CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS HECHOS NUEVOS O SUPERVENIENTES QUE SE INVOQUEN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DEBEN SER SUSCEPTIBLES DE COMBATIRSE A TRAVÉS DE ESA VÍA Y ESTAR RELACIONADOS CON LA MATERIA DE IMPUGNACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADA.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 235/2002-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2002. MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios que adujo la parte recurrente, esencialmente, se hicieron consistir en:
a) Que se vulnera en su perjuicio el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia al desecharse de plano la ampliación de demanda, toda vez que las autoridades que señaló como demandadas sí intervinieron en el pronunciamiento del acto objeto de la controversia, consistente en la orden de retención de las participaciones federales a que tiene derecho.
b) Que de conformidad con el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia, una vez que obra en autos la contestación formulada por las autoridades demandadas, la parte actora tiene el derecho de ampliar la demanda si de la contestación se desprenden hechos nuevos, siguiendo para efectos de la ampliación y su contestación las mismas reglas que para la demanda y contestación originales, por lo que en tales circunstancias, es sólo hasta que hubieran transcurrido los quince días a que alude el citado numeral cuando podría afirmarse en forma cierta cuál es la litis de la controversia, ya que ésta se tiene por integrada hasta que se hubiere ampliado la demanda y hubiera sido contestada, o bien, hasta que hubieran transcurrido los quince días sin que se hubiera ejercido ese derecho.
Que por lo anterior, no resulta conducente desechar la ampliación bajo el argumento de que ya estaba fijada la materia de la litis, puesto que ésta no se ha conformado aún, sirviendo de apoyo al efecto, por analogía, la tesis de rubro: "RÉPLICA, FORMAN PARTE DE LA LITIS LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LA."
c) Que es incongruente el auto recurrido puesto que, por un lado, se afirma que la ampliación resulta inconducente dado que no tiene aparente relación con la litis y, por otro, que la materia de ésta la constituyen también los actos de aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, así como del Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios; y que, por tanto, es infundado el desechamiento de la ampliación, dado que los hechos y actos que se manifestaron en ella son actos materiales de aplicación de las normas citadas, sobre todo porque éstos constituyen la base sobre la cual se aplicaron en perjuicio del Municipio recurrente las normas cuya invalidez se demanda.
d) Que los actos de aplicación de las normas impugnadas se dieron con base en la solicitud formulada por quienes se ostentaron como apoderados de una institución de crédito, lo que originó la afectación de las participaciones federales que le corresponden, por lo que no puede desvincularse el estudio de la norma del de sus actos de aplicación al ser éstos los que le causan perjuicio, además de la estrecha vinculación que existe entre ellos, que implica que deben examinarse ambos y, por tanto, debe revocarse el auto recurrido y admitirse la ampliación de la demanda.
Que apoya lo expuesto la tesis de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN."
e) Que le causa perjuicio el proveído recurrido, toda vez que fue hasta que el director general adjunto de Participaciones, Convenios y Asuntos Jurídicos de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió su contestación en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002, cuando tuvo conocimiento de su intervención en los actos de aplicación de las normas cuya inconstitucionalidad demanda, así como de sus supuestos antecedentes.
Que en tal virtud, la emisión del acuerdo recurrido impide el pronunciamiento de una resolución que, en su caso, vincule a todas y cada una de las autoridades, sobre todo si no son admitidas como partes dentro del procedimiento, toda vez que, como se expuso en el oficio de ampliación de la demanda, hasta antes de que se presentara la referida contestación se desconocía por completo la intervención de diversas autoridades en el pronunciamiento de los actos de aplicación de las normas impugnadas, por lo que debe admitirse la ampliación en contra de las autoridades expresamente señaladas en el oficio correspondiente.
f) Que se vulneran en su perjuicio los artículos 10 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de las razones que enseguida se exponen:
1. Que como puede desprenderse del oficio de ampliación de la demanda, ésta se plantea con motivo de hechos nuevos de los que no tenía conocimiento previo, mas no tratando de vincular el trámite de la controversia constitucional de la que deriva este recurso con el del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002, así como tampoco los efectos de su resolución.
2. Que las autoridades contra las cuales se promovió la ampliación, sí participaron en el pronunciamiento de los actos que se impugnan y que constituyen actos materiales de aplicación de las normas cuya invalidez se demanda, por lo que, si bien es cierto que las citadas autoridades son subordinadas al secretario de Hacienda y Crédito Público, también lo es que reúnen las características que establece la fracción II del primero de los preceptos citados.
Que por lo anterior, las razones dadas para desechar la ampliación no encuentran reflejo en la ley, mucho menos en el artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia, puesto que la inferioridad jerárquica de las autoridades contra las cuales se amplió la demanda no cambia en nada el hecho de que hayan participado en el pronunciamiento del acto cuya validez se impugna y de ahí que cuenten con legitimación pasiva conforme al referido ordenamiento.
g) Que si bien es cierto que la controversia constitucional 35/2002 y el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002 guardan independencia procesal, también lo es que ambos parten de una base común constituida por los hechos nuevos que se plantean en la ampliación de demanda, por lo que al no poder desvincular el estudio de la norma del relativo a sus actos de aplicación, sí resultaba procedente acordar de conformidad la ampliación hecha valer, sobre todo si se toma en consideración que ésta se planteó dentro de los quince días siguientes a aquel en que se agregaron en autos los oficios de contestación a la demanda, de lo que resulta que, en el caso, se dejó de aplicar el artículo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
h) Que es un hecho que se vulnera el citado numeral, toda vez que al dictar el auto recurrido el Ministro instructor pasó por alto que los hechos nuevos con base en los cuales se ampliaba la demanda, se desprenden también de los documentos que acompañó el secretario de Hacienda y Crédito Público a su contestación de demanda y que obran en autos de la controversia constitucional de la que deriva este recurso, por lo que no debió resolverse aisladamente sobre la base de que los hechos nuevos se hubieran desprendido únicamente de la comparecencia de la autoridad espontánea en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002, sino que, supliendo la deficiencia de la ampliación, se debió advertir que los hechos nuevos y la participación de las autoridades contra las que se enderezaba la ampliación de demanda, se desprenden también del contenido de diversas documentales que ya obraban en autos.
i) Que el desechamiento de las pruebas ofrecidas en la ampliación vulnera de manera directa el artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, puesto que se pasa por alto que la controversia se planteó en virtud de la afectación de las participaciones federales a que tiene derecho al haberse aplicado en su perjuicio el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como diversos artículos transitorios de los decretos de reforma a este último ordenamiento legal.
Que, por tanto, es un hecho que el ofrecimiento de las probanzas se desprende de la impugnación directa de las firmas estampadas en los oficios cuya invalidez se demanda, por lo que si no puede desvincularse el estudio de la norma del de sus actos materiales de aplicación, debió admitirse el anuncio de las pruebas, ya que en caso de resultar fundada la falsedad de la firma desaparecerían los actos de aplicación de la norma al no existir orden de autoridad competente para afectar sus participaciones federales y, por ende, debe revocarse el auto recurrido y en su lugar emitirse otro, en el que se tengan por anunciadas las pruebas y se ordene su preparación.
De conformidad con lo expuesto, la materia de este asunto se constriñe a determinar si, efectivamente, el proveído impugnado resulta violatorio de los artículos 10, 27, 31 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:
Según se advierte del citado proveído (transcrito en su parte conducente en el resultando segundo de este fallo), que en copia certificada obra a fojas trescientas veinte a trescientas veintidós del expediente, la determinación del Ministro instructor consistente en que no había lugar a acordar de conformidad la ampliación de la demanda promovida por el Municipio recurrente, así como tampoco la admisión de diversas pruebas por él ofrecidas, se sustentó, medularmente, en las siguientes consideraciones:
a) Que la parte actora amplió la demanda aduciendo que el director general adjunto de Participaciones, Convenios y Asuntos Jurídicos de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compareció espontáneamente al juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002 y exhibió copias de documentales de las que se desprendían hechos nuevos; que en tal virtud, dado que la aludida autoridad no tiene reconocido el carácter de demandada en la controversia constitucional de la que deriva este asunto, resultaban intrascendentes las manifestaciones que hubiera realizado, así como las documentales que hubiera ofrecido en el diverso juicio;
b) Que tanto la controversia constitucional como el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, no obstante que hayan sido promovidos por el mismo Municipio, son independientes dada su naturaleza, trámite y efectos de la resolución respectiva que en su momento dicte este Alto Tribunal;
c) Que las autoridades a las que se les atribuyeron actos concretos se encuentran jerárquicamente subordinadas al presidente de la República o al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, a los que ya se les había reconocido el carácter de demandados en ese procedimiento constitucional; y,
d) Que en relación con las pruebas respecto de las cuales se solicitaba su exhibición a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a otras autoridades dependientes de ésta, así como al ofrecimiento de las periciales en materias de documentoscopía, grafoscopía y grafología, no resultaba procedente acordar su admisión, toda vez que tenían por objeto acreditar hechos que se impugnaron en la ampliación, la que resultaba improcedente por las razones indicadas.
Visto lo anterior y para un mejor entendimiento del asunto, resulta conveniente relatar los antecedentes del caso para estar en condiciones de resolver la materia del presente recurso de reclamación:
1) Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el diecinueve de abril de dos mil dos, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Rubén Ernesto Armenta Zanabia, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente municipal y síndico procurador del Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, promovieron demanda en vía de controversia constitucional en contra del presidente de la República, del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda y Crédito Público y de diversas autoridades dependientes de este último, así como del Congreso y del Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, además de diversas autoridades adscritas a éste, en la que demandaron la invalidez del Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos; de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el citado medio informativo el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en cuanto al artículo décimo tercero transitorio, punto tercero y de la reforma a este último ordenamiento, de quince de octubre de dos mil uno, en lo referente a los artículos segundo y tercero transitorios.
Además, se demandó la invalidez de diversos actos tendentes al cumplimiento del procedimiento de afectación de las participaciones federales de ese Municipio para el ejercicio fiscal de dos mil dos, emitidos por las autoridades demandadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del gobierno del Estado de Baja California (fojas 23 a 246 de este expediente).
2) Mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil dos, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional promovida por el Municipio ahora recurrente, al que le correspondió el número 35/2002 (copia certificada a foja 247 de autos).
3) Por acuerdo de veinticinco del indicado mes, que en copia certificada corre agregado a folios doscientos cuarenta y ocho a doscientos cincuenta y dos de este expediente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa, tanto por lo que hace a las normas generales impugnadas como a sus actos de aplicación invocados por la actora y proveyó al efecto, sustancialmente, lo siguiente:
a. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas al Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores, al presidente de la República y a los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, en cuanto a la expedición, promulgación y refrendo de las normas generales combatidas; al Congreso y al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, por lo que hace a los actos de aplicación de las normas aludidas, consistentes en diversos actos tendentes al cumplimiento del procedimiento de afectación de las participaciones federales del ahora recurrente, para el ejercicio fiscal de dos mil dos;
b. En lo referente a las demás autoridades señaladas como demandadas, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del gobierno de la citada entidad, se determinó que si bien participaron o pudieran intervenir en la realización de los actos impugnados, no resultaba procedente reconocerles el carácter de autoridades demandadas, por encontrarse subordinadas, las primeras, al secretario del ramo, quien a su vez está subordinado al presidente de la República y las segundas, al gobernador constitucional de la referida entidad; y,
c. Tomando en consideración que los actos que la parte actora señaló como actos de aplicación de las normas impugnadas también podrían constituir materia de un juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, se remitió al Ministro presidente de este Alto Tribunal copia certificada del oficio de demanda y sus anexos, así como del proveído en comento, para que determinara lo conducente.
4) Por auto de veinticinco de abril de dos mil dos, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo al juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal a que se hizo alusión, al que le correspondió el número 2/2002 (foja 1075 del tomo I del expediente principal del juicio).
5) Mediante proveído de esa fecha (folios 1078 a 1081 del tomo I del expediente principal), el Ministro instructor en el indicado asunto determinó, esencialmente, lo siguiente:
a. Se admitió el juicio en contra de los actos impugnados en la demanda promovida en vía de controversia constitucional que motivó su formación; y,
b. Se reconoció el carácter de demandadas a las siguientes autoridades: secretario de Hacienda y Crédito Público, director de Participaciones y Convenios, subdirector de Registro y Control de la Dirección de Participaciones y Convenios, jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Dirección de Participaciones y Convenios, jefe del Departamento de Afectación de Participaciones de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, director general adjunto de Estudios Estratégicos, Planeación y Vinculación y tesorero de la Federación, todos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, gobernador constitucional, secretario de Planeación y Finanzas, directora de Ingresos de la anterior dependencia y Congreso, estos últimos del Estado de Baja California.
6) Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve de julio de dos mil dos, que en copia certificada obra a fojas doscientas cincuenta y tres a trescientas diecinueve de autos, la parte actora amplió la demanda de controversia constitucional (cuyo desechamiento es materia de este asunto), manifestando al efecto, medularmente, lo siguiente:
"Que dentro del término concedido por el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos con fundamento en los artículos 24 y 27 de la ley citada a promover la ampliación de la demanda, en virtud que del contenido de la contestación de la autoridad director general adjunto de Participaciones, Convenios y Asuntos Jurídicos de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que compareció espontáneamente en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002 que se sigue por esta misma parte ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las copias fotostáticas simples que anexó, aparentemente se desprenden hechos nuevos que deben ser materia de esta controversia constitucional, lo que fue del conocimiento de nuestra representación a través de notificación que por oficio en nuestro domicilio se hizo con fecha martes 18 de junio del año 2002, lo que se manifiesta bajo protesta de decir verdad ... Puntos de ampliación: I. Se amplía la demanda, en virtud de que de la contestación de la autoridad que comparece espontáneamente en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002 que se sigue por esta misma parte ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las copias simples que anexa, sin consentir su eficacia probatoria, de los cuales se desconocía su existencia cierta y su contenido al momento de plantearse la demanda, siendo un hecho cierto que del escrito inicial se desprende el planteamiento formulado por nuestra representación, en el sentido de que ni siquiera se corrió traslado con documento alguno, lo cual se confirma en todo caso con la misma contestación de la autoridad enumerada, visible en los puntos sexto y séptimo del apartado que intitula ‘Razones y fundamentos jurídicos que sostienen la validez de los actos’, materializándose los actos de aplicación de las normas impugnadas por inconstitucionales. ... I. La autoridad que comparece espontáneamente, C. Director general adjunto de Participaciones, Convenios y Asuntos Jurídicos de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002 que se sigue por esta misma parte ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de haber intervenido en el trámite de afectación de las participaciones exhibió anexa a su escrito de contestación copia simple de lo que dijo ser copia de una ‘escritura pública original’ número 32,576 del volumen CLXXXIV del libro 6, foja 205, de fecha dieciséis de febrero del año dos mil, que se dijo pasada ante la fe del notario público número 72 de esa demarcación, y en la cual se dice asentada la supuesta fusión de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y Banpaís, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ambas integrantes del Grupo Financiero Banorte. II. Es un hecho que dicho documento que en copia se presentó ... no era del conocimiento de nuestra representación previo al glosado del escrito de contestación por parte de la autoridad espontánea, director general adjunto de Participaciones, Convenios y Asuntos Jurídicos de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyendo en esa forma hechos nuevos, siendo precisamente el desconocimiento de los mismos uno de los planteamientos por los cuales se afirma la violación a la garantía de audiencia, previo el acto privativo. ... V. Es un hecho nuevo para nuestra representación ... que la naturaleza de las Sociedades Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y Banpaís, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple es el de ser instituciones de crédito pertenecientes al Grupo Financiero Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, al tenerse conocimiento del contenido que se desprende de la página 44 de la copia simple de la supuesta ‘escritura’ en que se dice consta la fusión ... VII. Es un hecho que del documento que se dice fue exhibido para acreditar la supuesta personería de quienes dijeron representar al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, no se desprende que ante el notario público suplente número 72 de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, hubiere comparecido delegado o representante alguno del Grupo Financiero Banorte, Sociedad Anónima, a bien de otorgar su consentimiento en el acto de la fusión, mucho menos se agregó el acta de la asamblea de accionistas de dicha sociedad controladora, no habiéndose integrado siquiera a la escritura ni en transcripción ni en copia, documento alguno por el cual se hubiere acreditado que Othón Ruiz Montemayor fuere representante de Grupo Financiero Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo que no fue apreciado por la autoridad espontánea que compareció al juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002 ... en caso de haber participado en el acto que tuvo como consecuencia la afectación de las participaciones federales a que tiene derecho el Ayuntamiento del Municipio que representamos, aplicándose en esa forma el texto de las leyes que se impugnan por inconstitucionales en esta controversia. ... VIII Bis. Es un hecho nuevo conocido a partir de que se tuvo conocimiento del escrito de contestación a la demanda en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002 ... que indebidamente se ordenó la afectación de las participaciones que le corresponden al Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja California, al haber reconocido una personería y una legitimación inexistente, ya que legalmente nunca se materializó la fusión entre Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y Banpaís, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, no habiéndose acreditado por parte de los solicitantes que fueren titulares de derecho alguno, al no acreditar la causahabiencia que adujeron, de ahí la afectación del interés jurídico de nuestra representación al haberse aplicado normas que son inconstitucionales. ... Es un hecho entonces que al no aparecer en la ‘copia’ de la escritura las listas de asistencia, ni la certificación de los escrutadores, ni los poderes de los supuestos representantes de los accionistas, el documento está incompleto y soporta el hecho lógico de que resultaba materialmente imposible que Banpaís, Sociedad Anónima, haya sesionado en su domicilio social, lo cual, al no haber acontecido, produce la nulidad de la referida asamblea y de todos los acuerdos que pudieren haberse tomado en la misma. ... X. Es un hecho nuevo conocido a partir de que se tuvo conocimiento del escrito de contestación a la demanda, por parte de la autoridad espontánea ... en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002 ... que las órdenes de afectación de las participaciones federales que le corresponden al Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja California, contenidas en los supuestos oficios dirigidos a la tesorera de la Federación y fechados en veinte de marzo y diecinueve de abril del año dos mil dos, no contienen la firma del puño y letra del jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, licenciado David Colmenares Páramo, sino que fueron emitidos por diversa persona cuyos nombre y cargo se desconocen, afectándose a nuestra representación en sus participaciones federales por los montos económicos de $19'855,751.00 M.N. (diecinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional) y $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 moneda nacional), sin que existiere siquiera orden de autoridad competente y sobre todo sin que se hubiere fundado ni motivado la causa legal del procedimiento. En efecto, es un hecho que el acto que afecta de manera directa el interés jurídico de nuestra representación lo son los oficios de fechas veinte de marzo y diecinueve de abril, ambas fechas del año dos mil dos, dirigidos a la Tesorería de la Federación, los cuales no fueron firmados por puño y letra del licenciado David Colmenares Páramo; se afirma lo anterior, en virtud de que tal como es apreciable en los documentos que fueron anexados en copia simple al escrito de contestación de la autoridad espontánea ... los mismos calzan una aparente certificación que fue expedida por el C. Jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, desprendiéndose de dicha certificación la firma del C. Licenciado David Colmenares Páramo, misma que es notoriamente discrepante de la que aparece en las copias de los oficios de fechas veinte de marzo y diecinueve de abril, ambas fechas del año dos mil dos que transcurre, documentos en los cuales no asentó su firma el funcionario que se refiere haberlo hecho, razón por la cual desde este momento se impugna expresamente como falsa. ... Es de explorado derecho y del conocimiento aun de quienes no son peritos en la ciencia jurídica, que de acuerdo al sistema legal y tradicional mexicano, las facultades de las autoridades se plasman de manera indubitable en los documentos escritos con la firma o rúbrica del funcionario que asume el contenido del texto que le antecede ... y si en la especie no aconteció ... se prueban plenamente la aplicación y consecuencias de los artículos que son reclamados en la presente controversia constitucional. XI. Es un hecho nuevo, por haberse tenido conocimiento hasta el momento en que fue agregada la contestación de la demanda en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002 ... que los actos de aplicación de las leyes impugnadas por inconstitucionales violan, inclusive en perjuicio del Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja California, las garantías de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta absoluta de fundamentación y motivación al no haberse emitido dichos actos y hecho constar en documentos que contuvieren firma de autoridad competente. Se ha violado la garantía de legalidad por no fundarse ni motivarse resolución alguna; garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución General de la República a favor de toda persona. ... Igualmente, al carecer de fundamentación el acto reclamado, también carece de motivación, puesto que si no se expresó el fundamento, las razones o motivos no pueden estar sustentados en un precepto no señalado ... XII. Es un hecho nuevo y en esa medida se amplía la presente demanda en virtud de que de los documentos en copia simple (sic), la autoridad que comparece espontáneamente al juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002 ... reconoce de manera expresa que el trámite o ‘procedimiento’ que dice haber aplicado se encuentra contenido en un ‘Manual de Procedimientos’ interno denominado ‘Procedimiento: Afectación de Participaciones’, del cual se desprende que el mismo no contiene ni previene la audiencia de la parte afectada, ni la forma, en su caso, de verificar la supuesta mora, llanamente previniendo que inmediatamente después de la solicitud se procede a elaborar un oficio dirigido a la Tesorería de la Federación ordenándose la afectación de las participaciones, y que es hasta ese momento en el cual, una vez realizado el acto de afectación, se ordena librar un oficio al presidente municipal, en su caso, situación que, en la especie, ni siquiera aconteció, nunca habiéndose remitido tal copia del oficio, lo que reconoce de manera expresa la autoridad contestante evidenciándose, asimismo, la inconstitucionalidad que es reclamada por lo que hace al Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal al no prever respecto a la garantía de audiencia. XIII. Se amplía la demanda por lo que hace a actos nuevos conocidos provenientes del gobernador del Estado de Baja California, del secretario de Planeación y Finanzas y de la directora de Ingresos, estas últimas dos autoridades del Estado de Baja California, en virtud de que de los documentos de los cuales se tuvo conocimiento hasta que se agregó el escrito d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17765-c6c6efde/controversia-constitucional-los-hechos-nuevos-o-supervenientes-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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