I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DECRETO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 109 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. X. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XII. AUTONOMÍA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTA DE MANERA MENSUAL POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. INSTITUCIÓN QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 59, INCISO F), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."]. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LA PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTA DE MANERA MENSUAL POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. INSTITUCIÓN QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 59, INCISO F), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL D
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 249/2023. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 6 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES MINISTROS: LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CARLOS ANTONIO GUDIÑO CICERO.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de diez de enero de dos mil veinticuatro.
VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 249/2023, promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por conducto de su Magistrado Presidente, en la cual se demandó la invalidez del decreto número seiscientos noventa y cinco, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada en favor de la C. Claudia Adriana Vega González, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6166, de uno de febrero de dos mil veintitrés; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Antecedentes del acto impugnado. De su escrito de demanda, se desprende que el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos manifestó lo siguiente:
1) El dos de febrero de dos mil veintitrés tuvo conocimiento de la publicación del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6166 del uno de febrero de la misma anualidad en el cual aparece la publicación del decreto seiscientos noventa y cinco que concede pensión por cesantía en edad avanzada a la C. Claudia Adriana Vega González.
2) Que en el decreto impugnado se consigna el contenido siguiente:
"DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A CLAUDIA ADRIANA VEGA GONZÁLEZ.
"ARTÍCULO 1o. Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada a Claudia Adriana Vega González, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; así como en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos."
"ARTÍCULO 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 75 % del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se haya separado de sus labores y será cubierta por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Institución que deberá realizar el pago mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."
"ARTÍCULO 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora incrementándosele la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley." (sic)
3) Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó el decreto número quinientos setenta y nueve, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6155, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.
4) De conformidad con el artículo décimo octavo del citado decreto, se determina que, para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se asigna la cantidad de $47’767,591.49 (cuarenta y siete millones setecientos sesenta y siete mil quinientos noventa y un pesos 49/100 m.n.) mismo que se desprende del anexo 20, el cual se señala a continuación.
Ver anexo 20
5) Para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, solicitó la cantidad de $59’350,945.34 (cincuenta y nueve millones trescientos cincuenta mil novecientos cuarenta y cinco pesos 34/100 m.n.) (anexo 36, Sección Tercera, páginas 48 a 52), al Congreso del Estado de Morelos, como puede advertirse de la publicación del decreto en comento, de los cuales en el capítulo 4000 (pensiones), se hizo la petición de la cantidad de $15’783,454.73 (quince millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 73/100 m.n.) para cubrir en el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, lo relativo al fondo de pensiones y con ello cumplimentar las obligaciones decretadas por el propio Congreso del Estado de Morelos en los decretos pensionatorios que expide, obviamente sin que se haya contemplado en forma alguna el pasivo que representa el decreto que concede la pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana Claudia Adriana Vega González.
2. SEGUNDO. Demanda de controversia constitucional. El dos de marzo de dos mil veintitrés, Guillermo Arroyo Cruz, en su calidad de Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, promovió demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual planteó la invalidez del decreto número seiscientos noventa y cinco, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada en favor de la C. Claudia Adriana Vega González, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6166, de uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Estado de Morelos.
3. Así como la omisión de proporcionar un presupuesto suficiente y en su caso realizar la ampliación presupuestal en lo concerniente al año dos mil veintitrés y subsecuentes, para dar debido cumplimiento al decreto referido, emitido por el Congreso del Estado de Morelos, toda vez que dicho decreto contiene expresamente la obligación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para cubrir la citada pensión desde el día siguiente a aquél en que quedó separada de sus labores la beneficiaria.
4. Y la expedición, promulgación y publicación del decreto quinientos setenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6155, del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, específicamente en el artículo DÉCIMO OCTAVO, párrafo tercero que señala textualmente: "Para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos se asigna la cantidad de $47’767,591.49 (cuarenta y siete millones setecientos sesenta y siete mil quinientos noventa y un pesos 49/100 m.n.) mismo que se presenta en el anexo 20." (sic).
5. TERCERO. Conceptos de invalidez. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos argumenta esencialmente, lo siguiente:
Primero. Vulneración a la autonomía de gestión presupuestal y omisión de ampliar el presupuesto
• Afirma que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116, fracción V de la Constitución Federal, el Tribunal de Justicia Administrativa, tiene que ejercer su función con plena autonomía e independencia. Pues sin éstas, se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el funcionamiento de la carrera del servicio civil o servicio de carrera y la inamovilidad de sus magistrados, por ser circunstancia que condiciona la independencia de estos tribunales, que son considerados de forma análoga a los que prevé el Poder Judicial.
• Que la autonomía de la gestión presupuestal debe sumarse a la remuneración adecuada y no disminuible.
• Considera que, las autoridades responsables al no brindar ni otorgar un presupuesto suficiente y adecuado para cumplir con las obligaciones de seguridad social que tiene que cubrir, en el caso, el decreto número seiscientos noventa y cinco, se le deja en total estado de indefensión, puesto que debe venir aparejada la ampliación o dotación presupuestal para cumplir con los derechos pensionatorios, si el mismo Poder Legislativo lo emite y el Gobernador del Estado lo promulga y manda publicar.
• Retoma varias consideraciones en torno al presupuesto de egresos, en la controversia constitucional 15/2021 promovida por el Pode Judicial del Estado de Morelos. Sin hacer mayor precisión.
"• Señala que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, elabora su proyecto de presupuesto de egresos, mismo que es enviado al titular del ejecutivo para su inclusión en el proyecto general que se somete a consideración del Congreso del Estado.
• Que el Tribunal solicitó ejercer para el año dos mil veintitrés, una cantidad de $59’350,945.34 (cincuenta y nueve millones, trescientos cincuenta mil novecientos cuarenta y cinco pesos 34/100 m.n.) y el Congreso autorizó $47’767,591.49 (cuarenta y siete millones setecientos sesenta y siete mil quinientos noventa y un pesos 49/100 m.n.), de conformidad con la disposición décimo octavo del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés.
• Que para este año el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos realizó una petición expresa para el capítulo 4000 (pensiones), de una cantidad de $15’783,454.73 (quince millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 73/100 m.n.), para cubrir en el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, lo relativo al fondo de pensiones y con ello cumplimentar las obligaciones decretadas por el propio Congreso del Estado de Morelos en el decreto combatido.
• Que al tener un pasivo que considerar para cumplir con dicha obligación y al asignarse un presupuesto inferior al solicitado, es obvio que no existen condiciones para realizar su pago y cumplir con la obligación impuesta por el Poder Legislativo, máxime que no se determina una ampliación o dotación presupuestal ex profeso por parte de las responsables, para cumplir con la situación lo que genera sin lugar a dudas un detrimento patrimonial en perjuicio del Tribunal actor.
• Que al generar una norma jurídica con obligaciones de seguridad social que lleva implícito el pago de determinada cantidad de dinero y esta cantidad no fue tomada en cuenta para su emisión, se debe tener conjuntamente una ampliación o dotación presupuestal suficiente, por lo que si no se realiza de esa forma trae consigo una lesión patrimonial que debe repararse.
• Que la omisión de cumplir con una obligación constitucional genera un detrimento patrimonial en perjuicio del Tribunal de Justicia Administrativa, ya que no se cuenta con los medios y recursos necesarios para solventar la obligación de seguridad social.
• Que para el año dos mil veintitrés en el capítulo 4000 relativo a las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y atendiendo al presupuesto asignado por el Congreso del Estado de Morelos, se presupuestó por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos la cantidad de $2,919,576.00 (dos millones novecientos diecinueve mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.), como se advierte de la documental que anexó, que contempla al personal jubilado en un número 7, más un tema de mínimo vital y una subvención, y sin que esté considerado el pago del decreto impugnado en este medio de control constitucional.
• Precisa que debe tenerse en cuenta que el Congreso del Estado de Morelos no determina dar la garantía de audiencia previa o debido proceso en relación con el proceso pensionatorio contenido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo que se tiene que trabajar con el presupuesto asignado, máxime que no se determina por parte de las autoridades demandadas alguna ampliación o dotación presupuestal ex profeso, con la cual se pueda cumplir con dicha obligación de seguridad social.
• Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve relacionado con el cumplimiento de diversas ejecutorias derivadas de controversias constitucionales falladas por las Salas, relativas al pago de pensiones de servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de donde se desprende que es menester programar, presupuestar y aprobar los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago impuestas mediante los decretos con los cuales se otorga la pensión al personal jubilado, pues ello constituye una responsabilidad ineludible de índole constitucional y hacendaria.
• Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, las pensiones deben ser incrementadas en su cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente, sin que se haya previsto en el decreto combatido alguna determinación para que se asigne presupuesto adicional y con ello estar en aptitud de cumplir con la obligación impuesta.
• Sostiene que sus razonamientos se apoyan de la línea jurisprudencial siguiente:
1. La vulneración de la autonomía e independencia de los Poderes Judiciales de los Estados actualiza una violación al principio de división de poderes. (jurisprudencia P./J. 79/2004).
2. La limitación de la autonomía en la gestión presupuestal de un Poder Judicial local conlleva la violación de ambos mandatos constitucionales, así como del artículo 17, antepenúltimo párrafo en el cual se ordena garantizar la independencia de los tribunales. (jurisprudencia P./J. 83/2004).
3. La Suprema Corte al resolver las controversias constitucionales 10/2005, 19/2005, 42/2006, 9/2007, 56/2010, 85/2010, 112/2016 y 130/2016, ha sostenido frente a diversos aspectos de intromisiones a la autonomía presupuestal su inconstitucionalidad.
Segundo. Falta de análisis y motivación legislativa reforzada
• Señala que, el decreto pensionatorio no goza de una debida fundamentación y motivación, pues el legislativo estatal no analizó los conceptos de manera unilateral, ni ponderó los conceptos de autonomía, eficiencia presupuestal, autonomía en la integración de su hacienda.
• Que el Congreso de la Unión debió fundamentar y motivar de forma reforzada, puesto que existe una flagrante afectación a la autonomía y patrimonio del Tribunal actor. Señala que, la motivación reforzada se hace necesaria cuando se pone en peligro un bien relevante.
• Que ante la ausencia de estudio o análisis de los lineamientos planteados por el Tribunal en la integración de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 en el decreto combatido, le deja en estado de indefensión. Aunado a que en caso de improcedencia de la vía que promueve se le deja en ausencia de legitimación para promover otro medio efectivo de defensa.
• Que la autoridad demandada debió realizar un balance cuidadoso entre los requisitos necesarios para la emisión del decreto. Que a su juicio son los siguientes:
a) Existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes. En este punto precisa que, el Congreso Estatal de Morelos no justificó su actuación.
b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo, reiteró que el Congreso no justificó expresa, objetiva y razonablemente el acto que emitió.
6. CUARTO. Trámite. Por acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico bajo el número 249/2023 y turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
7. Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos.
8. Por diverso auto emitido en la misma fecha, el Ministro Instructor se pronunció sobre la suspensión solicitada, en los siguientes términos:
"Atendiendo a las circunstancias y características particulares de caso y a la naturaleza del acto impugnado, procede negar la suspensión solicitada, pues de otorgarse se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano inherentes a la seguridad social, conforme a lo previsto por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia, que establece: ...
"En relación con este precepto legal, el Pleno de este Alto Tribunal sustentó la jurisprudencia P./J. 21/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil dos, visible en la página novecientos cincuenta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ‘INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO.’
"...
"En ese tenor, de concederse la suspensión se afectarían instituciones jurídicas fundamentales del Estado Mexicano en materia de seguridad social, cuyas
"Al respecto, de la lectura de los artículos 116, fracciones V, párrafo primero y VI, y 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, se deduce que las legislaturas locales tienen la obligación de consignar en sus leyes estatales el mecanismo legal para que sus trabajadores tengan acceso a las prestaciones de seguridad social relativas a la jubilación, invalidez, vejez y muerte, entre otras.
"En este sentido, no debe perderse de vista que las citadas prestaciones de seguridad social constituyen medidas positivas que tienden a dotar de contenido el derecho al mínimo vital para la subsistencia digna de los gobernados, previsto por el orden constitucional, tal como deriva del criterio sustentado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XCVII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, correspondiente al mes de mayo de dos mil siete, visible en la página setecientas noventa y tres, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente:
"‘DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.’
"...
"En estas condiciones, la suspensión del decreto legislativo impugnado pondría en peligro la institución fundamental del orden jurídico mexicano relativa a las prestaciones de seguridad social de un trabajador que tutela la Constitución Federal y que no pueden suspenderse por virtud de la controversia constitucional, cuya finalidad es salvaguardar el ámbito de atribuciones y competencia constitucional que, en su caso, corresponden al Tribunal especializado en materia administrativa estatal, lo cual debe ser materia del fondo del asunto.
"Cabe aclarar que la posible ejecución del decreto impugnado, atendiendo a su naturaleza, no corresponde a la autoridad demandada, sino al propio Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, conforme a las normas jurídicas aplicables, por lo que, de concederse la medida cautelar, se impediría que el particular interesado obtenga por conducto de diversas autoridades sus derechos individuales no tutelados en la controversia constitucional, aunado a que la emisión por parte del Congreso Local del decreto de pensión, fue en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 1039/2022, de ahí que la no ejecución del acto no puede sustentarse en el otorgamiento de la pretendida suspensión en la controversia constitucional, dado que se pone en peligro una institución fundamental del orden jurídico mexicano inherente a la seguridad social.
"En esa lógica, la posibilidad de ejecutar o no el acto impugnado por parte del actor, no es susceptible de paralizarse como medida cautelar en la controversia constitucional, máxime que el decreto legislativo de que se trata, en su artículo 2, establece que el pago de la pensión del trabajador jubilado debe realizarse en forma mensual, "con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos", de donde deriva que no se trata de un requerimiento del Poder Legislativo estatal demandado, sino del reconocimiento de un derecho individual de la pensionada, cuyo ejercicio se vería restringido con el otorgamiento de la suspensión. "En consecuencia, atento a lo razonado con antelación, se
"ACUERDA
"PRIMERO. Se niega la suspensión solicitada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos." (sic)
9. QUINTO. Interposición del recurso de reclamación. Inconforme con ese auto que negó la suspensión, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación, mismo que fue admitido mediante acuerdo presidencial de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés bajo el número 232/2023-CA; se ordenó correr traslado a las partes para que dentro del plazo de cinco días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; y se turnó el expediente al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
10. SEXTO. Contestaciones de demanda. El catorce de junio de dos mil veintitrés, la Consejera Jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, contestó la demanda y, el quince de junio de dos mil veintitrés lo hizo el Congreso del Estado de Morelos por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura. Mismos que se tuvieron por presentados el veinte de junio siguiente.
11. SÉPTIMO. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
12. OCTAVO. Audiencia y cierre de instrucción. El dieciséis de agosto de dos mil veintitrés se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos y; por acuerdo del veintiuno de agosto siguiente, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
13. NOVENO. Resolución del recurso de reclamación. En sesión correspondiente al treinta de agosto de dos mil veintitrés, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó declarar infundado el recurso pues estimó apegado a derecho que se hubiere negado la suspensión en la controversia constitucional, ya que se pondría en peligro la institución fundamental del orden jurídico mexicano relativa al derecho a la seguridad social.
14. DÉCIMO. Avocamiento. En atención a la solicitud del Ministro instructor, por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintitrés, la Primera Sala de este Alto Tribunal, se avocó para conocer del presente asunto.
CONSIDERANDO:
15. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) por tratarse de un conflicto entre el Tribunal de Justicia Administrativa y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno por haberse impugnado un acto, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero(3) del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.
16. SEGUNDO. Fijación de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.
17. En el respectivo apartado de la demanda, el Tribunal de Justicia Administrativa accionante señaló como tal el siguiente:
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado:
"1. La invalidez del decreto número Seiscientos Noventa y Cinco, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada en favor de la C. Claudia Adriana Vega González, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 6166, de fecha uno de febrero de dos mil veintitrés.
"2. La omisión de proporcionar un presupuesto suficiente y en su caso realizar la ampliación presupuestal en lo concerniente al año dos mil veintitrés y subsecuentes, para dar debido cumplimiento al decreto número seiscientos noventa y cinco, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 6166, de fecha uno de febrero de dos mil veintitrés, que concede pensión por cesantía en edad avanzada en favor de la C. Claudia Adriana Vega González, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, emitido por el Congreso del Estado de Morelos, toda vez que dicho decreto, contiene expresamente la obligación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para cubrir la citada pensión desde el día siguiente a aquél en que quedo separada de sus labores la beneficiaria.
"3. La expedición, promulgación y publicación del decreto quinientos setenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 6155, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero de dos mil veintitrés, específicamente en el artículo DÉCIMO OCTAVO, párrafo tercero que señala textualmente: ‘Para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos se asigna la cantidad de $47'767,591.49 (cuarenta y siete millones setecientos sesenta y siete mil quinientos noventa y un pesos 49/100 M.N.), mismo que se presenta en el Anexo 20.’" (sic).
18. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda se advierte de los conceptos de invalidez que hizo valer el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona con cargo a su presupuesto sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.
19. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2o. del Decreto seiscientos noventa y cinco por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada en favor de la C. Claudia Adriana Vega González, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6166, de uno de febrero de dos mil veintitrés, mismo que constituye la materia de la presente controversia constitucional.
20. La porción normativa es del tenor literal siguiente:
"DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A CLAUDIA ADRIANA VEGA GONZÁLEZ. ...
"ARTÍCULO 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 75 % del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se haya separado de sus labores y será cubierta por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Institución que deberá realizar el pago en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ..."
21. TERCERO. Oportunidad. El artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan de manera distinta, en función del tipo de acto controvertido.
22. En el presente caso, debido a que el Tribunal actor impugna dos decretos cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; por lo que, tomando en cuenta el día en que fueron publicados en el periódico oficial de la entidad, esto es, el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", tenemos que:
23. Por lo que hace al Decreto quinientos setenta y nueve, fue publicado en el periódico número 6155, de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del lunes dos de enero al trece de febrero de dos mil veintitrés.(4)
24. Y dado que la demanda se presentó el dos de marzo de dos mil veintitrés, es evidente que la controversia constitucional se promovió de forma extemporánea.
25. Respecto del Decreto seiscientos noventa y cinco, este fue publicado en el periódico número 6166, de uno de febrero de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del dos de febrero al dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.(5)
26. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el dos de marzo de dos mil veintitrés, es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.
27. De modo que, el acto impugnado de este medio de control constitucional lo constituye únicamente el decreto seiscientos noventa y cinco.
28. CUARTO. Legitimación activa. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(6) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.
29. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, compareció por conducto de Guillermo Arroyo Cruz, quien acreditó su carácter de Ma
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32319-c68c1477/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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