SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUANDO SE CONCEDE RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, O DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN MUNICIPIO, NO SE AFECTAN INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN EN CUANTO A SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 218/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 72/2004. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Ahora bien, a efecto de atender los planteamientos del recurrente que quedaron sintetizados en el resultando tercero de esta resolución, es menester citar los artículos 14 y 15 de la ley reglamentaria de la materia, que regulan lo relativo a la suspensión en controversias constitucionales, y que a la letra dicen:
"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable. La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."
"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."
"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."
De dichos preceptos se desprenden las características esenciales de este incidente de suspensión como son:
1) Procede de oficio o a petición de parte, y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.
2) No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.
3) No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.
4) Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.
Estos elementos permiten advertir que la suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un juicio.
A mayor abundamiento, debe señalarse que para decidir sobre la procedencia de la suspensión de los actos impugnados, debe tomarse en cuenta que dicha medida cautelar tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que declare el derecho del actor pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente; por tanto, para poder concederla, es necesario el análisis de la demanda de controversia constitucional y los anexos que se acompañan, ya que como lo establece el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, para el otorgamiento de la suspensión el Ministro instructor deberá tomar en cuenta las circunstancias y características particulares del asunto, es decir, se requiere un conocimiento primario de los actos impugnados y de la litis planteada, dirigido a lograr una decisión sobre la medida cautelar solicitada.
En el caso, el recurrente aduce en lo medular que en el auto impugnado no se precisaron con claridad los efectos y alcances de la suspensión concedida a la parte actora y que ello trae como consecuencia que se le impida el ejercicio tanto a él, como al órgano de fiscalización estatal de las facultades que constitucional y legalmente tiene conferidas en materia de fiscalización de recursos públicos, con lo que además, se afectan las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano; por tanto, conviene señalar en primer término cuáles son los actos cuya invalidez demandó el Municipio de Ensenada, Estado de Baja California, en su oficio de demanda:
1. Del Congreso del Estado, y demás autoridades del propio órgano legislativo:
a) El acuerdo económico aprobado en sesión de doce de junio de dos mil cuatro, por el que se aprueba la remoción del contador mayor de Hacienda y se ordena la notificación de esa determinación; la instrucción al presidente de la mesa directiva de la legislatura, para que inicie averiguación previa en contra del funcionario destituido; el nombramiento de un encargado del despacho de esa dependencia, la orden para ponerlo en posesión del cargo, bienes y documentación correspondientes; la suspensión de la sesión plenaria de mérito y la designación como recinto oficial para su continuación, la sede de las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, a efecto de instalar en el cargo al funcionario señalado, y para que una vez hecho lo anterior, se retorne al recinto legislativo a continuar el desarrollo de la sesión ordinaria; finalmente, se solicitó la intervención de la fuerza pública, para los efectos del acuerdo.
Los efectos y consecuencias del acuerdo referido, entre otros, las auditorías, visitas, intervenciones y/o cualquier otro acto emitido por el encargado, suplente, superior o inferior jerárquico o cualquier persona que haya designado el Congreso del Estado en lugar del C.P. Jorge Alberto Coral Gutiérrez, como contador mayor de Hacienda del Estado de Baja California.
b) Las violaciones al procedimiento legislativo que dieron origen al acuerdo económico señalado en el inciso que antecede.
c) Los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, consistente en el acuerdo tomado por el Poder Legislativo de esa entidad, el doce de junio de dos mil cuatro, por el que se llamó a los suplentes de los diputados ausentes a dicha sesión con la finalidad de convalidar el nombramiento del "encargado del despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda" y/o auditor superior de fiscalización, ambos del Estado de Baja California.
d) El acuerdo tomado en la sesión de trece de junio de dos mil cuatro, mediante el cual se aprobó el dictamen 443 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que determinó iniciar juicio político en contra del presidente municipal de Ensenada, Baja California, sin que dicho acuerdo fuera tomado por mayoría calificada de los integrantes del Poder Legislativo de la entidad.
2. Del encargado del despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda y/o auditor superior de fiscalización, ambos del Estado de Baja California: las auditorías, visitas, intervenciones y/o cualquier otro acto tendente a vulnerar el ámbito competencial del Municipio de Ensenada, Baja California.
3. De la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, el oficio de fecha diecisiete de dos mil cuatro, mediante el cual se extiende constancia de nombramiento a los integrantes de la comisión del juicio político instaurado en contra del presidente municipal de Ensenada.
4. De la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, la emisión del dictamen 443 de seis de mayo de dos mil cuatro, mediante el cual en los puntos resolutivos primero y segundo se determinó procedente la denuncia de juicio político presentada en contra del presidente municipal de Ensenada, por Armando León Ptanick y Andrés Armenta González, puesto que al día de su emisión, los diputados que lo suscriben no eran integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la XVII Legislatura del Estado de Baja California.
5. De la comisión instructora de juicio político, el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil cuatro, mediante el cual se ordena la integración del expediente de juicio político, así como el dictamen 443, la solicitud de juicio político, el acta de instalación de la comisión instructora y del acuerdo de diecisiete de junio del mismo año.
6. Del presidente de la Comisión instructora del Congreso de Baja California, integrada para llevar a cabo el procedimiento de juicio político en contra del presidente municipal de Ensenada, la notificación de inicio de juicio político realizada el diecisiete de junio de dos mil cuatro.
Asimismo, para una mejor comprensión, se precisan los términos y efectos para los que la parte actora solicitó la concesión de la medida cautelar que se impugna:
1. Que el Congreso del Estado de Baja California, se abstenga de emitir acto alguno tendente a vulnerar la integración del Municipio de Ensenada, Estado de Baja California, con base en cualquier resolución emitida por el denominado encargado del despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, y/o auditor superior de fiscalización o quien con cualquier denominación ejerza dichas facultades.
2. Que el Congreso del Estado de Baja California, se abstenga de emitir acto alguno tendente a vulnerar la esfera de atribuciones del Municipio de Ensenada, Baja California, derivado de los actos impugnados.
3. Del Congreso del Estado, cualquier orden, procedimiento o resolución tendente a fincar responsabilidad o revocar el mandato a los miembros del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con motivo de los actos impugnados.
4. Del encargado del despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, y/o auditor superior de fiscalización o quien con cualquier denominación ejerza dichas facultades, las auditorías, visitas y/o cualquier otro acto que emita en perjuicio del Municipio de Ensenada, Baja California, con motivo de los actos impugnados.
5. De los denominados "suplentes de los diputados ausentes", la emisión de cualquier voto o aprobación tendente a configurar votación calificada para emitir resoluciones en contra del Municipio de Ensenada, Baja California.
Por su parte, en el proveído impugnado de nueve de julio de dos mil cuatro, respecto de la solicitud de suspensión de los actos impugnados en la controversia constitucional 72/2004 de la que deriva este recurso, se precisó lo siguiente:
a) Que no procede el otorgamiento de suspensión con relación a los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, ya que de acuerdo con lo previsto por el artículo 14 de la ley reglamentaria de la materia, no puede otorgarse la medida cautelar respecto de normas generales.
b) Que en lo correspondiente a que las autoridades se abstengan de emitir órdenes, procedimientos o resoluciones derivadas de los actos impugnados, tendentes a fincar responsabilidades, así como la práctica de auditorías que vulneren la esfera y que pudiera vulnerar la esfera de atribuciones, o bien la integración del Municipio de Ensenada, se precisó que a través de la medida cautelar no puede impedirse que las autoridades demandadas ejerzan las atribuciones que la ley les otorga, entre otras, las de fiscalización.
Que no obstante lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.", se concedió la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, esto es, que las demandadas podrán ejercer las facultades que constitucionalmente tienen conferidas para el desarrollo de sus actividades, pero en ningún caso podrán ejecutar resolución alguna que concluya dichos procedimientos y que pueda afectar la integración del Municipio actor, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
c) Que de negarse la suspensión se daría lugar a que se lleven a cabo y surtan sus efectos los actos que se impugnan, lo que debe ser tomado en cuenta para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar, conforme con el criterio del Tribunal Pleno, al resolver el primero de junio del año en curso, el recurso de reclamación 112/2004-PL, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 48/2004.
d) Que por lo que respecta a la iniciación de juicio político en contra del presidente del Municipio de Ensenada, Estado de Baja California, se concede la suspensión en contra de los actos reclamados al Congreso de la entidad, para el efecto de que Jorge Antonio Catalán Sosa no sea suspendido, removido o destituido en el ejercicio de su cargo, como presidente del Municipio de Ensenada, Baja California, hasta en tanto este Alto Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Que lo anterior es sin perjuicio de que la Legislatura Local ejerza sus facultades y, en su caso, dicte la resolución que corresponda, pues el objeto de la medida cautelar es salvaguardar la materia del juicio, para que no proceda la mencionada remoción, destitución o suspensión, en virtud de ser una institución fundamental del orden jurídico mexicano.
e) Que con el otorgamiento de la suspensión no se causa un daño mayor a la sociedad con relación al beneficio que pudiera obtener el solicitante; que tampoco se afectan la seguridad y economía nacionales, pues únicamente se paralizan los efectos y consecuencias derivados de los actos reclamados; ni se afectan las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ya que no repercute en ninguno de los principios básicos consignados en la Constitución Federal, que rigen la vida política, social o económica del país; asimismo no se causa un daño mayor a la sociedad con relación al beneficio que pudiera obtener el solicitante de la medida.
f) Que la suspensión surtiría efectos desde luego, esto es, desde la fecha en que fue emitida.
Por su parte, el acuerdo económico impugnado en la controversia constitucional, respecto de cuyos efectos y consecuencias se concedió la suspensión, y que fue aprobado por la Legislatura del Estado de Baja California en sesión de doce de junio de dos mil cuatro, que obra en copia certificada a fojas doscientas ochenta y cinco a doscientas ochenta y nueve de este expediente, señala:
"Primero. Que en los términos del artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución dada la ilegal e ilícita actuación del contador Jorge Alberto Coral Gutiérrez y que ha faltado a la probidad para con el Congreso del Estado, poniendo en riesgo el buen despacho de los asuntos de la Contaduría Mayor de Hacienda, se aprueba la dispensa del trámite a comisiones del presente punto de acuerdo económico para que el mismo sea discutido y resuelto en esta sesión de Congreso. Segundo. Este honorable Congreso en los términos del artículo 67 bis, fracción VII y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo aprueba la remoción del contador mayor de Hacienda, C.P. Jorge Alberto Coral Gutiérrez y como consecuencia deja sin efectos todas y cada una de las funciones que desempeña en virtud de la pérdida de confianza en razón de los actos realizados en forma directa material y por haber incurrido en falta de probidad en el desempeño de su actividad como servidor público, según se desprende de los hechos narrados en el cuerpo del presente punto de acuerdo económico, dejando en consecuencia sin efecto, a partir de esta fecha, el nombramiento conferido por este Pleno en sesión de fecha de 13 de noviembre de 2003. Tercero. En consecuencia la suscrita Comisión de Fiscalización y Gasto Público en los términos de los artículos 27 fracción XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita que el inmediato superior jerárquico se nombre encargado del despacho por ministerio de ley, mismo que recae en el C.P. Andrés Garate Castro. Dicho nombramiento será efectivo hasta en tanto el Congreso del Estado nombre al auditor superior de fiscalización como titular del Órgano Superior de Fiscalización. Cuarto. Se ordena a la secretaría de la mesa directiva que inmediatamente notifique al C. Jorge Alberto Coral Gutiérrez de su remoción como contador mayor de Hacienda, apercibiéndolo de las responsabilidades administrativas y penales en que puede incurrir al desacatar esta determinación. Quinto. Se aprueba que el presidente municipal de la mesa directiva, en nombre y representación del Congreso del Estado, presente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, denuncia de hechos en contra del C.P. Jorge Alberto Coral Gutiérrez y quienes resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de: usurpación de funciones, falsificación y uso indebido de sellos, marcas, llaves, contraseñas y otros objetos, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, abuso de autoridad, infidelidad en la custodia de documentos, robo, despojo y lo que resulte de las conductas realizadas. Sexto. Se ordena a la mesa directiva proceda a poner en posesión del cargo de manera inmediata al C. C.P. Andrés Garate Castro. Asimismo se le instruya a garantizar la conservación de documentación contable que forma parte de los haberes del Poder Legislativo. Séptimo. Se solicita para efecto de materializar la determinación del Pleno, por qué se tiene conocimiento de que en forma subrepticia se han sustraído documentos públicos propiedad del Poder Legislativo que contienen la información financiera del ejercicio del gasto que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, y que incluso se han apoderado de las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, que están a cargo de este Poder Legislativo, lo que por supuesto constituye un delito, en contubernio con personal de alto nivel del Poder Ejecutivo del Estado ante la inminente realización de auditorías programáticas a la oficina del C. Gobernador del Estado, del C. Secretario General de Gobierno, del C. Secretario de Desarrollo Social y del C. Secretario de Planeación y Finanzas. Por lo que ante la flagrante vulneración de la soberanía del Poder Legislativo y en defensa de su patrimonio y de su autonomía resulta de extrema urgencia rescatar de la intromisión de otros poderes a este poder público y así reestablecer el Estado de derecho para posteriormente dar inicio al procedimiento de responsabilidades a que haya lugar, por lo que con ese propósito se solicita se suspenda la presente sesión, sea designado en este acto como recinto oficial de esta soberanía las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado ubicadas en plaza Baja California módulo G, Avenida Calafia y Calzada Independencia Centro Cívico y Comercial de Mexicali, a efecto continuar de inmediato con el desahogo de nuestra sesión en dicho recinto oficial y proceder formal y materialmente a instalar al funcionario C.P. Andrés Garate Castro para que éste reciba todos los bienes y efectos propiedad de este poder público y desahogado este punto retornar a este recinto a continuar con el desahogo de esta sesión ordinaria. Octavo. Asimismo se le solicita al presidente de este congreso solicite la intervención de las fuerzas públicas para los efectos antes citados. Firman los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público ..."
De lo anterior, puede observarse que contrario a lo aducido por la autoridad recurrente, el auto combatido es congruente con la solicitud de suspensión, y sí señala con precisión sus efectos y alcances.
En efecto, tomando en cuenta que la solicitud de suspensión realizada por la parte actora fue con el propósito esencial de evitar se lleven a cabo los procedimientos de fiscalización derivados de los acuerdos impugnados, es que se determinó negar la medida cautelar, ya que a través de ésta no puede impedirse que las autoridades ejerzan las atribuciones que la ley les confiere, entre ellas, las de fiscalización; sin embargo, se consideró pertinente otorgar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de dichos procedimientos, esto es, que las autoridades demandadas podrán llevar a cabo los procedimientos de fiscalización derivados de los actos impugnados, pero en ningún caso podrán ejecutar resolución alguna que ponga fin a esos procedimientos, y que afecte la integración del Ayuntamiento, en tanto este Alto Tribunal resuelva en definitiva la controversia constitucional.
Asimismo, el auto combatido precisó que de no otorgarse la medida suspensional, se daría lugar a que ejecutaran y surtieran efectos los actos que se impugnan.
En consecuencia, si la cuestión de fondo la constituye precisamente determinar la constitucionalidad del acuerdo económico impugnado, de los procedimientos de fiscalización y el juicio político iniciados como consecuencia del mismo, es evidente que la medida cautelar concedida a través del auto combatido tiene como fin preservar la materia de la controversia constitucional, puesto que de otra forma se permitiría la ejecución de actos cuya constitucionalidad se encuentra controvertida, mientras este Alto Tribunal resuelve el fondo del asunto, lo que desnaturalizaría por completo la suspensión en este medio de control constitucional, en tanto medida cautelar, y por ende la privaría de eficacia jurídica.
En efecto, el permitir que se ejecute o continúe ejecutándose un acto cuya constitucionalidad se cuestiona, en tanto se resuelve el fondo del asunto, haría de la suspensión letra muerta, puesto que no permitiría evitar daños irreparables a la parte actora en tanto se resuelve el asunto en lo principal.
Asimismo, debe señalarse que la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que el Ministro instructor tiene facultades para decretar la suspensión no sólo de los actos impugnados, sino también de sus efectos y consecuencias, atendiendo a las circunstancias y características del caso, de ahí que los efectos y alcances de la medida cautelar no coarten la facultad fiscalizadora de las autoridades demandadas, ya que la finalidad que se persigue es salvaguardar la materia de los actos objeto de la controversia constitucional y que no se ejecuten resoluciones derivadas de procedimientos cuya constitucionalidad se encuentra controvertida, hasta en tanto este Alto Tribunal se haya pronunciado al respecto.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. I/2003, publicada en la página setecientos sesenta y dos, Tomo XVII, febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.-De lo dispuesto en los artículos 14, 18 y 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la suspensión del acto cuya invalidez se demande en una controversia constitucional puede concederse de oficio o a petición de parte, con base en los elementos proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor. Atento lo anterior, se concluye que el Ministro instructor se encuentra facultado legalmente para decretar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del acto materia de la controversia, con independencia de que se haya solicitado respecto de ellos la suspensión, al ser necesariamente materia de la controversia por tener su origen en el acto cuya declaración de invalidez se solicita, pues es deber del Ministro instructor atender a las circunstancias y características particulares del caso, lo que le permite tomar diversas determinaciones respecto a los diferentes actos materia de la controversia constitucional."
Por otra parte, es igualmente infundada la afirmación de la recurrente relativa a que la medida suspensional que aquí se trata no precisó sus efectos y alcances, en atención a lo siguiente.
Al otorgar dicha medida cautelar la Ministra instructora precisó que las autoridades demandadas "... en ningún caso podrán ejecutar resolución alguna que concluya dichos procedimientos y que tenga como efecto afectar a la integración del Municipio actor en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva el fondo del presente asunto", lo que no implica la prohibición de realizar el procedimiento de fiscalización, por el contrario, quedan expeditas las facultades de las autoridades demandadas para llevarlo a cabo, con la salvedad que no podrán ejecutar resolución alguna derivada de esos procedimientos, pues como ya se dijo, la principal función de la suspensión es preservar la materia de fondo para que pueda resolverse la contienda; lo cual contrario a lo aducido por el promovente, preserva dos instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como son, por una parte la fiscalización de recursos públicos; y por la otra, la salvaguarda a la integración del Ayuntamiento actor, que se encuentra tutelada por el artículo 115 constitucional.
En efecto, al aducir el poder recurrente que al concederse la suspensión se violó una institución fundamental del orden jurídico mexicano, puesto que se paraliza la actuación del Órgano de Fiscalización del Estado de Baja California, en cuanto a sus facultades de fiscalización y sanción; dicho planteamiento resulta infundado, ya que con la concesión de la medida no se afecta dicha institución, pues no se están paralizando las facultades de las autoridades a las que corresponde la instrucción de los procedimientos impugnados en la controversia constitucional, pues precisamente en el auto de suspensión recurrido se señala expresamente que únicamente se está suspendiendo la ejecución de las resoluciones que pudieran dictarse y que tengan por objeto directo afectar la integración del Municipio actor.
De conformidad con lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la cual debe ajustarse la actuación de todas y cada una de las autoridades públicas, federales, locales y municipales, las cuentas públicas deben ser auditadas por las Legislaturas de los Estados, facultad que no se coarta o limita con el auto recurrido.
Consecuentemente, es claro que la Ministra instructora otorgó la medida cautelar única y exclusivamente respecto de aquellos actos que tuviesen relación directa con los procedimientos de fiscalización y juicio político impugnados en la demanda, pues sólo éstos y no otros actos son los que constituyen la materia de fondo que se debe examinar.
Todo lo anterior implica que, contrario a lo que manifestó el recurrente, la resolución impugnada acertadamente dejó expedita la vía para que las autoridades estatales, bajo su más estricta responsabilidad, pudiesen realizar actos que la Constitución Federal y las leyes estatales les permitan, en materia de fiscalización de recursos públicos; así como de la tramitación del juicio político, hecha excepción de la ejecución de las resoluciones que al efecto se emitan, hasta que exista pronunciamiento por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del fondo del asunto.
Ahora bien, a fin de que no quede ninguna duda sobre la suspensión concedida en la resolución de nueve de julio de dos mil cuatro, que fue impugnada, conviene aclarar con toda precisión que dicha medida se concedió en los siguientes términos:
1. No se otorgó la medida cautelar solicitada respecto del procedimiento de fiscalización, toda vez que constituye una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano en cuya resolución está interesada la sociedad, a más de que los procedimientos no pueden ser suspendidos salvo por lo que hace a sus consecuencias.
2. Se concedió la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados en esta controversia constitucional, para que las autoridades demandadas lleven a cabo los procedimientos de fiscalización, pero se abstengan de ejecutar las resoluciones que pudiesen dictar dentro de los procedimientos señalados, que puedan afectar la integración del Ayuntamiento de Ensenada, Estado de Baja California.
Lo anterior no implicó en forma alguna, que se haya prohibido a las autoridades demandadas realizar actos distintos que no sean consecuencia ni estén relacionados con los procedimientos impugnados en la demanda, pues la afectación en contra de la cual procede conceder esa medida tiene que estar relacionada necesariamente con los hechos y actos concretos que dieron lugar a la demanda de controversia constitucional, que son los que serán analizados al resolver el fondo.
En consecuencia, resultan infundados los argumentos de la autoridad recurrente, en los que aduce que el auto por el cual se concedió la suspensión en la controversia constitucional 69/2004, es violatorio del artículo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Por lo que hace a la iniciación del juicio político en contra del presidente municipal de Ensenada, Estado de Baja California, se concedió la suspensión únicamente para el efecto de que dicho servidor público no sea suspendido, removido o destituido de su cargo, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto; habiéndose dejado expeditas las facultades de la Legislatura Local para la continuación del procedimiento y, en su caso, el dictado de la resolución que corresponda.
Por otra parte, aduce
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18533-c96cb5ac/suspension-en-controversias-constitucionales-cuando-se-concede-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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