medio del cual niega nuestra petición del pago de intereses que se hayan generado por la omisión de pago de los recursos del remanente de bursatilización (periodo febrero-julio 2016), del fideicomiso no. F-998, Deutsche Bank México, S.A., así como del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos por los meses de noviembre 2015 a febrero de 2016, abril a junio 2016, y agosto a septiembre de 2016."

2. Del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

"a). De la autoridad señalada se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida omisión de pago de las aportaciones y/o participaciones federales que le corresponden al Municipio de Cotaxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, por el concepto de Ramo General 28, en lo particular del:

"I. Remanente de bursatilización por la cantidad de $978,761.48 (novecientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y un pesos, 48/100 M.N.), periodo febrero-julio, bursatilización 2016.

"II. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2015, por la cantidad de $144,413.00 (ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipio Productor de Hidrocarburos noviembre 2015.

"III. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $145,960.00 (ciento cuarenta y cinco mil novecientos sesenta pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipios Productores de Hidrocarburos diciembre 2015.

"IV. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $146,041.00 (ciento cuarenta y seis mil cuarenta y un pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipio Productor de Hidrocarburos enero 2016.

"V. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $148,365.00 (ciento cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco pesos, 00/100 M.N.), que corresponde por concepto de Municipio Productor de Hidrocarburos febrero 2016.

"VI. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $136,798.00 (ciento treinta y seis mil setenta y un mil ochocientos setenta y seis pesos (sic), 00/100 M.N.), por concepto de Municipios Productores de Hidrocarburos Terrestres Pago No. 4 mes de abril de 2016.

"VII. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $122,341.00 (ciento veintidós mil trescientos cuarenta y un pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipios Productores de Hidrocarburos Terrestres Pago No. 5 mes de mayo de 2016.

"VIII. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $135,835.00 (ciento treinta y cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipios Productores de Hidrocarburos Terrestres Pago No. 6 mes de junio de 2016.

"IX. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $141,517.00 (ciento cuarenta y un mil quinientos diecisiete pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipios Productores de Hidrocarburos Terrestres Pago No. 8 mes de agosto de 2016.

"X. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016, por la cantidad de $79,148.00 (setenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos, 00/100 M.N.), por concepto de Municipios Productores de Hidrocarburos Terrestres Pago No. 9 mes de septiembre de 2016.

"XI. En este caso, se reclaman el pago de los intereses generados por la omisión de pago de los recursos del remanente de bursatilización y de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2015 y 2016, señalados en los incisos anteriores. Pago de interés que deberá hacer a mi representada, hasta que se haga pago total de los recursos de los fondos omitidos de pago.

"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"b). Se reclama de la autoridad antes señalada la invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y omisión de pago indebida de las aportaciones y/o participaciones federales, que le corresponden al Municipio que representamos por concepto de Ramo General 28, y en la particular del: [se reiteran los conceptos señalados en las fracciones I a XI del inciso a)].

"c). Se reclama la omisión de las autoridades aquí señaladas como demandadas, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como a lo dispuesto en el numeral sexto párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, aplicado de manera supletoria en el presente asunto, toda vez que han sido omisas en entregar las aportaciones y/o participaciones federales por el concepto de Ramo General 28, y en lo particular del: [se reiteran los conceptos señalados en las fracciones I a XI del inciso a)].

"d). Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las aportaciones y/o participaciones federales, que corresponden al Municipio que represento provenientes del fondo por el concepto de Ramo General 28, y en lo particular del: [se reiteran los conceptos señalados en las fracciones I a XI del inciso a)]."

2. Conceptos de invalidez. El Municipio actor expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

a. Contrario a lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según lo previsto en el artículo 6o., párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, dicha dependencia sí está facultada para afectar las participaciones federales que corresponden al Gobierno del Estado de Veracruz, con motivo de su omisión de entregar aportaciones federales que corresponden al Municipio conforme a los montos y plazos establecidos para tal efecto, lo que afecta la hacienda municipal.

b. La omisión del Gobierno del Estado de Veracruz de entregar los fondos federales señalados en la demanda contraviene el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en concreto: el principio de libre administración de la hacienda municipal; el principio de ejercicio directo del Ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda municipal; el principio de integridad de los recursos municipales; así como el principio de reserva de fuentes de ingresos a los Municipios.

c. El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal prohíbe que los recursos correspondientes a participaciones y/o aportaciones federales estén afectos a intereses ajenos o sujetos a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas o por compensaciones en los términos establecidos en el propio ordenamiento federal; sin embargo, tales hipótesis no se actualizan en el presente caso.

d. La omisión de entregar los fondos que pertenecen al Municipio genera una afectación a su competencia constitucional de dotar de servicios públicos a la ciudadanía y al principio de integridad de los recursos económicos municipales, por lo que cuenta con interés legítimo para promover la controversia constitucional.

3. Radicación y desechamiento de la demanda. Por acuerdo dictado el veinte de febrero de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número 29/2020, que turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que instruyera el procedimiento.

4. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el Ministro instructor determinó desechar la demanda al considerar que el Municipio actor carecía de interés legítimo, pues la litis propuesta se relaciona con aspectos de mera legalidad y no con una violación directa a la Constitución Federal, teniendo en consideración el criterio que al respecto fue sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 150/2019-CA.(1)

5. Recurso de reclamación. En desacuerdo con esta decisión, el Municipio actor interpuso recurso de reclamación, que se registró con el número 33/2020-CA. En sesión de seis de abril de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró parcialmente fundado ese medio de impugnación y modificó el proveído impugnado.

6. En dicha resolución, el Tribunal Pleno consideró que por lo que hace a los actos impugnados consistentes en las "órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida omisión de pago de las aportaciones y/o participaciones federales", atribuidos al Poder Ejecutivo de Veracruz, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria), relativa a la cosa juzgada, toda vez que existía identidad de partes, actos impugnados y conceptos de invalidez en relación con la diversa controversia constitucional 262/2019, cuya improcedencia había quedado firme.(2)

7. No obstante, en cuanto a la impugnación del oficio 351-A-EOS-2091-2019, emitido por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el trece de diciembre de dos mil diecinueve, el Pleno de este Alto Tribunal consideró, fundamentalmente, que no se actualizaba un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, pues la negativa recaída a la solicitud del Municipio de afectar los recursos estatales para el pago directo de los fondos que reclama constituye una potencial afectación a su esfera competencial que no podía ventilarse en un auto de mero trámite, por lo que revocó el desechamiento únicamente por lo que hace a este acto impugnado.(3)

8. Admisión de la demanda. De acuerdo con lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional. En este sentido, ordenó emplazar como autoridades demandadas al Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, dio vista a la Fiscalía General de la República para que estuviera en posición de formular pedimento.

9. Contestación del Poder Ejecutivo Federal. Mediante oficio recibido el tres de agosto de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, dio contestación a la demanda.

10. En relación con la procedencia del juicio, dicha autoridad expuso lo siguiente:

• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria, toda vez que la parte actora no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues no promovió la controversia constitucional prevista en el artículo 65, fracción I, inciso b), de la Constitución Política del Estado de Veracruz, máxime que únicamente hace valer cuestiones de legalidad.

• También se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones VII y VIII, de la ley reglamentaria, en virtud de que el oficio impugnado deriva de un acto previamente consentido, toda vez que el Municipio actor consintió la omisión del Gobierno de Veracruz de entregar las aportaciones correspondientes al Fondo para las Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos correspondientes a los ejercicios fiscales 2015 y 2016, tomando en cuenta las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos por los que se dio a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 aportaciones federales para entidades federativas y Municipios, correspondientes a los ejercicios fiscales antes mencionados.

• El Municipio actor no vierte conceptos de invalidez en los que reclame violaciones directas a la Constitución Federal, sino cuestiones de legalidad, toda vez que la materia del juicio radica en determinar la correcta interpretación y aplicación de los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

• La parte actora carece de interés legítimo, pues el acto impugnado no afecta su esfera jurídica, toda vez que pretende atribuirle un efecto distinto al que efectivamente genera, ya que es meramente informativo sobre el contenido de los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como sobre la imposibilidad jurídica de proceder conforme a su petición.

• No existe una negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de afectar las participaciones y aportaciones federales del Estado de Veracruz, por la omisión de entregar los recursos que corresponden al Municipio actor del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, ya que en el oficio impugnado únicamente se informa al promovente sobre la imposibilidad jurídica de proceder conforme a su solicitud.

11. En relación con los conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo Federal argumentó, en síntesis, que:

• El oficio impugnado no viola la autonomía municipal ni los principios de integridad y ejercicio directo de los recursos municipales, pues el Poder Ejecutivo Federal cumplió con las atribuciones que le corresponden al realizar la transferencia de las participaciones a la entidad federativa, lo que es reconocido por el promovente.

• De acuerdo con el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, corresponde al gobierno de las entidades federativas la distribución y ministración de los recursos entre sus Municipios mediante las disposiciones de carácter general que determinen sus Congresos Locales. Además, dicho precepto establece que en caso de incumplimiento en la entrega de participaciones federales a los Municipios, la Federación hará entrega directa descontando la participación del monto que corresponde al Estado que fue omiso, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales; sin embargo, el Municipio actor parte de una confusión en la naturaleza de los recursos a que se refiere dicha norma, pues de acuerdo con el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos no se incluirá en la recaudación federal participable.

• La naturaleza de ese fondo es distinta a la de las participaciones federales a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, pues su origen deriva de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que establece la forma en la que se distribuirá y que tales participaciones tienen un destino específico, de modo que para efectos de su ejercicio, aplicación, control, reintegro, transparencia y rendición de cuentas, está sujeto a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, por lo que no se circunscribe dentro de los supuestos previstos en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

• El pago directo de participaciones federales a los Municipios por parte de la Federación únicamente opera en los casos de omisión de entrega de participaciones federales, lo que no se actualiza respecto de otro tipo de recursos, como las aportaciones federales o los recursos que reclama el Municipio actor.

• Además, de acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo en cuestión, la participación de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se limita a recibir por parte de las entidades federativas los comprobantes de las transferencias de los recursos públicos hechas a los Municipios; de ahí que la Federación no puede realizar la entrega directa a los Municipios en los términos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

• La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos no establece a favor del Ejecutivo Federal facultad alguna para la distribución directa de los recursos a los Municipios. Si bien la Federación es la encargada de la ministración de las participaciones federales al Estado, no tiene la obligación de transferirlos a los Municipios.

• No es posible emplear por analogía un precepto que no resulta aplicable a las aportaciones del fondo, máxime que con ello se afectaría no sólo al gobierno estatal, sino a los demás Municipios del Estado de Veracruz. 12. Contestación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A través de oficio recibido vía electrónica el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, el director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio contestación a la demanda; no obstante, por acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno el Ministro instructor determinó que el escrito de contestación se había presentado de manera extemporánea.

13. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.

14. Alegatos. En autos de once y dieciocho de octubre de dos mil veintiuno se tuvieron por formulados los alegatos de las autoridades demandadas.

15. Audiencia. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria.

16. Cierre de la instrucción. Por acuerdo dictado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por formulados los alegatos de la parte actora y cerró la instrucción a afecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

17. Radicación en la Segunda Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, por acuerdo presidencial de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.

I. COMPETENCIA

18. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) vigente hasta el seis de junio de dos mil veintiuno,(6) en relación con los puntos segundo, fracción I,(7) y tercero(8) del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se plantea un conflicto entre el Municipio de Cotaxtla, Veracruz, y el Poder Ejecutivo Federal, en el que no se impugnan normas generales y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

19. De acuerdo con lo previsto en el artículo 41, fracción I,(9) de la ley reglamentaria, es importante precisar que, de acuerdo con lo determinado por el Pleno de esta Suprema Corte al resolver el recurso de reclamación 33/2020-CA, el acto impugnado que será objeto de estudio en la presente controversia constitucional es el oficio 351-A-EOS-2091-2019, emitido el trece de diciembre de dos mil diecinueve por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La existencia de dicho acto quedó acreditada con la copia certificada que obra en el expediente.

III. OPORTUNIDAD

20. De acuerdo con el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria, el plazo para promover controversia constitucional, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que: a) conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) el actor se ostente sabedor de tales actos.

21. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna.

22. Es así porque el oficio impugnado fue notificado al Municipio actor el diecisiete de enero de dos mil veinte. Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, por lo que el plazo aludido transcurrió del veintiuno de enero al cuatro de marzo de ese año, en la inteligencia de que los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero; uno a tres, cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, así como uno de marzo, fueron inhábiles en términos de los artículos 2(10) de la ley reglamentaria y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(11) así como del punto primero, inciso c), del Acuerdo General 18/2013,(12) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal, en relación con el artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.(13)

23. Por tanto, si el escrito de demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de febrero de dos mil veinte, resulta claro que, como se anunció, la promoción de este medio de control constitucional fue oportuna.

Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

24. La demanda fue presentada por parte legítima.

25. De acuerdo con los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la ley reglamentaria,(14) el Municipio de Puente de Cotaxtla, Veracruz, tiene reconocido el carácter de parte actora en la presente controversia constitucional.

26. En su representación compareció Luisa Graciela Morales Pulido, quien tiene el carácter de síndica única, lo que acreditó con la copia certificada de la "Lista de los nombres de quienes resultaron electos en la elección de Ayuntamientos conforme a las constancias de mayoría relativa y de asignación expedidas por el organismo público local electoral del Estado de Veracruz", publicado en la Gaceta Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, así como con el acta de la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento de Cotaxtla, celebrada el treinta y uno de diciembre siguiente, en la que se hizo constar que rindió protesta del cargo.

27. Por lo anterior, tomando en consideración que el artículo 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz(15) establece que es atribución de los síndicos representar legalmente a los Ayuntamientos, se puede concluir que el Municipio actor está legitimado para promover la controversia constitucional y compareció por conducto de la funcionaria facultada para tal efecto, de acuerdo con el artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria.(16)

Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

28. En el auto de admisión de la presente controversia constitucional se reconoció el carácter de autoridades demandadas al Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

29. El Poder Ejecutivo Federal cuenta con legitimación pasiva, toda vez que el artículo 105, fracción I, inciso b), de la Norma Fundamental, prevé el supuesto de controversia constitucional entre un Municipio y la Federación; además, el escrito de contestación fue suscrito por Julio Scherer Ibarra, en su calidad de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, quien en términos de lo previsto en los artículos 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(17) y 9, fracción XI, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,(18) tiene a su cargo representar al presidente de la República en este medio de control constitucional.

30. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público carece de legitimación pasiva.

31. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los órganos primarios –previstos expresamente en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal– cuentan con legitimación activa para acudir a la presente controversia constitucional, así como con legitimación pasiva para actuar como demandados en este medio de control constitucional. Además, que a los "órganos de gobierno derivados", es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la Constitución Federal, sino en una ley, no se les debe reconocer legitimación activa para promover una controversia constitucional, ya que no se encuentran previstos dentro de los supuestos de la tutela jurídica de dicho medio de control constitucional, la cual se traduce en la protección del ámbito de atribuciones que la propia Constitución Federal prevé únicamente para los órganos originarios del Estado.

32. No obstante, también ha sostenido que para tener legitimación pasiva no se requiere que se trate un órgano originario del Estado, por lo que dicha condición debe analizarse en cada caso particular, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida y al espectro de protección del presente medio de control constitucional.

33. Lo anterior encuentra sustento en las tesis aisladas P. LXXII/98 y P. LXXIII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."(19) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA."(20)

34. Para determinar lo referente a la legitimación pasiva, además de la clasificación de órganos originarios y derivados, en la jurisprudencia P./J. 84/2000, de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.",(21) se precisó que también debe atenderse a la subordinación jerárquica. De esta forma, sólo podrá reconocerse la legitimación pasiva de un órgano derivado si es autónomo de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal. Empero, cuando el órgano derivado está subordinado jerárquica

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30870-4d0ca90c/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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