CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD QUE LE CONFIERE AL MINISTRO INSTRUCTOR EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, DE REQUERIR PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, NO PUEDE CONDUCIR AL DESECHAMIENTO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE UN HECHO NOTORIO Y PÚBLICO, COMO LO ES LA DESIGNACIÓN DE UN GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 292/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2002. GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En los agravios que se hacen valer, la parte recurrente aduce, en síntesis, que el proveído recurrido es violatorio de los artículos 10, fracción II, 11, 23 y 30 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de lo siguiente:
a) Que el Ministro instructor pasó por alto que el artículo 11 de la aludida ley reglamentaria otorga la presunción legal "al momento de apersonarme al juicio, de constituirme en parte en los términos señalados por la actora y acordados en el auto admisorio de la controversia constitucional", y de que cuenta con la representación legal y capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
b) Que además de lo anterior, el citado numeral prevé que no se admitirá ninguna forma diversa de representación y que, por tanto, en el auto impugnado se omite valorar que la autoridad que comparece a juicio es el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California y que, por su calidad de autoridad, no se encuentra sujeto a las reglas de representación convencional que rigen a los particulares.
c) Que no obstante que el recurrente compareció a contestar la demanda y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el plazo concedido por la ley, en el proveído de veinticinco de junio de dos mil dos se le requirió para que acreditara su personalidad "de una forma que deviene inconcusa", puesto que no le fue reconocida la personalidad con la que se ostentó ni se proveyeron de conformidad sus peticiones, pero sí se le tuvo por señalado el domicilio que indicó y por acreditados a los delegados que mencionó en su oficio de contestación a la demanda.
Que lo anterior es así toda vez que, por un lado, no se reconoce la personalidad con la que se ostenta y, por otro, se opta por notificarle en el domicilio señalado en autos, el cual por encontrarse precisado en el mismo oficio de contestación a la demanda, no podía ser tomado en cuenta para realizar una notificación legalmente válida, ya que existía reserva para acordar lo conducente hasta en tanto acreditara su personalidad y que, por tal motivo, la notificación del citado proveído, por el que se le requirió para que acreditara el carácter con el que se ostentaba, debió habérsele hecho en sus oficinas ubicadas en el Estado de Baja California.
d) Que el gobernador del Estado de Baja California fue señalado expresamente como autoridad demandada por la actora, por lo que con tal señalamiento adquirió el carácter de parte que prevé el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia y que, en consecuencia, compareció con la personalidad y el carácter atribuidos a deducir sus derechos, además de que no existe disposición legal alguna, con excepción de la hipótesis de suplencia prevista en el artículo 52 de la Constitución Local, que disponga que el gobernador de esa entidad pueda ser representado.
e) Que no obstante que el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia le otorga la presunción de que al momento de comparecer a juicio cuenta con la personalidad y capacidad para hacerlo, el Ministro instructor, sin ninguna base legal, objeta de motu proprio la personalidad del recurrente y le sanciona teniéndole por no contestada la demanda, ni proveyendo de conformidad sus peticiones, sin tomar en cuenta que entre los requisitos que debe contener la contestación, previstos en el artículo 23 del mismo ordenamiento legal, no se contempla el relativo a anexar los instrumentos que acrediten la personalidad del promovente.
Que además, como puede advertirse del propio oficio de contestación a la demanda, los requisitos que enumera el citado artículo 23, fueron debida y oportunamente cubiertos, por lo que éstos relacionados con el artículo 11 del mismo ordenamiento reglamentario, en su parte conducente, son suficientes para tenerlo por presentado en la controversia constitucional que dio origen a este asunto, así como para tener por hechas las manifestaciones que en su oficio se contienen.
f) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado criterios que sostienen la legitimación de las autoridades al momento de comparecer a juicio y ha determinado innecesario que éstas exhiban sus nombramientos para acreditar su personalidad, como se advierte de las tesis con los rubros: "JUICIO DE NULIDAD FISCAL. LEGITIMIDAD DE LAS AUTORIDADES, NO TIENEN PORQUÉ COMPROBARLA." y "COORDINACIÓN FISCAL, CONVENIOS DE. EN EL JUICIO DE NULIDAD INTENTADO POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ANTE LA SUPREMA CORTE, LAS AUTORIDADES DEMANDADAS NO TIENEN QUE EXHIBIR SU NOMBRAMIENTO PARA ACREDITAR SU PERSONALIDAD.".
g) Que sin perjuicio de todo lo asentado, el artículo 335 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional prevé que tratándose de la falta de personalidad es factible subsanar esta deficiencia en cualquier estado del juicio por lo que, para tales efectos, el oficio de interposición del recurso anexa un ejemplar del periódico oficial de la entidad, de veintisiete de julio de dos mil uno, en el que se publicó la declaración de validez de la elección de gobernador; un ejemplar de ese órgano informativo de diecinueve de octubre del mismo año, en el que se publicó el bando solemne por el que se declaró que los habitantes del Estado designaron gobernador para el periodo comprendido del primero de noviembre de dos mil uno al treinta y uno de octubre de dos mil siete; así como copia certificada del acta de la sesión solemne del Congreso Estatal, de primero de noviembre de dos mil uno, en la que se hace constar la toma de protesta de Eugenio Elorduy Walther (ahora recurrente) como Gobernador Constitucional del Estado.
Que sirven de apoyo a la anterior consideración, aplicadas analógicamente, las tesis con los rubros: "PERSONALIDAD EN JUICIO." y "PERSONALIDAD, PERSONERÍA Y REPRESENTACIÓN. SU FALTA DE ACREDITACIÓN ES SUBSANABLE DURANTE EL PROCEDIMIENTO.".
h) Que le causa agravio el auto impugnado, toda vez que al no tenerle por contestada la demanda ni proveer de conformidad sus peticiones, se le deja en completo estado de indefensión, al no valorar las argumentaciones plasmadas en su oficio de contestación, decretando en su perjuicio la presunción de certeza de los hechos que la parte actora le imputa.
Que lo anterior es así, en virtud de que el artículo 30 de la ley reglamentaria dispone que la falta de contestación de la demanda dentro del plazo concedido, hará presumir como ciertos los hechos que en ella se hubieran señalado, por lo que la determinación tomada por el Ministro instructor en el proveído que se recurre, ocasiona que no sean valoradas las consideraciones y los fundamentos plasmados en su oficio de contestación a la demanda y, por ende, le deja en estado de indefensión al negarle la oportunidad de defensa, no obstante que fue expresamente señalado como demandado, oportunamente notificado y apersonado a través del multirreferido oficio.
i) Que por las consideraciones expuestas, lo procedente es revocar el proveído recurrido y, en su lugar, dictarse otro en el que se tenga por acreditada la personalidad con que comparece el recurrente, por contestada la demanda y por acordadas de conformidad sus peticiones.
Que en ese sentido se ha pronunciado este Alto Tribunal, en la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTRA AUTOS O RESOLUCIONES QUE, POR SU NATURALEZA TRASCENDENTAL Y GRAVE, CAUSEN UN AGRAVIO MATERIAL NO REPARABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).".
Según lo expuesto, la cuestión medular de este asunto consiste en determinar si, como lo aduce el recurrente, fue incorrecta la determinación del Ministro instructor en el sentido de tenerle por no contestada la demanda de controversia constitucional, en virtud de no haber acreditado su personalidad dentro de los autos, para lo cual se estima conveniente relatar los antecedentes del caso, a efecto de estar en condiciones de resolver la materia del recurso.
1) Por oficio de diecisiete de abril de dos mil dos (fojas 1 a 224 del tomo I del expediente principal de la controversia constitucional de la que deriva este asunto), el Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, promovió demanda en vía de controversia constitucional en la que señaló como autoridad demandada, entre otros, al gobernador constitucional de esa entidad.
2) Mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dos (fojas 229 a 233 del tomo I del expediente principal) se admitió a trámite la demanda relativa y se reconoció el carácter de demandado, además de otras autoridades, al gobernador de la referida entidad.
3) Por oficio de tres de junio del indicado año, Eugenio Elorduy Walther, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, formuló contestación a la demanda, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, designó delegados y ofreció diversas pruebas (fojas 105 a 131 de autos).
4) Mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil dos, el Ministro instructor requirió al promovente para que remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de las documentales que acreditaran fehacientemente el carácter con el que se ostentaba y le apercibió que en caso de no dar cumplimiento a tal requerimiento, no se le tendría por contestada la demanda, ni se acordarían de conformidad sus demás peticiones (folios 132 a 134 de autos); proveído que le fue notificado el veintiséis del mismo mes, como consta en la copia certificada del oficio que obra a foja ciento treinta y cinco de este expediente.
5) Por auto de quince de agosto de dos mil dos (que es materia de este asunto), atendiendo a que Eugenio Elorduy Walther, quien se ostentó como gobernador del Estado de Baja California, no había dado cumplimiento al requerimiento referido en el punto que antecede, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y, consecuentemente, no se le tuvo contestando la demanda de controversia constitucional, ni se proveyeron de conformidad sus peticiones referentes al señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones y a la designación de delegados (foja 136 del expediente en que se actúa).
Precisado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima procedente arribar a las siguientes consideraciones:
Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor se encuentra facultado para recabar pruebas para mejor proveer y, en el caso, dicho precepto sirvió como fundamento para requerir al demandado, ahora recurrente, a fin de que remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de las documentales que acreditaran fehacientemente el carácter con el que se ostentaba, también lo es que tal requerimiento no puede llevarse al extremo a que se contrajo el proveído recurrido, esto es, a tenerle por no contestada la demanda de controversia constitucional, como en la especie aconteció.
Esto es así, dado que aun cuando no pasa inadvertido que existía mandato expreso del Ministro instructor en el sentido señalado, por considerar que las documentales requeridas eran necesarias para proveer lo conducente respecto del oficio de contestación a la demanda y, en su caso, para una mejor resolución del asunto, resulta indiscutible que el apercibimiento decretado con motivo de lo anterior es excesivo, puesto que la designación del recurrente en el cargo que ostenta puede ser considerada como un hecho notorio, ya que es innegable que las elecciones de gobernadores, así como los nombramientos del procurador general de Justicia y secretarios de Estado, entre otros, son cuestiones del total conocimiento público.
En estas condiciones, deviene inconcuso que el nombramiento de Eugenio Elorduy Walther como Gobernador Constitucional del Estado de Baja California es un hecho público y notorio y, por tanto, es de considerarse incorrecta la determinación que por esta vía se recurre, toda vez que el desechamiento de la contestación obedeció únicamente a que dicho servidor público no acreditó su personalidad dentro de los autos, lo cual en forma alguna conlleva a no tenerle por contestada la demanda de controversia constitucional.
En tal virtud, lo procedente es revocar el proveído recurrido en la parte que establece: "En otro aspecto, visto el estado procesal en que se encuentra este asunto, es pertinente hacer mención que el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, a la fecha, no ha dado cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de veinticinco de junio del año en curso, en el sentido de remitir a este Alto Tribunal copia certificada de las documentales que acrediten su personalidad; consecuentemente, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido acuerdo, por lo que no se le tiene contestando la demanda, ni se proveen de conformidad sus peticiones referentes al señalamiento de domicilio y a la designación de delegados ...", y devolver los autos al Ministro instructor para que, con vista en lo asentado en este fallo, provea lo conducente en relación con la contestación de demanda formulada por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.
Finalmente, cabe destacar que lo anterior no prejuzga respecto de la facultad del Ministro instructor para recabar pruebas a efecto de mejor proveer, ni de su aptitud para imponer las medidas de apremio que, en términos de la legislación aplicable a este tipo de procedimientos, estime pertinentes ante el desacato de sus requerimientos, y menos aún en lo referente a que de considerarlo conveniente, al momento de dictar el proveído en el que se atienda lo ordenado en esta sentencia, requiera al gobernador, o bien, a cualquier otra autoridad, todos aquellos elementos que considere necesarios para la correcta resolución del asunto.
Atento lo apuntado, resulta innecesario ocuparse del estudio de los restantes argumentos esgrimidos por el recurrente, puesto que ya fue determinado lo conducente en relación con la cuestión toral y su análisis no conduciría a ningún fin práctico, ya que en modo alguno variaría la conclusión alcanzada.
Apoya tal determinación, aplicada por analogía, la tesis jurisprudencial P./J. 100/99, visible en la página setecientos cinco del Tomo X, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.-Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situación que cumple el propósito de este juicio de nulidad de carácter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto."
En consecuencia, es procedente declarar fundado el presente recurso de reclamación y, por consiguiente, revocar el acuerdo recurrido en las partes y para los efectos indicados.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente y fundado el presente recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 35/2002, interpuesto por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.
SEGUNDO.-Devuélvanse los autos al Ministro instructor para que provea lo conducente, en términos del último considerando de este fallo.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente en funciones Juan Díaz Romero. Ausente el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17627-bb5722e2/controversia-constitucional-la-facultad-que-le-confiere-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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