SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUANDO SE CONCEDE RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE PUDIEREN DICTARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y SANCIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS QUE DESARROLLE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO SE IMPIDE EL EJERCICIO DE SU FACULTAD FISCALIZADORA, NI SE AFECTA LA INSTITUCIÓN FUNDAMENTAL DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO CONSISTENTE EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN EN CUANTO A SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 199/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 69/2004. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En sus agravios la parte recurrente aduce, en síntesis, lo siguiente.
1. Que el auto impugnado es violatorio del artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, ya que es ambiguo e impreciso, al no señalar con claridad hasta qué punto se pueden desplegar las facultades constitucionales y legales que tiene asignadas el Poder Legislativo recurrente, es decir, no indica los efectos y alcances de la medida cautelar.
2. Que si bien el auto combatido permite que las demandadas ejerzan las facultades legales y constitucionales que tiene conferidas para el desarrollo de sus actividades, entre las que destacan y se relacionan con los hechos y motivos de invalidez que se plantean por la parte actora, la facultad de fiscalizar, comprobar y verificar el estado financiero del ejercicio del gasto que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, concretamente la oficina del gobernador, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social, y la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Baja California; lo cierto es que el acuerdo recurrido no es claro ni preciso en cuanto a los alcances y efectos de la suspensión concedida.
3. Que, igualmente, el auto recurrido es impreciso e incongruente, ya que no tomó en cuenta que los actos que podían ser materia de suspensión eran el acuerdo económico de doce de junio de dos mil cuatro, del que se reclaman sus efectos, consecuencias y violaciones a su procedimiento legislativo, así como la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, además de las auditorías, visitas, intervenciones y/o cualquier acto emitido por el encargado del despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, tendiente a vulnerar el ámbito competencial del Poder Ejecutivo Estatal.
4. Que el auto impugnado reconoce que el acuerdo económico impugnado es un acto legislativo que participa de la naturaleza de una ley o reglamento, de ahí que por mandato expreso del segundo párrafo del artículo 14 de la ley reglamentaria, las normas generales no pueden ser materia de suspensión, sirviendo de apoyo la tesis de la Segunda Sala de este Alto Tribunal de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE REGLAMENTOS."; lo anterior es así, ya que el acuerdo económico impugnado es un acto legislativo que participa de la naturaleza de una ley o reglamento, máxime que fue creado, aprobado y expedido en términos de los artículos 110, fracción III, y 114 de la ley orgánica que rige al Poder Legislativo, esto es, se trata de un acto legislativo que tiene las características jurídicas de ser impersonal, abstracto y general, además, que para su validez y vigencia jurídica ni siquiera requiere de sanción, promulgación y publicación.
5. Que el auto combatido no precisa los alcances y efectos de la suspensión otorgada, toda vez que del acuerdo económico impugnado se desprenden varios efectos y órdenes como son la remoción del contador mayor de Hacienda, el nombramiento por ministerio de ley del encargado de la Contaduría Mayor de Hacienda, la presentación de denuncia penal en contra del funcionario destituido, la solicitud de intervención de la fuerza pública para hacer efectivos los efectos y consecuencias del citado acuerdo económico, así como la orden para que la Contaduría Mayor de Hacienda realice las auditorías, visitas e intervenciones en los estados financieros del ejercicio del gasto que realiza el Poder Ejecutivo del Estado.
Que por lo anterior, queda de manifiesto que en el acuerdo impugnado no se precisa con claridad si la suspensión decretada rige en lo que toca a los efectos jurídicos del acuerdo económico, o a qué otros actos impugnados se refiere y cuáles son los efectos precisos que se suspenden.
6. Que, además, debe tenerse en cuenta que no en todos los casos es jurídicamente admisible la suspensión de los efectos y consecuencias jurídicas y materiales del acuerdo económico multicitado, toda vez que si bien en la resolución recurrida se cita la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS.", lo cierto es que dicha tesis resulta inaplicable al caso concreto.
Que lo anterior es así ya que dicho criterio fue creado con motivo del recurso de reclamación número 323/2002-PL, deducido del incidente de suspensión en la controversia constitucional 55/2002, en el cual la materia del asunto giró en torno a la suspensión de la Convocatoria Nacional de Obra Pública número SCOP-C12-2002, expedida por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, es decir, la suspensión versó sobre un acto administrativo que no reviste las características de una ley; en cambio, en el presente asunto la suspensión que se impugna versa sobre un acto legislativo que participa de la misma naturaleza de una ley, por lo que no resulta aplicable el criterio citado y, por ende, no resulta procedente otorgar la suspensión respecto de sus efectos y consecuencias, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 14 de la ley reglamentaria de la materia.
7. Que, además, debe tenerse en cuenta que dicha disposición legal ha sido interpretada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE REGLAMENTOS.", de la cual se pone de manifiesto que cuando la ley alude a que la suspensión resulta improcedente contra normas generales, en ello también se incluyen los actos de aplicación, efectos y consecuencias, es decir, la improcedencia de la suspensión no se agota con la expedición y publicación de la norma general, sino que abarca sus efectos y consecuencias, motivo por el cual en el auto de suspensión no se pueden suspender los efectos y consecuencias del acuerdo económico cuya constitucionalidad se cuestiona por la parte actora.
Que, por tanto, con independencia de que la suspensión no es clara en cuanto a sus alcances y efectos, es de señalar que dicha medida no puede afectar las consecuencias y efectos jurídicos que se generan con la aprobación y expedición del acto legislativo; motivo por el cual se aprecia la ilegalidad de la resolución reclamada al violentarse el contenido del artículo 14, segundo párrafo, en relación con el diverso 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.
8. Que al señalarse en el auto impugnado que "... en ningún caso podrán ejecutar resolución alguna que concluya dichos procedimientos y que tenga como efecto afectar el ámbito de atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, o bien, fincarle cualquier tipo de responsabilidad en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el fondo del presente asunto ..."; se viola el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia toda vez que no precisa, ni indica cuáles son los procedimientos que pudieran desembocar en una afectación al ámbito de atribuciones del Poder Ejecutivo actor, ni tampoco cuál sería el procedimiento para fincarle alguna responsabilidad al titular del Ejecutivo Estatal, lo que se traduce en una suerte de suspensión respecto de actos futuros e inciertos respecto de los cuales resulta improcedente la medida cautelar que se otorgó.
9. Que ni del oficio de demanda, ni del acuerdo impugnado, se advierte el tipo, número o trámite de los procedimientos a que se alude en la suspensión impugnada, lo que hace factible aseverar que se trata de una suspensión dictada sobre conjeturas o suposiciones que ni siquiera tienen respaldo probatorio alguno, y si fuera el caso de que en el auto recurrido se hace alusión a los efectos que la parte actora menciona en el número 2, de los actos cuya constitucionalidad se tildan, es evidente que tal acto resulta notoriamente ambiguo, genérico e incierto, ya que la parte actora nunca señala sobre cuáles procedimientos de fiscalización se refiere.
10. Que tomando en cuenta que el poder actor solicita la declaración de invalidez "2. Del encargado del despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda y/o C. Auditor superior de Fiscalización, ambos del Estado Libre y Soberano de Baja California: las auditorías, visitas, intervenciones, y/o cualquier otro acto tendiente a vulnerar el ámbito competencial del Poder Ejecutivo Estatal, representado por el suscrito Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California.", la suspensión de las consecuencias y efectos a que se refiere la resolución impugnada pudieran considerarse las atribuciones de fiscalización que le asisten legalmente a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, de ahí que tal medida cautelar es improcedente.
Que lo anterior debe considerarse así, ya que en el Estado de Baja California se encuentra en vigencia la Ley de Fiscalización Superior Oficial, la cual es un ordenamiento cuyas disposiciones jurídicas son de orden público y tiene por objeto regular la rendición y revisión de las cuentas públicas y su fiscalización superior, de acuerdo con lo que establecen los artículos 22, 27, fracciones XII, XIII y XIV y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con lo cual se puede afirmar que dicho ordenamiento es vigente y debe ser acatado, ya que se trata de un instrumento jurídico que tiende a conservar las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
Que, además, si se toma en consideración que el artículo 3o. de la citada ley estatal prevé que la fiscalización superior de las cuentas públicas compete al Congreso por conducto del órgano de fiscalización, el cual goza de autonomía de gestión para decidir sobre su organización, recursos, funcionamiento y resoluciones, en consecuencia, es contrario al artículo 15 de la ley reglamentaria que con la suspensión impugnada se pretenda instituir una carta de impunidad o estado de excepción a favor del Ejecutivo del Estado de Baja California, toda vez que ello atenta de manera directa en contra de una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como es la de fiscalización y revisión de las cuentas públicas sobre el financiamiento del gasto que realiza el citado poder, máxime que el auto recurrido no precisa, ni identifica con claridad y congruencia, qué procedimientos suspende.
Que, por tanto, no cumple con el artículo 18 de la ley reglamentaria, pues de acuerdo a los términos en que fue concedida la suspensión reclamada se llega al absurdo jurídico de impedir que el poder demandado cumpla con una obligación constitucional debidamente establecida, como es la de fiscalizar y verificar la cuenta pública del Ejecutivo del Estado, lo cual a todas luces es improcedente y debe ser revocado.
Que resulta aplicable al caso concreto la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE NEGARSE CUANDO SE AFECTA LA FACULTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE PERSEGUIR LOS DELITOS Y VIGILAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD, PORQUE SE AFECTARÍA GRAVEMENTE A LA SOCIEDAD."
11. Que, además, el auto impugnado no indica cuáles fueron las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional que se debieron considerar y observar para otorgar la medida cautelar en los términos señalados en el auto impugnado; lo que hace evidente su falta de motivación y legalidad, en contravención del artículo 18 de la ley reglamentaria, por consiguiente es dable concluir que el auto impugnado es ilegal, toda vez que para el otorgamiento de la suspensión nunca se expusieron, mucho menos se razonaron con rigor jurídico, las circunstancias y características particulares de la controversia que la condujeron a otorgar la suspensión como se hizo.
12. Que es un contrasentido jurídico el hecho de que en la resolución reclamada se establezca la posibilidad de que se desarrollen los procedimientos de fiscalización que competen a esta autoridad legislativa y, al mismo tiempo, se impida que los mismos sean culminados en los términos de ley, es decir, que con la medida precautoria se impida que se instauren al Ejecutivo del Estado con apoyo en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California y, aún más, sin que haya sido materia de petición suspensional, también se impida y se suspenda la facultad de fincar cualquier tipo de responsabilidad en contra del gobernador del Estado.
Que lo anterior es así toda vez que la fiscalización de los recursos públicos constituye una cuestión de orden público e interés social, así como que los procedimientos incoados por la legislatura o sus auxiliares sean resueltos en tiempo y forma legales, y en caso de que con motivo del resultado de dichos procedimientos de fiscalización se lleguen a afectar las atribuciones del Poder Ejecutivo, ello no es más que un ejercicio de autoridad apegado a la legalidad, esto es, que si de los procedimientos de fiscalización que se realicen al Ejecutivo Local se detectan irregularidades o conductas ilícitas éstas deben ser sancionadas en apego estricto al marco jurídico, independientemente de que tales sanciones afecten o no el marco de atribuciones del Ejecutivo Estatal, pues no puede ser de otra manera, por ende, el hecho de que con la medida cautelar se trate de impedir dicho ejercicio de legalidad, sin duda que se está en presencia de una clara violación al contenido del artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, ya que al haber conductas ilícitas por parte de los órganos del Poder Ejecutivo que no se puedan sancionar por motivo de la suspensión que se combate, indudablemente que se infringen gravemente las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
13. Que el anterior razonamiento también resulta aplicable al impedimento que con motivo de la suspensión se impone en lo atingente a no poder fincar cualquier tipo de responsabilidad al Ejecutivo del Estado, ya que el hecho de que la autoridad legislativa o sus auxiliares en pleno y legal ejercicio de sus atribuciones lleguen a detectar motivos para fincar responsabilidad a dicho servidor público, ésta no podrá hacerse valer o imponerse con motivo de la suspensión otorgada.
Que resultan aplicables al caso concreto las tesis aisladas y jurisprudencia de rubros: "AUDITORÍA, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE, POR NO SATISFACERSE EL REQUISITO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO."; "AUDITORÍAS, VISITAS DE INSPECCIÓN O, Y SECUESTRO DE LIBROS Y DOCUMENTOS. SUSPENSIÓN." y "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE NEGARSE CUANDO SE ACTUALICE UNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA DE UN ESTADO."
Ahora bien, a efecto de atender los planteamientos del recurrente, es menester traer a cuenta el contenido de los artículos 14, 15 y 18 de la ley reglamentaria de la materia, que dicen:
"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.
"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."
"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."
"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."
De estos preceptos se desprenden las características esenciales de la suspensión en controversias constitucionales, que son:
1) Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.
2) No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.
3) No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad, en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.
4) Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.
Estos elementos permiten advertir que la suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un juicio.
A mayor abundamiento, debe señalarse que para decidir sobre la procedencia de la suspensión de los actos impugnados debe tomarse en cuenta que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que declare el derecho del actor pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente; por tanto, para poder conceder la medida cautelar es necesario el análisis de la demanda de controversia constitucional y los anexos que se acompañan, ya que, como lo establece el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, para el otorgamiento de la suspensión el Ministro instructor deberá tomar en cuenta las circunstancias y características particulares del asunto, es decir, se requiere un conocimiento primario de los actos impugnados y de la litis planteada, dirigido a lograr una decisión sobre la media cautelar solicitada.
En el caso, el recurrente aduce, en lo medular, que en el auto impugnado no se precisaron con claridad los efectos y alcances de la suspensión concedida a la parte actora y que ello trae como consecuencia que se le impida el ejercicio tanto a él como al órgano de fiscalización estatal de las facultades que constitucional y legalmente tiene conferidas en materia de fiscalización de recursos públicos, con lo que, además, se afectan las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano; por tanto, conviene señalar, en primer término, cuáles son los actos cuya invalidez demandó el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California en su oficio de demanda:
1. Del Poder Legislativo del Estado de Baja California el acuerdo económico aprobado en sesión de doce de junio de dos mil cuatro, por el que se aprueba la remoción del contador mayor de Hacienda y se ordena la notificación de esa determinación; la instrucción al presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, para que inicie averiguación previa en contra del funcionario destituido; el nombramiento de un encargado del despacho de esa dependencia, la orden para ponerlo en posesión del cargo, bienes y documentación correspondientes; la suspensión de la sesión plenaria de mérito y la designación como recinto oficial para su continuación, la sede de las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, a efecto de instalar en el cargo al funcionario señalado, y para que una vez hecho lo anterior, retorna al recinto legislativo a continuar el desarrollo de la sesión ordinaria; finalmente se solicitó la intervención de la fuerzas públicas para los efectos del acuerdo.
2. Los efectos y consecuencias del acuerdo anterior, los que según el poder actor consisten, entre otros, en auditorías, visitas, intervenciones y/o cualquier otro acto que emitido por el encargado, suplente, superior o inferior jerárquico o cualquiera que sea la denominación que se haya utilizado, de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Baja California.
3. Las violaciones al procedimiento legislativo que dieron origen al acuerdo económico impugnado.
4. Los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el acuerdo de doce de junio de dos mil cuatro, por el que se llamó a los suplentes de los diputados ausentes a dicha sesión, con la finalidad de convalidar el nombramiento del denominado "encargado del despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda" y/o auditor superior de Fiscalización del Estado de Baja California.
5. Del encargado del despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda y/o auditor superior de Fiscalización del Estado de Baja California, las auditorías, visitas, intervenciones, y/o cualquier otro acto tendiente a vulnerar el ámbito competencial del poder actor.
Asimismo, para una mejor comprensión, a continuación se precisan los términos y los efectos para los cuales la parte actora solicitó la concesión de la medida cautelar que se impugna:
I. Que el Congreso del Estado de Baja California se abstenga de emitir acto alguno tendente a vulnerar la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, con base en cualquier resolución emitida por el denominado encargado del despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, y/o auditor superior de Fiscalización, o quien con cualquier denominación ejerza dichas facultades.
II. Que el Poder Legislativo demandado se abstenga de emitir acto alguno tendente a vulnerar la esfera de atribuciones del poder actor.
III. Del propio Congreso del Estado, cualquier orden, procedimiento, resolución, tendente a fincar responsabilidad al gobernador constitucional de la entidad con motivo de los actos impugnados.
IV. Del encargado del despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, y/o auditor superior de Fiscalización, o quien con cualquier denominación ejerza dichas facultades, las auditorías, visitas y/o cualquier otro acto que emita en perjuicio del gobernador del Estado, con motivo de los actos impugnados.
V. De los denominados suplentes de los diputados ausentes, la emisión de cualquier voto o aprobación tendente a configurar votación calificada para emitir resoluciones en contra del gobernador del Estado.
Por su parte, el proveído impugnado de treinta de junio de dos mil cuatro, respecto de la solicitud de suspensión de los actos impugnados en la controversia constitucional 69/2004, precisó lo siguiente:
a) Que por lo que hacía a la impugnación de los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, no había lugar a conceder la suspensión ya que por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 14 de la ley reglamentaria de la materia no puede otorgarse la medida cautelar respecto de normas generales.
b) Que en lo correspondiente a las órdenes, procedimientos o resoluciones derivadas de los actos impugnados, que pudieran emitir las autoridades demandadas, así como la práctica de auditorías tendentes a fincar responsabilidad o causar algún perjuicio y que pudieran vulnerar la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo Estatal, se señaló que tampoco había lugar a conceder la suspensión, ya que a través de la medida cautelar no puede impedirse que las demandadas ejerzan las atribuciones que la ley les otorga, entre otras, en materia de fiscalización.
c) Que no obstante lo anterior, de conformidad con el criterio contenido en la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS."; se concedió la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, esto es, que las demandadas podrán ejercer las facultades que legal y constitucionalmente tienen conferidas para el desarrollo de sus actividades, pero en ningún caso podrán ejecutar resolución alguna que concluya dichos procedimientos y que pueda afectar el ámbito de atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California o bien, fincarle cualquier tipo de responsabilidad en tanto este Alto Tribunal resuelve el fondo del presente asunto.
d) Que de negarse la suspensión se daría lugar a que se lleven a cabo y surtan sus efectos los actos que se impugnan, lo que, conforme al criterio sustentado por el Tribunal Pleno, al resolver el primero de junio de dos mil cuatro el recurso de reclamación 112/2004-PL, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 48/2004, "... tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que declare el derecho del actor pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente; ..."
e) Que con la medida cautelar concedida no se afecta la seguridad y economía nacionales, pues únicamente se paralizan los efectos y consecuencias derivados de los actos reclamados; tampoco se afectan las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ya que no repercute en ninguno de los principios básicos consignados en la Constitución Federal, que rigen la vida política, social o económica del país; que igualmente, no se causa un daño mayor a la sociedad en relación con el beneficio que pudiera obtener el solicitante de la medida.
f) Que la suspensión concedida surtiría efectos desde luego, esto es, desde la fecha en que fue emitida.
Asimismo, el acuerdo económico impugnado en la controversia constitucional respecto del cual se concedió la suspensión, y que fue aprobado por la Legislatura del Estado de Baja California en sesión de doce de junio de dos mil cuatro, que obra en copia certificada a fojas veintitrés a veintiséis de este expediente, señala:
"Primero. Que en los términos del artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, dada la ilegal e ilícita actuación del contador Jorge Alberto Coral Gutiérrez y que ha faltado a la probidad para con el Congreso del Estado, poniendo en riesgo el buen despacho de los asuntos de la Contaduría Mayor de Hacienda, se aprueba la dispensa del trámite a comisiones del presente punto de acuerdo económico para que el mismo sea discutido y resuelto en esta sesión de Congreso. Segundo. Este honorable Congreso en los términos del artículo 67 bis, fracción VII y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo aprueba la remoción de contador mayor de Hacienda CP. Jorge Alberto Coral Gutiérrez y, como consecuencia, deja sin efectos todas y cada una de las funciones que desempeña en virtud de la pérdida de confianza en razón de los actos realizados en forma directa material y por haber incurrido en falta de probidad en el desempeño de su actividad como servidor público, según se desprende de los hechos narrados en el cuerpo del presente punto de acuerdo económico, dejando en consecuencia sin efecto, a partir de esta fecha, el nombramiento conferido por este Pleno en sesión de fecha de 13 de noviembre de 2003. Tercero. En consecuencia, la suscrita Comisión de Fiscalización y Gasto Público en los términos de los artículos 27, fracción XXXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita que el inmediato superior jerárquico se nombre encargado del despacho por ministerio de ley, mismo que recae en el CP. Andrés Garate Castro. Dicho nombramiento será efectivo hasta en tanto el Congreso del Estado nombre al auditor superior de Fiscalización como titular del órgano superior de fiscalización. Cuarto. Se ordena la secretaría de la mesa directiva que inmediatamente notifique al C. Jorge Alberto Coral Gutiérrez de su remoción como contador mayor de Hacienda, apercibiéndolo de las responsabilidades administrativas y penales en que puede incurrir al desacatar esta determinación. Quinto. Se aprueba que el presidente (de la) mesa directiva, en nombre y representación del Congreso del Estado, presente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado denuncia de hechos en contra del CP. Jorge Alberto Coral Gutiérrez y quienes resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, falsificación y uso indebido de sellos, marcas, llaves, contraseñas y otros objetos, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, abuso de autoridad, infidelidad en la custodia de documentos, robo, despojo y lo que resulte de las conductas realizadas. Sexto. Se ordena a la mesa directiva proceda a poner en posesión del cargo de manera inmediata al C. CP. Andrés Garate Castro. Asimismo, se le instruya a garantizar la conservación de documentación contable que forma parte de los haberes del Poder Legislativo. Séptimo. Se solicita para efecto de materializar la determinación del Pleno, por que se tiene conocimiento de que en forma subrepticia se han sustraído documentos públicos propiedad del Poder Legislativo que c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18485-9e1c8edb/suspension-en-controversias-constitucionales-cuando-se-concede-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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