SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE CONCEDERSE SI CON ELLO SE EVITA A LA SOCIEDAD UNA AFECTACIÓN INMEDIATA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 368/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2004. ESTADO DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los agravios que adujo la parte recurrente, esencialmente se hicieron consistir en:
a) Que el Ministro instructor infringió lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al aplicar inexactamente el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, porque contrariamente a lo que él consideró, de otorgarse la suspensión solicitada no se hubiera afectado a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener la actora.
Que lo anterior es así, porque el acto impugnado tiene efectos que repercutirán en el medio ambiente, ya que el aumento en la capacidad del relleno sanitario de bordo poniente podría contaminar el agua, los suelos y el aire de la zona circunvecina y, por tanto, se afectaría la salud de los habitantes de la región.
b) Que de los estudios denominados "Estudio geológico, ambiental e hidrológico del área comprendida entre el brazo izquierdo y derecho del Río Churubusco y del relleno sanitario de bordo poniente y las afectaciones posibles al área urbana colindante de Cd. Nezahualcóyotl" y "Evaluación técnica-ambiental del relleno sanitario de bordo poniente", los que se anexaron al oficio de demanda, se desprende que el relleno sanitario presenta graves fallas e irregularidades operacionales y de sustentabilidad ambiental, así como que existen efectos negativos en el ambiente ocasionados por el mal manejo que se le ha dado, por lo que no es factible que se verifiquen las obras a que se refiere el proyecto para el cierre de su etapa IV, ya que en realidad no tienen como finalidad su cierre, sino por el contrario, están dirigidas a incrementar su volumen y altura, y prorrogar el tiempo de su funcionamiento.
Que lo anterior traería como consecuencia un hundimiento en la superficie del terreno y una producción mayor de lixiviados, los que al no ser manejados adecuadamente pueden provocar la contaminación del suelo y de los mantos acuíferos subterráneos, lo que evidencia que el acto cuestionado tiene efectos desfavorables en el medio ambiente y en la salud de los mexiquenses y que, por tanto, viola la garantía consagrada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en el derecho de todo individuo a tener protección a la salud y un medio ambiente adecuado para su desarrollo.
Que, además, los estudios de referencia no fueron valorados por el Ministro instructor y de ellos se desprende que el relleno sanitario no tiene capacidad para seguir recibiendo la basura que se genera en el Distrito Federal, pues el exceso en la acumulación de residuos en esa zona puede llevar a la fractura de las capas del terreno, lo que propiciaría la contaminación del subsuelo y los mantos acuíferos y, en consecuencia, del medio ambiente tanto de los habitantes del Estado de México como de los del Distrito Federal.
c) Que el oficio cuestionado vulnera la soberanía del Estado de México y sus consecuencias afectan gravemente el medio ambiente de la zona en donde se ubica el relleno sanitario, por lo que la determinación del Ministro instructor fue incorrecta y subjetiva, ya que carece de fundamento e inobservó que con la negativa a otorgar la medida cautelar, es la sociedad de esa entidad la que resulta afectada, al causarse diversos daños ecológicos que redundan en la salud de los habitantes de la región.
d) Que al no concederse la suspensión son los habitantes del Estado de México los que sufrirán los daños, tanto en su ecología como en su salud, y que no puede estimarse que serían mayores los daños que resentirían los habitantes del Distrito Federal, en relación con los beneficios que recibirían los habitantes de la zona circundante al relleno sanitario.
Que en apariencia existe igualdad en los valores que se deben proteger al momento de resolver sobre la procedencia de la medida cautelar, pues con independencia del sentido en que se haga se afectará a la sociedad del Distrito Federal o a la del Estado de México; sin embargo, la resolución controvertida vulnera la soberanía de este último, por lo que serían mayores los beneficios que éste obtendría, ya que no sólo se protegería el medio ambiente y la salud de sus habitantes, sino también el Estado de derecho que influye en el ámbito nacional.
e) Que el auto del Ministro instructor quebranta los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al aplicar indebidamente el numeral 31 de la ley reglamentaria de la materia, pues no se pronunció sobre las pruebas documentales ofrecidas en el oficio por el que se solicitó la suspensión, las que tenían como efecto acreditar la situación real y física del relleno sanitario, y de las que se aprecia que aquél ya no tiene la capacidad para soportar una carga mayor de basura, así como los daños que se están produciendo en el ecosistema.
Que lo anterior dejó en estado de indefensión a la actora, pues del estudio de tales probanzas se hubiera podido determinar que era procedente conceder la suspensión.
f) Que con base en todo lo expuesto, deviene infundado que sea innecesario el desahogo de la inspección judicial que anunció además de que es inexacto que con su ofrecimiento se pretendía probar cuestiones que se estudiarán en el fondo del asunto, toda vez que su objeto consistía en acreditar el mal manejo que se está dando al relleno sanitario, así como que se está contaminando el medio ambiente de ese lugar, y que si se hizo referencia a que no se encontraba en una zona federal, fue sólo para acreditar el "interés jurídico" que tenía la actora para que se otorgara la providencia precautoria de mérito.
g) Que, en consecuencia, el instructor aplicó inexactamente el artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, al no haber proveído sobre las documentales y no haber admitido la inspección judicial, ya que tales probanzas sí tienen relación directa con la resolución judicial relativa al incidente de suspensión.
Vistos los agravios, debe precisarse que no serán materia de este fallo, por inatendibles, los argumentos vertidos en relación con violaciones a la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dado que el recurso de reclamación constituye un medio a través del cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará, únicamente, si el auto o resolución en contra de la cual se interpone se ajusta o no a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, o a falta de disposición expresa, en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Apoya dicha determinación, el criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 139/2001, consultable en la página mil cuarenta y tres, Tomo XV, correspondiente a enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido."
Asimismo, debe señalarse que tampoco será materia de este fallo el planteamiento del recurrente que se hizo consistir, en esencia, en que el acto cuya invalidez se demanda en el juicio principal quebranta la garantía consagrada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se refiere al fondo de la controversia constitucional y no a una supuesta violación procedimental dentro del auto recurrido, por lo que esta Segunda Sala se encuentra imposibilitada para analizar tal argumento a través de esta vía, puesto que, como quedó de manifiesto, este medio de impugnación se circunscribe a determinar si el auto recurrido se dictó conforme a los ordenamientos que regulan el trámite y resolución de estos juicios y no a dilucidar aspectos íntimamente vinculados con la litis planteada en el juicio principal, que serán, en todo caso, materia de la resolución de fondo que en su momento se dicte.
Precisado lo anterior, se procederá al análisis de los agravios
efectivamente planteados, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:
Los artículos 14 a 18 de la aludida ley reglamentaria, que regulan la suspensión en materia de controversias constitucionales, disponen:
"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.
"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."
"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."
"Artículo 16. La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva."
"Artículo 17. Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el Ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.
"Si la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación previsto en el artículo 51, el Ministro instructor someterá a la consideración del propio Pleno los hechos supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste resuelva lo conducente."
"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."
De los preceptos reproducidos se desprenden las características esenciales de este incidente de suspensión, entre las que destacan las siguientes:
1) Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva;
2) No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales;
3) Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares del asunto;
4) No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante; y,
5) El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.
Las anteriores características permiten advertir que la suspensión en controversias constitucionales, aunque con ciertas particularidades, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio y evitar un daño grave e irreparable a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un juicio.
Por tal virtud, para decidir sobre la procedencia de la suspensión, es indispensable tomar en cuenta que dicha medida tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, a efecto de que la sentencia que declare el derecho del actor, en su caso, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente; por tanto, para resolver sobre su procedencia, es necesario el análisis de la demanda y los anexos que se acompañen, a fin de tener un conocimiento primario de los actos impugnados y la litis planteada, ya que conforme lo establece el numeral 18 de la ley reglamentaria ya transcrito, para su otorgamiento deben ser consideradas las circunstancias y características particulares del asunto.
En el caso, el actor impugnó la validez de la resolución contenida en el oficio S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, de siete de septiembre de dos mil cuatro, girado por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al director de Transferencia y Disposición Final de la Dirección General de Servicios Urbanos, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal; resolución que, para una mejor comprensión del asunto, enseguida se transcribe en la parte que interesa:
"Resultando: ... 8. Que el promovente indica que el proyecto de cierre de la etapa IV del relleno sanitario contempla además el incremento de altura de la celda existente y las obras y actividades de cierre asociadas, y que representan el término de la vida útil del relleno sanitario, derivada de los siguientes hechos: las etapas de selección, preparación y construcción del relleno sanitario fueron iniciadas en 1985; la etapa de operación se realiza desde entonces; ... se trata de una ampliación de capacidad de la instalación existente previo a su cierre, la cual se considera viable, como lo demuestran varios estudios que se citaron en el informe preventivo ... Considerando: ... IV. Que el IP del proyecto propuesto por el promovente y evaluado por esta dirección general, se denomina ‘Cierre de la etapa IV del relleno sanitario bordo poniente’ y comprende tanto las obras y actividades tendientes al cierre de la etapa IV de dicho relleno sanitario, como las relativas al incremento perimetral de la altura efectiva de las celdas en 4 metros respecto del nivel de 8 metros y 3 metros adicionales en la parte central, así como la construcción y/o ampliación de obras, la operación y el seguimiento para las acciones orientadas al cierre ... XXII. Que el promovente manifiesta que ante la necesidad de continuar con la operación del relleno en su etapa de cierre, se planteó la opción de incrementar su altura. Para tal efecto, realizó diversos estudios técnicos ... cuyo objetivo fue sustentar la operación de cierre de la IV etapa del relleno sanitario y de manera paralela determinar la factibilidad de la propuesta de incrementar la capacidad de incrementar (sic) la recepción de desechos sólidos ... XXVIII. Que el 23 de agosto de 2004, el promovente mediante el oficio GDF-DGSU-DTDF/04-3958 de la misma fecha, presentó adendum al IP, correspondiente al proyecto, misma que consideró además de lo dispuesto en este oficio lo siguiente: ... d) Previsiones para la disposición final de residuos posterior al cierre de la etapa IV del relleno sanitario bordo poniente. Con el fin de prever la construcción oportuna de instalaciones para la disposición final de los residuos del Distrito Federal ante el cierre de la etapa IV del relleno sanitario bordo poniente, el Gobierno del Distrito Federal manifiesta su disposición para participar en los trabajos tendientes a la formulación de un programa metropolitano para la disposición final de los residuos generados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, así como en la identificación de sitios que puedan ser habilitados como rellenos sanitarios en forma conjunta con el Gobierno del Estado de México y el Ejecutivo Federal, preferentemente en el seno de la Comisión Ambiental Metropolitana ... Resuelve: ... Segundo. Determinar la procedencia del informe preventivo en los términos presentados por el promovente, ya que se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 31, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 29, fracción I, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, conforme se establece en los considerandos III y XIII de la presente. Las obras y actividades autorizadas al promovente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo el cierre de la IV etapa del relleno sanitario bordo poniente consisten en: Área a ocupar: 375 hectáreas para disposición de residuos sólidos, mismas que ocupa actualmente la etapa IV del relleno sanitario bordo poniente. Altura del relleno sanitario: incremento en 4 metros respecto al nivel de 8 metros en la parte perimetral y 3 adicionales en la parte central. Incremento en el volumen del relleno sanitario: disposición final de 6'944,878.5 metros cúbicos de residuos sólidos municipales que incluye el llenado de los caminos de circulación entre las 8 macroceldas que operan actualmente para integrarlas en una sola superficie continua. Emisiones de biogas: instalación de una red de recolección para captarlo, acumularlo y quemarlo en un sistema central. Generación de lixiviados: recolección a través de una ampliación del sistema periférico existente de recolección y captación, así como el tratamiento en lagunas facultativas de recirculación. Agua pluvial: recolección a través de un sistema de captación, conducción y descarga de escurrimientos pluviales. Actividades de cierre: recubrimiento de la celda con una cubierta de tepetate impermeabilizada con una geomembrana de polietileno de alta densidad texturizada de 1 mm. de espesor. Tanto el tratamiento de lixiviados como la combustión del biogas, pueden continuar en la etapa de cierre y más allá de ella. Duración del proyecto: una primera fase de 2 años, sujeta al desarrollo del monitoreo de evaluación de las lecturas de la instrumentación instalada y se verificará que el suelo soporte la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos. La segunda fase con una duración estimada de 1.8 años a las tasas actuales estará condicionada a que al término de la primera etapa se haya demostrado, mediante las lecturas de la instrumentación geotécnica instalada, que la capacidad del suelo ha soportado la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, sin que se hayan producido afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las estructuras adyacentes al relleno sanitario, tales como los brazos izquierdo y derecho del Río Churubusco y el Canal de la Compañía.-Tercero. La presente autorización tendrá una vigencia de 3.8 años para llevar a cabo las obras y actividades correspondientes al proyecto, la cual comenzará a partir del día siguiente de su recepción. La vigencia de 3.8 años para la realización del proyecto se dividirá en dos fases: 1. En la primera fase con duración de dos años, se continuará con el monitoreo, se evaluarán las lecturas de la instrumentación instalada y se verificará que el suelo soporta la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos.-La segunda fase con una duración estimada de 1.8 años a las tasas actuales estará condicionada a que al término de la primera etapa se haya demostrado, mediante las lecturas de la instrumentación geotécnica instalada, que la capacidad del suelo ha soportado la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, sin que se hayan producido afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las estructuras hidráulicas adyacentes al relleno sanitario, tales como los brazos izquierdo y derecho del Río Churubusco y el Canal de la Compañía. ..."
De la transcripción anterior se desprende, en esencia, que a través de la resolución impugnada se autorizó a la Dirección de Transferencia y Disposición Final de la Dirección General de Servicios Urbanos, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, para que llevara a cabo diversas obras en el relleno sanitario de bordo poniente, entre otras, el incremento en su altura y volumen, y aquellas inherentes a su cierre, con motivo de que la selección, preparación y construcción de dicho relleno inició en mil novecientos ochenta y cinco, y desde ese entonces se encuentra en operación, así como en virtud de que es necesario que continúe en operación hasta en tanto se concluye la etapa de cierre y de que se requiere prever la construcción oportuna de otras instalaciones para la disposición final de los residuos que se generan en el Distrito Federal.
Por otro lado, del proveído de nueve de diciembre de dos mil cuatro recurrido en este asunto, se desprende que se determinó en lo medular:
a) Que no procedía el otorgamiento de la medida cautelar, porque de concederse se afectaría gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, ya que se causarían graves perjuicios a la salud de los habitantes del Distrito Federal y de las zonas aledañas y se propiciarían diversos daños ecológicos, así como la proliferación de fauna nociva; y,
b) Que al existir prohibición legal expresa para la concesión de la medida suspensional, resultaba innecesario el desahogo de la prueba de inspección judicial anunciada por la actora, aunado a que con ella se pretendía probar cuestiones que se analizarán al resolver el fondo del asunto y no dicho incidente de suspensión.
Visto todo lo apuntado, resulta pertinente hacer las siguientes consideraciones:
En primer lugar, debe precisarse que deviene infundado que el Ministro instructor no haya valorado las documentales ofrecidas por la actora, pues si bien no se pronunció expresamente sobre cada una de ellas, lo cierto es que, con independencia del sentido de su determinación, sí hizo una valoración de la totalidad de las constancias de autos, tanto de las aportadas por el ahora recurrente, como de aquellas aportadas por las otras partes en el juicio, ya que como se advierte del proveído recurrido, una vez recibida la solicitud de suspensión, otorgó a las partes un plazo de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y desahogada la vista ordenada proveyó sobre la medida cautelar solicitada, valorando todos los elementos con que contaba, tal como se corrobora de la lectura del acuerdo recurrido, que para mayor claridad, enseguida se transcribe en lo conducente:
"Tercero. Mediante proveído de veinticinco del indicado mes, el Ministro instructor que suscribe, otorgó un plazo de tres días hábiles a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con la solicitud de suspensión formulada por la parte actora. ... Octavo. En acatamiento a las aludidas disposiciones legales y del estudio integral de la demanda y sus anexos, así como de los escritos y anexos presentados por las partes en desahogo de la vista ordenada, se aprecia que la actora solicitó la medida cautelar en relación con los efectos y consecuencias de la resolución contenida en el oficio impugnado en este procedimiento constitucional, que según indica, consisten esencialmente en los siguientes: ... y, Noveno. Ahora bien, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto que será materia de la resolución que en su oportunidad se dicte en la presente controversia constitucional, no procede el otorgamiento de la medida cautelar, toda vez que de la revisión integral de las constancias de autos, el Ministro instructor estima que de concederse se afectaría gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante ..."
En segundo lugar, debe señalarse que sin prejuzgar sobre la validez del acto controvertido y menos aún sobre los efectos que éste pudiera tener, esta Segunda Sala estima que, contrario a lo que el recurrente aduce, de concederse la medida suspensional sí se afectaría a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, toda vez que atento al contenido de la resolución cuestionada, si se otorgara la suspensión se impediría la realización de las obras relativas al incremento en el volumen y altura del relleno sanitario de bordo poniente y, consecuentemente, la habilitación del sitio en donde se efectúa el depósito de los desechos sólidos que se generan de manera cotidiana en el Distrito Federal y los Municipios conurbados, lo que, como acertadamente se consideró en el proveído recurrido, acarrearía consigo una afectación grave a la sociedad ante la falta de un sitio apto para realizar el depósito y propiciaría la contaminación del medio ambiente, así como la proliferación de insectos, roedores y, en general, de fauna nociva para la salud.
Así es, si bien asiste razón al recurrente en cuanto señala que con independencia del sentido en que se resuelva se afectará a la sociedad del Distrito Federal o a la del Estado de México, lo cierto es que resulta de trascendental importancia para esta Suprema Corte, la circunstancia de que los daños que, según el promovente, traerá consigo la realización de las obras a que alude la resolución impugnada, se traducen en perjuicios a futuro, en tanto que de concederse la suspensión solicitada, la afectación social se produciría al momento mismo de su otorgamiento, dado que al impedirse el habilitamiento del relleno sanitario y, en consecuencia, el depósito en ese lugar de los residuos sólidos que se generan diariamente en el Distrito Federal y las zonas aledañas, el impacto ambiental sería inmediato y de incalculables magnitudes, puesto que se enfrentaría a la sociedad de tales entidades a la inexistencia de un lugar apto para el confinamiento de los desechos sólidos que se generan día con día y que son causantes de enfermedades, contaminación ambiental y fauna nociva, lo que propiciaría la acumulación de dichos residuos en lugares inapropiados para ello, como son, por ejemplo, las casas habitación y calles, acarreando consigo graves perjuicios de salud y ambientales; pues además y en atención a las constancias que obran en autos, se estima materialmente imposible la improvisación de un sitio diverso que cumpla al instante con todas las características y especificidades propias de un espacio de tal naturaleza.
En tal virtud y ante la inmediatez del perjuicio social, ambiental y de salubridad que se ocasionaría con el otorgamiento de la suspensión, este Alto Tribunal considera pertinente confirmar la improcedencia de la concesión de tal medida, por actualizarse una prohibición expresa contemplada en la ley reglamentaria de la materia.
No es óbice a lo anterior, la manifestación del recurrente en el sentido de que el acto cuestionado vulnera la soberanía del Estado de México y que, por tanto, si se suspendiera su ejecución serían mayores los beneficios que éste obtendría toda vez que la circunstancia de que el acto impugnado vulnere o no la soberanía de la parte actora (ahora recurrente), es una cuestión que, en todo caso, atañe al fondo del asunto y se analizará al momento de dictar la resolución correspondiente a la controversia en lo principal, por lo que dicho aspecto no puede servir como sustento para la concesión de la medida cautelar; además de que, como lo ha sostenido este Alto Tribunal en diversas ocasiones, los fines que se persigan al solicitar la suspensión no pueden estar por encima de las prohibiciones establecidas en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, entre ellas, la relativa a que se ocasione un daño grave a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella obtuviera el solicitante, ni evitan su existencia.
Sirve de apoyo al efecto la tesis P. LXXXVII/95, publicada en la página ciento sesenta y cuatro, Tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:
"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE NEGARSE CUANDO SE ACTUALICE UNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA DE UN ESTADO.-La finalidad con la que se solicita la suspensión no puede ser tomada en cuenta por arriba de las prohibiciones que establece la ley para conceder la suspensión, esto es, para concederse la suspensión de los actos demandados es necesario que no se actualice ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional (‘La suspensión no podrá concederse en l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18751-12a6144f/suspension-en-controversias-constitucionales-debe-concederse-si-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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