I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN XV, 55, 56, 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, 58 Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RESPECTIVO DECRETO Y DE QUE ÉSTE NO RESULTA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES (ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN XV, 55, 56, 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, 58 Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DIRIGIDOS A UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SÓLO SI AFECTA SU ESFERA DE ATRIBUCIONES (INVALIDEZ PARCIAL DE LOS DECRETOS 2612, 2632, 2648, 2728 Y 2729, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2o. EN DONDE SE INDICA QUE "... EL MONTO DE LA JUBILACIÓN DECRETADA SERÁ CUBIERTA POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO", PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL SEIS Y VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO Y EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA CUANDO HAYAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LOS DECRETOS IMPUGNADOS (INVALIDEZ PARCIAL DE LOS DECRETOS 2612, 2632, 2648, 2728 Y 2729, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2o. EN DONDE SE INDICA QUE "... EL MONTO DE LA JUBILACIÓN DECRETADA SERÁ CUBIERTA POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO", PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL SEIS Y VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO CONTRA LOS DECRETOS IMPUGNADOS EN UNA ANTERIOR EN LA QUE SE DESECHÓ POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL (INVALIDEZ PARCIAL DE LOS DECRETOS 2612, 2632, 2648, 2728 Y 2729, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2o. EN DONDE SE INDICA QUE "... EL MONTO DE LA JUBILACIÓN DECRETADA SERÁ CUBIERTA POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO", PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL SEIS Y VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). VIII. HACIENDA MUNICIPAL. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA CONCEDER PENSIONES CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DE MUNICIPIOS VIOLA LA LIBRE ADMINISTRACIÓN DE AQUÉLLA Y LA AUTONOMÍA DE ÉSTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. IX. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LOS DECRETOS MEDIANTE LOS CUALES EL PODER LEGISLATIVO LOCAL CONCEDE PENSIONES POR JUBILACIÓN Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CON CARGO A LA HACIENDA MUNICIPAL, VIOLAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ PARCIAL DE LOS DECRETOS 2612, 2632, 2648, 2728 Y 2729, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2o. EN DONDE SE INDICA QUE "... EL MONTO DE LA JUBILACIÓN DECRETADA SERÁ CUBIERTA POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO", PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL SEIS Y VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA RESOLUCIÓN DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO ACTOR, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO (INVALIDEZ PARC
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 121/2018. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. 30 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día treinta de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 121/2018.
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Denisse Arizmendi Villegas, con el carácter de síndica del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de:
"i. Los artículos 24, fracción XV, 56 y 57, último párrafo y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.—ii. El Decreto Número ‘2712’ (sic) publicado el día 6 de junio de 2018 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, el cual concede pensión por jubilación (sic) al ciudadano Irineo Benítez Ramírez a cargo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.—iii. El Decreto Número ‘2632’ publicado el día 6 de junio de 2018 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, el cual concede pensión por jubilación al ciudadano Raymundo Rafael Bruno a cargo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.—iv. El Decreto Número ‘2648’ publicado el día 6 de junio de 2018 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, el cual concede pensión por jubilación al ciudadano Hugo Rojas Iturbe a cargo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.—v. El Decreto Número ‘2628’ (sic) publicado el día 27 de junio de 2018 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, el cual concede pensión por jubilación (sic) al ciudadano Joel Monroy Mejía a cargo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.—vi. El Decreto Número ‘2729’ publicado el día 27 de junio de 2018 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, el cual concede pensión por jubilación (sic) al ciudadano Edgardo Rodríguez Jaime a cargo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca."
2. Como autoridades demandadas señaló al Congreso, secretario de Gobierno, así como al gobernador, todos del Estado de Morelos.
3. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La síndica del Municipio actor manifiesta en su único concepto de invalidez, en síntesis, lo siguiente:
• Los decretos impugnados violan la fracción IV, primero, penúltimo y último párrafos, del artículo 115 constitucional, que tutelan los principios de libre hacienda municipal y autonomía o soberanía presupuestaria de los Municipios, porque el reconocimiento del derecho de jubilación de un trabajador municipal, así como la posterior programación y presupuestación del pago de las pensiones, constituye originariamente un acto exclusivamente de competencia del Ayuntamiento.
• Los decretos impugnados violan el contenido del artículo 115, fracción III, inciso a), constitucional, que establece la obligación de los Municipios de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; ya sea a través del Ayuntamiento, o bien, mediante un órgano descentralizado, como es el caso; lo anterior, porque tales decretos constituyen una invasión a la esfera competencial originaria del Ayuntamiento, debido a que se afecta el patrimonio de la unidad administrativa encargada de la prestación de esos servicios, considerando que dicho órgano descentralizado forma parte del Ejecutivo municipal.
• En esas condiciones, cuando el Congreso Local otorga las pensiones referidas, sin estar éstas previamente determinadas por los órganos municipales competentes, ni previstas dentro del presupuesto de egresos municipal, viola el principio de autonomía e independencia hacendaria, al disponer de una hacienda y patrimonio sobre los que no tiene competencia alguna.
• Los artículos de la Ley del Servicio Civil impugnados son inconstitucionales, porque no reconocen la libertad hacendaria municipal en su gestión presupuestal, ni la autonomía para definir el gasto público a través del presupuesto de egresos. Esto, ya que dicha libertad implica la potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores para otorgar pensiones o jubilaciones.
• El Congreso Local, al emitir los actos impugnados, obliga a realizar el pago de las pensiones otorgadas en los decretos de mérito, disponiendo de manera arbitraria de la hacienda pública municipal.
• Finalmente, los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya invalidez se demanda, fueron declarados inválidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008.
4. TERCERO.—Artículos que se consideran violados. El precepto que se estima vulnerado es el 115, fracciones III, inciso a) y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. CUARTO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 121/2018; asimismo, remitió el expediente a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien fue designada como instructora.
6. Mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciocho, toda vez que del uno al siete de ese mes y año, la Ministra instructora se encontraría ausente, se envió el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a efecto de que proveyera lo conducente a la tramitación del asunto, hasta en tanto se incorporara a sus actividades.
7. En proveído de dos de agosto de dos mil dieciocho, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en suplencia de la Ministra instructora, admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas, a fin de que formularan su contestación, y dio vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
8. QUINTO.—Contestación del Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos. El secretario de Gobierno, así como el consejero jurídico, en representación del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, al contestar la demanda de manera coincidente señalan lo que a continuación se extracta:
• Existe una falta de legitimación ad causam del Municipio actor, ya que las autoridades demandadas no han realizado acto alguno que invada o afecte su esfera competencial, por lo que el Municipio actor carece del derecho a demandar la invalidez de los actos impugnados.
• Existe una falta de vinculación en los conceptos de invalidez del Municipio actor, entre lo pretendido y las razones aportadas, sin encontrarse dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad e ilegalidad de las consideraciones en que se sustentan los actos impugnados.
• El Municipio actor no combate por vicios propios el acto de publicación atribuidos al secretario de Gobierno, así como la sanción y promulgación atribuido al Poder Ejecutivo, por lo que es falso que violen en perjuicio del Municipio actor las disposiciones constitucionales que invoca en su concepto de invalidez.
• Los demandados cuentan con las facultades para promulgar, refrendar y publicar las leyes y demás disposiciones a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso Local, siendo esto de su exclusiva competencia y, por tanto, constitucional.
• Se debe sobreseer en la controversia, porque la demanda del Ayuntamiento es extemporánea respecto de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que los decretos impugnados no constituyen el primer acto de aplicación de los artículos controvertidos porque fueron aplicados en el Decreto 2109, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5551, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual el Congreso Local otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a otra persona que había prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, obligando a esa dependencia a realizar el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, conforme a lo dispuesto por los referidos artículos de la Ley del Servicio Civil impugnados.
• La impugnación de las normas referidas resulta notoriamente extemporánea, ya que la última reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos fue publicada mediante Decreto 1387, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5479, de ocho de marzo de dos mil diecisiete; de ahí que el plazo de treinta días que tenía el Ayuntamiento para impugnarlas transcurrió en exceso, por lo que debe sobreseerse, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.
• Resulta infundado que se viole el artículo 115, fracción III, inciso a) y fracción IV, de la Constitución Federal, porque el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca es un organismo descentralizado, al cual se le ha otorgado independencia funcional y patrimonio propio para el cumplimiento de las atribuciones que le han sido encomendadas.
• En ese sentido, en los artículos 1 y 2 del acuerdo por el que se creó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, se señala que ese organismo tiene por objeto prestar y administrar los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Municipio de Cuernavaca; luego entonces, resulta incorrecta la afirmación del Municipio actor en la que señala que el secretario de Gobierno y el titular del Poder Ejecutivo invaden la competencia originaria del Ayuntamiento, respecto de la prestación del servicio público mencionado.
• Por lo tanto, en el caso se debe sobreseer en la presente controversia, pues ante esta falta de perjuicio alguno que incida en la esfera jurídica de competencias del Ayuntamiento, aunado a que la prestación del servicio no se ve afectada, el Ayuntamiento actor carece de interés legítimo para impugnar los decretos.
• Además, los decretos impugnados ya fueron controvertidos por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en la diversa controversia constitucional 99/2018; asunto en el que la demanda de mérito fue desechada, por notoriamente improcedente, toda vez que ahí se consideró que dicho organismo carecía de legitimación, decisión que fue confirmada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 48/2018-CA, lo que constituye cosa juzgada.
• De los artículos 116, fracción VI, 123 y 115, fracción VIII, de la Constitución Federal, se deriva que las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Finalmente, las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecidas entre el derechohabiente y la dependencia pública en la que haya laborado, constituyendo una relación de naturaleza administrativa y no laboral. Así, tanto en la Constitución Local, como en la Ley Orgánica del Congreso Local, se otorga al Congreso Estatal la facultad de expedir, reformar, derogar o abrogar las leyes y los decretos de pensión de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, sin que dichas disposiciones se hayan declarado inconstitucionales.
9. SEXTO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El Congreso del Estado, a través del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la mesa directiva, esencialmente, manifestó lo siguiente:
• La controversia constitucional es improcedente, en términos del artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, porque, al no existir afectación alguna en la esfera de atribuciones con que cuenta el Municipio de Cuernavaca, resulta en su falta de interés legítimo para promoverla, particularmente, porque el Congreso Local no invade su esfera competencial ni vulnera su autonomía.
• Los organismos descentralizados de carácter municipal componen la administración pública paramunicipal, pero no forman parte del Ayuntamiento, porque no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo, sino auxiliarlo en la ejecución de programas relativos al desarrollo económico y social, como lo es la prestación de servicios públicos.
• Conforme a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados; sin embargo, es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a aquellas empresas administradas, ya sea de forma centralizada o descentralizada por el Gobierno Federal.
• Por tanto, escapan de las facultades de las Legislaturas Locales determinar el régimen jurídico de las relaciones laborales de los organismos descentralizados de carácter local con sus trabajadores, estando únicamente facultados para expedir leyes reglamentarias del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se señala en el artículo 116, fracción VI, constitucional.
• La expedición de los decretos impugnados no contraviene los principios de libre hacienda municipal y autonomía o soberanía presupuestaria, pues el Sistema de Agua y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca en el Estado de Morelos tiene un patrimonio propio, como se señala en el artículo 5 del acuerdo que crea ese organismo descentralizado.
• Finalmente, el Congreso Local emitió los decretos impugnados en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 54 al 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
10. SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
11. OCTAVO.—Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria de la materia), en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
12. NOVENO.—Avocamiento. Previo dictamen de la Ministra ponente, por acuerdo de catorce de octubre de dos mil diecinueve, el presidente de la Primera Sala determinó que ésta se avocaría al conocimiento del asunto.
CONSIDERANDO:
13. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Cuernavaca y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
14. SEGUNDO.—Certeza y precisión de la litis. En este apartado se delimitarán los actos y/o preceptos que serán motivo de análisis en la presente controversia constitucional.
15. Los actos impugnados son los siguientes:
Ver actos impugnados
16. Las normas de carácter general impugnadas son los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
17. TERCERO.—Oportunidad. En principio, a efecto de verificar la oportunidad de la presentación de la demanda, es menester traer a cuenta que en la fracción I del artículo 21(2) de la ley reglamentaria de la materia, se prevé que cuando en una controversia constitucional se impugnen actos, la demanda puede promoverse en el plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
18. En virtud de lo anterior, en primer término, se analizará la oportunidad de la demanda respecto de los decretos impugnados, ya que éstos fueron señalados como primer acto de aplicación de las normas impugnadas.
19. De esa manera, se tomará como fecha de conocimiento de los decretos impugnados, la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es, el seis de junio de dos mil dieciocho, para los tres primeros, y el veintisiete de ese mes y año, para el resto de ellos, en virtud de que el Municipio actor no manifestó haber tenido conocimiento de tales actos en fechas diversas.
20. En ese orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda concluyó el tres de agosto de dos mil dieciocho, respecto de los primeros tres decretos, y el veinticuatro del mes y año en cita, por el resto de los decretos impugnados;(3) luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el once de julio de esa anualidad,(4) debe concluirse que, por lo que hace a la impugnación de los decretos, su presentación es oportuna.
21. En segundo lugar, se analizará la oportunidad de la impugnación de las normas generales señaladas con motivo de su primer acto de aplicación consistente en los diversos decretos impugnados.
22. Para ese efecto, es menester precisar que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II(5) del artículo 21 de la ley reglamentaria, cuando se impugnen leyes generales, podrá promoverse la demanda en dos momentos, a saber: a) dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y, b) dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
23. Lo anterior, fue desarrollado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 65/2009, del texto siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, AL ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA DEBERÁ ANALIZARSE SI LA IMPUGNACIÓN DE AQUÉLLAS SE HACE CON MOTIVO DE SU PUBLICACIÓN O DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.—El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará tratándose de actos: a) a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; y en el caso de normas generales: a) a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; o, b) a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. En este orden, tratándose de la impugnación de normas generales, al estudiarse en la sentencia la oportunidad en la presentación de la demanda deberá analizarse en qué momento se hizo, con motivo de su publicación o de su primer acto de aplicación."(6)
24. Ahora bien, para analizar la oportunidad de la impugnación de las normas generales señaladas, a partir del supuesto de su primer acto de aplicación, es necesario precisar que, en diversos precedentes,(7) el Tribunal Pleno ha precisado que tal supuesto constituye la aplicación de una norma general, siempre y cuando tenga su fundamento en ésta y, además, se encuentre previsto el caso concreto que se identifica en los supuestos de dicha normatividad; o bien, cuando, aunque en el acto no se haya citado expresamente la norma general, en ésta se encuentre previsto el caso concreto que se identifica o se contiene en el acto señalado como el de su aplicación (aplicación implícita o indirecta).
25. En virtud de lo anterior, debe analizarse, en principio, si en el caso concreto se trata del primer acto de aplicación, pues, de lo contrario, el cómputo de la oportunidad deberá hacerse a partir de la publicación de las normas generales impugnadas. Así, se analizará el Decreto 2612, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el seis de junio de dos mil dieciocho, por ser el primero de los decretos publicados en orden ascendente, el cual es del tenor literal siguiente:
"Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’.—La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.—Poder Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018.—Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed: Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 40 de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: CONSIDERACIONES: I. Mediante escrito presentado en fecha 22 de febrero de 2017, ante este Congreso del Estado, el C. Irineo Benítez Ramírez, por su propio derecho, solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por cesantía en edad avanzada acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.—II. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.—III. En el caso que se estudia, el C. Irineo Benítez Ramírez, ha prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Chofer, adscrito al Departamento de Construcción, del 10 de noviembre de 1994, al 20 de noviembre de 1997; jefe de sección, adscrito al Departamento de Construcción, del 21 de noviembre de 1997, al 23 de marzo de 2011; jefe de sección ‘A’, adscrito al Departamento de Construcción, del 24 de marzo de 2011, al 16 de febrero de 2017, fecha en que fue expedida la constancia de referencia.—Una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 22 años, 03 meses, 06 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 03 de julio de 1960, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado.—Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: Decreto Número Dos Mil Seiscientos Doce por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Irineo Benítez Ramírez.—Artículo 1o. Se concede pensión por cesantía en edad avanzada al C. Irineo Benítez Ramírez, quien ha prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando como último cargo el de: jefe de sección ‘A’, adscrito al Departamento de Construcción.—Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.—Artículo 3o. La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.—Disposiciones transitorias.—Primera. ..."
26. De la transcripción que antecede, se advierte que se hizo una mención expresa de los artículos 56 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, aunado a que esta Primera Sala considera que el supuesto normativo contenido en las normas citadas se materializó en el acto de aplicación que se analiza; ello, porque se concedió el pago de pensión por cesantía en edad avanzada a un empleado de un organismo municipal y, además, se dispone el porcentaje y la forma en la que deberá integrarse el pago de dicha pensión, conforme a los artículos impugnados, los cuales son del texto siguiente:
"Artículo 56. Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.
"El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.
"El trabajador que se hubiera separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación."
"Artículo 66. Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumpiirse (sic) este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece la ley.
"La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.
"Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. ..."
27. Asimismo, en ese decreto se determinó que la pensión de mérito debía ser cubierta por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, con cargo a la partida presupuestaria destinada para pensiones, cumpliendo con lo dispuesto por los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
28. Por otra parte, esta Primera Sala considera que se aplicaron implícitamente los artículos 24, fracción XV y 57, último párrafo, del mismo ordenamiento, los cuales son del tenor siguiente:
"Artículo 24. Son causas justificadas de terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad del Gobierno del Estado, Municipio o entidad paraestatal o paramunicipal de que se trate, las siguientes:
"...
"XV. Por haber obtenido decreto que otorgue pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada, cuyo inicio de vigencia se consignará en el mismo ordenamiento."
"Artículo 57. Para disfrutar de las pensiones señaladas en este capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes:
"A) Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez:
"I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente;
"II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o del Municipio que corresponda;
"II
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29454-86a1dc30/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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